Después de la salida intempestiva del procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, que se conoció ayer a primera hora mediante una resolución publicada en el diario oficial El Peruano, quedaron varios hechos por esclarecer sobre esta polémica decisión de la Procuraduría General, liderada por Daniel Soria Luján.

Hasta ayer se conocía que este cese de funciones, sin previo aviso a Ramírez, estaba asociado a la reunión del 9 de enero en la que participó junto al entonces ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, y los representantes de Odebrecht por la posible demanda que presentaría la constructora brasileña Odebrecht al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) para recuperar la inversión realizada en el proyecto Gasoducto del Sur. 

Sin embargo, varios episodios de esta historia habían quedado en la sombra ante la escueta información brindada por el procurador Daniel Soria en conferencia de prensa y los ataques contra Ramírez que prevenían de los personajes que se oponen al acuerdo de colaboración con Odebrecht. Ante este escenario pantanoso, Convoca.pe se comunicó con diversas fuentes y con Jorge Ramírez para conocer el trasfondo de lo sucedido y empezamos a informar desde las 10:41 horas de esta mañana, a través de nuestra cuenta de Twitter, lo más resaltante de la historia que relatamos a continuación.

La tarde del 23 de diciembre, el procurador Ramírez se comunicó con la titular del Ministerio de Justicia, Ana Teresa Revilla, para informarle que Odebrecht pretendía demandar al Estado peruano para recuperar su inversión en el proyecto Gasoducto del Sur. Además, relató Ramírez, que le explicó que esto podía afectar el proceso de colaboración de la empresa con el Ministerio Público, que debía verse el tema por el cobro de la reparación civil a Odebrecht y que no sabía en que situación se encontraba el megaproyecto gasífero.

Tras esa conversión con Revilla, el entonces ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, se comunicó telefónicamente con Ramírez ese mismo 23 de diciembre por la noche. El procurador aseguró que le informó lo mismo que a la Ministra de Justicia, sin embargo debido a que se avecinaban las fiestas navideñas coordinaron una reunión presencial para tres días después en el Ministerio del Energía y Minas: el 26 de diciembre.

Fue en ese encuentro del 26, en el despacho de Liu, en el que se definió la reunión con representantes de Odebrecht, la cual se realizó finalmente el 9 de enero. A la cita acudieron Ricardo Weyll, abogado de Odebrecht en Perú; Ricardo Escobar, abogado externo de la empresa; Mauricio Cruz, superintendente de la constructora en el Perú, y Rogerio Bautista, director jurídico de la casa matriz de Odebrecht en Brasil.
En aquella reunión, los enviados de la constructora solicitaron que se firme un acuerdo con el Estado en el que se diera una ampliación de plazo por 6 meses para encontrar una solución y evitar la demanda ante el CIADI. ¿Qué significaba esto?

El 9 de enero los representantes de Odebrecht se reunieron con el entonces ministro Juan Carlos Liu y con el procurador Jorge Ramírez. 

Oli Lux, empresa controlada por el holding Odebrecht S.A. y radicada en Luxemburgo, tenía plazo hasta el 23 de enero de presentar una demanda en contra del Perú ante el Ciadi invocando el tratado bilateral de protección de la inversión privada firmado entre el Perú y Luxemburgo. Según lo que explicó la empresa a las autoridades peruanas, Odebrecht en Brasil, la casa matriz, debía pagar a sus acreedores, entre ellos la Procuraduría General de ese país, y que por ello se veía obligada a demandar una compensación al Perú por la inversión realizada en la etapa de construcción del Gasoducto del Sur. 

Una salida que proponía Odebrecht era convocar a una subasta para que un tercero pueda devolver la inversión que hizo la constructora y que se estimaba en más de 1,200 millones de dólares. Pero al ser el plazo muy corto para lograr esta posible solución, los abogados de Odebrecht le informaron al entonces ministro Liu que podía suscribirse un acuerdo con el gobierno para establecer una prórroga de seis meses que permitiera encontrar una solución. Con esta propuesta, Odebrecht renunciaba a demandar al Perú después del 23 de enero porque al vencerse el plazo perdía este derecho que le otorgaba el tratado bilateral con Luxemburgo.

Al ser un tema complejo, el entonces ministro Liu derivó el tema al Ministerio de Economía y Finanzas, al que está adscrita la Comisión Especial que asume la defensa del Estado ante el Ciadi.

Al finalizar el encuentro, Jorge Ramírez fue convocado al despacho de la ministra María Antonieta Alva, titular del MEF, el mismo 9 de enero por la noche. Ramírez relató a la ministra que transmitió a Alva la información que surgió durante la reunión en el Ministerio de Energía y Minas pero que se sorprendió que no estuviera nadie de esa cartera para explicar lo que proponía Odebrecht ya que el ministro Liu tuvo una participación directa en ese encuentro.

Registro de visitas del MEF confirma la reunión entre el entonces procurador Jorge Ramírez y la ministra de Economía, María Antonieta Alva.

Los asesores de Alva, agregó Ramírez, señalaron que el tema lo debía ver Ricardo Ampuero, quien lidera la Comisión Especial que asume la defensa del Estado ante el Ciadi. Días después, Ampuero, Ramírez y el fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, se reunieron en el despacho de este último. Ampuero ya había sostenido varias reuniones previas con Vela para establecer una estrategia de defensa del Estado por el caso Enagás. Así que no era la primera vez que conversaban.

Aquel día, en el despacho de Vela, Ampuero señaló que la solicitud de ampliación de plazo que pedía Odebrecht debía hacerla la empresa por escrito. Pero dicho pedido formal no se realizó. Pocas semanas después, la primera de febrero se conoció que la subsidiaria de la constructora brasileña, Oli Lux, había demandado al Estado peruano ante el Ciadi, para exigir una compensación por lo invertido en el proyecto Gasoducto del Sur.

Es importante señalar que Ramírez también informó el 8 de enero, mediante un oficio, al Consejo de Defensa Jurídica del Estado sobre la reunión que se realizaría con representantes de Odebrecht en el Ministerio de Energía y Minas. 

El 8 de enero, un día antes de la reunión con los representantes de Odebrecht en el despacho ministerial de Energía y Minas, el entonces procurador Jorge Ramírez comunicó la cita al Consejo de Defensa del Estado.

“Lo que yo hice fue seguir los canales institucionales para que se defiendan los intereses del Estado. No soy facilitador de ninguna empresa”, dijo el saliente procurador Ramírez a Convoca.pe. 

Tras la información revelada por este medio digital esta mañana, renunció la ministra de Justicia. Poco tiempo después también se conoció de la salida del titular de Transportes, Elmer Trujillo. En estos momentos se ha desatado una crisis en el gabinete ministerial en medio de una controversia jurídica con Odebrecht que pudo evitarse si se trataba de manera oportuna a nivel de las altas autoridades del Estado y no se optaba por un cese abrupto de un procurador que lo que hizo, hasta donde se conoce, fue alertar de una situación compleja que afectaba los intereses del Estado.

Carta de abogados de Odebrecht remitida ayer al Ministerio de Economía en el que se consignan las gestiones previas realizadas para llegar a un acuerdo antes de presentar la demanda ante el Ciadi.