Vacancia presidencial: ¿Qué proyectos de ley buscan aprobar las bancadas que decidieron la destitución de Martín Vizcarra?

La tarde del lunes último, las bancadas parlamentarias promotoras de la segunda moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra no tenían claro si alcanzarían los votos para lograr su destitución. El anterior intento de vacancia presidencial, del 18 de septiembre, solo recibió el respaldo de 32 parlamentarios y quedó muy lejos de alcanzar el número mínimo requerido de 87 votos. Esto, fundamentalmente, debido a que las bancadas más numerosas no votaron a favor de la destitución, entre ellas, Acción Popular (AP), Alianza Para el Progreso (APP) y Podemos Perú (PP). 

En el segundo proceso de destitución, esas tres bancadas fueron cruciales para inclinar la balanza y superar la cifra necesaria para la vacancia, pues sus integrantes dieron 48 votos a favor, más del 50% de la votación requerida para la destitución de Vizcarra. A estos, se sumaron los votos de otras agrupaciones políticas con posiciones conocidas de respaldo a la remoción de Vizcarra, como los de Frepap y Unión Por el Perú (UPP).

Los cambios de votos en las bancadas que aprobaron la vacancia de Martín Vizcarra

Convoca.pe analizó las principales iniciativas legislativas de AP, APP, UPP y Podemos Perú, respecto a las cuales el presidente Martín Vizcarra y representantes del Ejecutivo habían expresado públicamente sus objeciones y su intención de no promulgarlas en caso de que fueran aprobadas en el Parlamento. 

Varios de estos proyectos tienen relación con la actividad profesional o empresarial de los dirigentes de esos partidos, así como con temas referidos a derechos humanos, búsqueda de esquivar la prohibición de reelección parlamentaria e intenciones de reducir las facultades del Ministerio Público en investigaciones abiertas a dirigentes de organizaciones políticas.

AP y APP: Retorno de la bicameralidad

Acción Popular, una de las principales bancada que alentaron la vacancia contra el exmandatario Vizcarra, impulsa un proyecto de reforma constitucional que plantea el retorno de la bicameralidad en el Congreso, con una Cámara de Diputados de 100 miembros y una Cámara de Senadores con 30 integrantes. 

La iniciativa parlamentaria, con el número N° 6281/2020-CR, presentada por el partido de 'la lampa' ya está siendo debatida por la Comisión de Constitución, que preside el congresista Omar Chehade (APP). Chehade ha señalado que de aprobarse esta reforma constitucional en dos legislaturas consecutivas, el nuevo senado podría ser instalado en enero del 2023.

Pese a ser una iniciativa de Acción Popular, Omar Chehade de APP es uno de sus mayores defensores. Foto: Difusión

En tal sentido, en un comunicado de ese grupo de trabajo, Chehade Moya sostuvo que la elección de los eventuales senadores se daría en octubre de 2022, junto con las elecciones regionales y municipales.

Esta medida es contraria a la decisión de más del 85% de peruanos que rechazaron la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso, en el Referéndum Nacional que se realizó el 9 de diciembre de 2018. Además, el 85.2% de peruanos aprobó la prohibición para la reelección inmediata de los legisladores.

Actualización 23 de noviembre de 2020

La Comisión de Constitución debatirá el predictamen de reforma constitucional que propone el retorno a la bicameralidad, es decir, que el Parlamento peruano se divida en Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. De llegar a ser aprobado por ese grupo de trabajo, pasaría al debate en el Pleno del Congreso que de respaldarlo permitiría la creación de una cámara alta con 60 senadores que serían electos en los comicios regionales de octubre de 2022.

Más del 85% de peruanos rechazó la reforma constitucional para el retorno de la bicameralidad. 

APP: Apertura de nuevas universidades

Alianza para el Progreso es otro de los grupos políticos que cambió de postura respecto al primer intento de vacancia y que presentó proyectos de ley que buscarían favorecer a intereses empresariales de personas relacionadas a al actual Parlamento, que tienen universidades privadas que perdieron su licencia por no tener la condiciones mínimas de calidad educativa, así como abrir nuevas universidades públicas pese a la moratoria que prohíbe la apertura de otras casas de estudios superiores.

En abril de este año, venció la moratoria de dos años que puso el Ministerio de Educación para evitar la creación de nuevas universidades, con la intención de que las sedes de las universidades licenciadas continúen mejorando sus condiciones de calidad educativa. Por ello, en mayo el Poder Ejecutivo presentó un nuevo proyecto que propone que la moratoria se amplíe por un año más. Semanas después, el 4 de junio, el entonces congresista de APP, Moisés Gonzáles Cruz, quien renunció a ese partido en setiembre último, presentó un proyecto similar para ampliar la prórroga de dos años y permitir la creación de filiales de universidades públicas durante la prórroga.
 

