El 31 de diciembre de 2018, cerca de las 8 de la noche, una noticia corrió como una mecha encendida por las salas de redacción y las redes sociales: el entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry había anunciado en conferencia de prensa el cese de las funciones del coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, y del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, el último día del año.

Chávarry argumentó que el fiscal Pérez venía “haciendo una sobreexposición de su caso (el que comprende a Keiko Fujimori) lo que podría representar la vulneración de objetividad (de la Fiscalía)”. Chávarry, cercano al fujimorismo, estaba incómodo por los avances que había logrado Pérez Gómez en sus indagaciones sobre los aportes de Odebrecht para la campaña de la lideresa del partido Fuerza Popular.

Paralelamente, lejos del ruido mediático, otra escena transcurría en la casa del jefe del equipo especial aquella noche. Su padre, Carlos Vela Marquillo, quien se encontraba gravemente enfermo por un cáncer en fase terminal, había llegado sorpresivamente en un taxi a respaldarlo. “Hijo, estoy aquí contigo”, esa es la frase que el magistrado recuerda haber escuchado. Esas fueron las palabras que le permitieron ver con serenidad el difícil momento que enfrentaba. “Tranquilizar a mi padre y escucharlo me ayudó a racionalizar la situación“, recuerda Rafael Vela, el hijo. Pero para la tribuna pública resultaba sospechoso que Rafael Vela, el fiscal, estuviera aquella noche en silencio tras el anuncio de Chávarry. Nadie imaginaba que otra historia transcurría a puertas cerradas.

Mientras tanto, en el Centro de Lima, el fiscal José Domingo Pérez se había atrincherado en su oficina, en el cuarto piso de una de las sedes del Ministerio Público, ubicada en la segunda cuadra del jirón Santa Rosa (ex Miró-Quesada). Pérez pidió lacrar la puerta de su despacho para proteger las pruebas que había acumulado en el caso Keiko Fujimori, el expediente sobre los sobornos por el Metro de Lima en el gobierno de Alan García, los documentos que acusan al empresario Gonzalo Monteverde, considerado el principal lavador de la constructora Odebrecht en el Perú, y varios otros.

En medio de estos ajetreos, pocos minutos antes de la medianoche de aquel último día del 2018, el fiscal Pérez contestó mi llamada.

“Estamos aquí preocupados protegiendo la documentación“, decía indignado por el teléfono.

Quienes lo han visto trabajar de cerca conocen su temperamento, su rechazo enérgico a las injusticias, su gran capacidad para largas jornadas laborales, que incluyen fines de semana y feriados. "No voy a permitir que ingresen a mi despacho, esto es una grave retroceso en la lucha contra la corrupción", arremetía Pérez en medio de sonidos de fuegos artificiales en las calles donde se celebraba el inicio de un nuevo año. Aquella vez, Pérez Gómez se quedó en su oficina hasta las 3 de la madrugada. Agotado, regresó a casa; durmió un poco hasta que volvió a sonar el teléfono. Era el fiscal Vela que luego de tranquilizar a su padre, propuso a Pérez encontrarse a las 8 de la mañana de aquel primer día de 2019 para diseñar una estrategia de respuesta a la polémica decisión de Pedro Chávarry.

Ambos elaboraron un recurso de apelación ante lo que consideraron una “decisión ilegal” del entonces Fiscal de la Nación y dieron una conferencia de prensa en la sede de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato, mientras cientos de ciudadanos llegaron a apoyarlos exigiendo justicia. Era un respaldo popular histórico.

“Hay un movimiento de carácter social, no solo de fiscales que están haciendo su trabajo, sino de ciudadanos que antes tenían la sensación de que no todos eran tratados por igual. Nosotros trabajamos sobre la base de investigar los delitos de todos para que no exista impunidad“, asegura Vela. Junto a su equipo ha logrado avanzar de manera decidida en la investigación del mayor caso de corrupción en los últimos años en Perú y América Latina, con la cooperación de los fiscales brasileños de la Fuerza de Tarea Lava Jato, colaboradores eficaces (incluidas las empresas que pagaron los sobornos), principios e ideales comunes de los miembros del Equipo Especial y difusión mediática para salir al frente a defender sus hipótesis de trabajo y explicar lo que sea necesario para evitar la desinformación. Vela reconoce que la batalla no solo es legal y que es indispensable lograr legitimidad en la escena pública para proteger las investigaciones.

