El martes 6 de junio de 2018, la tarde caía sobre el río Madre de Dios cuando el bote que llevaba a la familia Irey del pueblo harakbut,  se acercaba al pequeño puerto de Boca Colorado en la provincia del Manu en la región Madre de Dios. Volvían luego de vender los productos de pan llevar agrícolas y de pesca que elaboran. Pero Carmen Irey Cameno sospechaba que algo estaba mal. No era un día cualquiera. Desde la proa vio a unas cincuenta personas amontonadas en la orilla, muchas con palos en la mano, otras gritando enardecidos: “ahí vienen los nativos”.

Entre la multitud, Carmen reconoció a Marleny Mamani Aquise y a Juan Apaza Turpo, pareja dedicada a la minería y tala ilegal en territorio ancestral de la comunidad nativa Masenawa de la familia Irey. La maquinaria de estos mineros había sido destruida esa misma mañana durante una interdicción fiscal.

—“¡Aquí están… hay que matarlos!” —gritó Marleny apenas vio a los Irey, narraron los testigos del hecho a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Madre de Dios.

No hubo tiempo para nada. Un encapuchado saltó al bote y dio la señal. Llovieron palos, barro, tablas. Juan Apaza destrozó el motor a golpes mientras Marleny corría a buscar gasolina. Volvió con un balde lleno. La roció sobre los cuerpos de Carmen y Timoteo Irey. Pidió un encendedor. Y el fuego se expandió por el bote.

Imágenes áreas muestran como la minería ilegal se expande en el territorio de la Comunidad de Masenawa. Foto: FENAMAD.

Carmen Irey sintió cómo la piel de su brazo se abría en un ardor insoportable. Timoteo también ardía. Para no morir, los cuatro saltaron al río. La corriente los arrastró mientras, en la orilla, la misma mujer gritaba desde otro bote: “¡Apúrate! ¡Arranca! ¡Que no se salven esos nativos!”.

Los alcanzaron. Golpes. Gasolina otra vez. La intención era quemarlos vivos frente a decenas de personas. Fueron las nietas de Timoteo —dos niñas que lloraban y se aferraban a su abuelo— quienes, sin saberlo, evitaron el linchamiento. Una de ellas recibió un puñetazo en el rostro. La otra, la destrucción de su celular por haber grabado todo.

Solo la llegada tardía de la Policía de la Comisaría de Boca Colorado, en la provincia del Manu de Madre de Dios, detuvo la escena antes de que se concretara la masacre, como describe el documento de la Fiscalía.

Esa noche, los Irey no volvieron a su casa. Ni al día siguiente. Ni en semanas. Dejaron Boca Colorado y se refugiaon en Puerto Maldonado porque los agresores aún los buscaban y el pueblo seguía tomado por discursos de odio de un dirigente minero ilegal. Los hijos de los Irey dejaron el colegio. La vida que conocían se rompió en un instante por la codicia del oro.

Testimonios recogidos por la Fiscalía exponen la crudeza del ataque de los mineros ilegales contra la familia Irey de la Comunidad de Masenawa. Imagen: Fiscalía.

Crímenes bajo investigación 

Lo ocurrido a la familia Irey es uno de los 44 casos de atentados, amenazas y crímenes contra defensores sociales que investiga la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad desde el año 2024. De este total 35 se encuentran en investigación preliminar y 4 están en etapa de investigación preparatoria en la cual se han identificado a los presuntos autores de estos delitos. 

La mayoría de estos casos investigados por el Ministerio Público son sobre coacción, extorsión y lesiones, y se concentran en zonas donde se extiende la minería ilegal y tala ilegal. Madre de Dios (con 10 casos), Loreto y Puno (con 5 casos respectivamente) son las zonas geográficas que registran la mayor cantidad de indagaciones fiscales.

No obstante, existe una "cifra negra" de casos no registrados o que fueron tratados como delitos comunes por la falta de fiscalías especializadas antes de 2023, según declaró a Convoca.pe, la fiscal superior Rosario Quico Palomino, coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad. Justamente, es desde 2023, que el Ministerio Público creó las unidades especializadas para atender la agresiones de defensores ambientales y de derechos humanos.