Aunque renunció a APP y es parte de los congresistas no agrupados, Moisé Gonzáles también votó por la vacancia a Vizcarra. Imagen: Captura CNC

El proyecto en primera instancia fue aprobado por la Comisión de Educación, presidido por el congresista Luis Dioses Guzmán de Somos Perú. No obstante, en el predictamen debatido por esa comisión se buscaba mantener a las universidades no licenciadas operando indefinidamente, así como crear un "Consejo Nacional de Asuntos Universitarios" paralelo a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU). Estas propuestas fueron rechazadas por el entonces ministro de Educación, Martín Benavides, y estos puntos fueron retirados del dictamen de esa comisión, que fue aprobado el 30 de junio.

El dictamen de la Comisión de Fiscalización señala que la moratoria de creación de nuevas universidades será de dos años, y que la moratoria para la creación de filiales de universidades privadas será por tres años. Sin embargo, se añade que las universidades públicas licenciadas sí podrán solicitar ante la SUNEDU la apertura de filiales durante el plazo de la moratoria.

No obstante, para que el proyecto se eleve al debate en el pleno del Congreso hace falta que otro grupo de trabajo se pronuncie. En este caso fue la Comisión de Presupuesto, presidida por el congresista Humberto Acuña Peralta (APP), hermano de César Acuña, dueño de la Universidad César Vallejo, y además es tío del congresista Richard Acuña, quien es accionista y miembro del directorio de la Universidad Señor de Sipán.

En ese grupo de trabajo, presidido por uno de los Acuña Peralta, se debate hace seis meses el proyecto del Poder Ejecutivo y la iniciativa de la bancada de APP sobre la moratoria universitaria, pero aún no hay un pronunciamiento al respecto. Sin embargo, fuentes legislativas indicaron a Convoca.pe que en esa comisión se busca agregar puntos que buscarían reducir las facultades técnicas de la SUNEDU para la supervisión a las universidades, durante el gobierno de Manuel Merino. 

La Comisión de Presupuesto tiene entre sus integrantes titulares a cuatro congresistas de Alianza Para el Progreso y dos parlamentarios de Podemos Perú. Uno de los congresistas de Podemos Perú es el congresista José Luna Morales, quien fue gerente general de la Universidad Telesup y de la Universidad de Ciencias de la Salud, del Grupo Educativo Telesup. Ambos centros universitarios no obtuvieron las licencias para seguir operando al comprobarse que no cumplieron con las condiciones básicas de calidad para ofrecer educación universitaria.

José Luna Morales (Podemos Perú) y Richard Acuña (APP) deberán decidir sobre proyectos de moratoria para la apertura de nuevas universidades. Ambos han sido gerentes de las universidades privadas Telesup y la Universidad Señor de Sipán.

Podemos Perú: Reducir facultades a la Fiscalía

Otro de los proyectos controvertidos que se discuten en el Congreso y que pudo tener la observación del expresidente Vizcarra es el presentado en marzo último por los congresistas Daniel Urresti y José Luna Morales de la bancada de Podemos Perú, que busca equiparar las funciones de la Policía Nacional y del Ministerio Público durante la investigación preliminar y preparatoria.

El proyecto de Ley 5026-2020/CR, presentado por el partido de José Luna, propone que la Policía Nacional tenga a su cargo la investigación preliminar y la realización de diligencias que por su naturaleza corresponden a su competencia, mientras el Ministerio Público sólo asumiría la conducción jurídica de la investigación.

Como se recuerda, actualmente, el fundador de Podemos Perú, José Luna Gálvez, y su hijo el congresista José Luna Morales, son investigados por la fiscal Sandra Castro, del Equipo Especial del caso "Los Cuellos Blancos del Puerto", junto a otros cuatro exfuncionarios de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) en el marco del caso "Los Gánsters de la Política". Por esta investigación, la Fiscalía dispuso diez días de prisión preliminar contra Luna Gálvez, mientras que su hijo no fue afectado por la medida de detención ya que cuenta con inmunidad parlamentaria.

La investigación se remonta a julio de 2015, cuando Luna Gálvez, contrató con suelto de la Universidad Telesup, al operador José Luis Cavassa Roncalla con un sueldo de 12 mil soles. Cavassa era quien controlaba a través de altísimos montos los derechos de libros de tres consejeros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Aguila, Iván Noguera y José Guitiérrez Pebe. Estos libros fueron impresos por la Universidad Telesup.

