Cerca de las 11 de la mañana del primero de mayo de 2006, Marcos de Moura Wanderley envió un correo electrónico con siete puntos que deseaba discutir “seriamentente” con la oficina principal de la constructora brasileña Camargo Correa, en Sao Paulo. Wanderley, entonces representante de la compañía en Perú, puso un título sugerente en su mensaje: “Eleiçoes peruanas”. El contexto político era decisivo.

Alan García Pérez, el candidato del Apra y expresidente de la República en los 80, había pasado a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2006 y se disputaba la contienda con Ollanta Humala. Estaba a pocas semanas de ser elegido Jefe de Estado por segunda vez y reemplazar en Palacio de Gobierno a Alejandro Toledo (2001-2006).

Un nuevo escenario con García impacientaba a Wanderley, quien advirtió en su mensaje dirigido a Carlos Fernando Namur, director superintendente de infraestructura internacional de la compañía en Sao Paulo, que lo “que se vislumbra, con Alan presidente, es un refuerzo de la alianza AG-CNO (Andrade Gutiérrez-Constructora Norberto Odebrecht)”.

“Sabemos que las relaciones de CNO (Odebrecht)-Alan no son de ahora, y pudimos aún, en varias oportunidades, comprobar la actual intimidad de las relaciones”, aseguraba Wanderley sobre el vínculo del expresidente peruano con la principal compañía investigada en el megacaso de corrupción ‘Lava Jato’ .

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Alan García ganó las elecciones del año 2006 y se proclamó presidente de la República del Perú por segunda vez.

Pero el mensaje fue más extenso y revelador.

Convoca.pe accedió a documentos obtenidos por el diario Folha de S.Paulo, que ponen al descubierto un vaivén de correos electrónicos entre directivos de Camargo Correa para contribuir a la segunda vuelta de la campaña electoral de Alan García Pérez en 2006 con el propósito de garantizar los negocios de la constructora brasileña en Perú.

La información forma parte de reportes voluminosos de la Policía Federal de Brasil que contienen anotaciones y documentos incautados por los agentes durante los allanamientos a las oficinas y domicilios de los directivos de Camargo Correa en 2009, como parte de la operación 'Castillo de Arena'.

El caso fue archivado por la justicia brasileña debido a que la defensa de la empresa argumentó que las interceptaciones telefónicas de la operación, se habían originado por una denuncia anónima. Hoy, Convoca.pe junto a más de 20 periodistas de América Latina y África del proyecto 'Investiga Lava Jato' inician la publicación de los reportajes de la serie investigativa 'Castillo de Corrupción' para desenterrar los presuntos pagos de sobornos y financiamiento oculto de campañas electorales de Camargo Correa, la otra gran constructora investigada en el megacaso de corrupción “Lava Jato” que extendió sus inversiones en diversos países del continente con un esquema similar al de Odebrecht.

Los correos sobre Alan García son parte de este paquete nunca antes revelado.

Apoyemos al “rey”

“Tenemos que revertir esta situación, te recuerdo que Alan no es como [Alejandro] Toledo. Es autoritario y tiene una línea de poder bien definida. ¿Imaginas en un futuro próximo no ser 'amigos' del rey?”, increpó Marcos de Moura Wanderley, el directivo máximo de Camargo Correa en Perú. Sin embargo, casi doce años más tarde, aseguró en un interrogatorio realizado en Sao Paulo en febrero de 2018 ante los fiscales peruanos, que no conocía sobre los aportes de la compañía Camargo Correa aportó a campañas electorales en el país.

El intercambio de correos electrónicos de Wanderley aparecía en una memoria externa incautada por la Policía Federal de Brasil en 2009 en la oficina de Carlos Fernando Namur, director superintendente de infraestructura internacional de la compañía, durante el allanamiento a las instalaciones de Camargo Correa en Sao Paulo.

Precisamente en mayo, luego de que se produce la comunicación entre Namur y Wanderley, aparece registrado en otros documentos de la operación “Castillo de Arena” la anotación “INT. Político. GIP. García. 50.000. Campanha. [un visto]”. Este apunte fue rescatado de uno de los pendrives incautados por la policía brasileña en el domicilio de Pietro Giavina Bianchi, ex director y entonces consultor del Grupo Camargo Correa, como reveló Convoca.pe en junio de 2015. Pietro era conocido como el hombre que gestionaba las coimas y el financiamiento oculto de campañas electorales de Camargo Correa.

