Chequeo en vivo: Las verificaciones sobre el balance de Dina Boluarte por sus seis meses de gobierno

Es verdadera pero incompleta la afirmación de Dina Boluarte acerca de que se ha atendido a los deudos de los fallecidos y heridos en las protestas

"Como parte de la labor de la comisión multisectorial, creada en diciembre de 2022, para atender a las personas afectadas en el contexto de las movilizaciones, entre el 10 de abril y el 31 de mayo de 2023 Se ha atendido con apoyos económicos a 11 deudos de seis personas fallecidas y a 52 personas heridas  de gravedad. Con ellos se logró atender a un total de 111 deudos de 63 personas fallecidas y a 155 personas heridas de gravedad", dijo Dina Boluarte.

El Gobierno ha brindado un apoyo económico de 50 mil soles a los familiares de cada uno de los fallecidos y 25 mil soles a un grupo de heridos, pero aún falta atender a más personas que resultaron lesionadas durante las protestas sociales que se iniciaron el 7 de diciembre tras la vacancia del presidente Pedro Castillo.

En el marco de las protestas sociales se registraron, al menos 912 personas heridas, de las cuales 580 eran miembros de las fuerzas de seguridad, según el informe "Situación de los Derechos Humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Gloria Cano, una de las abogadas de los heridos y familiares de las personas ejecutadas extrajudicialmente o asesinadas arbitrariamente durante la represión de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas en las protestas, dijo a Convoca.pe que hay ausencia del Estado pues si bien algunos o en su mayoría han recibido apoyo económico, no ha habido un seguimiento.

"En Ayacucho, una persona fue herida en el rostro, en el maxilar, y para crearle la prótesis de reconstrucción se le ha extraído un hueso en la pierna y se le ha creado una discapacidad, para reconstruirle el rostro. Estamos solicitando que se realice una junta médica porque se pretende hacer a otro herido en el rostro la misma operación", relató Cano, quien esta semana estuvo en Ayacucho y Andahuaylas viendo la situación de los deudos y heridos en las protestas.

"En Andahuaylas, a un campesino le han colocado fierros en el rostro para reconstruirle, pero es agricultor. Ya no puede salir a sembrar o cosechar en tiempo de lluvia porque es un imán para los rayos. Qué opciones se les va a dar a esa persona que ha quedado inhabilitada para ejercer su actividad productiva", agregó Cano.

La abogada recordó que el Estado tiene la obligación de cumplir con la totalidad de los estándares, llamar a juntas médicas y ver la manera de velar por la integridad de cada uno de los heridos. "El Estado tiene que ir mirando estas secuelas para darle salida a la gente, el apoyo psicológico, médico, físico, que tenga que ser integral y también de traslados, porque hay algunas personas que están siendo operadas en lugares donde no hay especialistas", señaló.

Es discutible versión de Dina Boluarte sobre la imagen del Perú como socio confiable de Brasil y España, pues esos países ya no nos venderán armas

“En el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha avanzado en restituir la imagen e incrementar el prestigio de nuestro país en el ámbito internacional, contribuyendo al relanzamiento internacional del Perú como socio confiable para el turismo, inversiones y el comercio en países como Brasil, España, Francia y otros”, aseguró Dina Boluarte.

Sin embargo, en mayo último, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, informó a la Cámara de Diputados de ese país que suspenderán la venta de armamento al Perú. Esta decisión se tomó por solicitud de la diputada Fernanda Melchiona, del Partido Socialismo y Libertad (PSol), que integra el presidente Lula da Silva. La representante argumentó que “las fuerzas de seguridad peruanas usaron las municiones brasileñas para reprimir las manifestaciones contra la destitución del expresidente Pedro Castillo”. 

Dos meses antes, en febrero, España también informó que no vendería armamento al Perú. "En el momento en que empezó esta situación de ruptura, digamos, de conflicto civil, paramos cualquier exportación de material militar y policial a Perú, como hacemos siempre", dijo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante su presentación en la Comisión de Exteriores del Congreso español.

En marzo último, la presidenta Dina Boluarte promulgó un decreto supremo que autoriza una transferencia de hasta dos millones 900 mil soles al Ministerio de Relaciones Exteriores “para financiar actividades de política exterior de carácter prioritario que impulsen la imagen y percepción del Perú en regiones con las que propiciamos el fortalecimiento de los vínculos políticos, culturales, económico-comerciales y de cooperación, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas”.

Ese mismo mes se conoció que la embajada peruana en los Estados Unidos contrató a la consultora Patriot Strategies LLC, el 28 de febrero pasado. Por un pago de 55 mil dólares, la empresa debía elaborar planes de crisis y difundir mensajes en favor del gobierno de Boluarte del 1 al 29 de marzo.