Amazonía: ¿Quiénes facilitaron el acceso ilegal a 20 mil hectáreas de bosques que fueron deforestados? 

Cuando el fiscal especializado en materia ambiental, Daniel Valera, llegó cerca del caserío de Nueva Jerusalén, en medio de la selva de Ucayali, al menos tres kilómetros de bosque habían sido talados. Era noviembre del 2020. En el lugar estaban cuatro hombres muy altos, rubios, ojos azules y rasgos angulosos. Uno de ellos, Heinrich Klassen, se encontraba destruyendo los árboles con la ayuda de un tractor oruga. Lo acompañaba Johan Friesen, quien dijo con un español enredado que solo cumplían las órdenes de Jacobo Klassen. A veinte metros de ellos, Cornelius Schmitt y Johan Dyck hacían lo mismo con otra maquinaria pesada.

Ellos son de Belice y pertenecen a la colonia religiosa Menonitas, quienes solo en Loreto y Ucayali ya cuentan con tres investigaciones fiscales por delitos contra los bosques en forma agravada. Los investigados aseguran que los sembríos de arroz y soya son para su autoconsumo, sin embargo, las autoridades han empezado a indagar sobre sus nexos con empresas madereras. Los Menonitas son un grupo religioso que está asociado a la actividad agrícola y se han convertido en uno de los principales impulsores de la deforestación en Colombia, Bolivia y ahora en Perú. Solo en Bolivia se calcula que han causado la pérdida de unas 5 mil hectáreas de bosque y en Colombia esta colonia ha sido denunciada también por la deforestación de al menos 135 hectáreas de bosque en la altillanura.

En noviembre del 2020, en plena pandemia por el COVID-19, la FEMA Ucayali y la PNP encontraron en flagrancia a cuatro miembros de una colonia Menonita deforestando bosques en Padre Másquez. Foto: PNP/Mongabay.

Los Menonitas también han sido vinculados con casos de deforestación en Bolivia y Colombia. Foto: EFE.

“Los encontramos en flagrancia. Estaban empezando trabajos de acondicionamiento de cobertura boscosa para caminos y chacras, pero no tenían autorización para hacer el cambio de uso de tierra”, cuenta el fiscal adjunto provincial de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Ucayali (FEMA), Daniel Valera. 

La fiscalía pidió la prisión preventiva para los cuatro extranjeros pero el Poder Judicial declaró el pedido infundado. “Fueron liberados y desde enero hasta noviembre del año pasado (2021), la totalidad de esa zona ha sido deforestada y se amplió la agricultura que habíamos intentado frenar”, agrega el fiscal.

El golpe a los bosques de la amazonía peruana es aún más trágico. Convoca.pe ha detectado que la magnitud de la pérdida de bosques ha sido devastador en los últimos diez años. Según mapas satelitales a los que tuvimos acceso y reportes realizados en los últimos años, en 12 casos de deforestación ilegal en Loreto, Ucayali y San Martín, el daño a los bosques bordea las 20 mil hectáreas. De ellas, cerca de 15 mil fueron deforestadas para sembrar monocultivos pertenecientes a dos grandes grupos empresariales: el que fundó el empresario checo-estadounidense Denis Melka y uno de los conglomerados económicos más poderosos del Perú, el Grupo Romero. Ambos casos han sido documentados ampliamente por nuestro equipo periodístico en los últimos años.

¿Pero quiénes están detrás del acceso ilegal a los bosques que fueron deforestados para actividades económicas a gran escala? Convoca.pe construyó un registro minucioso con los personajes que aparecen en los expedientes fiscales y documentos relacionados a todos los casos mencionados, que ha permitido identificar a 206 personas vinculadas a los procesos de investigación abiertos por la deforestación de bosques en Loreto, Ucayali y San Martín. De esta lista, 25 funcionarios y servidores públicos, entre exgobernadores regionales, exalcaldes y comisarios, han estado vinculados en los procesos de investigación del Ministerio Público. Sin la colaboración de estos personajes que operaban desde el poder estatal, las empresas no habrían logrado depredar la amazonía peruana a gran escala, aseguran las investigaciones fiscales. Los delitos de corrupción van encadenados con los delitos de tala ilegal de bosques e incluso el tráfico de tierras. 