“Muchos delitos eran tratados por el sistema de justicia como homicidios o lesiones simples, sin un enfoque de derechos humanos al no haber fiscalías especializadas que les dieran el enfoque requerido. Tampoco hubo una transferencia completa de todos los casos preexistentes cuando se crearon las nuevas fiscalías”, dijo la fiscal Quico a este portal de periodismo.
 

Fiscal Rosario Quico precisó que son 44 casos los que investigan las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad hasta noviembre de 2025. Foto: Convoca.pe.

Madre de Dios, la región que tiene un nombre religioso, es en realidad el peor escenario para los defensores ambientales. Hasta mitad del 2025, la deforestación por la minería del oro en la Amazonía alcanzó la extensión de 139 mil 169 hectáreas y en esta región se concentra la mayor parte de la deforestación con el 97.5% del total.

Solo en 2025, se han identificado más de 2 mil infraestructuras mineras en Madre de Dios, incluidas tracas y dragas. Esta también es la región donde se encuentran la mayor cantidad de investigaciones fiscales por agresiones, asesinatos y amenazas a defensores ambientales. 

Convoca.pe pudo hablar con la fiscal provincial especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Madre de Dios, Karen Torres Godoy, quien está investigando el caso de la agresión a la familia Irey, así como otros importantes casos de atentados que generaron la muere de defensores de derechos humanos en la Amazonía.

El caso de la familia Irey ya está a punto de ingresar a juicio. Desde junio de 2025, el Ministerio Público está solicitando al Poder Judicial que ordene el inicio del proceso judicial. 

La Fiscalía pide una pena no menor de 15 años de prisión contra los mineros ilegales Marleny Mamani y Juan Apaza Turpo en su calidad de coautores de tentativa de homicidio calificado, otros 15 años como mínimo contra Edwin Laura Taco por instigador del delito de tentativa de homicidio y contra Juan Cuba Villacorta en calidad de cómplice de tentativa de homicidio calificado.

El sistema de derechos humanos en el que se incluyen los casos de defensores ambientales fue creado en mayo de 2023. Desde ese momento, el Ministerio Público empezó a buscar los casos que involucran a defensores ambientales y que eran investigados por fiscalías provinciales penales como delitos comunes.

“Uno de estos casos es el de la familia Irey que ocurrió en 2018. Ese hecho ha pasado por varias fiscalías que lo trataban como delitos comunes”, afirma la fiscal de Madre de Dios, Karen Torres, quien además destacó que la investigación de ese caso ha logrado que en poco más de un año los fiscales obtengan los elementos para solicitar una sentencia condenatoria contra los mineros ilegales.

“Este juicio es un proceso emblemático para la comunidad porque se ha logrado identificar a las personas involucradas en el ataque. Estamos esperando que se programe la fecha y hora para el juicio oral”, indicó el abogado Juan Soto de la Federación Nativa de Madre de Dios (Fenamad), organización que brinda asesoría legal a la familia Irey.

La fiscal Karen Torres es quien está siguiendo el caso de los mineros ilegales que intentaron asesinar a la familia Irey. Foto: Ministerio Público.
 

El abogado Soto indicó a Convoca.pe que en las indagaciones iniciales estaba siendo seguidas por la fiscalía corporativa de Huaypetue en la provincia del Manu, pero posteriormente, cuando se crea la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Derechos Humanos se pudo contar con una visión más amplia de las comunidades. 

Sin embargo, también las comunidades amazónicas tienen complicaciones logísticas y de comunicación que dificultan su acceso a la justicia. Esto porque en la comunidad no hay internet y los defensores ambientales que fueron víctimas de agresión por parte de mineros ilegales, deben trasladarse a otros centros poblados donde hay actividad de minería ilegal como Huaripata o Delta.