El fiscal y los medios

“Vivimos en un mundo de información y comunicación, y como tal, tenemos que confrontar a grandes poderes en la tribuna pública. Debemos comunicar siempre cuál es el avance de las investigaciones y aclarar cualquier situación por más controversial que resulte para que la gente se entere cuál es nuestra versión. Antes solo hablaban los abogados de los investigados y los fiscales no“, apunta Vela como un boxeador con reflejos rápidos en el ring. La última ronda de interrogatorios a exejecutivos de Odebrecht, del 9 al 13 de diciembre último, en Curitiba, es un ejemplo de esa cualidad que ha desarrollado para explicar, confrontar y aclarar de manera oportuna.

“Debemos comunicar siempre cuál es el avance de las investigaciones y aclarar cualquier situación por más controversial que resulte (…) Antes solo hablaban los abogados de los investigados y los fiscales no”, señala Rafael Vela. Foto: Andina.

El viernes 13, al término de la diligencia con Luiz Da Rocha Soares, exoperador financiero del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, declaró a los periodistas que cubríamos las diligencias en Curitiba, que Da Rocha negó haber entregado dinero de la ‘Caja 2’ para la campaña electoral de 2011 de Keiko Fujimori,  que dijo no conocerla, y que por lo tanto, eso demostraría la debilidad de la investigación fiscal.

Loza omitió explicar a la prensa, según sus intereses, que Da Rocha Soares solo se encargaba de crear la estructura financiera para ocultar los pagos y que quien realmente negociaba estos acuerdos bajo la mesa era el entonces superintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, quien ya confirmó los aportes para la campaña de la lideresa de Fuerza Popular.

“Es evidente que el señor Da Rocha Soares no tenía por qué conocer a algún ciudadano peruano ni a ninguna persona dentro del involucramiento de nuestras investigaciones porque lo que él claramente ha señalado, es que trabajaba en la clandestinidad. Cada división tenía por obligación no conocer lo seudónimos o ‘codinomes’ (de los que recibían el dinero), el único que podía saber era el señor Jorge Enrique Simoens Barata (…)“, enfatizó Vela al cierre de la diligencia ante las cámaras de los periodistas.

“¿Le han dicho que antes que fiscal usted parece un abogado de un estudio jurídico prestigioso?“, pregunto. Vela responde entre risas. “Eso lo atribuyo a una de mis devociones. Yo he sido profesor universitario durante 14 años de mi vida, desde los 28 años. Así que cuando doy una entrevista, pienso que estoy en una clase universitaria“, responde sabiéndose como pez en el agua cada vez que se enciende una grabadora o una cámara de televisión.

El año pasado tuvo que dejar de enseñar en la Escuela de Posgrado de la Universidad San Martín de Porres por falta de tiempo y para evitar cualquier vinculación con el expresidente Alan García, quien también trabajaba en esa Escuela y era investigado por el equipo especial Lava Jato. Vela asegura que nunca se cruzó con García porque él enseñaba en otra sede.

“Dentro de lo que la ley nos permite, los fiscales estamos llamados a ocupar un espacio que era ocupado por otras personas en los medios de comunicación para que la población sepa el alcance de nuestro trabajo y de esta manera se puedan evitar los abusos de poder“, señala Vela. Él reconoce que dar declaraciones a los periodistas le ha permitido “conseguir que la población se involucre” en la defensa de la lucha contra la corrupción.

“Todos debemos estar bajo vigilancia y escrutinio público para que las decisiones y acciones estén en el marco de la legalidad, prime la transparencia y no se ejerza presiones de otros poderes. Es necesario crear la conciencia colectiva de que se hará lo indispensable para llegar a la verdad”, agrega tras destacar la importancia de las audiencias televisadas para que la justicia esté más cercana de los ciudadanos.