Correo electrónico enviado por Marcos de Moura Wanderley a Carlos Fernando Namur el 1 de mayo de 2006.
 

En ese mismo pendrive aparecían las anotaciones de los presuntos pagos de sobornos al expresidente Toledo, hoy prófugo de la justicia, por el tramo 4 de la carretera Interoceánica Sur que fue ejecutada por Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvão. Estos pagos fueron revelados por este medio en alianza con BRIO y originaron el inicio de las indagaciones fiscales a las empresas brasileñas en Perú.

Con los correos de Namur y Wanderley, queda en evidencia que al igual que Odebrecht, la constructora Camargo Correa buscó hacer crecer sus negocios mediante el financiamiento de las campañas electorales de los candidatos que tenían mayores posibilidades de llegar al poder.

“Con relación al apoyo de Angostura, a pesar de tener informaciones de que CNO [Constructora Norberto Odebrecht] ya negoció (entre otras) esta obra con Alan, el actual gobierno está intentando un acuerdo con lo que le resta de autoridad”, informó Wanderley a Namur el 1 de mayo de 2006 cuando Alejandro Toledo estaba en el último tramo de su gobierno y faltaba apenas un mes para definirse quién sería su sucesor.

Precisamente ese día, Toledo entregó el aval del Estado para el megaproyecto Angostura-Majes II (Arequipa), la represa de mil millones de metros cúbicos a la que se hace referencia en el correo de Wanderley y que ambicionaban las compañías brasileñas.

En noviembre de ese mismo año, cuando García ya había sido elegido Presidente, cinco empresas presentaron sus ofertas para participar en la licitación: entre ellas Odebrecht, Camargo Correa y Andrade Gutiérrez. Pocos meses después el proceso se truncó por el conflicto desatado entre las regiones Arequipa y Cusco sobre el proyecto. En 2010, la obra finalmente fue adjudicada al Consorcio Angostura-Siguas.

Directivos de Camargo Correa detenidos en 2009 como parte de la operación "Castillo de Arena".

Pero a Camargo Correa le fue bien con otros proyectos. Durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), la compañía y sus consorciadas consiguió adjudicarse nuevos proyectos por 1, 220 millones de soles (alrededor de 450 millones de dólares con el tipo de cambio de 2011), algunos no exentos de sospechas. La planta de tratamiento de Huachipa, por ejemplo, apareció en algunas anotaciones encontradas en el pendrive de Giavina Bianchi que colocaban el monto de “1 000 000” referidos a una sigla G. Según algunas claves ahí apuntadas, G correspondería a Hernán Garrido Lecca, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el régimen aprista.

En 2009, la empresa brasileña se adjudicó uno de sus proyectos más ambiciosos en Perú, la construcción del proyecto hidroenergético Alto Piura. El propio Alan García asistió a la firma del contrato, que contemplaba un plazo de ejecución de cuatro años pero que, según lo prometido por el entonces Presidente, se concretaría en la mitad de tiempo.

En el segundo gobierno de Alan García,  Camargo Correa se adjudicó uno de los proyectos más ambiciosos: Alto Piura.

El proyecto fue cancelado en 2013 con apenas 6% de avance, por lo que tuvo que volver a licitarse. Camargo Correa ya había cobrado 259 millones de soles (92 millones de dólares de la época), más del 50 por ciento del presupuesto inicial. Por la cancelación de la obra demandó al Estado peruano y en enero de 2018 ganó un arbitraje por 64 millones de soles adicionales (20 millones de dólares).

Aporte previo y socio clave

En el correo del 1 de mayo de 2006, en el que Marcos de Moura Wanderley insiste en que la empresa Camargo Correa apoye la campaña de Alan García, también se menciona que hubo “una contribución pasada”. Sobre eso no da más detalles, pero sí menciona la relación que existe con una empresa peruana cercana al círculo de Alan García.

“Recuerda que construimos una relación con [Constructora] Upacá durante más de cinco años, y los mismos son íntimos de Alan (el padre de Luis). Durante la campaña, no hemos hecho ninguna contribución y esto de cierta forma nos ‘quemó’ en los círculos más íntimos del Apra”, apuntó Wanderley.