Solo los procesos de investigación por deforestación ilegal que involucran a Dennis Melka suman 13 mil hectáreas de bosque perdido, según investigaciones realizadas en los últimos años por Convoca. Este empresario está incluido en cuatro investigaciones fiscales que se han abierto en Loreto desde 2013 por los delitos contra los bosques o formaciones boscosas, utilización indebida de tierras agrícolas y alteración del ambiente; y tráfico ilegal de productos forestales maderables. 

Las investigaciones iniciadas a Dennis Melka por deforestación en la Amazonía suman 13 mil hectáreas de bosque perdidos. 

Melka fue acusado por figurar como el creador de la Empresa Cacao del Perú del Norte SAC, ​​a través de la cual gestionó la compra y venta de terrenos y realizó solicitudes de adjudicaciones de tierras en el predio del Fundo Tamshiyacu, en donde existían bosques primarios que fueron arrasados para el cultivo de cacao. La erradicación de los bosques solo en Tamshiyacu bordea las 2 mil hectáreas. Además, Melka está involucrado junto a 18 funcionarios públicos en las investigaciones fiscales denominadas Ocho Sur U y Ocho Sur P en Ucayali. 

En el caso del Grupo Romero, la Fiscalía y la Procuraduría Pública identificaron más de 2 mil hectáreas deforestadas en Loreto y San Martín. La primera investigación detectó que se habían deforestado entre 500 y 600 hectáreas en la ​​Quebrada Yurac, distrito de Yurimaguas, a fin de vender los lotes de terreno totalmente a favor de la empresa Palmas del Shanusi, que pertenece a este grupo empresarial. El proceso judicial debe entrar ese año a su etapa oral. 

La segunda y tercera investigación fiscal denominada Palmas del Shanusi II y Palmas del Shanusi III revelan la destrucción de 500 hectáreas de bosque en el Caserío Mayrujay, en Yurimaguas; y la tala de 300 hectáreas en el Caserío Independencia – Nuevo Japón, así como otras 200 hectáreas en el sector Independencia- Nuevo Japón. Convoca.pe comprobó a través de la revisión de los expedientes fiscales que en estas investigaciones están involucrados 4 funcionarios públicos. ¿Cómo operó la compañía del Grupo Romero para acceder a estas tierras? Nuestro narra la historia completa en el reportaje ‘Amazonía: El negocio de tierras deforestadas en los dominios del poderoso grupo Romero’.

El tercer caso emblemático de deforestación es el de los Menonitas. Aunque la mayoría de las investigaciones fiscales por deforestación en la Amazonía peruana son por monocultivos de cacao y palma aceitera, hay tres expedientes fiscales que apuntan a este grupo religioso debido a la magnitud de las áreas de bosque destruido. Según el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), los Menonitas han deforestado cerca de 4 mil hectáreas de bosque en la Amazonía peruana. 

Uno de los procesos es el de Tierra Blanca, que aún está en investigación preliminar, pero en el que Convoca.pe ha podido identificar el modus operandis de 3 funcionarios públicos que facilitaron el acceso a las tierras. En el segundo caso, la Fiscalía ha incluido a 45 integrantes de la colonia Menonitas por la deforestación de 894.98 hectáreas en el distrito de Masisea, Ucayali. No se ha encontrado ningún trámite o permiso forestal o autorización de cambio de uso de suelo a favor de este grupo religioso.

 Las colonias Menonitas utilizan estas maquinarias pesadas para sembrar sus cultivos de arroz y soya. Foto: Sebastián Castañeda/ Mongabay.

