El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), un sector que a lo largo de los años ha sido presa de la mafia y la corrupción, está ahora en manos de Juan Mauro Barranzuela Quiroga, un funcionario que trabajó muy cerca de líderes políticos que fueron acusados y hasta sentenciados por delitos contra el Estado. Esta designación fue posible gracias a un nuevo cambio de ministros que Pedro Castillo decidió hacer la noche del domingo pasado, con el fin de refrescar su actual gabinete cargado de cuestionamientos.

“En la noche de ayer, hemos tomado la decisión de hacer algunos cambios ministeriales, y en los próximos días vamos a seguir haciéndolo (…). Los ministros están sujetos a constante evaluación puesto que se deben al pueblo”, informó el mandatario el último lunes, un día después de los nombramientos.

Lo que no se dice

Las informaciones oficiales del Gobierno destacan que Barranzuela Quiroga, quien reemplazó a Nicolás Bustamante, fue consultor de las Naciones Unidas en "servicios para proyectos" y secretario ejecutivo de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Córpac), entre otras experiencias. Sin embargo, lo que olvidan decir los canales oficiales es que el flamante titular del MTC tiene amplia experiencia en el sector público, pero asesorando a gobernadores regionales con gestiones probadamente corruptas.

Por ejemplo, el nuevo ministro fue asesor del exgobernador regional de Apurímac, Elías Segovia Ruiz, quien en febrero del año pasado fue condenado –en segunda instancia– a 12 años de prisión efectiva por los delitos de peculado doloso por apropiación, en su forma agravada, yde  peculado doloso por apropiación, en su forma simple, cometidos durante su gestión, entre el 2010 y 2014. 

Barranzuela Quiroga fue designado como Asesor II de dicha Presidencia Regional el 15 de febrero del 2013, según consta en la Resolución Ejecutiva Regional N° 152-2013. Además, el 19 de agosto del 2013, Barranzuela Quiroga fue designado como uno de los miembros de Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada (CEPRI-Apurímac), que fue presidido por el arquitecto Carlos Adolfo Jiménez Carazas. La Fiscalía investigó a este funcionario por el delito de colusión e incluso pidió contra él nueve meses de prisión preventiva domiciliaria por presuntas irregularidades en las obras de aeropuerto de Abancay.

“Creo que ya es tiempo de comenzar a mirar al país de manera diferente. Hay que repensarlo, hay que hacer una reingeniería. Y hay que darle la oportunidad a otros profesionales para que puedan sumarse al esfuerzo de los sectores. Hay que comenzar a dar un refrescamiento, si cabe el término, a los cargos más importantes”, dijo a los medios el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, poco después de su designación. 

El flamante ministro Barranzuela fue asesor del sentenciado Elías Segovia, en el Gobierno Regional de Apurímac.  

Sin embargo, algo que no dijo es que también se desempeñó como asesor del exgobernador regional de Piura, César Trelles Lara, quien se mantuvo en su cargo entre los años 2003 y 2010. Cabe señalar que este funcionario fue denunciado por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura dos años después de culminar su gestión, por los delitos de peculado doloso y colusión.

Según la denuncia fiscal, Trelles Lara participó de presuntas irregularidades en la elaboración del expediente técnico del proyecto "Construcción de la carretera Tambo Grande kilómetro 21 de la vía Piura-Chulucanas", el mismo que estuvo plagado de deficiencias que causaron un severo daño económico al Estado.

En diálogo con Convoca.pe, el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta Castilla, recordó que el Gobierno ha tenido un problema muy serio y continuo con sus designaciones, lo que hace dudar a la ciudadanía de que no se trate de una estrategia intencionada para colocar gente que no da la talla en ciertos estándares de idoneidad profesional o ético moral. 

"Si bien esta persona [Barranzuela Quiroga] no está, por lo menos hasta donde sabemos, investigada, la relación cercana con gente que ha estado sí investigada, procesada o incluso ya con sentencias, aunque estén aun en apelación, debiera generar por lo menos una llamada de atención sobre las decisiones que se van a tomar", comentó Rotta.

"No olvidemos que [el MTC] es un ministerio muy importante en términos de recursos económicos, en el contexto además de que hay elecciones regionales y municipales, donde la posibilidad de disponer arbitrariamente de los recursos del ministerio para facilitar candidaturas de personas afines al Gobierno puede ser una estrategia que se aplique", agregó el sociólogo a este portal. 

Las informaciones de la época mencionan además que, según la tesis fiscal, las personas contratadas por el gobierno regional de Piura para diseñar el expediente en mención recibieron un pago de 304 mil soles pese a que no tenían la capacidad para cumplir con dicha labor encomendada.

“Hay una situación de irresponsabilidad que le compete a quienes estuvieron muchos años ahí [MTC], pero que, en mi caso, yo no voy hacer una cacería de brujas. Lo que voy hacer es que cada identidad haga su trabajo: la Fiscalía, el Poder Judicial o el Ministerio Público”, explicó a los medios Barranzuela, en una de sus primeras declaraciones a los medios de comunicación.

Y justamente esto último fue lo que hicieron las autoridades en el caso del exgobernador de Tumbes, Wilmer Dios Benites, funcionario con el que también trabajó el flamante ministro, pues Barranzuela ocupaba el cargo de gerente general del gobierno de dicha región. La autoridad tumbesina fue sentenciada, en octubre del 2021, a cuatro años de prisión por el delito de colusión agravada. Actualmente está no habido y es uno de los personajes más buscados por la Policía.

