La noche del 13 al 14 de diciembre el Congreso aprobó en una maratoniana sesión 12 proyectos de ley que han sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia del Poder Judicial. El miércoles, la Sala Plena de la Corte Suprema emitió un comunicado contra el intervencionismo del Congreso y anunció la formación de una comisión para evaluar los proyectos de ley “en defensa de los principios de separación y equilibrio de poderes y de la independencia judicial, pilares básicos de un Estado democrático”.

Aquella noche, a propuestas ya de por sí cuestionables como la creación de más de 20 nuevas universidades públicas  o la prórroga para formalización de colectivos, se unieron otras con el objetivo de modificar el sistema judicial peruano como una reforma para aumentar el número de miembros del Tribunal Constitucional, la creación de un Nuevo Código Penal y la modificatoria de la extinción de dominio. 

Convoca conversó con la ex presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial, la actual magistrada, Elvia Barrios, acerca de esta y  otras cuestionables leyes en materia judicial aprobadas por el Congreso de la República en los últimos días. "Algunas normas de carácter inconstitucional o que contravienen incluso las convenciones [internacionales], son de necesaria revisión”, explica la magistrada. “Por eso es que hemos creado una comisión para evaluar todo ello y hacer nuestra propuesta oportunamente al legislativo", dice Barrios.

Convoca.pe analiza en este informe dos proyectos de ley aprobados el día 13 de diciembre pasado por el Parlamento. El primero de ellos aprueba la creación de una Comisión Especial Multipartidaria que tiene como tarea crear un Nuevo Código Penal hasta el año 2026. Esta sería la cuarta vez en la historia republicana que se empieza con este proceso. Mientras que, el segundo, intenta modificar la extinción de dominio, que le permite al Estado peruano hacerse nuevamente de bienes obtenidos a través de actividades ilícitas.

Como se recuerda, la Comisión Permanente del Congreso tiene facultades para legislar hasta febrero de 2025. En consecuencia, estos proyectos de ley podrían ver la luz, inclusive cuando la legislatura ordinaria ya terminó el pasado 15 de diciembre.
 

Un Congreso con 94% de desaprobación quiere escribir un Código Penal

El Proyecto de Ley 0962, propuesto por el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, y aprobado en primera votación el 13 de diciembre último, propone la constitución de una "Comisión Especial Multipartidaria", encargada de desarrollar el anteproyecto de un Nuevo Código Penal que deberá estar listo antes del término del periodo parlamentario 2021-2026. 

Según el texto de esta iniciativa parlamentaria, la comisión encargada de redactar el Nuevo Código Penal estará integrada por un congresista elegido por la Comisión de Justicia, quien asumirá la presidencia, y un representante de cada grupo parlamentario. Su labor incluirá, hipotéticamente, la recolección de opiniones de diversos sectores, instituciones y especialistas interesados, según consta en el citado proyecto.

Para la ex presidenta de la Corte Suprema, Elvia Barrios, el Congreso quiere escribir un código penal a espaldas del sector Justicia. “Una modificación sustancial del Código Penal requiere la participación obligatoria de la Academia, de los Colegios Profesionales, de los jueces, etc., del mismo Ministerio de Justicia, del Legislativo", opinó la magistrada para Convoca. 

En cuanto al tiempo estimado por el Congreso para la escritura de un Nuevo Código Penal, planteado hacia el año 2026, en el Proyecto de Ley 0962, Barrios considera que este no es posible técnicamente.

"El tiempo es muy corto. Una modificación sustancial del Código Penal requiere la participación obligatoria de la Academia, de los Colegios Profesionales, de los jueces, del mismo Ministerio de Justicia, del Legislativo, etc.", contó la magistrada.

"En consecuencia, el plazo que se señala para diseñar un nuevo Código Penal, en realidad es un plazo que va a permitir hacer con las justas un reglamento", concluyó al respecto. 

Elvia Barrios, ex presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial. Foto: El Peruano.

La magistrada también se refirió a la Ley 32130, que transfiere la conducción directa de las investigaciones preliminares y preparatorias del Ministerio Público a la Policía Nacional. Esta ley, que ha suscitado duras críticas desde su primera aprobación en agosto de 2024, ha sido abordada ampliamente por Convoca.pe en el siguiente informe. 

