Keiko Fujimori, máxima dirigente de Fuerza Popular, mediante sus redes sociales acusó al juez Víctor Zúñiga Urday de retrasar la audiencia en la que se ventilará el pedido del cese de actividades del partido político, con el fin de perjudicar su participación en las elecciones generales de abril del 2021. La diligencia para tratar esta solicitud, presentada por el fiscal José Domingo Pérez, se programó para el lunes 30 de noviembre.
La hija del expresidente Alberto Fujimori sostuvo que el fiscal Pérez y el juez Zúñiga tienen una "fijación" en su contra y que su nueva "intención" sería el retiro del fujimorismo de las próximos comicios. Esto en referencia a que, enero pasado, el magistrado había ordenado 15 meses de prisión preventiva en su contra.
"Ese mismo juez ha fijado la vista de la causa para el próximo 30 de noviembre, justamente a solo una semana de las elecciones internas de Fuerza Popular. Y saben qué es lo más arbitrario, que así logremos revertir, como en otras oportunidades en segunda instancia, su predecible decisión negativa, su intención es que no podamos cumplir con el calendario establecido por la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), y quedemos eliminados de la contienda electoral".
De esta manera, dejó en entrever que el juez de primer instancia tendría el objetivo de afectar la participación del partido fujimorista en el proceso electoral.
Convoca Verifica, la unidad de fact-checking de Convoca.pe, evaluó la aseveración de Keiko Fujimori sobre la audiencia judicial y concluyó que lo expuesto por la lideresa de Fuerza Popular resulta engañoso.
Es cierto que el juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Crimen Organizado, programó para el 30 de noviembre próximo la diligencia sobre la suspensión de actividades de la agrupación fujimorista, pero lo hizo solo después que la Sala Penal de Apelaciones resolviera la última recusación que el abogado del partido interpuso en contra del magistrado.
En julio pasado, el fiscal José Domingo Pérez realizó el pedido formal para que el partido Fuerza Popular fuera suspendido, pero la audiencia para ver el tema no pudo programarse ya que estaba en entredicho si el juez Víctor Zúñiga debía seguir a caego del caso. La defensa legal de Keiko Fujimori, y de otros investigados de la misma agrupación política, presentaron recusaciones contra el magistrado, recursos legales que tenían como finalidad apartarlo del proceso. Se alegó que el juez no ha tenido una conducta imparcial.
Hasta el 1 de octubre se resolvieron hasta nueve recusaciones contra el magistrado Zúñiga. Estas resoluciones desestimaron las solicitudes de los abogados de los fujimoristas para apartarlo del caso. Después de que se negó la última recusación, el 30 de octubre recién se pudo programar la audiencia judicial.
El juez dio 30 días para que las defensas preparen sus argumentos. A decir del ex procurador anticorrupción Iván Meini, se trata de un plazo razonable, más aún teniendo en cuenta que se trataría de la primera vez que un partido político podría ser suspendido.