A sus 45 años de edad, el jefe del equipo especial Lava Jato ha acumulado experiencia como juez y fiscal en diversos cargos. Empezó en 2002 como juez en Los Olivos cuando era un veinteañero que tardaba dos horas de viaje desde Miraflores hasta un módulo básico de justicia de ese distrito populoso de Lima. Luego ejerció como juez anticorrupción durante ocho años hasta que obtuvo una plaza como fiscal superior titular. Así, se convirtió en fiscal coordinador de crimen organizado y en marzo de 2013 asumió como jefe de los fiscales de lavado de activos. Pocos meses después se integraron los magistrados Germán Juárez y Carlos Puma. Para entonces el caso Lava Jato aún no había estallado en Perú ni en Brasil. Pero no pasó mucho tiempo para que las primeras evidencias salieran a flote y la vida de este grupo de fiscales diera un giro rotundo.

Dos equipos, un caso de corrupción y lavado

En junio de 2015, el fiscal anticorrupción Hamilton Castro abrió la carpeta fiscal sobre los primeros pagos de sobornos de una empresa constructora brasileña en el Perú, Camargo Correa, por la adjudicación del tramo 4 de la carretera Interoceánica Sur durante el gobierno de Alejandro Toledo. Lo hizo basado en la información del reportaje ‘Cuotas y pagos millonarios de la Interoceánica’, que publiqué en Convoca.pe, en alianza con periodistas de la plataforma BRÍO. Castro solicitó información sobre depósitos sospechosos realizados a las cuentas, en el Citibank London Private, de la empresa Trailbridge Ltda, que pertenecía a Josef Maiman, examigo y consejero de Toledo.

En febrero de 2016 aparecieron las primeras evidencias de los pagos de Odebrecht. La prensa brasileña publicó una planilla de la constructora en la que aparecía una anotación con las iniciales ‘OH’ asociado a un monto de 4.5 millones de reales (equivalente a 3 millones de dólares). Para los delegados de la Policía Federal de Curitiba, ‘OH’ podía ser el expresidente Ollanta Humala y así lo escribieron en un reporte tomando en cuenta otros elementos: las anotaciones en el celular de Marcelo Odebrecht, CEO y dueño de la empresa brasileña.

Al tratarse de un posible financiamiento de la campaña del líder del Partido Nacionalista en 2011, el equipo de lavado de activos liderado por Rafael Vela asumió la investigación con el fiscal Germán Juárez. De esa manera en 2016, el Ministerio Público tenía dos equipos que investigaban los tentáculos de las empresas del caso Lava Jato en el Perú: el de Castro y Vela. Pero aún estaba por salir a la luz un entramado de pagos de coimas que aceleró los pasos en las oficinas de la Fiscalía de la Nación.

Cuatro días antes de la Navidad, el 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un documento que remeció las salas de redacción de los medios en América Latina: Odebrecht había pagado cerca de 800 millones de dólares en sobornos, entre 2001 y 2016, en 11 países del continente y Mozambique, en África. En Perú, se conoció inicialmente que Odebrecht pagó coimas por el tramo 2 y 3 de la Interoceánica Sur y el tramo 1 de la Línea 1 del Metro de Lima. Pocos días después, el 2 de enero de 2017, el entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez realizó una conferencia de prensa en la que anunciaba que el Hamilton Castro Trigoso lideraría la investigación del caso Odebrecht.

Fiscales y procuradores del caso Lava Jato en uno de los recesos de las recientes diligencias en Curitiba, en diciembre de 2019. Foto: Milagros Salazar/Convoca.pe

Pero no pasó mucho tiempo para que se hiciera visible la tensión entre Vela y Castro. Ambos iban detrás del mayor caso de corrupción y lavado de dinero. Castro, con una estrategia más tradicional, apostó por abrirse camino en solitario, cauteloso, sin mostrar sus fichas ni hablar con la prensa. Vela decidió hacer lo contrario: buscar la cooperación directa con los fiscales brasileños de la Fuerza de Tarea Lava Jato, moverse rápido y captar la atención de los periodistas. Así, en mayo de 2017, Vela acompañado del fiscal Germán Juárez logró interrogar a Marcelo Odebrecht en la sede de la Policía Federal de Curitiba donde estaba recluido. El ex máximo directivo de la empresa brasileña confirmó a los fiscales peruanos que ‘OH’ era Ollanta Humala y que los 3 millones de dólares eran para la campaña de 2011 del líder nacionalista. Pero no solo eso, reveló que aportó a la campaña de Keiko Fujimori de 2011. Al mes siguiente, en junio, IDL Reporteros publicó la famosa anotación de Marcelo Odebrecht: “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita (ex:Venez). Humala?”.

