Desde que llegaron a Perú, Eneida y César, una pareja de esposos del estado Miranda, en Venezuela, no han podido matricular a ninguno de sus tres hijos en la escuela. Han pasado casi tres años desde que salieron del centro norte de su país en busca de una mejor calidad de vida. Cruzaron Colombia y regiones ecuatorianas, en un viaje a pie que duró 20 días para finalmente, en 2021, tomar la decisión de asentarse en la pequeña ciudad peruana de Puerto Pizarro, en Tumbes, ubicada aproximadamente a media hora en auto de la frontera norte con Ecuador. 

Justamente en la provincia de Tumbes, donde se encuentra Puerto Pizarro, se concentra la mayor población escolar venezolana. Sin embargo, a pesar de que representan al 53,5% de todos los estudiantes tumbesinos, el 12,2% de los padres extranjeros han reportado dificultades durante la inscripción de sus hijos en colegios de la zona. Los datos provienen de un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que además indica que, entre ellos, el 50% aseguró que la razón principal se debió a que las vacantes son limitadas.

César y Eneida tienen tres hijos. Hoy tendrían que estar cursando el nivel primaria. Al salir de Venezuela, su hijo mayor, C.M* (12), se quedó en cuarto grado. El segundo, J.D* (11), finalizó sus estudios hasta tercero y el más pequeño, F.D* (9), apenas logró culminar el primer grado. “Uno solo me sabe leer y escribir bien, pero los otros dos, el de primero y el de tercero, todavía están atrasadísimos, pues cuando salí de Venezuela ellos perdieron dos años por el viaje y la pandemia”, relata Eneida. Esta situación significa que los tres menores llevan sin ir a la escuela casi tres años. 

En el colegio 014 Miguel Grau, la única escuela de nivel primaria y secundaria de Puerto Pizarro cursan un promedio de 850 alumnos, entre ellos escolares de Colombia, Venezuela y Ecuador. Foto: Enrique Saavedra

La emergencia sanitaria causada por el Covid-19 también golpeó al sistema educativo peruano y a los estudiantes nacionales. El Ministerio de Educación (Minedu) estimó que durante el primer año de la pandemia 230.000 escolares de educación primaria y secundaria salieron del sistema educativo, debido al impacto de la brecha digital y los efectos económicos y sociales por la pandemia. 

Y la cantidad de migrantes en el sistema es impreciso, ya que un reporte publicado en diciembre de 2021 por el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) en Perú y la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) determinó que el 84% de los ciudadanos venezolanos identifican en sus comunidades de acogida en Perú niños, niñas y adolescentes que no están matriculados en la escuela.

El 70% de la población venezolana que vive en Perú señala que la dificultad principal es la falta de documentación, seguido de no contar con internet (55%), vacantes limitadas (44%), el apoyo de sus hijos en labores de cuidado y otras actividades (25%) y hasta por la situación de discriminación (14%). 

La insuficiencia de cupos para matricularse en la escuela es un problema que también existe en Puerto Pizarro. Según Enrique Saavedra, director del colegio 014 Miguel Grau, la única escuela de nivel primaria y secundaria del centro poblado tumbesino, esta situación se intensificó a partir de este año. Actualmente, en la institución educativa cursan un promedio de 850 alumnos. Pero, ¿qué sucede con los que están esperando un cupo? 

En el centro poblado tumbesino son cerca de 35 menores que, al día de hoy, están a la espera de una vacante en la escuela 014 Miguel Grau. La mayoría son venezolanos. Foto: Joaquín Guerrero

“Nosotros primero tenemos que ver [la cantidad de] los alumnos que terminan este año, cuántos son aprobados, cuántos repiten, cuántos son trasladados, y ver la cantidad de alumnos que van a grados siguientes y confirmar si es que hay alguna vacante. Si hay vacantes para cada grado, las publicamos a través de las redes [sociales], en la institución educativa, pegamos volantes y también informamos a los profesores para que avisen a los padres de familia”, explica Saavedra. 

La autoridad educativa confirmó a este medio que son cerca de 35 alumnos en Puerto Pizarro que, al día de hoy, están a la espera de una vacante. “La mayoría son venezolanos”, precisó. Para comenzar el proceso de matrícula los padres de familia solo necesitan presentar la partida de nacimiento de sus hijos o hijas. Sin embargo, los que no cuenten con este documento podrían estar suscritos a una condición particular. 

