Versión de Martha Chávez sobre que jamás se ha encontrado "una sola prueba de corrupción" al expresidente Alberto Fujimori es falsa

En una entrevista televisiva, la excongresista fujimorista Martha Chávez aseguró que al encarcelado exgobernante Alberto Fujimori, quien ocupó el Poder Ejecutivo durante 10 años —ocho de ellos tras el recordado autogolpe de Estado en 1992, cuando disolvió el Congreso de la República— nunca se le halló “una sola prueba de corrupción”. Sin embargo, luego de revisar al menos dos sentencias contra Fujimori, informes periodísticos y un reporte de la organización Human Rights Watch, Convoca Verifica concluye que la afirmación de la extitular del Congreso es falsa.

El pasado lunes, la exparlamentaria de Fuerza Popular asistió al programa Enfoques Cruzados, trasmitido por Canal N, donde debatió con la exministra de la Mujer Aida García-Naranjo sobre la delegación de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) que vendrá al Perú para analizar la situación política, a pedido del presidente Pedro Castillo. 

Casi al inicio del programa, luego de una primera intervención de García-Naranjo, Chávez afirmó textualmente lo siguiente:

“Al presidente Fujimori jamás le han encontrado una sola prueba de corrupción. Ha sido condenado, injustamente, por temas de derechos humanos (...). Fujimori, como lo decía Abimael Guzmán, el único gobierno que puso contra la pared a Sendero Luminoso fue el gobierno del presidente Fujimori. Por eso el odio terrible”.

Martha Chávez fue congresista constituyente en el periodo 1992-1995 por el partido del ex presidente Alberto Fujimori. El Congreso Constituyente fue instalada luego del autogolpe de Fujimori en abril de 1992. Su principal función fue aprobar una nueva Constitución que sigue vigente hasta la actualidad. / Imagen: Difusión.

¿Pero por qué fue sentenciado Alberto Fujimori? El exjefe de Estado fue procesado y condenado a siete años y seis meses de cárcel y al pago de S/ 2 millones de reparación civil por los delitos de peculado doloso en agravio del Estado y falsedad ideológica, tal como lo indica el fallo de la Primera Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, emitida el 20 de julio de 2009. Esta fue la tercera condena que recibió desde que Chile lo extraditó en septiembre de 2007.

La mencionada sentencia detalla que Fujimori firmó el Decreto de Urgencia 081-2000 que facultó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General del Tesoro Público, a transferir recursos financieros hasta por 69 millones 597 mil soles a favor del Ministerio de Defensa (Mindef) por razones de seguridad nacional. La excusa que usó el gobierno en ese momento para sacar la norma es que ese monto era necesario para concretar el Plan de Operaciones “Soberanía” y evitar el ingreso a territorio peruano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por la frontera.

Parte del Decreto de Urgencia nº 081-2000 que Fujimori aprobó y permitió la entrega de US$15 millones al Vladimiro Montesinos. CAPTURA. Sentencia contra Fujimori, julio de 2009.

En todo caso, la norma fue aprobada el 19 de setiembre del 2000, justo cuando el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos había aceptado abandonar el Perú tras reiterados pedidos de renuncia, debido a la difusión del primer “vladivideo”, el 14 de ese mes. La grabación mostró a Montesinos entregando una suma de dinero al entonces congresista electo Alberto Kouri Bumachar, como parte de la denominada “operación de reclutamiento de congresistas tránsfugas”, dispuesta por Fujimori. 

En los días posteriores, el ex presidente del Consejo de Ministros Luis Salas-Guevara Schultz, acompañado de los exministros Luis Bustamante Belaúnde (Justicia), Edgardo Mosqueira Medina (Vivienda) y Carlos Boloña Behr (Economía), fueron a la sede del SIN para exigir a Montesinos que se retirara del cargo, pero él se negó en varias oportunidades hasta negociar una salida ilícita. 

Es así que tres días después de la aprobación del Decreto de Urgencia 081-2000, el 22 de setiembre, el general de brigada del Ejército Luis Muente Schwarz elaboró un documento, por orden del entonces ministro de Defensa Carlos Bergamino Cruz, para solicitar una ampliación presupuestal por la cantidad de S/ 52 millones 500 mil —al cambio de ese momento alcanzó los US$ 15 millones— que serían entregados a Montesinos en dólares americanos, como una supuesta compensación por tiempo de servicios. La justicia peruana ha encontrado a Fujimori culpable de idear ese desembolso.