Si bien la familia Irey cuenta con garantías de protección y garantías personales otorgadas por el Estado a través del Ministerio de Justicia, según el abogado, la Policía Nacional no monitorea constantemente la zona en donde habitan los defensores ambientales. 

La investigación de ataques contra defensores del territorio en el Perú, muchos de ellos vinculados a la lucha contra la minería y tala ilegal, enfrenta serios obstáculos que retrasan la justicia. La fiscal Karen Torres consideró que en el plano legal, la ausencia de una tipificación penal específica obliga a fiscales y jueces a tratar estos crímenes como delitos comunes, lo que dificulta que se reconozca el móvil relacionado con la defensa de derechos humanos. 

Además, la fiscal superior Rosario Quico precisó que acreditar legalmente la condición de defensor —especialmente en el caso de líderes indígenas— requiere peritajes antropológicos complejos y prolongados, mientras que la falta de especialización de jueces incrementa el riesgo de sentencias que ignoran ese contexto o incluso de que los casos queden cerrados sin posibilidad de reabrirse.

A estas trabas se suman barreras geográficas y logísticas. Los delitos suelen ocurrir en zonas remotas y peligrosas de la Amazonía, donde las diligencias implican largas caminatas, viajes fluviales y exposición a economías ilegales, sin que exista un presupuesto adecuado para cubrir estos desplazamientos. La limitada conectividad de las comunidades agrava el aislamiento y dificulta la denuncia oportuna.

La escasez de recursos especializados y la desconfianza institucional profundizan el problema. No existe una Policía especializada en derechos humanos y las unidades disponibles están saturadas, con poco personal y sin presencia constante en comunidades nativas. 

Las víctimas tienen temor a denunciar por la criminalidad organizada vinculada a estas actividades ilícitas. La fiscal Torres, indicó que ello también se debe porque se piensa que existiría una colusión policial con esas economías ilegales. Como resultado, muchos casos llegan a la Fiscalía sin responsabilidades identificadas y los casos de investigación preliminar se prolongan mucho más allá de los plazos habituales.

Un condenado prófugo

Otro de los casos que está en juicio en segunda instancia y por apelación de la Fiscalía es la sentencia de primera instancia por el homicidio del defensor ambiental Juan Julio Fernández Hancco en Madre de Dios. 

El defensor ambiental tenía 51 años al momento de su asesinato y se dedicaba a conservar y reforestar una concesión de 395 hectáreas en el distrito de Inambari en la provincia de Tambopata. También, vigilaba el área de la concesión para mantenerlo libre de ocupantes invasores en coordinación con la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. 

En primera instancia, el Poder Judicial consideró que Edison Fernández Pérez fue el autor del asesinato de Juan Fernández Hancco.

En la primera semana de marzo de 2022, Juan Fernández Hanco advirtió que los hermanos Edinson Fernández Pérez, alias ‘Chili’, y Jhon Fernández Peréz, alias ‘Mataporgusto’, tenían instalados sus motores para minería ilegal en el predio de la concesión forestal. Esto fue informado a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental por lo que en coordinación con la Policía Nacional se realizó la interdicción de las maquinarias. Esto despertó el rencor de los hermanos Fernández Pérez quienes, según la Fiscalía, amenazaron al defensor ambiental y a sus familiares.

La Fiscalía de Derechos Humanos de Madre de Dios ha presentado una apelación al Poder Judicial para solicitar que también se condene a Jhon Fernández Pérez como coautor del delito de homicidio.

La muerte llegó a la casa del defensor ambiental Juan Fernández el 20 de marzo de 2022, cuando celebraba una pelea de gallos. Esa noche, los hermanos Fernández Pérez llegaron armados y Edinson, alias 'Chili' disparó a corta distancia contra la víctima y sus familiares. Mientras, su hermano Jhon, alias 'Coco' hizo disparos al aire para facilitar la huida.

Su asesino, Edison Fernández Pérez, alias ‘Chili, conocido minero ilegal de La Pampa,’ fue condenado en primera instancia a 15 años de prisión por homicidio simple por el asesinato ocurrido el 20 de marzo de 2022, mientras que su hermano Jhon Fernández Pérez, alias ‘mataporgusto’, quien participó como complice fue absuelto. 