Documento de la operación "Castillo de Arena" incautado a Pietro Giavina-Bianchi en su domicilio en el que aparece la anotación Gacía-campanha vinculada a monto de US$ 50 mil.

En otro correo del 25 de abril, Wanderley le escribe a Namur que esta alianza con la empresa, “cuyos propietarios están extremadamente ligados al partido aprista y en especial a Alan García”, es una forma de ‘entrada’ económica.

Pero ¿quién es Luis y cuál es el nexo con Upacá? El cruce de información  realizado por Convoca.pe apunta a Luis Felipe Piccini Delgado, quien en 2006 era gerente general de esta empresa. Sus tíos y su padre, Luis Felipe Piccini Martin, ya se habían codeado con García en el pasado.

El primer registro de esa amistad se remonta a 1985, cuando García fue elegido presidente en su primer periodo. El político había declarado la compra de una casa en la calle Trinidad Morán en Chacarilla del Estanque, en Lima, por un precio insólito de 99 mil dólares. 

Correo electrónico de Marcos de Moura Wanderley en el que menciona la relación de UPACA con Alan García.

Más allá de las sospechas de subvaluación del inmueble, una operación llamó la atención: el aprista no había recurrido a su propio patrimonio o al sistema financiero para adquirirla, sino a Eduardo Piccini Martin, director de la constructora y hermano de Luis Felipe, para el préstamo en dólares que necesitaba.

“Mi relación con la familia Piccini es una relación de amistad de mucho tiempo antes”, declaró García entre 1990 y 1991 a la comisión del Congreso que investigó sus finanzas cuando dejó el cargo de presidente por primera vez, según anota el ex primer ministro Pedro Cateriano en su libro ‘El Caso García’.

El informe final del grupo parlamentario apuntó que Upacá había obtenido contratos con el Estado por 14 millones 518 mil dólares en el período de gobierno 1985-1990. El año pasado fue sindicada por un colaborador eficaz como integrante del “Club de la Construcción”, un cártel de 30 empresas que presuntamente se repartió las obras licitadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Por otro lado, Camargo Correa había formado en 2004 el Consorcio Chiclayo con la Constructora Upacá. Juntas lograron adjudicarse la buena pro para el mejoramiento de la carretera Chiclayo-Chongoyape en el norte del Perú. La obra, contratada primero por 20,2 millones de dólares (alrededor de 67 millones de soles), terminó costando 95,5 millones de soles, según datos de la autoridad Provías Nacional.

La referencia al entonces gerente general de Upacá aparece en otro correo electrónico. El ex gerente comercial de Camargo Correa, Aristóteles Moreira, envió un mensaje a su jefe Wanderley, el 25 de abril de 2006 al promediar las 9 de la mañana, en el que señalaba: “Nuestro socio, Lucho, insistió (en nuestra última conversación) que es la segunda vez que él trae el recado (del operador) solicitando apoyo [...]. ¡Si apoyar espontáneamente ya es indispensable, ¡imagina apoyar por solicitud!.

El ingeniero brasileño Moreira, entonces de 49 años, se acababa de instalar con su familia en Perú ese 2006. Pero ya conocía bien el territorio: había vivido aquí durante cuatro años en los noventas. Su nombre no pasó desapercibido para la prensa.

Moreira protagonizó un escándalo en el 2010 cuando él y su socio Reynaldo Kobylinski, ambos vinculados a Camargo Correa, compraron al exfutbolista Julinho la empresa TFKC Reprex, una contratista que acababa de ganar una licitación de Sedapal por 13,6 millones de soles para construir dos plantas de tratamiento de agua en San Bartolo. Así, los empresarios burlaban un impedimento que pesaba sobre ellos para ser proveedores del Estado, pues ya eran investigado en Brasil por envíos ilegales de dinero al Perú por al menos 12 millones de dólares con Camargo Correa. Mucho tiempo después se conocerían los detalles de sus coordinaciones con los ‘doleiros’ para la entrega de ‘capilés’ (coimas) a funcionarios públicos locales.

Moreira, quien sabe cómo hacer grandes negocios, envió en su correo a Wanderly un análisis sobre los candidatos en contienda electoral en el que recomendaba apoyar a Alan García en la recta final de la campaña. “Si la gente llega después de las elecciones (y ya vamos a llegar después de los baianos) las dificultades serán grandes, inclusive para tener acceso al partido”, advirtió. Y seguidamente señaló que el Código de Conducta de la empresa permitió hacerlo.

