Al menos 28 exfuncionarios públicos vinculados a irregularidades por las obras relacionadas al caso Lava Jato, vía Costa Verde del Callao (Odebrecht) y el Hospital Antonio Lorena en Cusco (constructora OAS), quedaron exonerados de los procesos sancionadores de la Contraloría. Esto debido a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional determinadas acciones sancionadoras del órgano de control. El jueves último, el TC emitió una aclaración de su fallo de abril reciente en el que principalmente ratifica los argumentos de su resolución.

El 26 de abril de este año, los magistrados del Tribunal Constitucional publicaron una sentencia en la cual se establece la inconstitucionalidad del artículo 46 de la Ley 27785 -que modificó la Ley 29622- del Sistema Nacional de Control, norma que indica las conductas infractoras por las cuales un funcionario público podría ser sancionado con inhabilitación o suspensión de la función pública si es que se le encuentra responsable de malos manejos de los recursos públicos. 

El jueves 1 de agosto último, el Tribunal Constitucional publicó un documento de aclaración sobre el referido fallo, en el cual se considera que la sentencia no declara la nulidad de acto o resolución que se encuentren ya concluidos, ya que "tienen calidad de cosa decidida", por lo que las inhabilitaciones o suspensiones contra exfuncionarios públicos encontrados responsables por irregularidades administrativas, se mantendrán vigentes

Sin embargo, respecto a los procedimientos administrativos sancionadores iniciados durante la vigencia de la Ley 29622 y que se encuentran en trámite, el TC señala que "son los órganos competentes de la Contraloría los que deben determinar lo que corresponda". Esto tomando en cuenta que el artículo 46 de la Ley 27785 ha sido declarado inconstitucional por los magistrados.  

Documento de aclaración que afirma la situación de los casos de la Contraloría. 

Sobre este punto, la Contraloría sostiene en un pronunciamiento -difundido ayer- que el fallo afecta significativamente los esfuerzos desplegados para la lucha contra la corrupción pues en la práctica imposibilita a la entidad el procesar y sancionar a los funcionarios y servidores públicos que han incurrido en infracción administrativa que se han identificado en los informes de control, tanto horas antes de la sentencia, como luego de emitida. 

Emblemáticos e impunes

Entre los cientos de casos que quedaron en situación de impunidad a causa del fallo del TC que declaró inconstitucional la facultad sancionadora de la Contraloría, se encuentran dos que son emblemáticos y están vinculados al caso Lava Jato: la obra de la vía Costa Verde del Callao, adjudicado a Odebrecht, y la construcción del Hospital Antonio Lorena del Cusco, que estuvo a cargo de la constructora OAS. Ambos casos generaron más de 50 millones de soles de perjuicio económico para el Estado, de acuerdo con los informes de la Contraloría.  

En el caso Costa Verde - Callao, la Contraloría abrió proceso administrativo sancionador a 16 funcionarios del Gobierno Regional del Callao, durante la gestión del prófugo exgobernador Félix Moreno, quienes cometieron una serie de irregularidades administrativas que causaron un perjuicio al Estado por más de 46 millones de soles. A causa de la  sentencia del TC, la Contraloría no ha logrado emitir resolución sancionadora sobre este caso que, además, prescribió anteayer 1 de agosto, con lo que estos exfuncionarios quedarán exentos de responsabilidad administrativa a pesar de la gravedad de sus inconductas.

En este caso están involucrados altos ex funcionarios de la gestión de Moreno, como el ex gerente regional de Presupuesto, Eber Ramírez, y el ex gerente de Asesoría Jurídica, Marco Palomino, así como Roberto Sandoval (ex jefe de la Oficina de Construcción), Helberth Barrera (ex coordinador del proyecto), Víctor Suelpres (ex jefe de la Oficina de Logística), así como los ex miembros del comité especial para el proyecto, Antero Milian, Nancy Suito y Jorge Avilés. 

Funcionarios de la gestión de Félix Moreno se beneficiaron con el fallo del Tribunal Constitucional con el fin de sus procesos. Foto: Andina.

