Funcionarios públicos en puestos claves en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad estatal que fiscaliza el cumplimiento de las leyes ambientales de la gran minería, trabajaron precisamente en el área ambiental de los proyectos mineros de las compañías Buenaventura, Los Quenuales y Minera IRL al mismo tiempo que las empresas cometían infracciones, varias consideradas graves y muy graves, en operaciones realizadas en la sierra de las regiones Lima, Junín y Huancavelica.

Cuando estos funcionarios pasaron a trabajar en el área de supervisión ambiental de OEFA, la institución estatal evaluó evidencias de una veintena de procesos sancionadores contra estas empresas. En varios casos, principalmente de la minera Buenaventura que pertenece a la influyente familia Benavides, los procesos no terminaron en ningún tipo de sanción.

Los funcionarios públicos que trabajaron para estas compañías son Víctor Velásquez Ramírez, actual coordinador de la Dirección de Supervisión Ambiental en Minería de OEFA, quien trabajó para Compañía de Minas Buenaventura, y de dos supervisores a su cargo: Carlos Cenzano Flores, exempleado de Minera Los Quenuales-Yauliyacu, subsidiaria peruana de la transnacional Glencore con sede en Bermuda, y Gustavo Castillo Faura, que laboró para Minera IRL.
 

La compañía de minas Buenaventura es una de las más inspeccionadas por la OEFA. Fuente: Buenaventura

Convoca.pe construyó y analizó una base de datos con información de los procesos sancionadores de empresas mineras y las cruzó con el registró de funcionarios que trabajaban en OEFA para determinar el vaivén de personajes en puestos claves durante las supervisiones ambientales y potenciales casos de conflictos de interés donde el Estado debe determinar sanciones contra las empresas por echar aguas ácidas a ríos, exceder los límites máximos permisibles de elementos potencialmente tóxicos, entre otras infracciones.

Según la información analizada, las compañías Buenaventura, Los Quenuales y Minera IRL acumulan un total de 111 procesos sancionadores entre los 2008 a 2018. Solo en 49 casos se resuelven multas contra estas compañías: 22 para Buenaventura, 17 para Los Quenuales y 10 para Minera IRL. La suma total de estas multas supera los 8 millones de soles, pero más del 50 por ciento de ese monto no fue cobrado en favor del Estado debido al artículo 19 de la ley 30230, conocida como el ‘Paquetazo ambiental’, que fue aprobada en julio de 2014 durante el gobierno de Ollanta Humala y que tuvo una vigencia de tres años.

La ley dispuso que se eliminaran por completo las multas ambientales que eran evaluadas en primera instancia y se redujera el 50% del valor de la sanción económica si el proceso se encontraba en segunda instancia. Convoca.pe pudo determinar que, entre julio de 2014 y marzo de 2015, el Estado dejó de cobrar hasta 55 millones de soles a la industria minera y de hidrocarburos.
 

El jefe medioambiental

Víctor Hugo Velásquez Ramírez, ingeniero de 44 años, actual coordinador de supervisión ambiental en minería del organismo estatal regulador OEFA, antes dedicó 15 años a ser especialista en el rubro ambiental en diferentes empresas. 

Entre 2006 y 2014, trabajó para Buenaventura como jefe medioambiental en tres unidades mineras distintas. Primero, lo hizo en la subsidiaria Cedemin S.A.C (2006-2010), después en la unidad minera Recuperada de Lircay, en la región andina de Huancavelica (2010-2012), y luego en sus proyectos “brownfield” (2012-2014), un tipo de operación que aprovecha instalaciones mineras donde ya se finalizaron labores y son adaptadas para iniciar nuevas operaciones. Un mes después de que dejó la compañía, en octubre de 2014 pasó a integrar la planilla de OEFA para coordinar el trabajo de los supervisores ambientales sobre la minería. 
 

La unidad minera Recuperada de Buenaventura una de las inspeccionadas del 2010

por Osinergmin y OEFA. Fuente: Correo 

Fundada en 1953, Buenaventura tiene sanciones en el registro de actos administrativos de OEFA desde 2011. La inspección en la que se descubrió el primer hecho irregular es de setiembre de 2008, y la primera resolución de sanción data de octubre de 2010.

Convoca.pe revisó los 74 procesos sancionadores que la compañía Buenaventura enfrentó entre 2008 y 2018.  En la época en que Velásquez Ramírez fue uno de los jefes de medio ambiente de la minera, a la empresa se le abrieron 56 expedientes y solo 18 terminaron en multas por más de 2 millones de soles.

Desde que Velásquez es coordinador de supervisión ambiental de minería en el organismo estatal OEFA, (y antes supervisor ambiental) entre octubre de 2014 hasta la quincena de noviembre de 2018, el ente fiscalizador ha registrado 26 procesos sancionadores de su ex-empleadora Buenaventura, de las cuales en varios casos se exoneró a la empresa de cualquier sanción y en ningún proceso se le impuso multa. Todas las sanciones económicas fueron perdonadas a través de la aplicación de la ley del “Paquetazo Ambiental”. 