“Solamente requerimos la partida de nacimiento, pues los matriculamos de acuerdo a la edad. Hasta el momento no se han presentado casos de familias que no entreguen este documento, pero sabemos que se pueden presentar. Como una salida los podríamos considerar para que empiecen a estudiar y cuando traigan la partida del nacimiento recién se les suba [la inscripción] al sistema administrativo”, explica Saavedra. 

Ante ello, los padres de familia, como César y Eneida, que actualmente se encuentran a la espera de vacantes para inscribir a sus tres hijos en la escuela de Puerto Pizarro, han optado por enseñar de manera autodidacta distintas materias básicas de la currícula escolar a sus pequeños, apoyados en su propia formación académica y más aún en su sensibilidad.

“Bueno, ya va a ser un año aquí desde que mis hijos no van al colegio y seguimos esperando cupo. Yo les tengo aquí su cuaderno, les pongo sus tareas: caligrafía, sumas, multiplicación. Los pongo a leer. Me preguntan: ‘Mamá, ¿cuándo vamos a empezar a estudiar?’. Ellos prácticamente están acá en la casa”, expresa con preocupación Eneida.

“¿Qué podemos hacer? Aunque tengamos derechos, estamos en un país que no es el nuestro. Solo nos queda esperar”, agrega César, su esposo.

Un 84% de ciudadanos venezolanos identifican en sus comunidades de acogida en Perú niños, niñas y adolescentes que no están matriculados en la escuela. Foto: Joaquín Guerrero

El poder de la autogestión comunitaria 

En Tumbes, los padres de la comunidad venezolana se autogestionan para salir adelante. Las organizaciones sin fines de lucro y asociaciones civiles, conformadas por los ciudadanos extranjeros, se han articulado entre ellas para acelerar en todo este año los procesos de matrícula de 120 menores venezolanos, a nivel de toda la región noroeste peruana, que detectaron se encontraban fuera del sistema educativo peruano. 

Una de estas asociaciones civiles es Líderes sin Fronteras, la cual trabajó de la mano con la ONG Autogestión y Desarrollo (DYA) Perú. La tarea consistió en recopilar los datos de los niños y niñas, para luego ubicar, vía GPS, la institución educativa más cercana en su zona y así consultar al personal docente sobre la posibilidad de vacantes abiertas.

Ninoska Ruiz, originaria del estado Aragua, en Venezuela, y dirigente en Líderes sin Fronteras, iniciativa creada hace nueves meses por un grupo de representantes migrantes de distintas partes de Tumbes, fue una de las personas que ayudó a encontrar a los menores no matriculados.

“La misma organización [DYA] nos entregó unas credenciales que traían nuestros datos y los datos de la ONG. Nosotras hacíamos una breve explicación mediante un mensaje que lo enviábamos por grupos de WhatsApp [de ciudadanos venezolanos en Tumbes]. Ahí comenzamos a captar personas que nos escribían y decían que sus niños no estaban matriculados y llenábamos una ficha por cada niño”, explica Ruiz a Convoca.

Cada ficha se derivaba a DYA para su registro. “También, a su misma vez, caminábamos casa por casa y consultábamos a ver si había niños de nivel primaria que no estuvieran matriculados”, agrega. 

La acción se desplegó en las zonas tumbesinas de Aguas Verdes, Zarumilla, San Isidro, Tumbes, Corrales, Puyango, Puerto Pizarro, entre otras.

La asociación civil Líderes sin Fronteras, conformada por distintos miembros de la comunidad venezolana, en la región Tumbes, se autoconvocaron este año para agilizar los procesos de matrícula escolar de niños, niñas y adolescentes migrantes. Foto: Líderes sin Fronteras 

Asimismo, ofrecen platos de comida a los caminantes, cortes de cabello, entrega de víveres, medicamentos y otros recursos básicos con el apoyo de las organizaciones internacionales CARE Perú, Unicef y Ret Americas. 

“Sentir que puedes dar algo a cambio a una persona que es de tu misma nacionalidad y que lo necesita creo que es la mayor satisfacción y que no tiene costo. Incluso no solamente a un venezolano o venezolana, sino también a la población de acogida”, agrega Ninoska.