Según el informe de la Contraloría, emitido el 2016, entre otras observaciones se detectó que los trabajos ejecutados en la obra Costa Verde - Tramo Callao no cumplían con los niveles de calidad definidos en las especificaciones técnicas, tanto en la vía principal, defensa marina y viaductos. Estas deficiencias generaron un pago de más de 4 millones 900 mil soles a favor de Odebrecht, que ya ha confesado que pagó sobornos por 2.4 millones de dólares al ex gobernador Félix Moreno para que se le beneficiara con la adjudicación de este proyecto.

Asimismo, la Contraloría encontró que los funcionarios del gobierno regional del Callao convocaron a licitación pública para la ejecución de la obra sin contar con la disponibilidad física del terreno, lo que llevó a la aprobación de ampliaciones de plazo de 134 días calendario y mayores pagos a Odebrecht y a la supervisora AGM por más de 16 millones 800 mil soles. 

A esto se suma que la entidad de control identificó que los funcionarios de la gestión de Félix Moreno aprobaron tres adicionales de obras, ocasionando un mayor plazo de ejecución de la obra de 220 días y el pago de mayores gastos generales que superaron los 24 millones 600 mil soles.

Respecto al Hospital Lorena, la Contraloría impuso proceso administrativo sancionador contra 12 exfuncionarios de la gestión del exgobernador regional del Cusco, Jorge Acurio Tito, quienes presuntamente están involucrados en irregularidades cometidas durante la ejecución del proyecto adjudicado a la brasileña OAS. Esta empresa pagó coimas por alrededor de 16 millones de soles, de acuerdo con la versión de dos colaboradores eficaces brindada al Ministerio Público. Según el ente de control, las irregularidades causaron un perjuicio económico al Estado que supera los 4 millones 600 mil soles. 

Doce exfuncionarios de la gestión del exgobernador del Cusco, Jorge Acurio, no serán parte de los procesos sancionadores de la Contraloría. Foto: Andina

En el informe de auditoría publicado en junio de 2018 en el que se basa el proceso sancionador, la Contraloría encontró que el Gobierno Regional de Cusco en el 2011 canceló el concurso público de selección convocado para elaborar el expediente técnico para la ejecución del proyecto de 'Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital Antonio Lorena', la que fue finalmente realizada por la Oficina de Naciones Unidas para servicios de proyectos (UNOPS), sin que existan fundamentos para encargar dicho proceso de selección a un organismo internacional. Esto habría ocasionado un gasto innecesario de más de 312 mil 500 soles.

Este proceso de licitación que fue realizado por la UNOPS terminó dando el proyecto al consorcio Salud Lorena conformado por la constructora brasileña OAS y las empresas Motlima Consultores S.A. y Dextre+Morimoto Arquitectos S.A.C.

Asimismo, el ente de control encontró deficiencias en la elaboración del expediente técnico y en la ejecución de la construcción del Hospital Lorena del Cusco que generaron pagos excesivos por S/. 1'792,756 y un pago indebido de S/. 2'537,829.

Cerca de 15 mil funcionarios no serán procesados

En declaraciones a Convoca.pe, el presidente del Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa (TSRA), Enrique Aguilar, sostuvo que el mandato del Tribunal Constitucional perjudica a las acciones de la Contraloría, y en consecuencia al Estado, en que se podrán archivar los procesos administrativos sancionadores contra cerca de 15 mil funcionarios que incurrieron en faltas administrativas.

"Si la Contraloría no tiene la potestad de seguir procesando, no se podrá saber si los funcionarios tuvieron o no responsabilidad en el manejo de los recursos públicos", precisó el presidente del TSRA.

Añadió que el fallo del TC también genera un perjuicio para la lucha contra la corrupción porque la Contraloría al no poder emitir resoluciones que concluyan en una presunta responsabilidad penal deja al Ministerio Público sin elementos probatorios para iniciar procesos penales contra los funcionarios sancionados.

Además, reveló que luego de publicada la sentencia de inconstitucionalidad, en los meses de mayo y junio han caducado procesos sancionadores en casos que perjudican al Estado por montos mayores a 28 millones de soles. Mientras, en julio caducaron procesos por un importe superior a 9 millones de soles.