Las gestiones para tener el dinero comenzaron y terminaron el mismo día con la entrega de los US$15 millones a Muente Schwarz, quien a su vez le proporcionó dicha suma a Bergamino Cruz. Es éste quien finalmente desembolsó ese dinero a Montesinos en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y en presencia del capitán de la Policía Nacional del Perú (PNP) Mario Ruiz Agüero. El exjefe de Inteligencia huyó a Panamá, en octubre, en busca de asilo político, que nunca recibió, y desvió los US$15 millones a tres cuentas bancarias en Suiza, que posteriormente fueron intervenidas.

El primer 'vladivideo' muestra al ex congresista Alberto Kouri recibiendo dinero de Montesinos. Las imágenes ocasionaron la caída del régimen de Fujimori, sentenciado por actos de corrupción. / Imagen: Difusión.

Según señala la sentencia, Bergamino “al percatarse de la magnitud de las consecuencias del hecho delictivo en que había incurrido y al enterarse que Montesinos había viajado a Panamá, reclamó intensamente la devolución de los US$15 millones”. Ante esto, el 2 de noviembre, Fujimori citó a Palacio de Gobierno al ex titular de Defensa, a Boloña Behr, al viceministro de Hacienda Alfredo Jalilie Awapara y a su ex cuñado y embajador del Perú en Japón, Víctor Aritomi Shinto, y entregó a Bergamino ese monto en cuatro maletas para ser reingresados al Tesoro Público, pero no eran los mismos billetes que se emitieron. De hecho, la procedencia de ese dinero se presume ilícita.

Entre los elementos tomados en cuenta para la sentencia está que la devolución de los 15 millones constituyó “indicios evidentes de que el exmandatario no sólo tuvo conocimiento oportuno del retiro del dinero, sino que le correspondió la ideación y consumación del ilícito conjuntamente con sus co-denunciados”. 

A raíz de todo lo narrado, la Sala Especial ratificó lo indicado en el informe de la Subcomisión Acusadora del Congreso de que “existían indicios de la responsabilidad penal de Alberto Fujimori respecto del delito de peculado, al haber ideado y ejecutado, conjuntamente con Vladimiro Montesinos y los ex ministros denunciados, todo el recorrido criminal para apropiarse de US$15 millones del Tesoro Público”. 

Por otro lado, se le imputó a Fujimori la comisión del delito de falsedad ideológica por haber insertado en el Decreto de Urgencia número 081–2000 que permitió el retiro del dinero, a sabiendas de su falsedad, la frase “con el voto aprobatorio del Consejos de Ministros”, puesto que nunca se realizó tal Consejo. “El citado Decreto de Urgencia fue empleado para la afectación del Tesoro Público como si la declaración falsa fuera conforme a la verdad”, se lee en una parte del documento.

Casos: Interceptaciones telefónicas, medios de comunicación y congresistas tránsfugas

Fujimori también fue condenado a seis años de prisión y a pagar S/ 24 millones 60 mil por concepto de reparación civil a favor del Estado, entre otras disposiciones, por los delitos de peculado doloso (malversación de fondos públicos), corrupción de funcionarios mediante soborno y por la violación del secreto de las comunicaciones al comprar de forma ilegal medios de comunicación en el año 2000. El ex mandatario se declaró culpable de todos los cargos que se le imputaban.

La Corte Suprema determinó, el 30 de setiembre del 2009, dos meses después del fallo por el caso de los US$15 millones, que Fujimori es responsable de utilizar fondos públicos para instalar “centros de operaciones”, incluso dentro de Palacio de Gobierno, para escuchas ilegales que se realizaron durante su régimen (1990-2000). El objetivo era tener control de las acciones de sus adversarios políticos, periodistas y funcionarios, a través de la interceptación de llamadas privadas, acción conocida como "chuponeo". 

Por el caso “medios de comunicación”, la Sala Penal Especial concluyó que, en 1999, el ex presidente compró con dinero del Estado la cadena Cable Canal de Noticias (CCN) y el diario 'Expreso', con miras a conseguir su reelección en los comicios del año 2000.

Por último, Fujimori fue hallado culpable de haber activado un plan para reclutar a congresistas opositores a su gobierno, a fin de conseguir la mayoría en el Parlamento y tener un mayor control en las tareas fiscalización de los legisladores.

Desvío de fondos

Como precisa el informe de la oenegé Human Rights Watch (HRW), “Presunción Fundada. Pruebas que comprometen a Fujimori”, sus exministros, además de Montesinos, han declarado que el exgobernador ordenó considerables transferencias mensuales de fondos de los presupuestos de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas al SIN. Asimismo, aseguraron que todos los meses, “Fujimori pedía que se entreguen varios centenares de miles de dólares de los fondos del SIN a él y a su familia”.