Para las familias venezolanas que hoy residen en Tumbes autoconvocarse ha sido la respuesta clave para enfrentar, por cuenta propia, las dificultades contra las que hoy luchan sus hijos, entre ellas la barrera educativa. Pero ciertamente la labor de autogestión está haciendo mucho más que eso. 

Las organizaciones de base de civiles migrantes que viven en esta parte del Perú también hacen frente a retos sociales aún más complejos, como la posibilidad de construir una sociedad más inclusiva y tolerante entre peruanos y venezolanos. 

“Nosotros manejamos mucho lo que es la integración entre peruanos y venezolanos, a pesar de que las organizaciones toman un número mayor de población de acogida, para poderles brindar cualquier tipo de asistencia. Siempre hacemos énfasis que ellos [los peruanos] también necesitan”, agrega Ninoska.

El sociólogo peruano Alfredo García Alfaro, miembro de la ONG Innovar y Compartir, centrada en parte en el acceso a derechos, la igualdad de género y la búsqueda de una vida digna, explica cómo este tipo de acciones sociales por parte de la población migrante impacta en las comunidades locales. 

“Generalmente las interpretaciones clásicas que se tienen de las migraciones se basan en la pobreza, las crisis políticas, las guerras. Pero, en los últimos treinta años, eso ha cambiado. Ahora las personas están más comunicadas, hay una interrelación más rápida y por ende mayores conocimientos sobre lo que significaría migrar, a través de las comunicaciones familiares e incluso viendo las redes sociales. Ya no se trata de un país que expulsa y otro que recepciona ciudadanos. Hoy influye en todos los procesos para cambiar la percepción de la sociedad, respecto a la vulneración de derechos”, sustenta García.

La labor de la asociación civil Líderes sin Fronteras, también se centra en brindar apoyo a ciudadanos peruanos que viven en situación vulnerable, en la región Tumbes. Foto: Líderes sin Fronteras 

Por ejemplo, vivir sin discriminación es uno de esos derechos fundamentales. Entre las actividades de integración que menciona Ninoska y que se desarrollan junto a las organizaciones está la realización de ferias enfocadas en promover la cultura, el deporte, la salud, etc. Por ejemplo, entre los padres venezolanos y peruanos han nacido alianzas para que sus hijos realicen actividades lúdicas juntos, que entre sus objetivos busca prevenir la exclusión social. 

“En estas ferias se ofrecen lo que son espacios amigables con actividades lúdicas socioemocionales, donde los niños pintan, juegan y les leen cuentos”, explica Ninoska.

Sobre este tema, el sociólogo peruano de la Universidad de San Marcos (UNMSM) hace hincapié que la discriminación en el Perú aún es obstáculo determinante en la búsqueda de una sociedad tolerante y sin violencia. 

Una piedra histórica en el camino que dificulta la protección de los derechos, la integración y el mejoramiento de las vías de desarrollo para toda la población, que incluyen al sector migrante en el país, el cual ha crecido de manera acelerada a lo largo del tiempo. Pues, solo entre 1954 y 2019, este grupo poblacional en el Perú ascendió a 963 mil 528 personas.

“En Perú, a pesar que hay políticas explícitas contra la discriminación y la vulneración de derechos, nuestra sociedad aún tiene mucho componente racista y no solo con los migrantes que vienen del interior del país. Eso, sumado a la corrupción y la incapacidad del Estado de poder atacarla de una manera frontal hace que el abandono, la violencia y sus consecuencias sean mucho mayores para todos”, explica el sociólogo. 

Las actividades de integración realizadas por Líderes sin Fronteras incluyen la participación activa de familias e hijos de nacionalidad peruana que viven en Tumbes. Foto: Líderes sin Fronteras 

El sueño de volver a la escuela, ¿pero en qué condiciones?

En abril de este año, el Ministerio de Educación (Minedu) activó la estrategia de refuerzo escolar para estudiantes de educación primaria y secundaria con el fin de reducir las brechas de aprendizaje generadas durante la pandemia. En la escuela 014 Miguel Grau de Puerto Pizarro, Enrique Saavedra, director de la institución educativa, confirma a Convoca que ahora son 120 estudiantes de primaria los que actualmente reciben este reforzamiento educativo y 50 de nivel secundaria. De estos, la mayoría son escolares migrantes de Venezuela, Colombia y Ecuador. 