La investigación a la lideresa de Fuerza Popular era ineludible en el Ministerio Público pero ningún fiscal quería asumir el caso, si revisamos la sucesión de los hechos y recordamos el poder político que tenía Keiko Fujimori con una apabullante mayoría en el Congreso y una vocería afilada de ataques y contrataques. Ante este escenario político áspero, el fiscal Germán Juárez Atoche remitió a otra fiscalía los antecedentes del caso y el testimonio de Marcelo Odebrecht que recogió en Curitiba en mayo de 2017 en el que se mencionaba el apoyo a Fujimori, alegando sobrecarga laboral. Castro tampoco quería asumir el caso.

Para entonces ya se había desatado un enfrentamiento entre Castro y Juárez. Este último embargó las cuentas del exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, lo que originó que éste ya no colabore con las investigaciones de Castro.

Ante estas disputas al interior del Ministerio Público, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, llamó a Vela a su despacho para decirle que su equipo debía asumir la investigación del caso Keiko Fujimori, que no se podía dar la señal de que existían fiscales timoratos.

—¿Qué necesitas para que tu equipo investigue este caso?, recuerda Vela que le preguntó Sánchez.

—Que usted refuerce el equipo de lavado de activos con un nuevo despacho y un nuevo fiscal —respondió Vela con un pedido que sabía que era difícil cumplir.

El caso Keiko Fujimori

El entonces Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, aceptó la solicitud de Rafael Vela en menos de 24 horas. En aquella reunión, ambos coincidieron que había un fiscal provincial anticorrupción que tendría un buen desempeño en la investigación del caso Keiko Fujimori. Entonces, Vela llamó al magistrado por teléfono y a lo largo de 15 minutos le explicó que era un caso emblemático, que el país lo necesitaba. Al otro lado de la línea, el fiscal respondió en forma monosilábica: “Sí”. Y luego añadió. “Lo que sí le pido doctor es apoyo logístico por favor“. Era el fiscal José Domingo Pérez Gómez.

“Yo había visto su valor como fiscal anticorrupción cuando yo era juez y su desempeño académico cuando fue mi alumno en la Academia de la Magistratura. Sabía que tenía las condiciones para asumir esa investigación. Gracias a la agresividad procesal del doctor Perez logramos avanzar en el caso Fujimori“, apunta Vela.

Pérez fue destacado al equipo de lavado de activos y con él abordo se volvió a solicitar el interrogatorio a Marcelo Odebrecht, quien declaró por segunda vez en noviembre de ese año y confirmó la anotación del aporte de Odebrecht a la campaña de la lideresa de Fuerza Popular. Sin embargo, el empresario aseguró que los detalles los conocía Jorge Barata, el exsuperindente de la constructora en el Perú.

Acompañados del fiscal brasileño Orlando Martello, en febrero de 2018, los fiscales coordinados por Rafael Vela interrogaron por primera vez a Barata en la ciudad de Sao Paulo, en medio de la expectativa de los periodistas peruanos que esperábamos en las afueras de una de las sedes de la Procuraduría de esa ciudad. Fueron dos días de revelaciones. Barata no solo confirmó que Odebrecht financió la campaña de Keiko Fujimori sino de otros tantos candidatos de las diversas posiciones políticas: Alan García, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Lourdes Flores Nano. De todos ellos, tres habían llegado a convertirse en presidentes.