El ex mandatario cumple una condena de 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Entre el 2007 y el 2015, Fujimori recibió cinco sentencias. / Imagen: Andina.

Un extitular del Interior, el general del Ejército César Saucedo Sánchez, declaró, por ejemplo, que Fujimori específicamente le dijo que solicitara fondos extrapresupuestales para esta cartera y le ordenó que los entregara al SIN. Montesinos, por su parte, también dijo que el exmandatario no solo tenía conocimiento de las transferencias de fondos, sino que las aprobó.

El texto de HRW resume y describe las declaraciones de Montesinos, María Angélica Arce Guerrero y Matilde Pinchi Pinchi que coinciden en señalar que se le hacía entregas periódicas de dinero a Fujimori y que, en algunos casos, también se transfería a sus familiares, como su hermana Rosa Fujimori y su excuñado Víctor Aritomi, ambos prófugos hasta hoy. En tanto, el coronel del Ejército Luis Rodríguez Silva, quien fue edecán durante cuatro años y luego subdirector del SIN, había declarado que dio personalmente sobres con dinero del SIN a Fujimori en el Palacio de Gobierno.

Sobrecostos y los vínculos con Odebrecht

Un informe del medio de comunicación Ojo Público narra que mientras la epidemia del cólera se extendía por todo el país y mataba a miles de peruanos, allá por los años 90 —de 1991 a 1999, el cólera ocasionó la muerte de más de 5200 personas en el Perú—, Fujimori y su ex ministro de Industria Víctor Joy Way firmaron decretos supremos para facilitar la importación de medicinas, material quirúrgico y tractores. 

Sin embargo, las compras estimadas en US$312 millones estaban sobrevaloradas y significaron una pérdida de casi US$190 millones (S/ 627 millones) para el Estado. Joy Way tenía vínculos con empresas dedicadas a la importación de medicamentos desde China.

Otro informe periodístico enfocado en el tema de sobrecostos durante el régimen fujimorista, "Fujimori y Odebrecht. La década de sobrecostos olvidados", de IDL-Reporteros, informa que Odebrecht, constructora brasileña que sobornó a presidentes y funcionarios públicos de 12 gobiernos en América Latina, entre 2007 y 2016, ganó la buena pro de 28 proyectos durante el fujimorato. 

Según la publicación de 2017, ese número supera a las contrataciones públicas que la compañía ganó en los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Desde 2001 hasta 2016 acumuló 24 proyectos, que sumaron más de S/ 35.000 millones.

La constructora brasileña Odebrecht ganó las licitaciones públicas de 28 proyectos en los diez años del régimen de Fujimori. / Imagen: Composición de Convoca.pe.
 

En esa oportunidad, IDL-R explica que “consiguió los contratos, modificaciones al contrato, resoluciones, liquidaciones finales y arbitrajes de 22 obras adjudicadas en la última década del siglo XX” y halló que, “al igual que en el período democrático de los últimos 15 años, las obras de la empresa Odebrecht presentaron sobrecostos millonarios”. 

Los proyectos ganados en el régimen de Fujimori significaron contratos por S/ 1.354 millones y tuvieron un sobrecosto de S/ 516 millones 661 mil, que equivale al 38% de lo contratado inicialmente. El porcentaje es menor que el sobrecosto de los proyectos en los posteriores tres gobiernos ya mencionados, que representa el 62%.

Un dato adicional es que durante toda la década fujimorista se perdieron anualmente US$2.038 millones por la corrupción de funcionarios, según lo indica el historiador Alfonso Quiroz en su libro “Historia de la Corrupción en el Perú”, publicado en 2013. 

Desde 2007, Alberto Fujimori Fujimori cumple una condena de 25 años de cárcel por violación de los derechos humanos al ser declarado responsable de la muerte de 25 personas entre los años 1991 y 1992, en las conocidas masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Además, acumula una deuda impaga de S/ 27 millones 460 mil 216 de las reparaciones civiles.

Conclusión

Existe documentación suficiente, tales como las sentencias dictadas contra Alberto Fujimori, las declaraciones ante la justicia de otros funcionarios públicos del régimen fujimorista que han sido condenados, así como informes periodísticos y de organizaciones civiles que dan cuenta de los actos de corrupción que cometió el exmandatario durante los diez años en los que estuvo en el poder. Por tanto, es falsa la versión de la excongresista Martha Chávez, sobre que no se le ha encontrado una sola prueba de corrupción al encarcelado ex jefe de Estado.