La cercanía de los baianos de Odebecht con Alan García era muy conocida en el sector de la construcción. El propio Jorge Barata, representante de la constructora en Perú en ese entonces, confesó ante los fiscales peruanos en febrero último en Sao Paulo que Odebrecht aportó 200 mil dólares a la campaña del líder aprista para las elecciones 2006.

En silencio

Convoca.pe se comunicó telefónicamente en diversas oportunidades a la oficina de Luis Piccini Delgado pero no respondieron nuestras consultas. Quien sí declaró fue el asesor legal de Upacá, Federico Begazo Isla, que consideró que era “inverosímil” que la empresa Camargo Correa haya realizado un aporte a la campaña de Alan García a través de la constructora peruana. Upacá había entrado a un proceso concursal y sus actos debían responder a la junta de acreedores, aseguró.

“Hasta el momento tenemos un veedor de todos los usos de los fondos. No había forma de que Upacá, que tenía mermadísimos ingresos, pudiese destinar algo de dinero para pagar algo que no fuera la deuda concursal, los trabajadores y los gastos corrientes”, aseguró. 

Este medio digital preguntó a Begazo si la constructora había tenido relaciones comerciales con Camargo Correa o con alguno de los consorcios que integró. El abogado comentó que el último vínculo fue un alquiler de equipos a entre 2005 y 2006. Negó la firma de más contratos debido a que no tenía el respaldo financiero para hacerlo, añadió.

Entre los asientos registrales de Upacá, sin embargo, se reporta un movimiento el 10 de julio del 2006, días antes del inicio del gobierno aprista. El directorio acordó la suscripción de un contrato de transacción con Intersur Concesiones SA y Consorcio Constructor Tramo 4, ambas vinculadas a Camargo Correa, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao y a la carretera Interoceánica Sur. Los hermanos Luis Felipe y Eduardo Piccini Martin quedaron autorizados para firmar transacción por un monto no menor a 357 mil dólares.

Nombres de los socios de la Empresa Upacá vinculados a la constructora Camargo Correa.

Buscamos las declaraciones de ambos ejecutivos a través de los empleados de Upacá, pero no fue posible conversar con ellos. “Si hay ese acuerdo, debería existir un correlato a la época. Posiblemente ellos, como todo directorio y toda gerencia, toman sus decisiones. No sé a qué punto habrán llegado de transacción, pero finalmente nosotros no ejecutamos nada”, apuntó Begazo.

Por su parte, la empresa Camargo Correa no respondió a Convoca.pe sobre los hechos mencionados por sus ex directivos. La compañía prefirió enviar un párrafo en un archivo Word vía correo electrónico señalando que la operación 'Castillo de Arena' fue “juzgada ilegal e inválida, de modo definitivo, por la Corte Suprema de la República del Brasil, que decidió archivar definitivamente todas las acusaciones. En razón de esta resolución, el material recopilado por la investigación es inválido”.

Operativo de la Policía Federal en las oficinas de la constructora brasileña Camargo Correa.

La compañía enfatizó que el Poder Judicial de Brasil “ya informó a las autoridades peruanas sobre la prohibición del uso del material de Castillo de Arena, así como solicitó la devolución de cualquier material relacionado al caso”.

Este medio digital buscó la versión de Marcos de Moura Wanderley, a través de su abogado en Perú, Fernando Silva. El sábado, en pleno cierre de edición de este reportaje, Silva envió un correo electrónico con la siguiente respuesta: “El Sr. Marcos Wanderley y su defensa, no reconocen los correos por los que nos preguntas, no obran en el expediente en Lima y no existen en el expediente en Brasil”. No respondió sobre los temas de fondo.

También buscamos la versión de Alan García, a través de su abogado Genaro Vélez. El viernes al final de la tarde informó que el expresidente no hablará sobre el tema. Los protagonistas de esta historia han preferido mantenerse en silencio a pesar de la contundencia de los correos electrónicos que fueron incautados por los agentes policiales de Brasil dentro de las instalaciones de la propia compañía.

Accede a los reportajes del proyecto 'Investiga Lava Jato':

https://investigalavajato.convoca.pe/