El último expediente y más reciente es el denominado Nuevo Jerusalén, en Ucayali, en donde se han deforestado 1,776 hectáreas de bosque, según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Los últimos reportes a los que tuvo acceso Convoca.pe señalan que la deforestación de los bosques continuó incluso en plena pandemia por el Covid-19.

Cómo actuaban los funcionarios públicos

De las 206 personas vinculadas a los procesos de investigación abiertos por la deforestación de bosques en Loreto, Ucayali y San Martín identificadas por nuestro equipo, 25 son funcionarios y servidores públicos, entre exgobernadores regionales, exalcaldes y comisarios. Sin la participación de estos personajes, no se habría logrado la deforestación de cerca de 20 mil hectáreas de bosques, según el Ministerio Público y la Procuraduría Pública.

En un análisis realizado por Convoca.pe de los expedientes fiscales y documentación de la Procuraduría, se ha podido identificar a 12 funcionarios investigados, 9 implicados y 4 vinculados a estos casos de deforestación. En el caso de los investigados son aquellos que han sido incluidos por la Fiscalía en un proceso de investigación, en el caso de los implicados son aquellos que llegaron solo a la investigación preparatoria, mientras que los vinculados son aquellos que han sido mencionados en las primeras indagaciones de cada caso.

Funcionarios que aparecen en los expedientes de la deforestación

Los casos ligados a las compañías del empresario Dennis Melka, Cacao del Perú Norte (Tamshi), Plantaciones Pucallpa (Ocho Sur P) y Plantaciones Ucayali (Ocho Sur U), son los primeros que han sido involucrados en procesos de investigación por la deforestación de bosques, según la Procuraduría. 

En el tercer expediente fiscal abierto contra la empresa Cacao del Perú Norte SAC (Tamshi) se denunció al exgobernador de Loreto, Fernando Melendez, y al exgerente de la Autoridad Regional Ambiental de Loreto, Juan Carlos Vilca Tello, por el delito de responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos. A ambos funcionarios se les investiga por presuntamente haber permitido que la empresa siga deforestando pese a que ya tenía denuncias ante la justicia y que se había ordenado la paralización de sus actividades. 

En septiembre del año pasado, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto – Iquitos argumentó la acusación y pidió cuatro años de prisión para ambos procesados. Convoca.pe llamó en reiteradas ocasiones al también excongresista Melendez para pedirle sus descargos sobre la grave acusación en su contra, pero no obtuvimos respuesta.

Así lucía la deforestación en Tamshiyacu (Loreto) en el 2015. Foto: Convoca.pe/ Stefany Aquise.

El exgobernador Fernando Meléndez y el exgerente de la Autoridad Ambiental de Loreto, Juan Carlos Vilca, fueron acusados por la Fiscalía por presuntamente haber favorecido a la empresa Cacao del Perú Norte SAC. Foto: Andina.

En el caso de Plantaciones de Pucallpa, diez funcionarios han sido implicados en el caso por ser acusados de apoderarse de 6,800 hectáreas tras negociar la compra de 222 predios con particulares. 

Uno de estos funcionarios es Cecilia Prado Seijas, quien fue implicada en la investigación preparatoria por ser Directora de la Dirección Agrícola de Ucayali, entidad que tituló las tierras a favor de la empresa. También resultaron en la misma situación Ericson Hidalgo Acuña, exmiembro del Gobierno Regional de Ucayali, quien tramitó títulos de la compañía y negó la constancia de posesión de las comunidades afectadas y el exgobernador de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, por tener conocimiento del desbosque y no hacer ninguna denuncia al respecto.

En el expediente fiscal figuran José Escobedo García, exalcalde de Nueva Requena, quien a pesar de conocer de la deforestación salió en televisión defendiendo a la empresa, la misma que financió su campaña electoral; y Carlos Costa Valedez, quien estaba a cargo de la Dirección de Gestión Forestal y Fauna Silvestre de Ucayali, también estaba al tanto de las denuncias de las comunidades indígenas y no tomó las medidas necesarias para frenar la depredación de los bosques.

