Actualización. 17 de septiembre de 2021

El presidente Pedro Castillo promulgó esta mañana la ley que otorga al Ministerio Público la facultad de disponer, según su criterio, la cremación de los cadáveres de los líderes de organizaciones terroristas que fallezcan cumpliendo condena. Las cenizas serán dispersadas en tiempo y lugar reservados.

Como se sabe, ayer el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que se basaba en dos proyectos de ley presentados, respectivamente, por el Ministerio Público y por la congresista Gladys Echaíz, de Alianza para el Progreso.

"En el caso del cadáver de un interno que venía cumpliendo condena con sentencia firme por los delitos de traición a la patria o de terrorismo, en su condición de líder, cabecilla o integrante de la cúpula de organizaciones terroristas, cuya entrega, traslado, sepelio o inhumación ponga en riesgo la seguridad nacional o el orden interno, el fiscal competente, en decisión motivada e inimpugnable, dispone su cremación, previa necropsia", establece el texto promulgado.

Según la nueva ley (Ley 31352), luego de la disposición del fiscal, la autoridad sanitaria deberá realizar la cremación del cadáver del terrorista en un plazo de 24 horas. Un representante del Ministerio Público deberá estar presente para identificarlo.

Respecto a la dispersión de las cenizas, esta acción estará a cargo del Ministerio de Justicia y contará con el apoyo del Ministerio del Interior.

Hasta el momento, el cuerpo de Abimael Guzmán, cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso, permanece en la Morgue Central del Callao desde el último 11 de septiembre. Guzmán fue el máximo responsable de un conflicto que arrastró al Perú a 20 años de terror (1980-2000), con un lamentable saldo final de 70 mil muertes.

Pubicación original. 15 de septiembre de 2021

Ante la incertidumbre sobre lo que pasará con el cadáver de Abimael Guzmán, cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso, las víctimas del terrorismo y sus familiares demandaron al Congreso y al Poder Ejecutivo aprobar una norma que defina el destino de los restos mortales de los condenados por este delito. El objetivo es evitar la generación de espacios de culto y la promoción de ideologías extremistas, así como respetar la memoria de los asesinados por organizaciones terroristas entre 1980 y el 2000.

“A pesar de que ahora tenemos una ley que no permite la apología del terrorismo, honrar a personas que han cometido actos terroristas se sigue dando", lamenta Vanessa Quiroga, sobreviviente del atentado de la calle Tarata, ocurrido en el distrito limeño de Miraflores en julio de 1992.

Quiroga tenía cinco años cuando un coche bomba explosionó, mató a 25 personas y dejó 250 heridos. Ella perdió una pierna. 

"Únicamente con la protección jurídica se evitará que vuelva a ocurrir [la construcción de] futuros mausoleos como el de Comas”, dice.

Como se recuerda, en 2016 se difundieron imágenes de una ceremonia de homenaje en el Cementerio de Comas, frente a un mausoleo donde estaban los nichos de ocho senderistas fallecidos durante un motín carcelario en 1986. En 2018, una norma modificó la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios, lo que permitió que esta edificación fuera demolida.

Marcos Ibazeta, exvocal de la Sala Antiterrorismo, sugirió ampliar la norma para restringir entierros para los sentenciados y aquellos que abandonaron la prisión tras cumplir su condena por terrorismo. (Foto: Difusión)

En este sentido, la mañana de ayer el Ministerio Público presentó un proyecto de ley para modificar la Ley General de Salud, que regula la disposición de cadáveres. En el documento enviado al Congreso, la institución propone que los jueces y fiscales puedan decidir qué hacer con los cuerpos de estos criminales en caso de que su sepultura pueda generar una afectación a la seguridad y el orden público.

Adicionalmente, el ministro del Interior Juan Carrasco Millones anunció que también preparará una fórmula legal para su aprobación en el Parlamento.

Mientras tanto, el cadáver de Abimael Guzmán, genocida responsable de más de 32 mil muertes violentas en el Perú y condenado a cadena perpetua, permanece en la Morgue Central del Callao a la espera de que las autoridades tomen una decisión ante el vacío legal.

Marcos Ibazeta, exjuez de la Sala Penal Antiterrorismo, advierte que tanto la actuación del Congreso como del Poder Ejecutivo ha sido "irresponsable" para afrontar esta situación.

"El Ejecutivo y el Legislativo tuvieron que reunirse en sesión permanente y producir la norma [de disposición de cadáveres] de inmediato y evitar esta zozobra. ¿Desde cuándo? [Ha pasado] sábado, domingo, lunes y martes, eso es lo que cuestionamos", señala Ibazeta a Convoca.pe.

La viuda de Guzmán, la terrorista Elena Iparraguirre, desde la cárcel entregó una carta poder el último domingo a una mujer de nombre Iris Quiñones Colchado para que reclame los restos de Guzmán en la morgue. La solicitud fue denegada porque el poder no tenía un sello notarial.

