Aunque Venezuela es el segundo país después de Brasil que más sobornos recibió de la empresa Odebrecht para conseguir y mantener contratos de megaproyectos de infraestructura —98 millones de dólares entre 2006 y 2015, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos—, el Ministerio Público no ha abierto investigaciones formales sobre el caso, ni las diferentes denuncias o revelaciones han tenido consecuencia penal, a diferencia de otras naciones involucradas en esta red de corrupción transcontinental.

En todo caso, las investigaciones sobre la constructora brasileña en Venezuela quedaron interrumpidas o resultaron viciadas por el abrupto cambio de mando del Ministerio Público a mediados de 2017, marcado por las pugnas políticas entre un poder adherido a  la línea del Ejecutivo y un sector del chavismo disidente.

En agosto de 2017, cuando ya se encontraba en el exilio, la Fiscal General destituida por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Luisa Ortega Díaz, denunció  por primera vez que las pesquisas del caso Odebrecht involucraba al presidente Nicolás Maduro, así como al “número dos” del gobierno, Diosdado Cabello, y al dirigente chavista Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez. Manifestó que tenía evidencias de pago de sobornos por parte de Odebrecht a estos funcionarios.

“Es el mayor hecho de corrupción en la región y eso los tiene muy preocupados y angustiados, porque saben que tenemos la información y el detalle de todas las operaciones y montos”, dijo Ortega Díaz en una llamada telefónica durante la Cumbre de Procuradores y Fiscales de América Latina en la ciudad mexicana de Puebla, en agosto de 2017.

Ex fiscal Luisa Ortega denunció nexos de Odebrecht con Nicolás Maduro. Foto: Difusión

El 26 de enero del año pasado, un mes después de revelarse los montos de los sobornos de Odebrecht en Latinoamérica, el Ministerio Público informó que indagaba si la empresa brasileña había sobornado a empleados y dirigentes de organismos públicos venezolanos para ser beneficiados con contratos de proyectos de infraestructura, como la Línea 5 del Metro de Caracas y el segundo Puente del lago de Maracaibo. Indicó que solicitó una rogativa a la Procuraduría General de Brasil para discutir el caso y comprobar si el dinero que poseían los sospechosos era producto de ilícitos.

En julio de 2017, cuando aún ocupaba el despacho del Ministerio Público, Ortega Díaz citó en calidad de imputadas por el caso Odebrecht a María Baptista y Elita Zacarias, esposa y suegra respectivamente de Haiman El Troudi, ex ministro de Transporte y Obras Públicas del gabinete de Maduro. La entonces fiscal indicó que tenía en su poder los contratos de obras no terminadas por las cuales muchos funcionarios públicos involucrados recibieron comisiones (sobornos) que fueron depositadas en cuentas bancarias en el extranjero y en varios casos a nombre de familiares o testaferros. 

También en julio de 2017, justo antes de ser destituida y de salir del país en calidad de exiliada, la fiscal Ortega anunció que pronto acusarían a funcionarios públicos venezolanos por caso Odebrecht.

El 5 de agosto de 2017, la ahora “traidora de la revolución” y  “enemiga número uno del gobierno de Maduro”, fue sustituida por el ex defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien apenas asumió el puesto descartó investigar a Maduro por el caso Odebrecht aduciendo que no trabajarían en función a “especulaciones”.

Tarek William Saab, actual Fiscal General del gobierno chavista. Foto: Difusión

En septiembre de 2017, Saab anunció que el Ministerio Público, ahora a su cargo, reabriría las investigaciones porque se encontraron inconsistencias en los expedientes, que son los que deben impulsar la acción penal.

También informó que se había reunido con los representantes de la empresa Odebrecht en Venezuela, quienes manifestaron estar a la orden de la fiscalía para suministrar información que aportara elementos para esclarecer los hechos.  

Desde octubre del año pasado, el Ministerio Público no volvió a mencionar a la firma brasileña hasta que, en abril último, rechazó el debate en la Asamblea Nacional sobre el antejuicio de mérito aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, en contra de Nicolás Maduro por delitos de corrupción y legitimación de capitales vinculados al caso Odebrecht.  

También en octubre de 2017, la fiscalía venezolana imputó a tres directivos de la empresa Odebrecht: Maryorie Garboza Ceballos, George Faroh Cano y Sergio Ferraz de Campo y reiteró la orden de aprehensión  contra el presidente de la constructora en Venezuela, Euzenando Prazeres de Azevedo. El fiscal designado por la ANC señaló que los directivos imputados y el prófugo estarían implicados en pago de sobornos a funcionarios venezolanos para conseguir contratos en Venezuela.   

El proceso, que incluyó la solicitud de orden de captura contra Maduro ante Interpol, está basado en una denuncia de la fiscal destituida Luisa Ortega Díaz, quien presentó pruebas ante el TSJ en el exilio para iniciar un juicio contra el presidente venezolano por participar en los sobornos de Odebrecht en Venezuela.