El analista político Fernando Tuesta Soldevilla advirtió que el Senado se está adjudicando mayor poder frente a la Cámara de Diputados lo que terminará generando nuevos conflictos en el Parlamento y cuestionó la falta de claridad del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la acreditación del alcalde de Lima, durante el último programa de Convoca en Vivo del jueves 22 de octubre.

En otro bloque, Beatriz Cortez, abogada de Red Muqui, alertó sobre los alcances de el Proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), propuesta por el Ejecutivo para la formalización minera y sus efectos en los territorios rurales.

Facultades legislativas: una disputa entre el Senado y la Cámara de Diputados

En conversación con la directora de Convoca, Milagros Salazar, el analista político sostuvo que la aprobación de las facultades legislativas ha abierto una controversia sobre los límites de las atribuciones del Senado y su relación con la Cámara de Diputados. Advirtió que esta situación podría generar mayores conflictos dentro del Parlamento.

Como se recuerda, este 21 de octubre, el Senado aprobó la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo por 90 días para dictar normas en materias de seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño. La decisión se tomó sobre un dictamen que amplió de 20 a 27 las materias propuestas inicialmente por la Cámara de Diputados. Fueron 35 votos a favor, 18 en contra y 6  en abstención.

 La Cámara de Senadores sesionó el 21 de octubre y aprobó 27 materias de las facultades legislativas

“Aunque no está el paquete completo de las facultades, el Senado puede hacer básicamente lo que quiera”, remarcó Tuesta. El analista sostuvo que las decisiones adoptadas por la cámara alta podrían afectar las competencias que corresponden a la Cámara de Diputados en el procedimiento legislativo.

Explicó que la Comisión de Constitución del Senado obvió un artículo del reglamento que le impedía modificar el dictamen de la Cámara de Diputados, enviando otro al Pleno. A su juicio, esta actuación podría sentar un precedente para otros dictámenes aprobados por Diputados y reducir el margen de intervención de esta Cámara en la elaboración de las normas. Esto va a generar un escenario de confrontación, consideró el especialista.

"El diseño elaborado por el Congreso unicameral último, casi convertía al Senado en una cámara legislativa, porque recibido el proyecto de Diputados, lo puede archivar, aprobar o modificar. Aunque el reglamento dice que no se puede desnaturalizar ni incorporar otra materia que haya sido aprobada en la Cámara", dijo.

Acotó que a Diputados le queda dos caminos: o aceptar o no aprobar nada para evitar que el Senado lo modifique. "En el segundo caso abre un escenario de confrontación de Cámaras, donde Senado está alineado con el Gobierno. Pero situaciones como esta abre una oportunidad para negociar", evaluó. 

Sobre el actuar de las bancadas opositoras, analizó el papel que ha tenido el Partido Cívico Obras y consideró que dicha agrupación no tiene disciplina partidaria, por lo tanto, no le sorprende que varios de sus senadores se hayan aliado al fujimorismo al momento de la votación de las facultades delegadas.

"Obras es una bancada que ya se sabía que era una especie de pollo sin cabeza desde el inicio, desde antes que ingresen al Parlamento. El oficialismo lo criticó... Ahora ya no porque parecen ser aliados que los benefician, que los pueden coptar, porque Ricardo Belmont no es líder de una organización disciplinada y él mismo está cambiando de acuerdo a lo que la bancada está haciendo", comentó.

Alcaldía de Lima: cuestionamientos al JNE por la falta de una definición

Respecto a las elecciones en Lima Metropolitana, Tuesta Soldevilla afirmó que “es evidente que quién ha ganado es Renovación Popular”, pero existe un problema por quién asumirá como alcalde. Resaltó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debió establecer con anticipación las reglas para resolver esta situación.

Rafael López Aliaga se ha presentado como candidato a la alcaldía y ha dado conferencias de prensa exigiendo se le otorgue las credenciales.

El analista político cuestionó que un vocero del organismo electoral haya deslizado que la decisión sobre quién asumirá el liderazgo en Lima le corresponde al Concejo Municipal, porque el JNE emite la resolución y otorga las credenciales. Según dijo, la falta de una definición clara prolonga la incertidumbre, pero opinó que finalmente quién debe asumir la alcaldía debería ser la segunda regidora de Renovación Popular, Jeanette Evangelina Alonzo Contreras. 

"Basado en las normas, el JNE debe declarar ganador a Renovación Popular, y al momento de señalar quienes deben portar las credenciales, indica que no hay candidato alcalde, y si bien le sigue el primer regidor (Rafael López Aliaga), pero el JNE no puede sustraerse de lo que dice la Constitución y que define que no estaría habilitado para ser alcalde y se le debe dar la credencial de regidor", precisó.

Asimismo, refirió que las amenazas del candidato a regidor de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, complicaron el escenario y que es probable que dentro del propio Jurado Nacional de Elecciones existan diferencias y no haya una posición clara.

Al 19 de octubre, la ONPE contabilizó el 95,44% de los votos: Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, obtenía el 27,776%, frente al 26,822% de Francis Allison, de Avanza País, una diferencia de 51.169 votos. La definición depende de la revisión de actas observadas, impugnadas o con pedidos de nulidad por parte de los Jurados Electorales Especiales, aunque ya no cambiará la tendencia. 

Nueva propuesta de formalización minera: cuestionamientos por sus efectos en los territorios

Otro tema que se analizo en Convoca en vivo fue la nueva propuesta de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), presentada el 19 de octubre por el ministro de Energía y Minas del Perú, Guillermo Shinno Huamaní, para regular la formalización de los pequeños mineros y los mineros artesanales.

El proyecto propone cerrar el  Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) el 31 de diciembre de 2026, pero permitiría que los mineros acogidos a un régimen transitorio continúen hasta junio de 2028 para completar su formalización. Además, plantea crear el Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (FORMAPE) para gestionar estos procesos, mejorar el rastreo del mineral desde su origen hasta su venta, reforzar los controles ambientales y reducir el uso de mercurio.

La propuesta también contempla que el Banco de la Nación brinde servicios bancarios a los operadores comprendidos y promueve acuerdos entre titulares de concesiones y pequeños mineros. La principal controversia es si este nuevo régimen facilitará la formalización o prolongará el tiempo de operación de mineros que aún no cumplen todos los requisitos.

Milagros Salazar y Beatriz Cortez (Red Muqui) revisaron la nueva Leu MAPE

La nueva propuesta de formalización de la pequeña minería y minería artesanal también genera cuestionamientos por sus posibles efectos en los territorios rurales. Beatriz Cortez, abogada de Red Muqui, manifestó que la iniciativa podría beneficiar a los titulares de concesiones y facilitar la expansión de actividades extractivas. "Al Ministerio de Energía y Minas no le interesa la vida de los defensores ambientales, de los campesinos, de las comunidades, lo que vemos en el territorio es que se impone la Ley del más fuerte, del que tiene el Reinfo, el dueño de la concesión", aseguró a Convoca.

Para Cortez, el problema de la formalización minera no se limita al Reinfo. La abogada indicó que también es necesario revisar el sistema de concesiones, debido a que numerosos títulos mineros se superponen con territorios de comunidades rurales, pueblos indígenas y cabeceras de cuenca.

La especialista criticó, además, los alcances del mecanismo propuesto para registrar a los pequeños mineros y su capacidad para fiscalizar las actividades extractivas en los territorios. Sostuvo que se trata de otro Reinfo encubierto. Desde su perspectiva, la creación de un nuevo órgano administrativo no resolvería por sí sola los problemas relacionados con la expansión minera y la superposición de derechos sobre el territorio.