Los hijos de Eneida y César aún no han podido acceder a un cupo para recibir este reforzamiento. Por ahora, ellos reciben clases dictadas por maestras voluntarias de su comunidad, dos veces por semana, es decir unas cuatro horas semanales, para intentar mantenerse nivelados.

“Es como una red venezolana. Les van a dar clases a los muchachos y a muchos niños que no están estudiando”, resalta Eneida. 

Sobre el grupo de alumnos que sí están accediendo a este reforzamiento, lo reciben en zonas del colegio con graves problemas de infraestructura. Actualmente, los escolares continúan a la espera que el Ministerio de Educación acoja un pedido para que se les instalen aulas prefabricadas y así extender el espacio de estudio.

“En cuestión de infraestructura venimos solicitando, desde hace años, a la Municipalidad [de Tumbes] y el Instituto de Defensa Civil que hagan un estudio, porque el edificio ya no da para más. Hace tres meses llegó Defensa Civil a hacer la visita. Y nos dejaron un acta para que luego se elabore un informe donde se considere la infraestructura como ‘no habitable’ y en un futuro se considere hacer una nueva institución, porque esta ya cumplió su tiempo de vida”, indica. 

“Todavía no han asegurado la construcción de una nueva escuela, si la declaran como no habitable tendrían que instalar aulas prefabricadas para distribuir a los alumnos”, alerta Saavedra. Según el director, quien ocupa el cargo hace diez años, el último mejoramiento de infraestructura que se realizó en el colegio fue en 2006.

Registro de acta de Defensa Civil sobre su visita a la institución educativa 014 Miguel Grau, en mayo de este año. Foto: Enrique Saavedra

“El mejoramiento solo se hizo al pabellón de dirección, al aula de innovación y a la biblioteca. Pero, estos pabellones son más que todo administrativos, no fueron aulas donde estaban los estudiantes. Las aulas donde están los alumnos tienen más de 50 años”, revela la autoridad educativa.

Sobre los problemas de infraestructura en instituciones educativas en Tumbes, en febrero de este año, la Contraloría de la República del Perú emitió un informe, donde se observa que un 44,35% tiene restricciones para acceder al recurso del agua, el 96.77% carece de servicio de telefonía y el 41,94% de servicio de internet. 

Por ejemplo, el colegio Miguel Grau actualmente solo cuenta con dos baños en toda la institución educativa, donde cursan más de 800 estudiantes. Además, por otro lado, en la escuela las computadoras ya no funcionan y tan solo cuentan con una para el uso del alumnado, la cual fue donada por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). 

“Se han malogrado todas las máquinas que teníamos en el centro de cómputo. Por ahora, solo contamos con tres laptops para uso administrativo que fueron dadas hace cinco años por el Gobierno Regional [de Tumbes], mientras que las 15 computadoras convencionales que nos dio el Ministerio de Educación hace años, ya ninguna funciona. Ya no hemos pedido porque mayormente nos contestan que no tienen presupuesto”, señala Saavedra.

La totalidad de computadoras para el uso de los escolares de la escuela 014 Miguel Grau ya no funcionan. Foto: Enrique Saavedra

El acoso y la discriminación, la otra grieta silenciosa

El Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) estima que Perú se ha consolidado como el segundo país con la mayor población de refugiados y migrantes de Venezuela a nivel mundial, con más de 1,29 millones de personas. 

Tumbes es la región fronteriza por donde ingresa el 89,9% de estos migrantes. En las últimas cifras registradas hasta el mes de agosto de este año se contabilizó la entrada a pie de 1.136 ciudadanos venezolanos diarios, de acuerdo al análisis de necesidades de refugiados y migrantes de Venezuela en Perú, realizado por la Plataforma R4V.

Esta región noroeste resulta atractiva para la comunidad venezolana. El 59,4% de los migrantes que decidieron radicarse en Tumbes indican que su decisión se basó principalmente en el hecho de que ya tenían familiares viviendo y trabajando allí. 

No obstante, a pesar de los esfuerzos comunitarios, esto no ha evitado que los menores migrantes de Venezuela que residen en este centro poblado estén expuestos a diferentes tipos de violencia, como la discriminación. Y esta se manifiesta particularmente en el acoso escolar hacia los niños, niñas y adolescentes del país extranjero.