Jhon Fernández Pérez, alias ‘mataporgusto’. Foto: Policía Nacional.

Edison Fernández Pérez, alias ‘Chili’.

La Fiscalía ha apelado porque la condena no reconoce la condición de defensor ambiental de la víctima ni la participación coordinada de ambos agresores, integrantes de redes vinculadas a la minería ilegal que operan en “La Pampa”, la zona de expansión de la minería ilegal ubicada dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata.

Pese a la condena de 15 años, Edinson Fernández Pérez, alias 'el Chili' o 'el Coco', está prófugo de la justicia. Sin embargo, se sospecha que sus víctimas podrían ser muchas más. 

Una nueva víctima

A diferencia de los Irey y de Juan Julio Fernández, cuyo trabajo como defensores estaba vinculado a la protección de territorios indígenas y concesiones forestales, Ana García Solsol era una joven dirigente vecinal de solo 26 años que se enfrentó abiertamente a las redes de minería ilegal que controlan el sector de La Pampa. Su liderazgo creció al denunciar extorsiones, amenazas y la presencia de mafias que explotaban a familias migrantes bajo falsas promesas de trabajo.

El 8 de enero de 2025, mientras regresaba del mercado en motocicleta, una camioneta blanca la interceptó en plena vía. Según testigos, los sicarios vestían uniformes similares a los de la Policía Nacional. Se bajaron, dispararon sin advertencia y, antes de huir escoltados por dos motocicletas, gritaron: “¡Viva el Chili!”, una referencia directa a Edinson Fernández Pérez, alias ‘Chili’, el minero ilegal acusado del asesinato del defensor Juan Julio Fernández y hoy prófugo.

La dirigente vecinal de ‘La Pampa’ fue acribillada por un grupo de sujetos vestidos con indumentaria policial que gritaron ‘Viva el Chili’.

Para la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, el asesinato de Ana García Solsol no solo confirma el modus operandi de sicariato asociado a economías ilegales, sino que revela un patrón creciente: las redes criminales atacan no solo a líderes indígenas o defensores ambientales formales, sino también a cualquier persona que intente desafiar su control territorial.

Un testigo protegido entregó un video clave en el que se observa la camioneta usada por los sicarios, escoltada por motocicletas conducidas por hombres armados. La Fiscalía sostiene que la forma de operar coincide con estructuras que llevan años disputándose el control minero en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata.
 

Luego del crimen, los asesinos de Ana García Solsol huyeron gritando “¡Viva el Chili!”. Fuente: Ministerio Público.
 

Barreras para acceder a la justicia

El abogado Elio Sesen, asesor jurídico del Gobierno Territorial Autónomo Wampis, resume la dimensión del territorio: 1 millón 742 mil hectáreas entre los ríos Santiago y Morona en el norte de las regiones de Amazonas y Loreto. Según datos de la Defensoría del Pueblo, el 80% de la población de la provincia de Condorcanqui se autoidentifica como awajún y wampis. Sin embargo, estas etnias dependen de una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos ubicada en Bagua a seis horas de distancia de la localidad de Santa María de Nieva.

“Tenemos que viajar a Bagua para denunciar o declarar. Cada viaje cuesta 360 soles. Los defensores ambientales están donde las papas queman, pero la Fiscalía está lejos”, explica el abogado, quien señala que si el Ministerio Público quiere perseguir los delitos ambientales deben instalar una Fiscalía Ambiental y una Fiscalía en Derechos Humanos en Santa María de Nieva, un centro poblado más cercano a las comunidades wampis.

La Fiscalía de Derechos Humanos de Amazonas se ubica en Bagua pero la mayoría de casos se ubica en poblaciones awajún-wampis a seis horas de traslado.
 

El resultado de este sistema de investigación a kilómetros de distancia son tres carpetas fiscales abiertas contra defensores por supuestos delitos de coacción, tras intervenir cargamentos de madera ilegal, que terminaron archivadas. No por falta de hechos, sino por falta de “elementos de convicción”.