José Luna Gálvez cumple diez días de prisión preliminar internado en una clínica local. Foto: Andina

Estas pesquisas apuntan a que José Luna habría captado a estos miembros del CNM para que intervinieran en la elección del exjefe de la ONPE, Adolfo Castillo Meza, quien fue designado en febrero de 2017 y se le suspendió en julio de 2018. Esta intervención habría tenido la finalidad de lograr la inscripción de su agrupación política.

Luna Galvez también es investigado por el Equipo Especial Lava Jato por ser el "brazo económico" de una organización que captó aportes ilícitos de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar la campaña política del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, quien fuera aliado de Luna en el partido Solidaridad Nacional.
 

UPP: Indulto para Antauro Humala

Una de las bancadas que votó a favor de la vacancia tanto en el primer como en el segundo intento, es la bancada de Unión por el Perú (UPP) que a inicios de setiembre pasado presentó un proyecto de ley que declara de interés nacional y de necesidad pública que el Estado se retire de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esa iniciativa es de autoría del congresista Rubén Ramos Zapana (UPP).

Según la bancada de UPP, la suscripción de parte del Perú del Pacto de San José es la principal barrera para implantar la pena de muerte en el país. Esa agrupación política ha presentado otros proyectos para implantar la pena capital para presidentes y altos funcionarios que cometan delitos de corrupción.

Como se recuerda, en marzo de este año Merino afirmó que si el Poder Ejecutivo planteara evaluar la pena de muerte en el país, primero tendrían que resolverse los acuerdos internacionales firmados por el Estado peruano, que implica la salida del Perú del Pacto de San José.

No obstante, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, aseguró que el gobierno de Vizcarra respeta los derechos humanos y los acuerdos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Rubén Ramos (centro de la imagen) es parte del Frente Patriótico, agrupación liderada por Antauro Humala que es parte de UPP. Foto: Difusión

Otra de las iniciativas que buscaría UPP, que no hubiese prosperado durante el gobierno de Martín Vizcarra, es el indulto para el líder de ese partido, Antauro Humala, condenado a 19 años de prisión por el "Andahuaylazo", el asalto a la comisaría de Andahuaylas, hecho que causó la muerte de cuatro policías. Unos audios difundidos por la prensa, el 22 de octubre pasado, revelaron que desde prisión el condenado exmayor del Ejército daba instrucciones a miembros de la bancada de UPP para impulsar la segunda moción de vacancia presidencial contra Vizcarra con la consigna: "¡Antauro libertad, vacancia ya!".

A la salida de la ceremonia de la juramentación de Manuel Merino como nuevo mandatario, el vocero de la bancada UPP, José Vega Antonio, indicó que no descarta solicitar al presidente Merino de Lama el indulto humanitario para Antauro Humala, aunque afirmó que hay un proceso en trámite para permitir su libertad.

En setiembre de 2019, la defensa de Humala Tasso presentó ante el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) un pedido de libertad condicional que busca que el líder etnocacerista abandone el penal donde purga condena. Este pedido aún no tiene respuesta de la entidad administradora de los centros penitenciarios, que depende del Ministerio de Justicia, cartera que está a carago de Delia Muñoz, designada por Merino de Lama.

La libertad condicional para Antauro Humala es promovida por la bancada de UPP. Foto: Andina

Sin equilibrio ni separación

Respecto a estas propuestas y su posible viabilidad en el gobierno de Manuel Merino, el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, consideró que al haberse diluido la separación y equilibrio de poderes del Estado, estas iniciativas tienen el riesgo de ser aprobadas, sin el mayor control, por un Ejecutivo que será manejado desde el Congreso.

Sobre el posible retorno a la bicameralidad, Rotta añadió que si bien está de acuerdo con el regreso de las dos cámaras legislativas, este momento de crisis no es una oportunidad para que el Legislativo lo apruebe, pues el rechazo a la bicameralidad fue uno de los puntos clave de la reforma política. Esto debido a que los ciudadanos creen que es una alternativa para la reelección inmediata de los parlamentarios, refirió.

Comentó que las propuestas que surjan del Parlamento y que sean refrendadas por el mandatario serán muy difíciles de contrarrestar o demandas en procesos constitucionales, ya que los miembros del Tribunal Constitucional serán cambiados por el mismo Congreso que destituyó a Vizcarra y colocó a Merino en Palacio de Gobierno. Por ello, Proética ha solicitado que se suspenda el proceso de elección.

Además, Samuel Rotta resaltó que para tratar de poner contrapesos a la concentración de poder del nuevo mandatario, instituciones tan importantes como la Contraloría y la Defensoría del Pueblo deberán ser claves para controlar temas como las contrataciones en emergencia sanitaria que continuarán en la gestión de Merino.