En Perú, el protocolo para abordar los casos violencia escolar del Minedu establece que estos deben ser atendidos por el director de la institución educativa, junto con el coordinador de tutoría y el responsable de convivencia escolar. En Puerto Pizarro, la escuela 014 Miguel Grau, si bien cuenta con un responsable de convivencia escolar, el profesor de Lengua y Literatura, Carlos Valdiviezo, no hay profesionales de psicología permanente que acompañen los casos directamente en el colegio.

La escuela 014 Miguel Grau de Puerto Pizarro no cuenta con personal especializado en casos de atención de violencia escolar, pese a que se registran entre 8 a 10 casos al mes. Foto: Enrique Saavedra

“En este caso eligieron a mi persona para que continúe como coordinador de convivencia. Pero soy nuevo en esta área y necesito un acompañamiento para seguir estos casos. Como nosotros no tenemos nadie en específico en eso, proponemos que ad honorem y dando tiempo extra de su trabajo alguien asuma esa responsabilidad, que debería tener una plaza presupuestada. Pero lamentablemente no hay”, revela Valdiviezo, el responsable actual.

Sin embargo, por otro lado, Lili Zárate, vocera del área de convivencia escolar de la Unidad de Gestión Educativa (UGEL), órgano descentralizado del Ministerio de Educación (Minedu), de la región Tumbes, expresa una postura contraria sobre dicha realidad. 

“Este año no se han reportado casos [de violencia escolar], pero igual cada uno de estos profesionales siguen recibiendo su respectiva asistencia técnica sobre los protocolos de atención en distintos casos de violencia y el soporte correspondiente en habilidades socioemocionales”, señala Zárate. 

No obstante, el docente Carlos Valdiviezo confirmó a Convoca que al mes se atienden en la escuela de Puerto Pizarro entre 8 a 10 casos de este tipo. En un año escolar (marzo a diciembre) se estima entonces que el número de casos bordea la cantidad de 83. 

“Por ejemplo, de ocho casos que se presentan, por ahí dos [son] de bullying y los demás son agresiones que se hacen físicas y también verbales. Esto tenemos que pararlo porque en su barrio continúan con ese pleito”, señala Valdiviezo.  

En relación al protocolo para abordar los casos de violencia escolar en Puerto Pizarro, el docente explica que estos se atienden entre la institución educativa y el personal de psicología de la posta de salud del centro poblado. Hasta la fecha, el colegio 014 Miguel Grau no cuenta con un equipo especializado en salud mental que pueda realizar seguimiento dentro de la misma escuela. 

“Primero, se identifica a los alumnos sin confrontarlos para identificar cuál ha sido el problema. Le tomamos la manifestación a cada uno a través de un acta para que quede registrado. Luego, llamamos a sus padres para informarles las medidas correctivas y de vigilancia que vamos a tomar y después subimos el caso al SíSeve [sistema de monitoreo del Minedu] para que nos ayuden a controlarlo. Posteriormente, lo derivamos a una ayuda profesional, en este caso el psicólogo de la posta [de salud] para que los alumnos vayan con los padres. Y al mismo tiempo vamos haciendo el seguimiento”, describe Valdiviezo. 

Los escolares que han atravesado situaciones de violencia escolar en la institución educativa del centro poblado tumbesino reciben el acompañamiento del personal de salud mental de la posta médica de Puerto Pizarro. Foto: Enrique Saavedra

La Contraloría General de la República señala que en Tumbes el 87,8% de las instituciones educativas (108) no cuenta con profesionales de psicología y el 22,8% no cuenta con un registro de incidencias sobre violencia y acoso entre estudiantes.

La atención de los casos de violencia escolar en Puerto Pizarro en varias oportunidades han contado con el acompañamiento del psicólogo Erick Sánchez, quien trabaja en el puesto de salud de la localidad peruana. Pero no es suficiente.

“La primera línea de atención es la institución educativa. Si esta cree conveniente que la ayuda de un psicólogo va a ser importante para poder solucionar más aún las discusiones que pueden quedar sueltas, entonces ellos derivan el caso mediante un oficio simple, dirigido al jefe del establecimiento médico para su atención”, explica Sánchez.

Según el portal SíSeVe del Ministerio de Educación, que se encarga de registrar el número de casos de violencia escolar a nivel nacional, detalla en su último reporte que desde setiembre de 2013 al mismo mes del presente año se han contabilizado 48 mil 247 casos.