Según la magistrada, esta medida vulnera la Constitución al alterar la titularidad del ejercicio y la acción penal pública, que históricamente han correspondido al Ministerio Público.

“Quien siempre ha dirigido y conducido la investigación ha sido el Ministerio Público porque él es el titular del ejercicio y la acción penal pública”, señaló Barrios, subrayando el carácter inconstitucional de la norma. La magistrada también advirtió que esta ley, junto con otras impulsadas por el Congreso, debilita la lucha contra la criminalidad. Como ejemplo, recordó el retroceso generado por la norma que modificó la detención preliminar en casos de no flagrancia.

Barrios criticó la falta de análisis y reflexión en la aprobación de estas disposiciones. "No se pueden dar normas sin un mayor estudio, sin un mayor análisis del impacto que este va a tener dentro del sistema de justicia. Hoy dicen 'A' y mañana dicen 'B'. ¿Qué pasó? ¿Los congresistas sabían las consecuencias de lo que hacían?", cuestionó.

En una reflexión final, la magistrada lamentó que el Congreso esté aprobando normas “de espaldas a la realidad”, afectando directamente la seguridad ciudadana. Además, destacó que la falta de rigurosidad en la expedición de estas leyes no solo perjudica al sistema de justicia, sino que también socava la confianza ciudadana en las instituciones. “La ciudadanía ya sabe que quienes dan y publican esas normas son instituciones que fragilizan la lucha contra la seguridad ciudadana”, sentenció.

El Congreso insiste en modificar la extinción de dominio

Como se recuerda, la extinción de dominio en el Perú es un mecanismo legal que permite al Estado recuperar bienes que han sido obtenidos a través de actividades ilícitas. Este proceso está regulado actualmente por el  Decreto Legislativo 1374 y se centra en los bienes en sí, no en la culpabilidad de las personas.

El Proyecto de Ley N° 035577, presentado el 17 de noviembre de 2022, por el congresista de Fuerza Popular, Jorge Morante Figari, plantea modificar este procedimiento. Esta iniciativa, aprobada el 13 de diciembre último, ha planteado algunas modificaciones sobre la extinción de dominio que han preocupado a algunos sectores.

Entre estas se encuentran la modificatoria del antiguo artículo 2 del Decreto Legislativo 1373, el cual ahora establece que este proceso sólo procederá cuando las actividades ilícitas cuenten con una sentencia judicial penal firme y consentida o un laudo, marcando una diferencia respecto a la versión anterior que no exigía esta condición. 

Al respecto, la congresista Ruth Luque, quien planteó una reconsideración a la primera votación, lo cual, en la práctica es una solicitud formal para volver a votar sobre una decisión previamente tomada, señala:

"Yo he presentado la reconsideración porque estoy en contra de cualquier modificación que debilite la extinción de dominio y, concretamente, el texto sustitutorio lo debilita” expresó Luque en conversación con Convoca.pe.

La congresista Ruth Luque presentó una reconsideración frente al Proyecto de Ley N° 035577 que modifica la extinción de dominio.

Luque menciona que las modificaciones que se pretenden hacer, relativizan la extinción de dominio “sujetándola a si hay una sentencia condenatoria”, como plantea el Proyecto de Ley N° 035577 en la modificatoria del artículo 2 del Decreto Legislativo 1374.

Además, este proyecto modifica el artículo 3 y ahora fija un plazo de prescripción de cinco años para la acción de extinción de dominio, contado desde la emisión de la sentencia firme. Por otro lado, se añadió un inciso al Artículo 14 que dispone que la indagación patrimonial deberá realizarse desde el período en el que se cometió la actividad ilícita, algo que la anterior ley no contemplaba. Estos ajustes generan un marco más restrictivo y limitado para la aplicación de esta herramienta legal.

Luque coincide también con la magistrada Elvia Barrios en que la labor congresal está de espaldas a otras instituciones y se hace sin el debido tiempo y análisis.

“Sin eso lo que está haciendo nuevamente el Congreso de la República es legislar a favor de la delincuencia, en detrimento de los pocos esfuerzos institucionales que existen, bajo la lógica que no funciona nada”, finaliza Luque.