El equipo de Rafael Vela había logrado remecer la tribuna pública con una revelación tras otra. Pero en forma simultánea el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que aprobó el fortalecimiento de los fiscales de lavado de activos, preparaba su salida. Quien lo iba a suceder en el cargo era Pedro Chávarry, conocido por su cercanía con el fujimorismo. Sánchez aconsejó a los fiscales que preparen su carta de renuncia porque Chávarry los iba a sacar a todos. Pero sorpresivamente éste, en una jugada de subsistencia ante las críticas de su elección como Fiscal de la Nación, en julio de 2018 removió a Hamilton Castro del caso Lava Jato, unificó el equipo especial de la fiscalía y nombró como coordinador a Rafael Vela Barba.

“El fiscal Chávarry pensó que si yo asumía el cargo, el fiscal Pérez (que había renunciado ante el nombramiento de Chávarry) podía volver a asumir la investigación del caso Fujimori. Creo que lo hizo para lograr legitimidad”, asegura Vela.

Nuevo equipo, más revelaciones

Tras la inesperada decisión de Chávarry, el equipo especial quedó conformado, bajo el liderazgo de Rafael Vela, por los fiscales José Domingo Pérez, Germán Juárez Atoche, Carlos Puma y Geovanna Mori, quien antes de asumir este desafío ya había sido convocada en marzo de 2018 por el fiscal Vela para integrar el grupo de lavado de activos cuando aún se desempeñaba como fiscal antidrogas en el Callao. En poco tiempo, la fiscal Mori logró destacar con las investigaciones de los pagos de sobornos al exgobernador del Callao, Félix Moreno, por la adjudicación del proyecto Costa Verde, y ahora por el megaproyecto millonario Gasoducto del Sur licitado en el gobierno de Ollanta Humala y en el que jugó un papel importante Nadine Heredia, según declaraciones recientes de Jorge Barata.

Parte de los miembros del equipo especial Lava Jato: Geovanna Mori, José Domingo Pérez, Rafael Vela y Germán Juárez. Foto: Andina.

Después de Brasil, el trabajo del equipo de fiscales peruanos que investiga Lava Jato es el que más ha avanzado en las investigaciones de este caso de corrupción que remece el continente. Perú es el país que más solicitudes de cooperación ha realizado a Brasil con más de 190 pedidos, lo que representa el 50% de las solicitudes de información, según el fiscal brasileño Orlando Martello, quien ha jugado un rol fundamental en los avances de las investigaciones en Perú.

“Hemos logrado trabajar con una misma mística y respetando la personalidad de cada miembro del equipo. Cada fiscal es un mundo distinto y hay que respetarlo. Lo importante es que compartimos ideales comunes y buscamos salir adelante”, menciona Vela, a quien también le preocupa la lentitud del trabajo de otros equipos del Ministerio Público con los que ha tenido algún nivel de coordinación como el de terrorismo y derechos humanos.

“En marzo de 2017, les enviamos las escuchas del caso ‘Madre Mía’ (en el que se le acusa de violaciones de derechos humanos a Humala cuando era capitán del Ejército). Pero hasta hoy, casi tres años después, no hay nada. Eso es preocupante porque las investigaciones de lesa humanidad son parte de la memoria histórica del país”, señala Vela.

Pero la dinámica de trabajo del equipo especial Lava Jato ha generado rechazo en ciertos sectores dentro del Ministerio Público en diversos momentos.

Hacia fines de 2018, las relaciones entre Chávarry y el fiscal Domingo Pérez empezaron a resquebrajarse públicamente conforme avanzaba la investigación del caso Keiko Fujimori y se conocía el involucramiento de Chávarry con personajes del entramado de corrupción ‘Los Cuellos Blancos del Puerto‘, en el que se puso al descubierto una red de jueces que direccionaban sentencias y decisiones.

Por esos días, la permanencia de Chávarry era insostenible en el Ministerio Público. Y así, el 31 de diciembre de 2018, decidió cesar de sus cargos a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Ese día los peruanos llegaron a la sede de la Fiscalía de la Nación para protestar. Centenares de ciudadanos prefirieron exigir la salida de Chávarry antes que celebrar el nuevo año. Y finalmente tras una crisis creciente en el Ministerio Público y el reclamo popular, Pedro Chávarry renunció al cargo el 7 de enero de 2019 y los fiscales del equipo de Vela volvieron a sus puestos.