“No contamos con tecnología para hacer fotografías o videos”, reconoce Elio. “Y los fiscales no quieren ir a las zonas donde ocurren los atentados porque tienen miedo”.

Los casos archivados alcanzan nombres clave para la defensa territorial: Juan Noningo, Galois Flores Pisango y Alfonso Flores Kunach. Todos miembros del sistema de vigilancia indígena wampis. Todos sin protección real, aunque exista en la formalidad en documentos de la gobernación o del Ministerio de Justicia.

Incluso cuando existen documentos de protección, estos no garantizan nada. “Si no es efectivo en el territorio, igual nos van a matar”, dice el abogado de los wampis, Elio Sesen, con una frialdad que no pretende dramatizar: simplemente describe la mecánica de riesgo en la Amazonía.

Wampis en primera línea

En el territorio wampis, sus habitantes formaron hace diez años el Gobierno Autónomo Territorial de la Nación Wampis. Si bien no son reconocidos por el Estado Peruano, se sustentan en la obligación de que se respete la autonomía y derechos de los pueblos indígenas establecidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales que ha sido ratificado por el gobierno del Perú en 1994.

Alfonso Flores Kunach es uno de los integrantes y responsables de la organización wampis y es el director de Territorios, Naturaleza y Medio Ambiente. Él camina a diario entre los árboles como quien recorre una biblioteca viva. Conoce cada especie —tornillo, cedro, aguaje, copal, chimicuo— no solo por su nombre, sino por sus conocimientos como técnico forestal.

El técnico forestal lleva años intentando frenar la tala ilegal y el tráfico organizado de madera. En 2022 empezó a fiscalizar planes de manejo y encontró un patrón: permisos otorgados sin supervisión, planes de manejo nunca verificados y guías de transporte inexistentes. 

Junto a las Rondas Campesinas, las comunidades amazónicas realizan interdicciones a embarcaciones con madera extraída de forma ilegal. Foto: Fedemad
 

“El Osinfor (Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre) nunca ha supervisado nada. Las guías de remisión no se llenan. Los jefes de comunidad nunca las han tenido. Existe blanqueo de madera en nuestra zona”, denuncia el defensor Flores.

Cuando intervienen botes cargados de madera extraída de forma ilegal, llegan las amenazas verbales contra el dirigente indígena. “Los dueños vienen contra nosotros”, dice Flores Kunach. No es una figura retórica: es una advertencia que ya es parte de su día a día. Es por ello, que denunció su caso ante la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos ubicada en Bagua. Sin embargo, su caso, con el de otros fue archivado por falta de pruebas.

El jueves 2 de octubre, Alfonso Flores junto a miembros de su comunidad estuvieron en la operación que detuvo a dos dragas ingresadas desde Ecuador. En esa operación, encontró que incluso indígenas miembros de su comunidad también habían caído ante la seducción del oro. “Utilizan a nuestra propia gente, los engañan. Pero nosotros somos autoridad y trabajamos con las rondas campesinas para combatirlos”, explica.

Esa mañana, como en tantas otras, la comunidad actuó sola. “Hay que esperar que ellos inicien una investigación, pero si son ilegales, la autoridad debe intervenir y respetar nuestro derecho”, reclama. El Gobierno Wampis ha creado su propio sistema de monitoreo ambiental, el Sharip —“trueno” en lengua wampis— para vigilar entradas y salidas del territorio para reducir la dependencia de la seguridad del Estado.

Embarcaciones de mineros ilegales con dragas son constantemente avistadas en los ríos de la región Amazonas. Foto: Investigación.

La vigilancia de Flores se ha vuelto un ejercicio permanente. “Estamos en constante lucha, también experimentando ataques”, cuenta. Incluso su familia participa en las intervenciones contra madereros ilegales. 

