Versión de Aníbal Torres sobre que miembros de comunidades indígenas causan derrames de petróleo carece de sustento

Mientras las comunidades indígenas conmemoraban el Día de la Resistencia Indígena en el marco de un reivindicado 12 de Octubre, fecha en la que históricamente se recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América, el presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres acusó a miembros de las comunidades que habitan los territorios atravesados por el Oleoducto Norperuano (ONP), operado por la estatal Petroperú, de provocar los derrames de petróleo en esa zona. Luego de revisar informes sobre las causas de los vertimientos de crudo, Convoca Verifica concluye que lo dicho por el jefe del gabinete carece de sustento y, por lo tanto, recae en la categoría de no verificable.

En una conferencia de prensa, realizada tras una nueva sesión del Consejo de Ministros, Torres Vásquez se refirió a los conflictos sociales y señaló que las normas peruanas establecen cuándo, dónde, quién y en qué medida puede utilizarse la fuerza pública. En ese sentido, dijo que el Gobierno no permitirá que el oleoducto sea cortado intencionalmente por los comuneros amazónicos para luego exigir su reparación y la limpieza de los cuerpos de agua.

La cita textual es la siguiente: “De manera que no vamos a permitir, como ha sucedido con el oleoducto, que ciertos miembros de algunas comunidades corten el oleoducto y después vengan los reclamos para subsanar ese corte y (...), por supuesto, limpiar las aguas. O sea, ah, corto el tubo y subsanan el tubo. ¡No! Eso va a tener que acabar y va a tener que acabar conforme al derecho. Ahora, en el Consejo de Ministros hemos acordado que así debe ser”.

La acusación de Torres contra las comunidades, afectadas por los derrames, no se basa en ninguna evidencia.

Mapa del Oleoducto Norperuano. La estructura atraviesa las regiones de Loreto, Amazonas, Cajamarca, Lambayeque y Piura. / Imagen: Congreso de la República.

El informe La sombra de los hidrocarburos, publicado en febrero pasado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, revela —con datos oficiales del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin)— que el porcentaje de derrames ocasionados en el Oleoducto Norperuano por responsabilidad de la propia empresa Petroperú es de 55,3%: las fallas operativas representan el 33% de los casos y la corrosión de la infraestructura, el 22,3%.

En tanto, los derrames ocasionados por terceros, ya sea por corte o robos, son el 31%. Sin embargo, no se precisa ni se tiene información de que sean los mismos miembros de las comunidades contaminadas quienes generen estos daños, como afirmó Torres.

Imagen: La sombra de los hidrocarburos.

Las estadísticas muestran que precisamente los derrames causados por terceros son los más dañinos, pues el 68,2% de todos los barriles vertidos en la  Amazonía se deben a estos atentados. La corrosión (29,2%) y las fallas operativas (1,2%) suman una cifra menor: 30,3%.

Las fugas de petróleo en las que se ha vertido más cantidades de barriles fueron ocasionadas por la intervención de terceros. / Imagen: La sombra de los hidrocarburos 

Al respecto, la publicación, que reúne información del país desde 1997 hasta el año 2021, indica que es probable que el reducido porcentaje de crudo derramado por fallas técnicas se deba a que la mayoría  de estas fugas ha ocurrido en las estaciones del ONP, lo cual facilita una rápida intervención y contención. Por ello, se explica la notable diferencia con los cortes de terceros en los ductos, que ocurren lejos de estas zonas industriales u operativas.

Asimismo, un documento de 2019, titulado La sombra del petróleo, aclara que “hablar de derrames por terceros no puede ser equiparado a decir derrames causados por las comunidades indígenas, aún cuando esta es la lectura mediática y que guía las acciones de Petroperú y de algunas instituciones estatales".

Según el informe, que cita a otro elaborado en 2017 por la Comisión Multipartidaria del Congreso de la República, la evidencia muestra que estos sujetos llamados “terceros” estarían vinculados con las empresas remediadoras, que son aquellas contratadas para reparar el daño en el ambiente y remover los elementos contaminantes.

En ese entonces, la comisión encontró una serie de irregularidades en la contratación de empresas remediadoras, por lo que denunció posibles casos de colusión entre Petroperú y estas compañías, que dan cuenta de los grandes intereses económicos que pueden haber detrás de los derrames petroleros.

Igualmente, identificó algunas de estas prácticas irregulares, tales como abuso de contrataciones directas, contratación de empresas sin experiencia en remediación y sin capital (algunas creadas unos pocos meses, o incluso días, antes de firmar contratos millonarios), contratación de empresas de compañeros de clase de funcionarios de Petroperú, sobrevaloración de costos en la remediación, entre otros.

Cabe mencionar que el OEFA compartió a este medio una imagen con el número de derrames en el oleoducto del 2011 a setiembre de 2022. En el Tramo II y en Ramal Norte el desastre ambiental ocurrió en su mayoría por responsabilidad de Petroperú.