La gestión de Barranzuela Quiroga fue reconocida por el Dios Benites al punto de que, el 27 de julio del 2020, fue nombrado como representante de Alta Dirección en el naciente equipo técnico que se encargaría de la modernización del Diseño Organizacional e Instrumentos de Gestión del Pliego de este Gobierno Regional. Dicha resolución ejecutiva, por supuesto, fue firmada por ahora prófugo exgobernador.

Barranzuela Quiroga fue nombrado por el hoy prófugo Wilmer Dios Benites como "representante de la Alta Dirección".

Más recientemente, el 30 de junio del 2021, el todavía gobernador regional Wilmer Dios Benites, y su gerente general, Juan Mauro Barranzuela Quiroga, fueron citados por una Comisión Investigadora del Congreso que se encargó de analizar las presuntas irregularidades en el control, diagnóstico y tratamiento de la pandemia del COVID-19, así como también las adquisiciones realizadas en dicho marco. 

Dicha reunión fue desarrollada como una sesión reservada, de la cual no queda registro. Por supuesto, esta citación tampoco ha sido mencionada entre las virtudes del flamante ministro que son destacadas por las informaciones oficiales de Gobierno.

Barrazuela prometió destrabar obras y trabajar por el país, durante una de sus primeras actividades oficiales. Foto: Difusión.

Más cuestionamientos

El vínculo que el nuevo ministro de Transportes y comunicaciones mantiene con el Gobierno Regional de Tumbes es tan fuerte que este no pudo resistirse a convocar a uno de sus excompañeros de la institución tumbesina. El diario El Comercio informó que el titular del MTC designó este miércoles a Alan Rodolfo Núñez Aldana en el cargo de director de la Oficina General de Asesoría Jurídica de dicha cartera.

“El flamante funcionario del MTC y Barranzuela trabajaron juntos en 2021 en el Gobierno Regional de Tumbes, durante la gestión del prófugo Wilmer Dios, sentenciado en octubre pasado a cuatro años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada”, informó dicho diario.

Asimismo, en el informe de dicho medio, se da cuenta que en mayo de 2021, el consejo regional de Tumbes suspendió a Núñez y le abrió una investigación por patrocinio ilegal por supuestamente haber ejercido la defensa del gobernador Wilmer Dios en un proceso de suspensión mientras que era funcionario público. 

“El documento del consejo regional indica que Nuñez solicitó al gerente regional licencia sin goce para defender al gobernador de una posible suspensión del cargo. La autorización para hacer una pausa en sus funciones por motivos particulares había sido firmada en abril por el ahora ministro Juan Barranzuela”, señaló el diario.

Solo uno días antes de esta designación, precisamente durante su juramentación al cargo, Barranzuela había prometido, como otros tantos funcionarios, que trabajaría por el bien del Perú. “Mi compromiso total para que podamos trabajar por el beneficio de todos los peruanos (…) Hay una situación terrible que se ha venido dando y creo que es tiempo de comenzar a mirar el país de una manera diferente”, afirmó el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones.

Sumado a esto, se debe tener en cuenta que el nuevo ministro mantiene una deuda coactiva 3,789 soles con la Sunat. Además, según reportó RPP, un volquete registrado a nombre de Barranzuela Quiroga circulaba cargado de enormes rocas, sin las medidas de seguridad necesarias, cerca de la avenida Habich y la Panamericana Norte en San Martín de Porres. El hecho ocurrió en el 2015.

"La razón principal por la cual una persona llega a ocupar un puesto en este Gobierno tiene que ver con acuerdos alrededor del presidente, círculos de confianza, alianzas políticas, y no tiene que ver con una propuesta sustantiva de Gobierno. La idoneidad pasa a un segundo, tercer o cuarto plano, inclusive", comentó a Convoca.pe Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia. 

En este sentido, el especialista explicó que el Gobierno podría manejar una política de alianzas y tener personas de distintos grupos a su alrededor, pero esto debe girar sobre un programa, un plan a partir del cual las personas que se van acercando respondan a las necesidades del Estado, algo que no ocurre actualmente.

“Es una mezcla de todo. Hay personas que vienen de un acuerdo político, otras por relación directa con el presidente por círculo familiar, amical, sindical, la campaña. Y así se va formando el Gobierno, como una repartición alrededor de ese grupo de intereses. Cuando eso es lo que manda, evidentemente lo demás, como la idoneidad, integridad, no son para nada la prioridad”, lamentó el secretario general de Transparencia.

Presidente Castillo es incapaz de celebrar este nuevo cambio de ministros, pero mira con esperanza un futuro que le sea más propicio. Foto: Difusión.    

La Defensoría del Pueblo, a través de un oficio dirigido al jefe del Gabinete, Aníbal Torres, mostró su preocupación por la reciente elección del nuevo ministro porque carece de la formación y experiencia necesarias para desarrollar una adecuada gestión en favor de la población.

“Para enfrentar estos problemas es necesario el desarrollo de una gestión eficiente y la implementación de reformas urgentes, lo cual no se encuentra asegurado si se designa a un ministro que no cuenta con el perfil adecuado para dicho cargo”, resaltó la defensora del Pueblo (e) Eliana Revollar Añaños.

Así, una vez más, ciertas designaciones del presidente Pedro Castillo tendrán que combatir los cuestionamientos del momento en vez concentrarse enteramente en resolver las problemáticas de fondo del país. “El señor Castillo, para demostrar que sigue siendo el capitán de esta nave a la deriva, ha cambiado cuatro ministros para no cambiar nada. Los ha sustituido por gente más o menos equivalente”, opinó esta semana el periodista César Hildebrant. Esta situación se ha repetido sin variaciones desde el inicio de su gestión presidencial.

Foto principal: Difusión.