*Actualización el 12 de junio de 2025.

Bajo el caluroso sol chalaco y en medio del distrito de Carmen de la Legua, se erige un edificio de seis plantas, azul y parco. A finales de cada mes, cientos de personas se congregan desde las horas de la madrugada en búsqueda de una cita que les permita atenderse en el sistema de salud mental pública en Perú. El Centro de Salud Mental Comunitario (CSMC) de Carmen de la Legua permaneció sin servicios básicos de agua y luz, los primeros tres meses de este año. Estas condiciones precarias perjudican a personas como Cristóbal Aguilar (cuyo nombre real no se revela por cuestiones de privacidad), un paciente de 44 años diagnosticado con trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). 

Pero Cristóbal no podrá continuar con sus sesiones de psicología, psiquiatría y terapia de lenguajes que tenía en ese centro desde hace más de tres años. El local le pertenece a la municipalidad de Carmen de la Legua y el convenio de cesión, donde se estipula la entrega temporal del espacio, finalizó en diciembre de 2024. La comuna decidió, mediante un acuerdo de concejo municipal, que ahora operará ahí la Casa de la Juventud del distrito. Con esto, según datos de la Dirección Regional de Salud del Callao (Diresa) Callao, “entre 3 mil y 5 mil” usuarios se verán afectados.

El CSMC de Carmen de la Legua atiende a más de 3 mil personas en condiciones indignas. Foto: Edward Briceño.

El caso de Carmen de la Legua no es el único. Vecinos de La Victoria también reportan problemas similares con el CSMC de su distrito. Según Zulema Torres, presidente de la Asociación Familias Fuertes en Salud Mental de La Victoria, el alcalde Rubén Cano busca desalojar el CSMC para construir un “mega estacionamiento para el emporio comercial de Gamarra”. No obstante, según el convenio firmado con el CSMC, la cesión del local debería permanecer hasta el 2028.

Pero el riesgo de desalojo, como en el caso de Carmen de la Legua y La Victoria, refleja solo una parte de las frágiles e inestables condiciones en las que operan los centros de salud mental. 

Hasta el 12 de junio de 2025, se registraron 291 centros de salud mental comunitarios a nivel nacional, según el Ministerio de Salud. Sin embargo esta cantidad es insuficiente. Sólo el número de peruanos afectados por trastornos mentales como depresión, esquizofrenia y bipolaridad asciende a 4 millones 500 mil peruanos, según el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado.

Entonces, ¿cuántos centros realmente necesita el Perú para cubrir la brecha de cobertura de atención en salud mental? 

El indicador publicado por el Minsa en el "Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria 2024-2028" establece que se necesitan 1 centro de salud mental comunitario por cada 50 mil habitantes. Este medio consultó a Luis Matos Retamozo, psiquiatra del Centro de Investigación y Desarrollo Mental de la Universidad Cayetano Heredia, quien respaldó ese ratio. 

Tomando este indicador como punto de partida, Convoca.pe construyó una base de datos para calcular el déficit de centros por regiones en el Perú usando la información proporcionada por el Minsa que fue actualizada hasta el 12 de junio de 2025 y que fue obtenida a través de pedidos de información pública sobre la distribución de estos lugares de atención en el Perú, así como datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre la población estimada en el 2024. Al obtener la proyección de la necesidad total basada en la población total, el ratio y contrastarla con la cantidad de centros existentes, Convoca.pe identificó los porcentajes de brecha más críticos.

Según el análisis de estos datos, Perú necesita habilitar 390 centros de salud mental comunitarios más para cubrir la brecha de atención en salud mental con datos hasta el 12 de junio de 2025. Las regiones con menor porcentaje son Callao (25%), Lima (29%), Lambayeque (37%), Piura (40%) y La Libertad (40%) .

Moquegua es un caso particular pues aunque tiene una cobertura de 124%, –es decir, tiene más CSMC de los que necesita según el indicador del Minsa– sus cinco centros de salud mental no operan en óptimas condiciones. Para contrastar la data, Convoca.pe se comunicó con el CSMC Omate, ubicado en el distrito del mismo nombre, y el CSMC Dr. César Gallardo en el distrito de Ilo. El primero carece de movilidad propia y solo cuenta con la atención de un psiquiatra una vez al mes. Mientras que el segundo, pese a funcionar con normalidad, reportó no tener baño propio.