En el Tramo II y en Ramal Norte las fugas de petróleo se dieron en la mayoría de casos por responsabilidad de Petroperú. / Imagen: OEFA

Los informes La sombra de los hidrocarburos y La sombra del petróleo fueron elaborados por el Subgrupo sobre Derrames Petroleros, del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Estigmatización

Los pueblos indígenas a menudo son señalados y acusados de sabotear el oleoducto como un medio para recaudar dinero de compensación, para obtener trabajo remunerado en actividades de remediación o, incluso, para robar el petróleo. 

"Este argumento suele ser recogido por Petroperú y una parte de la prensa local y nacional como estrategia para desacreditar las demandas de justicia del movimiento indígena”, señala el informe La sombra del petróleo. De este modo, la criminalización de dirigentes indígenas y su estigmatización mediática como “chantajistas” y “saboteadores” responden a otros intereses y lógicas más que por una presunta responsabilidad sobre los derrames, sostiene la CNDH.

La ya citada comisión del Congreso concluyó que las empresas remediadoras podrían haber tenido suficientes incentivos económicos para participar directa o indirectamente en los cortes del oleoducto entre los años 2014 y 2015, “toda vez que al aumentar su frecuencia, sus posibilidades de generar ganancias se incrementaron exponencialmente”. 

En comunicación con Convoca Verifica, Teresita Antazú, del Programa Mujer Indígena de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), lamentó lo dicho por Aníbal Torres y pidió que el jefe de Gabinete se retracte, además de que apoye a que las familias afectadas por los últimos derrames en la región Loreto sean indemnizadas. 

La líder yanesha aseguró que “el oleoducto siempre ha sido y sigue siendo una construcción extraña” en sus bosques y territorios, por lo que no tienen relación con esa estructura. Manifestó que cuando el Estado, Petroperú y funcionarios dicen “terceros”, sienten que de alguna manera se están refiriendo a ellos, a sus familias, de sus pueblos porque son quienes viven allí. Y, de hecho, esta vez Torres señaló a las mismas comunidades como responsables de estos actos.

El último derrame que afectó el río Cuninico ocurrió el 16 de septiembre de 2022. / Foto: Julio Arirúa, dirigente indígena de la comunidad kukama San Francisco.

“¿Cómo los pueblos indígenas que viven en el área del oleoducto podrían romper esos ductos que extraen el petróleo de las entrañas de nuestros territorios? ¿Con machetes? ¿Hachas? ¿Picos? ¿Flechas? ¿Lanzas? ¿Cuáles serían nuestras herramientas para poder perforar esos tubos de acero?", cuestionó Antazú, quien además apuntó que "cuando dicen terceros hacen sentir que somos nosotros los que estamos haciendo eso. ¿Cómo vamos a querer contaminar nuestros ríos, tomar esas aguas sucias, querer que nuestros hijos crezcan y se contaminen?”.

Para Teresita Antazú, los terceros “serían otras personas [de fuera]” o, simplemente, las tuberías están mal hechas. “¿En tantos lugares pueden reportarse derrames? La empresa tiene que tener más cuidado y el Estado debe exigir que haya una mejor construcción, materiales más fuertes. Me parece desastroso que nos echen la culpa. Y si es responsabilidad de terceros deberían tener nombres, saber quiénes son y sancionarlos”, expresó.

De otro lado, Olivia Bisa, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra, afectado el pasado 10 de setiembre por un derrame de petróleo, consideró el mensaje del presidente de la PCM como una falta de respeto y opina que “no tiene la más mínima idea de la cosmovisión indígena”. 

“¿Cómo sabe que los indígenas cortan? Yo también puedo decir que las empresas cortan el ducto para ser beneficiadas. ¿Quiénes, finalmente, salen beneficiados por los cortes? Los pueblos indígenas no tienen empresas de remediación o de limpieza. El oleoducto atraviesa territorios ancestrales y territorios titulados de pueblos indígenas. Su cuidado es responsabilidad de Petroperú”, agregó.

Bisa aseguró que en ningún momento han contratado a miembros de su pueblo para responder por la tubería, por ello no tienen motivos para caminar por los tantos kilómetros del oleoducto e indicó que la semana pasada en una reunión el presidente de Petroperú, Humberto Campodónico, dijo que el derrame en el kilómetro 177+670 del Ramal Norte, en territorio Chapra (Loreto), se produjo por corrosión del ducto.

Consultada para esta nota, el área de prensa de la compañía estatal petrolera confirmó que el derrame denunciado por la nación Chapra no fue por corte, pero señaló que Campodónico solo había repetido lo dicho por una dirigente. 

“Más exacto sería decir que la causa deberá investigarse por el Osinergmin, cuando las circunstancias lo permitan, porque desde 2018 a la fecha Petroperú no ha logrado continuar con la ejecución de los servicios de patrullaje, desbroce y reforzamiento programado a este sector por impedimento expreso de una de las comunidades de la zona”, comunicaron desde Petroperú.

Conclusión

Los tres informes consultados por Convoca Verifica coinciden en que si bien los derrames de petróleo del Oleoducto Norperuano que vertieron mayor cantidad de este elemento fueron causados por cortes intencionales de terceros en el ducto, no se encontraron indicios razonables que permitan establecer vínculos y responsabilidades en las comunidades nativas. Por tanto, el mensaje en el que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, responsabiliza a miembros de algunos pueblos indígenas no tiene sustento y alude a supuestos hechos no verificables.