De esta cantidad, el 46% ocurrió por parte del personal de la institución educativa hacia escolares, mientras que el 54% sucedieron entre alumnos. Sobre esta data, Convoca realizó un pedido de información al Ministerio de Educación para conocer los tipos de violencia registrados. 

En setiembre, se registraron 12 casos de violencia escolar correspondientes a la provincia y distrito de Tumbes, lugar donde se ubica Puerto Pizarro. De esta cantidad, cuatro casos corresponden a violencia sexual por parte del personal educativo hacia los escolares. Solo uno ocurrió entre escolares.

En 2019, la situación de violencia escolar alcanzó al 55,6% de estudiantes venezolanos en Puerto Pizarro. Foto: Manos Unidas de Puerto Pizarro

Si bien en Tumbes, hasta la fecha, se han detectado 358 casos de violencia escolar, se estima que hay un enorme subreporte, ya que la OIM detectó que en Puerto Pizarro el acoso escolar o bullying hacia estudiantes venezolanos alcanzó al 55,6% de ellos.

Andrés Mendoza, obstetra y encargado de la única posta de salud del balneario, revela que ha sido testigo de esta problemática de violencia desde que llegó al centro poblado para trabajar. “Yo llegué acá en febrero de 2020, cuando era responsable del servicio de obstetricia y luego pasé a ser jefe del establecimiento. En ese periodo había una especie de ‘meseta’ en lo que es casos de violencia de niños y adolescentes en etapa escolar”, confirma.

Esto pese a que en Perú existe la Ley N°29719, la cual promueve la sana convivencia en las instituciones educativas y el desarrollo de mecanismos para prevenir cualquier tipo de violencia. 

Una prueba que refleja esta realidad son las inasistencias por parte de los directivos y responsables de convivencia de la provincia de Tumbes, donde se ubica Puerto Pizarro, que ha registrado Anyi Alvarado, especialista en convivencia escolar de la UGEL de Tumbes y encargada de monitorear y brindar asistencia técnica a todas las instituciones educativas de la jurisdicción de la provincia. 

“El detalle es que no les dan importancia a estos temas. Es allí donde se ven las deficiencias, pues sí se hacen capacitaciones, pero no asisten. Por ejemplo, la institución educativa 014 [Miguel Grau] constantemente tienen talleres de prevención del acoso escolar, cyberbullying, violencia sexual y suicidio. En general, se ve la ausencia de la participación y poca acogida en estos temas y se ha podido visibilizar que [directivos y responsables de convivencia] no asisten a los talleres, no participan”, describe Alvarado. 

El colectivo Manos Unidas por Puerto Pizarro actualmente trabaja por proteger los derechos básicos, como la educación, de los niños, niñas y adolescentes del centro poblado tumbesino. Foto: Manos Unidas de Puerto Pizarro 

Con el propósito de saber más acerca de la intervención de las autoridades educativas regionales para atacar esta problemática, Convoca solicitó varios pedidos de entrevista a Marlene Barreto, directora del área de sección pedagógica de la región Tumbes y a Roberto Carlos Medina Rengifo, director regional de Educación del mismo departamento. Sin embargo, nunca obtuvimos respuesta. 

El artículo 15 de la constitución de Perú establece específicamente que el estudiante tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como al buen trato psicológico y físico. En esa misma línea, el Ministerio de Educación, tal como indica la Resolución Ministerial Nº 0405-2007-ED, es el órgano encargado de proteger a los estudiantes de actos de maltrato físico o psicológico, hostigamiento sexual y violación de la libertad sexual. 

Si bien la comunidad venezolana que hoy vive en Puerto Pizarro atraviesa tiempos inciertos en temas de educación, su manera de mirar el mundo, desde que llegaron a esta frontera norte del Perú, se ha centrado en la autogestión para surgir y la organización para formar caminos más seguros. A partir de allí, Eneida y César, al igual que otros padres venezolanos, están trabajando también por construir una sociedad más inclusiva para sus hijos con lápices de colores y cuadernos bajo el brazo. Todo mientras continúan a la espera de un país con más políticas de educación orientadas a disminuir la violencia y la protección de sus derechos humanos. 

Producción realizada en el marco de la Sala de Formación y Redacción Puentes de Comunicación III, de Escuela Cocuyo y El Faro. Proyecto apoyado por DW Akademie y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.