Según el "Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria 2024-2028", parte de la brecha de atención es causada por infraestructura “deficiente”. 

Este es el caso de Apurímac, que pese a ser una de las regiones con mayor cobertura en el país con un 94%, sus CSMC presentan serias deficiencias. El CSMC Pradera de los Celajes, en el distrito de Talavera, en la provincia de Andahuaylas, funciona en “una casa de adobe”, —cosa que contradice lo estipulado por la Norma Técnica de Salud de Centros de Salud Mental Comunitarios— y recién este mes cuentan con un área de psiquiatría. 

Mientras que el CSMC Musuq Illary, en el distrito de Challhuahuacho, en la provincia de Cotabambas, ha recibido dos amenazas de desalojo debido a que opera en una institución educativa. El centro también reportó problemas de transitabilidad pues se encuentra alejado de la comunidad que atiende y durante la época de huaicos la carretera es de difícil acceso para los pacientes. Esto se suma al hecho de que no poseen movilidad propia.

El CSMC Puerto Maldonado, en el distrito y provincia de Tambopata, en Madre de Dios, ofrece servicios en un inmueble cedido por la comunidad que carece de espacios adecuados e infraestructura que prevengan inundaciones. El último 10 de marzo, el CSMC reportó, a través de su cuenta de Facebook, la afectación del local producto de las lluvias. 

Minsa carece de infraestructura propia

Pese a que el Minsa informó que hay 291 establecimientos de salud mental habilitados a nivel nacional, cifra actualizada al 12 de junio, no brindó detalles sobre cuántos locales están en riesgo de desalojo, cuántos son propiedad del ministerio o de las municipalidades ni cuántos inmuebles son alquilados. La entidad indicó que no posee “la data nacional” ya que cada CSMC es responsabilidad de una gerencia o dirección regional de salud. 

No obstante, según cifras de Defensoría del Pueblo, al 2018 solo el 36% de centros (o 103) funcionaban en propiedades del Minsa. Mientras que la presidente de la Asociación de Familiares y Usuarios "Nuevo Amanecer" en Arequipa, Yenny Huanco, dijo a este medio que hasta el año pasado había aproximadamente 150 locales en cesión u alquiler a nivel nacional.

"Los locales para los CSMC son cedidos en uso por las municipalidades por un periodo máximo de 10 años o son alquilados y no se ajustan a las normas vigentes de infraestructura y equipamiento de establecimientos de salud, debido a que han sido diseñados para otra finalidad. Además, en el país no se cuenta con planes de desarrollo de infraestructura para CSMC", indica el documento técnico del Minsa sobre salud mental comunitaria.

Hasta la fecha, el CSMC de Carmen de la Legua utiliza el local de la Casa de la Juventud del distrito. Foto: Edward Briceño.

El CSMC Carmen de la Legua en el Callao es un claro ejemplo de que los centros de salud mental que operan en inmuebles cedidos temporalmente corren el riesgo de desalojo. 

El pasado 27 de febrero, la Dirección Regional de Salud del Callao (Diresa Callao) comunicó que la Municipalidad de Carmen de la Legua no había realizado las coordinaciones ni brindado las facilidades para el restablecimiento oportuno del CSMC a un lugar con condiciones adecuadas.

El personal de Carmen de la Legua, en coordinaciones con la Diresa Callao, siguen buscando a dónde mudarse. El problema, según Yenny Huanco, es que por la urgencia que requiere la solución, el lugar de reasignación “no siempre cumple con las condiciones mínimas de atención, lo que genera precariedad en los servicios”. Ante esto, las asociaciones de usuarios reclaman una mayor planificación del Minsa.

El CSMC de Carmen de la Legua opera sin luz desde diciembre. Foto: Edward Briceño.