Confesiones en Brasil, Israel y Andorra

A lo largo de 2019, el trabajo de los fiscales del equipo especial se intensificó con más de 40 investigaciones en curso. En paralelo, la salud del padre del fiscal Vela se deterioraba cada vez más. A fines de enero, Vela, José Domingo Pérez y Geovanna Mori viajaron a Europa para recoger información sobre los pagos ilícitos que se triangularon desde la Banca Privada de Andorra. En febrero de 2019, luego de varios meses de negociación, la empresa Odebrecht firmó en Sao Paulo el acuerdo de colaboración con el Ministerio Público del Perú, en el que se comprometía a entregar pruebas y dar información sobre cómo se hicieron los pagos de sobornos por los tramos 2 y 3 de Interoceánica Sur, la Línea 1 del Metro de Lima, Costa Verde Callao, la carretera Carhuaz- Chacas-San Luis (Áncash) y sobre otros proyectos que se pudieran identificar a lo largo de la investigación fiscal.

Dos meses después, ad portas de una nueva ronda de interrogatorios de los fiscales peruanos en Curitiba, el 17 de abril de este año, el Perú despertó con una trágica noticia: Alan García se había suicidado antes de ser detenido por el fiscal adjunto Henry Amenábar. La noticia dejó en shock a políticos, empresarios, periodistas, fiscales.

Para entonces, la situación de salud del padre de Rafael Vela empeoraba cada día. En mayo, los fiscales del equipo especial interrogaron a Jorge Barata y otros exejecutivos de Odebrecht, nuevamente con la ayuda de Orlando Martello. Pero el fiscal Vela regresó al país un día antes de que concluyeran las diligencias, tenía una razón poderosa: su padre agonizaba. Pocos días después, Carlos Vela Marquillo, murió.

La dinámica intensa del proceso de las investigaciones y la presión pública, no dieron tregua al coordinador del equipo especial. En junio volvió a levantarse y a tomar un avión, esta vez con destino a Tel Aviv (Israel), para interrogar a Michelle Maiman, hermana de Josef Maiman, por los pagos al expresidente Alejandro Toledo.

En setiembre, Rafael Vela volvió a liderar nuevas diligencias en Brasil tras las revelaciones de la investigación transfronteriza ‘División de Sobornos’ publicada por Convoca.pe e IDL-Reporteros, con la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Esta serie de reportajes puso al descubierto nuevos ‘codinomes’ y pagos ilícitos del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht asociados al proyecto Gasoducto del Sur y a otras obras, que hasta el momento no se conocían y que requerían ser confrontados con Jorge Barata y otros exejecutivos de Odebrecht.

En diciembre último, Vela y su equipo volvieron a Brasil para otra ronda de interrogatorios.

“Con todo lo que ha pasado, no he tenido la oportunidad de cerrar un duelo. Luego de enterrar a mi padre tuve que seguir adelante en medio de las críticas. No hago este trabajo para obtener reconocimiento, pero sí me quedé con una sensación de injusticia porque al menos uno espera que exista entendimiento suficiente de las cosas“, confiesa el fiscal.

Los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela, Walter Villanueva y José Domingo Pérez, en la diligencia de diciembre de 2019 en Curitiba. Foto: Milagros Salazar/Convoca.pe

Carlos Vela, su padre, fue dos veces decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, miembro del Jurado Nacional de Elecciones y del Consejo Nacional de la Magistratura. A la vez de trabajar como servidor público fue docente.

“Si en algún espejo me reflejo es en mi padre“, dice el coordinador de los fiscales del caso Lava Jato, quien aún debe recorrer junto a su equipo un gran tramo del camino. En los próximos días, la empresa Odebrecht entregará unos 2 mil documentos con nuevas pruebas sobre los pagos ilícitos que permitirán escarbar aún más en el terreno pantanoso de la corrupción.

Este artículo fue publicado el miércoles 18 de diciembre de 2019 en la revista Memoria del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Foto abridora: Fiscales del equipo especial Lava Jato. Crédito: Agencia Andina