El exalcalde de Nueva Requena, José Escobedo, fue implicado en la investigación de Plantaciones Pucallpa por conocer de la deforestación y defender a la empresa en televisión, según la investigación.

Daniel Crespin, miembro de la Dirección Regional Agrícola de Ucayali, fue incluido en la investigación preparatoria por el otorgamiento ilegal de derechos de posesión de las tierras, al igual que Isaac Huamán Pérez, exdirector de la Dirección Regional Sectorial de Agricultura del Gobierno Regional de Ucayali. Según la disposición fiscal, Huamán era el protector de la empresa Plantaciones de Pucallpa, ya que declaraba a los medios de comunicación que no se trataba de desbosque sino de "parcelas" que correspondían a acciones ordenas por la autoridad regional.

De igual forma, fueron denunciados el exjefe de la comisaría de Nueva Requena, Daniel Ruiz Vásquez; el exdirector de la Dirección de Agencia Agraria de Coronel Portillo, Carlos Alvarado Isminio y Juan Amasifuen Imuna, exalcalde del centro poblado Esperanza, a quien se le señala como facilitador del tráfico de tierras.

Con Plantaciones Ucayali la situación no ha sido muy distinta. Al menos tres funcionarios públicos han sido investigados por haber favorecido a las empresas fundadas por Dennis Melka en el otorgamiento de constancias de posesión. Uno de los primeros denunciados por el Ministerio Público fue Jorge Velásquez Portocarrero, exgobernador regional de Ucayali, acusado de autorizar actividades contra los bosques en la zona. También fueron incluidos en el proceso, Carlos Henderson, exvicepresidente del gobierno regional de Ucayali; y Miguel Seijas del Castillo, exdirector Regional de Agricultura.

 El exgobernador regional de Ucayali, Jorge Velásquez, fue denunciado por la fiscalía por supuestamente favorecer a las empresas fundadas por Dennis Melka. 

Uno de los casos vinculados al Grupo Romero también ha implicado a servidores y funcionarios públicos. Convoca.pe accedió a testimonios y documentos que evidencian cómo se emitieron constancias de posesión de manera irregular que favorecieron a la empresa Palmas del Shanusi.

Según reportó la Agencia Agraria Alto Amazonas, las constancias fueron emitidas por el Gobierno Regional de Loreto sin acreditar que en las tierras se realizaba trabajo agropecuario ni tampoco se precisó la extensión de los cultivos temporales y permanentes. 

Los encargados entonces de aprobar las constancias fueron José Correa Pezo, exdirector de la Agencia Agraria Alto Amazonas, y Luis Miguel Dávila Díaz, quien estaba a cargo de las inspecciones oculares de los terrenos así como de redactar los informes técnicos, seis de los cuales fueron elaborados el mismo día, según revelamos en la primera entrega de esta investigación.

Dávila no figuraba como trabajador de la Agencia Agraria, de acuerdo a un informe que realizó la misma entidad. ¿Por qué entonces aparecía su firma en dichos informes? Dávila respondió a Convoca.pe que era un consultor externo, que falsificaron su firma y que esa información es falsa. "Nadie puede hacer seis informes en un solo día", explicó.

Informe técnico de la AAA que menciona la participación de los funcionarios en la inspección. 

También emitieron constancias irregulares Marco Nureña Hidalgo, director de la Agencia Agraria Alto Amazonas en 2007; Herbert Oliva Cachay, titular de esa entidad en 2012; y Julián Camus del Castillo, quien señaló a Convoca.pe que en esos días era consultor externo de agencia.

Pese a que el caso abierto a los Menonitas en Tierra Blanca aún está en investigación preliminar, nuestro equipo identificó funcionarios implicados en la entrega irregular de constancias de posesión de tierras.