En el caso de CSMC La Victoria, de hacerse efectivo el desalojo, aproximadamente 9 mil usuarios se verían perjudicados. El último 21 de febrero, la comunidad de pacientes protestó en rechazo a la reubicación del CSMC pues el convenio de cesión firmado con la municipalidad culmina en el 2028. 

Los vecinos incluso han enviado una carta firmada por los usuarios y familias afectadas al alcalde Rubén Cano solicitando una audiencia para formar una mesa de diálogo. Hasta la fecha, las autoridades ediles no han respondido la carta. 

“La Municipalidad de la Victoria nos propuso el traslado al complejo deportivo Jhony Bello, pero la Dirección de Redes Integradas de Salud no lo aprobó porque no cumple con los requerimientos mínimos para la atención”, dijo la presidente de la Asociación Familias Fuertes en Salud Mental de La Victoria, Zulema Torres, a Convoca.pe.

Los usuarios enviaron una carta para defender el cumplimiento del convenio. 
Fuente: Asociación Familias Fuertes en Salud Mental de La Victoria.

Esta es la segunda vez que el CSMC La Victoria convive con una amenaza de desalojo. Torres contó que el primer intento de desalojo ocurrió en el 2019, durante la gestión de George Forsyth. 

“Se siguen abriendo más centros de salud mental comunitario, pero no hay el monitoreo del cuadro (actual). La fiscalización y supervisión de las infraestructuras le corresponde al Minsa como ente, porque ellos tienen el mecanismo para que garanticen que los centros de salud mental comunitario cumplan con los estándares de infraestructura y de equipamiento”, cuestionó Yenny Huanco.

En diálogo con Convoca.pe, el psiquiatra Carlos Bromley, representante de la Dirección de Salud Mental del Minsa, explicó que ante la urgencia de atención que se presentó en el 2015 (fecha en que se empezó con la habilitación de estos CSMC), la cartera de Salud decidió implementar CSMC en locales bajo cesión de uso, alquiler, donación o prestación temporal por alguna institución de la comunidad. 

El “Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria 2024-2028” contempla la habilitación de 78 CSMC hasta el 2028. Pero ¿de qué sirve incrementar el número de CSMC si los centros de salud existentes a la fecha enfrentan el riesgo de desalojo y operan en condiciones precarias? 

“Cada vez vemos cómo la problemática en la sociedad por los problemas de salud mental se agudiza. Necesitamos la presencia de estos centros especializados que puedan atender esa demanda de salud mental”, dijo el psicólogo de la Diresa Callao, José Lévano, quien aseguró que 78 CSMC no cubriría la actual demanda.

El Dr. Carlos Bromley, en entrevista con Convoca.pe. Foto: Francisco Jahnke.

Pero el problema principal “no es cantidad, es calidad”, sostuvo Orison Vergara, quien trabajó en un centro de atención de primer nivel del Minsa en el área de psicología. Para Vergara, el Minsa busca atender más casos en vez de mejorarlo. Criticó, además, la falta de meritocracia en los procesos de nombramiento público y la ética observada en algunos profesionales.

“Búscate un reporte donde diga qué centro de salud ha mejorado sus consultantes (que hayan estado más de un año en consulta) Y no hay, solamente arrojan cantidad", manifestó Vergara. 

En contraste, el psiquiatra del Minsa, Carlos Bromley explicó que las patologías mentales suelen ser crónicas y por ello, el tratamiento debe ser continuamente monitoreado. “El éxito en salud mental implica que la persona comience a funcionar de acuerdo a la edad que tiene y de acuerdo a las competencias que tiene. Que la enfermedad mental no sea una barrera para su funcionamiento”, remarcó Bromley.

No obstante, seguirá siendo una barrera institucional hasta que el Minsa no solo cubra la brecha de atención de CSMC a nivel nacional sino que también adopte las medidas necesarias para que todos los centros de salud mental tengan una infraestructura adecuada, el primer requisito para poder brindar una atención oportuna y especializada. Para ello, la salud mental debe dejar de ser una prioridad relegada en el Minsa y superar el 1.61% del presupuesto total destinado a la salud en el Perú.