De los 26 procesos sancionadores registrados desde que Velásquez trabajó en OEFA, 18 fueron evaluados de manera directa por personal de este ente fiscalizador, de los cuales una decena se resolvió de manera favorable a la compañía exonerándola de sanciones. En los otros ocho casos las evidencias en el campo fueron recogidas por supervisores externos.

 

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Buenaventura reportó a Osinergmin el accidente ambiental el 12 de julio de 2010.

Pero hay más. Cuando Velásquez Ramírez fue jefe medioambiental en la unidad Recuperada en Lircay (Huancavelica) se reportó un “accidente”: un derrame de aguas ácidas del proyecto minero que terminó en la quebrada de Yuraccmachay el 9 de julio de 2010. Velásquez aseguró a Convoca.pe que se encontraba “de días libres” en la empresa cuando ocurrió el derrame. 

“Yo no era el responsable, sino el jefe de minas. Me acuerdo que me comunicaron cuando estaba en mis días libres”, justificó. La compañía informó la emergencia al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), que en esos días estaba a cargo de la fiscalización ambiental en el Estado. 

El actual funcionario Velásquez Ramírez señala que cuando llegó al lugar, ya estaban presentes las autoridades. Tres días después del derrame, a pedido del gobierno regional de Huancavelica y del Ministerio Público, el mismo Osinergmin contrató a una supervisora externa que identificó ocho conductas de infracción y estimó sanciones por un total de 1 millón 137 mil 600 soles. 

El OEFA resolvió la responsabilidad de cuatro conductas infractoras en Buenaventura.

Costos sociales

La Defensoría del Pueblo solicitó al entonces ente regulador Osinergmin tomar medidas para evitar posibles consecuencias en los pobladores que habitaban en zonas aledañas de este rincón de Huancavelica, una de las regiones más pobres del Perú. Pocos días después, el 22 de julio, el proceso sancionador fue asumido por el organismo estatal OEFA, que ahora está a cargo de la supervisión ambiental de las industrias extractivas y que depende del Ministerio del Ambiente.

Según la resolución directoral que da cuenta de las responsabilidades, el accidente perjudicó una extensión de 80 metros cuadrados, pastos naturales, y mezcló las aguas contaminadas con el agua del Yuraccmachay en un tramo aproximado de 200 metros. “[La empresa] no evitó ni impidió el rebalse de aguas ácidas [que contenían metales] a la quebrada”, agrega el documento. 

Recién el 3 de septiembre de 2014, cuando Velásquez estaba a un mes de asumir funciones en OEFA, este organismo determinó responsabilidad en solo tres de las ocho conductas identificadas. Así, la resolución final de sanción determinaba que la compañía debió ser multada solo por 396 mil soles. Sin embargo, como si fuera poco, el ente fiscalizador aplicó la Ley del “Paquetazo Ambiental”, publicada dos meses antes, lo que permitió que la sanción económica fuese perdonada. 

El cumplimiento de actividades del plan de cierre de Esperanza 2001 al primer semestre de 2010 afirmaba que

de la Bocamina BY-01 drenaba flujo de agua a 5 litros por segundo.

De estas tres conductas sancionadas en la misma unidad Recuperada donde trabajó Velásquez, la más grave fue la de “no efectuar el control del efluente” de donde se drenaron, a 5 litros por segundo, las aguas ácidas causantes de este accidente ambiental. Ante estos hechos, Víctor Velásquez asegura que Buenaventura realizó un informe de gestión ambiental donde se informó que el interior de la bocamina -la apertura por donde se ingresa a la mina- no había indicios de algún drenaje. “Cuando llegamos a campo, todo estaba seco. En la bocamina, no había flujo de agua”, dijo.

Pero la documentación revisada por este medio indica que Buenaventura sí reconoció la existencia del efluente de aguas ácidas y lo consideró como un punto para ser monitoreado.
 

El informe de la supervisora detallaba que la concentración de metales superaba los valores referidos.

De acuerdo con la resolución directoral de OEFA que da cuenta de la infracción y de las responsabilidades de la empresa, el plan de cierre de Buenaventura sobre esta mina -para el primer semestre de 2010- ya menciona la existencia del efluente de aguas ácidas en la bocamina, “el mismo que no cuenta con punto de control”. Este plan, que demuestra el conocimiento de la compañía sobre este potencial peligro tóxico, fue presentado a las autoridades el 30 de junio de 2010, pocos días antes de ocurrido el accidente. 

Una última conducta infractora en este caso, en la misma unidad minera Recuperada donde laboraba Velásquez, fue que Buenaventura no cumplió con adoptar medidas de prevención y control del vertimiento del efluente. Tampoco con no sobrepasar los niveles máximos permitidos de agua ácida.

Tras este incidente, el proyecto minero Recuperada fue otra vez supervisada en la época en el que todavía Velásquez era jefe de medioambiente, poco más de un año después. Esta vez la supervisora Clean Technology verificó 4 conductas infractoras que OEFA ya había advertido. De acuerdo con la resolución 347-2016, el organismo regulador investigó este caso por presunto incumplimiento de construcción de canales, cunetas, sistemas de drenajes y depósito de desmonte. Al igual que la anterior, solo de las 4 conductas

La Ley del Paquetazo Ambiental (Ley 30230), publicada en julio de 2014 y que tuvo una vigencia de tres años.