El Ministerio Público maneja la hipótesis de que en el caso de las colonias Wanderland, Osterrich y Providencia, los Menonitas accedieron a las tierras a través de una compra a una empresa maderera. ¿Cómo fue la transacción y el vínculo con los funcionarios del gobierno regional? 

Entre 2015 y 2016, una persona que aún se desconoce su identidad captó a un grupo de 50 jóvenes para ocupar las parcelas de Tierra Blanca que tenían constancias de posesión. Luego, los predios fueron vendidos a una maderera y finalmente a los Menonitas. Los indicios apuntan a que se trata de la empresa Grand Ucayali.

Luz Marina y Augusto Cesar Granda Daza son los socios, fundadores y aportantes de la compañía maderera, según información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Entre 2013 y 2014, la empresa compró tierras que habían sido inscritas por primera vez (inmatriculadas) por la Dirección Regional Agraria de Loreto apenas un año antes, de acuerdo al análisis que realizó Convoca.pe de 20 partidas registrales de las 60 expropiedades de la empresa en la zona.

Los funcionarios de la Dirección Regional Agraria responsables de estas inscripciones fueron Manuel Iglesias Ramírez, Luis Benites Hidalgo y José Cachay Meléndez. El precio de compra fue entre 45 y 75 soles por hectárea. De las 20 propiedades analizadas, 10 fueron donadas a los Menonitas, 9 fueron compradas a un precio de 200 dólares la hectárea y una fue embargada. Las transferencias a los Menonitas se realizaron entre 2017 y 2018. 

 Esta es una de las partidas en donde se menciona al funcionario Luis Benites Hidalgo.

José Cachay Melendez, es director regional de Agricultura, aparece como responsable de las inmatriculaciones masivas que luego fueron transferidas a los Menonitas. 

Pero en este carrusel de compras y ventas, las propiedades donadas pasaron por otro propietario antes de llegar a manos de los Menonitas: a la empresa K & B Company SAC dedicada al aserrado y acepilladura de madera. Esta compañía fue fundada en 2013, sigue operativa y tiene como gerentes a los mismos de Grand Ucayali SAC.

Raúl Lunasco, abogado de los Menonitas, esboza una explicación poco clara: “Antes había concesión forestal en la zona y quienes gozaban de titularidad de esta concesión son las que se han titulado para terrenos agrícolas. Hay mucho por investigar en ese rubro. Las personas que ahora ocupan ahí lógicamente adquirieron luego de todo eso”, dijo a Convoca.

Las modalidades

¿Cómo han podido acceder a estas tierras para luego desaparecer los árboles con intereses particulares? Convoca.pe detectó diversas modalidades que las empresas dedicadas a monocultivos, supuestos agricultores, funcionarios de gobiernos regionales y extranjeros como los Menonitas pusieron en marcha para apoderarse ilegalmente de los bosques para deforestarlos.

“Si no quieres salir a las buenas, tendrás que salir a las malas. Yo les dije que ahí he crecido, ahí trabajo y que venga una empresa a sacarme de la noche a la mañana no es dable, no es lógico”, contó el agricultor de Tamshiyacu Ruperto Vásquez a Convoca.pe.

Ruperto Pérez es uno de los agricultores de Tamshiyacu que dice haberse sentido amenazado por la empresa. Foto: Diego Pérez.

Ruperto denunció penalmente a la empresa Tamshi por deforestar tres de las veinte hectáreas de su predio. “Si no me vendes, te vas a lamentar. Te vamos a denunciar ante las autoridades para quitarte tu terreno”, recuerda Ruperto que le dijo uno de los ingenieros de la empresa tras ofrecerle 5 mil soles por las 17 hectáreas de sus tierras. No contaba con un título de propiedad sino solo con una constancia de posesión del terreno.