El Congreso dio trámite la mañana de ayer a un oficio de la Fiscalía de la Nación conteniendo un proyecto de ley.

Quiñones es una condenada por terrorismo que hoy se encuentra en libertad. Convoca pudo confirmar que aún adeuda 30 mil soles de reparación civil al Estado peruano: S/ 20 mil individualmente y S/10 mil de forma compartida. Quiñones participó en el asesinato del coronel de la Policía Manuel Tumba Ortega, en 1992, en venganza por la captura de Guzmán.

Ibazeta advierte que una nueva normativa debería evitar que la muerte de Guzmán sea el inicio de una serie de actos delictivos de apología o culto al genocidio.

"Se pudo evitar esta zozobra. Si la norma entra en vigencia, comienza por Abimael Guzmán, pero se aplicaría con posterioridad a cualquiera de los [terroristas] que muera en la cárcel. También se podría ampliar para los que están libres o han cumplido condena por terrorismo", señala Ibazeta.

"Como la organización continúa proscrita y está viva, [se podría] restringir el modo de entierro si es que muere. Es decir, sin ceremonia, sin publicidad, sin identificación para evitar que se produzcan situaciones de apologías o cultos", agrega.

Para la sobreviviente Vanessa Quiroga, además de una aplicación legal, "el gobierno de turno debe respetar el dolor de los deudos y sobrevivientes" de los atentados de Sendero Luminoso porque aún no han podido cerrar las heridas ni encontrar justicia.

“Los terroristas nunca pidieron perdón, nunca se arrepintieron. Ahora el Movadef -movimiento que se proclama seguidor del pensamiento de Guzmán y pide la amnistía de los terroristas encarcelados- habla de perdón y olvido", dice Quiroga. "E inclusive el comunicado que ha sacado la bancada de Perú Libre habla de perdonar, olvidar, de cambiar de tema, pero todavía no está cerrado”, declara.

Por su parte, el exjuez Ibazeta señala que la Fiscalía debió interpretar la muerte de Guzmán como un hecho que exige una definición y que las autoridades debieron disponer del cuerpo. Por otro lado, el Poder Legislativo tuvo la oportunidad para pronunciarse prontamente sobre el vacío legal.

Deben miles de millones en reparaciones civiles

De acuerdo con el "Listado de Deudores de Responsabilidad Civil de Sentenciados por Terrrorismo", los condenados por este delito deben al Estado peruano la suma total de 6 767 millones de soles. Solo la cúpula de Sendero Luminoso, integrada por Guzmán y otros 11 criminales, acumulan una deuda compartida de 3 700 millones de soles, el 55% del monto total.

Una vez muerto el cabecilla terrorista, su deuda personal se extingue.

El Ministerio de Justicia informó a Convoca.pe que Guzmán nunca realizó ningún pago a pesar del requerimiento de la Procuraduría General de Estado. Tampoco registraba bienes muebles ni inmuebles a su nombre.

“Le impusieron el pago de una reparación civil por casos específicos, no por todos los daños causados, pero al fallecer ya no hay cómo cobrárselo. Están los otros acusados, pero tampoco tienen dinero porque cuando entraron en clandestinidad se desprendieron de todo. No se ha encontrado la ruta del dinero de la organización terrorista", señala Ibazeta.

Por otro lado, según el Registro Único de Víctimas (RUV) del Ministerio de Justicia, a la fecha existen 229 379 víctimas y familiares inscritos. Este padrón sirve para poder acceder a algunos programas de reparación del Estado peruano.

Marlene Zarate López, quien perdió a su madre hace 30 años a manos de Sendero Luminoso, es una de las fundadores de la Federación Nacional de Víctimas del Terrorismo del Perú (Fenavit). La activista cuestiona que hoy hay muchas víctimas en situación de abandono. Indica, por ejemplo, que el reconocimiento en el registro de víctimas demora más de un año y perjudica el derecho a la reparación.

Por su lado, Percy Castillo, adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, exhorta al Estado a cumplir con sus obligaciones y a la continuidad de los juicios contra la cúpula de esta organización terrorista a pesar de la muerte de su cabecilla.

"Hay un conjunto de reparaciones que todavía no se cumplen. Todavía hay que hacer más por las víctimas. Se ha avanzado, pero todavía es insuficiente", dice Castillo. "La Defensoría ha insistido durante mucho tiempo para que el Estado cumpla con su deber de reparar. Durante años no se creó el registro. Luego se creó y hemos insistido para que funcione", asegura.

Según el representante de la Defensoría, solo ha habido avances importantes en las reparaciones económicas, aunque los montos entregados no son "muy significativos". Por otro lado, las víctimas acceden a reparaciones en materia de educación, salud o vivienda  con "mucha dificultad".

"El pago del Estado por reparación es hasta 10 mil soles para deudos del terrorismo. Sin embargo, la exterrorista Lori Berenson ha sido reparada con 260 mil dólares. Dime si eso no es una cachetada a las víctimas del terrorismo”, puntualiza Vanessa Quiroga.