Sin sanción

El ingeniero de minas Carlos Javier Cenzano Flores es coordinador de actividad de explotación en la coordinación de supervisión ambiental en minería del OEFA desde 2012. Se encarga, por ejemplo, de planificar las supervisiones a compañías mineras, revisar los resultados de las supervisiones en campo y analizar informes con los equipos técnicos y legales.

Antes, entre junio de 2002 y marzo de 2007, Cenzano fue también jefe del departamento de medio ambiente de la unidad minera Yauliyacu, operada por la Empresa Minera Los Quenuales, subsidiaria peruana de la transnacional Glencore con sede en Bermuda. Entre los años 2008 y 2017, la minera ha sido objeto de 23 sanciones impuestas por el OEFA, que bordearon los 3 millones de soles en multas. 

Desde que Cenzano asumió funciones en el ente supervisor OEFA, en 2012, Los Quenuales cometió dos infracciones que no resultaron en multas. La primera fue en noviembre de 2012 por un derrame de relave que la minera calificó como “incidente ambiental” en la misma Yauliyacu donde, laboró Cenzano, ubicada en la sierra de Lima, en la provincia de Huarochirí.

Carlos Cenzano Flores trabajó entre los años 2002 y 2007 en la minera Los Quenuales

como Jefe de Medio ambiente. Foto: Luis Enrique Pérez

Mediante el informe técnico se concluyó que la minera tenía responsabilidad por no prevenir dicha contaminación y no haber realizado el mantenimiento correspondiente a las tuberías que dirigen el relave. Además, no presentó el informe de investigación del accidente ambiental dentro del plazo correspondiente (10 días), lo que implicó una responsabilidad administrativa sin exigencia de medidas correctivas.

Poco tiempo después, del 19 al 21 de setiembre de 2013 la misma dirección de supervisión del OEFA encontró que la Unidad Minera Casapalca de Los Quenuales infringió la normativa ambiental al sobrepasar los límites máximos permitidos para la descarga de efluentes líquidos de actividades metalúrgicas. Debido a esta infracción se determinó que la compañía debía mejorar la planta de tratamiento de agua en el periodo máximo de 30 días y presentar un informe. De lo contrario, se hubiese enfrentado a una multa de hasta 370 mil soles. 

Con respecto a la intervención directa que podría haber tenido Cenzano en estos dos casos como funcionario de OEFA, el ingeniero señala que ocupó el cargo de tercero supervisor desde julio de 2012 a julio del 2018 y que, como tal, no supervisó las operaciones de Los Quenuales, aunque sí trabajó en el área que se encargó de evaluar las evidencias de las infracciones en el organismo estatal.

Otro supervisor de OEFA que trabajó en una minera infractora es el ingeniero ambiental Gonzalo Ivan Castillo Faura, quien ocupa el cargo de supervisor en el área que coordina las inspecciones ambientales de las empresas mineras, función que cumple desde julio de 2018. Sin embargo, Castillo ya había trabajado en el ente regulador desde agosto de 2013 como supervisor del sector hidrocarburos. 

En el sector privado, Gonzalo Castillo trabajó de julio de 2010 a marzo de 2011 como asistente de medio ambiente en la unidad minera Corihuarmi de Minera IRL, con capitales de Perú e Inglaterra. Esta compañía, que opera a tajo abierto y registra en OEFA 14 procesos sancionadores en ocho años (2009 - 2017) con multas que superan los 2 millones de soles. Ubicada a 5 mil metros de altura, en los límites de Lima y Junín, su actividad principal es la extracción de oro. La operación se inició en 2008 y se proyectó su cese para este año.

Gonzalo Castillo Faura, actual supervisor del OEFA, trabajó en la minera IRL

entre los años 2010 y 2011. Foto: Luis Enrique Pérez

Las funciones de Gonzalo Castillo en Minera IRL fueron de  planificación, organización, dirección, ejecución y control del cumplimiento de estándares y procedimientos ambientales. Básicamente, las mismas tareas que como supervisor de OEFA ahora realiza desde la otra orilla.

Durante el tiempo que Castillo trabajó en esta minera, la supervisora externa Asesores y Consultores Mineros S.A. realizó por encargo de OEFA una inspección entre los días 23 y 26 de setiembre de 2010, en la que detectó que la compañía no presentó el primer informe semestral de cierre de minas del proyecto minero Corihuarmi, ubicado en la sierra de Lima, y que superó el parámentro máximo permitido de acidez en las aguas.  

Sin embargo, años más tarde, la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos de OEFA le da la razón de manera parcial a la Minera IRL en su resolución Nº484 de 2014 y la exonera de la infracción referida a la entrega del reporte de cierre de minas. De lo contrario, hubiese tenido que enfrentar una multa de hasta 3 millones 800 mil soles. 

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