Según Vásquez, la empresa ha pedido la anulación de estas constancias de posesión aduciendo superposición con sus terrenos. Él se rehúsa a vender, se aferra a la tierra que es lo único que considera suyo. Sin embargo, ha perdido las ganas de seguir sembrando la yuca y el plátano como siempre, debido a la constante insistencia de la empresa de que le venda todo lo que le queda.

Esta modalidad que incluye un tipo de hostigamiento por parte de la empresa hacia los posesionarios como Ruperto ha sido considerada como un acaparamiento de tierras, en donde los agricultores son David y las grandes empresas Goliat. 

“El acaparamiento de tierra es un sistema por el cual se denuncia que al parecer la empresa habría “apoyado” a pequeños agricultores para que ellos vendan sus derechos. Los posesionarios que estaban alrededor del fundo, que podrían suscribir un contrato de promesa de venta, tenían en el gobierno regional una atención más rápida, por ejemplo. Se abrió una puerta de atención especial para aquellos posesionarios circundantes al fundo”, explica Jean Pierre Araujo, director de la Iniciativa de Justicia Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Convoca.pe  verificó en diversos viajes realizados a la zona en los últimos años que Tamshi, antes Cacao del Perú Norte, compró las tierras de los agricultores a bajo costo: 100 soles por cada hectárea. Esta situación se agravó, según comenta el procurador del Ministerio del Medio Ambiente Julio Guzmán, cuando las empresas empezaron a ofrecer más dinero si los agricultores se encargaban de “pelar el terreno”, es decir, entregarlos deforestados.

“A través del decreto que permitió al Estado propiciar la migración ciudad - campo después de la triste historia del Perú en la época del terrorismo, Fujimori dio decretos legislativos para que la gente vuelva al campo. Sacó una norma que permitió darle a la gente afectada por la violencia hectáreas de bosque para el pan llevar. En ningún momento la norma decía que se puede deforestar, se entiende que te lo permitían porque era para agricultura”, explica Guzmán.

 El procurador Julio Guzmán asegura que pese a que se han avanzado en los procesos judiciales, aún hay mucho por investigar en torno a la deforestación. 

Convoca.pe constató que de la misma manera la empresa Palmas del Shanusi, del Grupo Romero, accedió a las tierras del caserío Túpac Amaru, en la provincia de Alto Amazonas. La compañía compró 150 propiedades entre agosto de 2010 y noviembre de 2011. En los contratos de las transferencias de estos terrenos, la empresa menciona que estos habían sido desbocados antes de la venta por los antiguos propietarios. Por ello, más de 40 están acusados del delito contra los bosques.

En este mismo caso también se puede identificar otra modalidad para acceder a los terrenos. Las empresas de monocultivos de cacao y palma aceitera suelen hostigar a los agricultores posesionarios comprando los terrenos colindantes a sus propiedades. Eso fue lo que sucedió con Benito Pérez Aguilar, quien contó que Palmas del Shanusi lo rodeó y, sin dejarle más opciones, le propuso vender su terreno a bajo precio. La empresa había comprado semanas antes las propiedades de sus colindantes Leonardo Silva Huancas y Marìa Luis Tapullima. 

Otras de las modalidades para adquirir estas propiedades son los títulos supletorios. El Código Civil Peruano lo define como “el proceso a través del cual el propietario de un bien que carece de documentos que acrediten su derecho, pide a su inmediato transferente o a los anteriores" la obtención del título de propiedad.

“Esta es una modalidad de adquisición directa. Buscan en registros públicos quienes no cuentan con títulos de propiedad, compran las constancias de posesión y los demandan por el título supletorio”, explica el procurador Guzmán.

Desde el caserío San Pedro de Mayrujay, en Yurimaguas, Juan Pinasco aún lamenta haber transferido en agosto de 2012, las 20 hectáreas de su terreno a la empresa del Grupo Romero por 24 mil soles. Pinasco aseguró que fue hostigado por la empresa para que venda su terreno y ahora está involucrado en la denuncia por deforestación que se le inició a Palmas de Shanusi por la deforestación de 600 y 800 hectáreas de bosque en el caserío Túpac Amaru. 