Alfonso Flores también cree firmamento que tiene una misión de defensa y protección de su territorio y lo hará hasta las últimas consecuencias. “Yo vine para derramar mi sangre en defensa de nuestro territorio, en defensa de nuestros abuelos que nos legaron este territorio”, dijo a Convoca.pe.

Amenazas a defensoras de niños

En el pueblo awajún existen hechos atroces que los propios líderes buscan ocultar. En estas comunidades indígenas, los casos de violación sexual contra niños y niñas quedan en la impunidad porque no son denunciadas ante la Policía ni ante la Fiscalía. Esto es mal visto e incluso castigado por los apus e integrantes de la comunidad.

Según estudios de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, en la mayoría de comunidades awajún-wampis, solo el 3,51% de los casos de violación sexual a menores de edad son denunciados a la justicia estatal, el resto se arregla con encierros preventivos, multas, trabajos forzados o latigazos.

La violación de un menor es atendida por el apu o líder de cada comunidad y se "castiga" al violador con multas que pueden llegar a 5 mil soles. 

Más de 500 casos de violencia sexual contra menores de edad estudiantes por parte de sus docentes han sido denunciadas en la provincia de Condorcanqui. Foto: Difusión.

Ante este evidente atentado contra los derechos fundamentales de los niños y niñas, por las sanciones intrascendentes de la justicia comunal, algunas mujeres se organizaron en el Consejo de Mujeres Awajún Wampis que se destaca por su rol activo en defensa de los derechos humanos en el territorio de estas etnias. Esta organización, en total ha denunciado 524 violaciones sexuales a menores de edad estudiantes por parte de sus docentes en la provincia de Condorcanqui.

En la comunidad de Nazareth en el distrito de Imaza, Amazonas, Georgina Rivera Paz actúa para denunciar estos hechos y combatir la impunidad. Esta destacada lideresa indígena awajún realiza acompañamiento a las niñas y mujeres violadas. Por su labor, ha sido víctima de amenazas y hostigamientos por miembros de su propia comunidad.

Georgina vivió de forma muy cercana a la terrible realidad de la violencia sexual en su comunidad. Su sobrino de 8 años fue agredido sexualmente por un familiar y la denuncia quedó archivada, el menor falleció años después producto de la infección por VIH que adquirió como consecuencia de la agresión. 

En la comunidad de Nazareth en Amazonas, Georgina Rivera junto al Consejo de Mujeres Awajún Wampis trabajan en defensa del derecho a la justicia para los menores violentados. Foto: Difusión.

El 29 de junio de 2024, fue detenida y retenida en un calabozo de su comunidad por miembros de su propia etnia. Aunque fue liderada el mismo día, esto muestra lo que enfrentan las defensoras de derechos humanos, incluso en sus propios entornos. Por estos hechos en su contra, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos ha investigado a comuneros que han amenazado e impedido la libertad contra Georgina Rivera.

Según informó Georgina Rivera a Convoca.pe, esto fue un "castigo" porque expuso a la prensa las problemáticas de su localidad, lo que fue visto como una violación a los estatutos y reglamentos a la comunidad. Por ello, tuvo que irse de su comunidad por 15 días debido al temor que sentía de regresar por las constantes represalias y amenazas.

Por estas amenazas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió disposiciones de protección por parte del Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Por otro lado, la investigación por delito de coacción avanza y ya se encuentra en etapa intermedia por parte de la Fiscalía y próximamente entrará en juicio oral.

En todos estos territorios amazónicos, la violencia sigue avanzando más rápido que el Estado. Los mineros ilegales cambian de ruta, de río o de estrategia; los violadores de derechos humanos permanecen impunes; mientras los defensores, en cambio, permanecen en el mismo lugar, sostenidos solo por la convicción de que proteger el bosque es proteger su propia vida. 

La justicia, cuando llega, lo hace tarde y con pasos cortos. Pero en cada testimonio, en cada comunidad que decide documentar, resistir y volver a denunciar, se abre una grieta en la impunidad. Allí, en ese espacio mínimo, es donde empieza la posibilidad de que algún día la Amazonía deje de ser un territorio donde defender la vida signifique arriesgar la propia.