Esta semana la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos decidió abrir investigación preliminar contra el jefe de Estado Pedro Castillo. Sin embargo, inmediatamente, la suspendió para que sea retomada en 2026, cuando el presidente termine su mandato constitucional de cinco años. La decisión del Ministerio Público se basa en el argumento de que la investidura presidencial tendría una "protección constitucional", una interpretación de la Carta Magna que ha levantado una bruma de críticas y opiniones opuestas a la medida.

Como se recuerda, el expediente fiscal que se le abrió a Pedro Castillo tenía que ver con tres casos: su presunta participación irregular en la licitación de biodiesel —por US$ 74 millones— a cargo de la empresa estatal Petroperú, la sospechosa adjudicación de la obra vial Puente Tarata en San Martín y su supuesta injerencia en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas.

Ante la polémica desatada, la tarde de ayer el fiscal adjunto supremo Ramiro González Rodríguez, del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, se reunió con un grupo de periodistas para explicar la posición de esta entidad autónoma. En dicho encuentro, González indicó que el Ministerio Público se basó en el artículo 177 de la Constitución Política, al que interpreta como una protección total a la investidura presidencial.

Dicho dispositivo se refiere a la inmunidad del presidente. Señala textualmente: "El presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral".

Cabe indicar que esta norma habla de una protección ante una acusación, no ante una investigación, que es la etapa previa en la que se recogen las pruebas de los presuntos delitos para sustentar precisamente la acusación fiscal.

En este escenario, González Rodríguez señaló que en el caso de investigaciones preliminares abiertas a un jefe de Estado por delitos no considerados en el texto constitucional —como los delitos de corrupción—, la Fiscalía interpreta que la carta magna brinda "una inmunidad absoluta" al jefe de Estado. Como consecuencia de la suspensión, el fiscal manifestó que la investigación contra Castillo ahora se encuentra desactivada, pero que se reactivará luego de que deje el cargo.

Karelim López está involucradas en las dos casos fiscales contra Castillo por millonarias licitaciones. Foto: Difusión

Hechos investigados

En las pesquisas que involucran a Pedro Castillo sobre licitaciones con visos de irregularidad —casos Petroperú y Puente Tarata— también está implicada la empresaria Karelim López, quien habría actuado como lobista o intermediaria en presuntas reuniones con el presidente, tanto en su casa de Breña como en Palacio de Gobierno.

Después de estos encuentros, como ya se sabe, Provias Descentralizado —unidad ejecutora del Ministerio de Transportes— adjudicó un contrato a favor del Consorcio Tarata por S/ 232.5 millones para la construcción de un puente en San Martín y Petroperú suscribió un contrato de US$ 74 millones con la empresa Heaven Petroleum Operator del empresario Samir Abudayeh, quien también visitó Palacio de Gobierno en los días previos.

La investigación relacionada a la adjudicación del Puente Tarata está en manos de la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, mientras que el caso sobre el contrato de petrolera estatal es seguido por la fiscal provincial Norah Córdova. La imparcialidad de esta última magistrada ha sido puesta en tela de juicio debido a sus publicaciones en redes sociales contra Pedro Castillo desde la época electoral y por su rol como fiscal en el caso "Los Cuellos Blancos del Puerto".

Ambas investigan a los personajes que protagonizaron estos hechos, menos a Castillo, pues solo la fiscal de la Nación está facultada para abrir la carpeta fiscal correspondiente como ya lo hizo. Sin embargo, deben poner a disposición de Ávalos toda la información concerniente al actual mandatario.

Para el caso de las presuntas presiones de Pedro Castillo en el proceso de ascensos de altos mandos del Ejército y la Fuerza Aérea —en el que también están involucrados el exministro de Defensa, Walter Ayala, y el exsecretario presidencial Bruno Pacheco—, la misma fiscal de la Nación Zoraida Ávalos abrió la investigación por el presunto delito de "tráfico de influencias o patrocinio ilegal".

La fiscal provincial Norah Córdova es la encargada de la investigación en el caso Petroperú. Foto: Difusión
 

Por otro lado, ante las opiniones jurídicas que sostienen que sí es posible investigar a una presidente durante su periodo gubernamental, Ramiro González respondió que desde el año 1860 las Constituciones han blindado al jefe de Estado contra investigaciones y procesos judiciales.

El coordinador del área especializada en denuncias constitucionales, Ramiro González Rodríguez, explicó la decisión de la Fiscalía. Foto: Convoca.pe

No obstante, el fiscal precisó que la Fiscal de la Nación sí puede señalar que existen indicios suficientes para investigar a un jefe de Estado, como ocurrió con Castillo, quien pasó de ser testigo a investigado por decisión de la propia Ávalos.

González recordó que el único antecedente de investigaciones abiertas a un jefe de Estado en funciones es el caso de Martín Vizcarra, por el presunto delito de tráfico de influencias y obstrucción a la justicia en las indagaciones de los contratos realizados por el Ministerio de Cultura a favor de Richard Cisneros. Conocido como 'Richard Swing', el cantante y amigo de Vizcarra firmó contratos con dicha institución por más de 175 mil soles entre 2018 y 2020. 

Meses después, luego de la destitución por vacancia de Vizcarra, el Congreso aprobó la denuncia constitucional por el caso 'Richard Swing'. Tomando este ejemplo, el fiscal adjunto González indicó que la fiscal de la Nación obtuvo elementos de convicción por parte de la fiscal provincial Janny Sánchez, lo que sirvió para que luego el Congreso le levantara el antejuicio político que tenía Vizcarra como exmandatario.

Defensoría pide "reexaminar" suspensión

La tarde de ayer, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, instó a la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos "reexaminar" su decisión de suspender la investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo. Sin embargo, consideró que solo le correspondería al procurador general del Estado, Daniel Soria, quien hizo la denuncia inicial, solicitar la reconsideración.

Para Gutiérrez "el combate contra la corrupción no admite excepciones ni dilaciones", por lo que la Fiscal de la Nación debería ahora desarrollar los actos de investigación urgentes que permitan el acopio de material probatorio para el esclarecimiento de los hechos.

Ledesma llama la atención

Quien también se pronunció sobre la suspensión de las investigaciones contra el presidente de la República fue la magistrada y ex titular del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma. La jurista consideró que "la investigación [contra Castillo] tiene que ser en el acto" y que la Fiscalía puede "perfectamente" investigar al jefe de Estado.

La magistrada del TC, Marianella Ledesma, no comparte la decisión de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Foto: Difusión

La magistrada no compartió la postura de la fiscal de la Nación y precisó que el artículo 117 de la Constitución hace referencia solamente a la "acusación" y no a la investigación. Por ello, a su parecer, el Ministerio Público estaría facultado para continuar las pesquisas correspondientes contra Pedro Castillo.

En una entrevista al diario Perú 21, Ledesma añadió que "hay que ser bien ingenuo" para pensar que luego de cinco años de gestión se van a encontrar evidencias de posibles irregularidades, en referencia a la decisión de Zoraida Ávalos de suspender las pesquisas hasta que el actual mandatario termine su gestión en el plazo constitucional.