Pinasco y un grupo de posesionarios recibieron las constancias de posesión del Gobierno Regional de Loreto con una rapidez poco común. Él asegura que iniciaron el trámite para obtener estos documentos con el fin de pedir un préstamo agrario más no para vender sus predios.

En mayo del 2016, Palmas de Shanusi inició la demanda por el título supletorio por el terreno de Juan Pinasco ante el Primer Juzgado Mixto de Yurimaguas. Según las fichas del expediente al que pudo acceder Convoca.pe, la demanda fue resuelta el mismo año y la titularidad del predio de Pinasco pasó a las manos de la empresa. Solo en el Primer Juzgado Mixto de Yurimaguas, Palmas de Shanusi presentó 31 demandas de título supletorio ese mismo año. 

Estos son algunos de los 31 títulos supletorios presentados por Palmas de Shanusi en el Primer Juzgado Mixto de Yurimaguas.

El abogado de la ONG Pastoral de la Tierra de Yurimaguas, Jorge Miguel Rojas García, refiere que, pese a que está prohibida, la venta de las constancias de posesión se han normalizado debido a la ignorancia de la población y de la poca capacitación de las instituciones encargadas de hacer los trámites. 

“A cualquiera que va a pedir una constancia le dan sin hacer las verificaciones, sin hacer realmente la observación o los informes adecuados para sustentar que esa persona realmente necesita la tierra", explica Rojas a Convoca.pe.

Una de las más recientes formas de acceder a los bosques para deforestarlos es la que han venido implementado las colonias Menonitas en Loreto y Ucayali.

Según el fiscal adjunto provincial de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Ucayali (FEMA), Daniel Valera, hay una incorrecta interpretación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que permite una agricultura de subsistencia para las comunidades nativas y campesinas, pero no autoriza deforestar grandes extensiones de bosque con fines comerciales. 

“Respecto a las comunidades nativas o campesinas no indican un área determinada para que sea subsistencia, se reconoce a la comunidad por su historia en esa zona pero no ha puesto un límite o una frontera para determinar una agricultura comercial. Ahí es donde los actores del Gobierno y Congreso deberían llenar este vacío que existe”, comenta el fiscal Valera.

El especialista Jean Pierre Araujo destaca otro factor en esta situación. Las Direcciones Regionales Agrarias pueden reconocer a los grupos de agricultores que lo soliciten como asociaciones sin tener una mayor rigurosidad para verificar que realmente estas personas se dedican a la agricultura.

“En teoría yo podría inscribirme incluso sin tener ningún centímetro cuadrado de tierra en la región. Te dan una resolución pero eso no te da ningún derecho a tierra. Estas asociaciones mal manejadas: dicen: ya estoy reconocido y me asiento en cualquier lugar de la Amazonia, la deforesto y ya. Se venden como agricultores de pan llevar. Entonces, toda esta zona de desorden genera estas zonas grises”, opina Araujo.

Según la Procuraduría Pública del Medio Ambiente, en cada proceso de investigación sobre deforestación puede haber varias modalidades de las mencionadas para apropiarse de los bosques.

La mayoría de procesos iniciados en los últimos 5 años por deforestación en la Amazonía peruana aún están lejos de ver una sentencia. Para el procurador Julio Guzmán, pese al panorama sombrío, cree que la lucha judicial contra la deforestación en la Amazonía ha avanzado.

“Podemos mejorar, sí, pero es bien complicado”, asegura.

(*) Este reportaje contó con la colaboración de Milagros Salazar Herrera, directora de Convoca

Ilustración principal: Manuel Gómez-Burns

Este reportaje forma parte de una alianza con el Pulitzer Center, organización que lidera la iniciativa Rainforest Investigations Network (RIN), en la que participan periodistas de América Latina, África, Asia, Estados Unidos y España.