Finaliza la tarde y el olor putrefacto golpea los sentidos. Aquí, en la urbe binacional de Desaguadero, entre Perú y Bolivia, las aguas del lago Titicaca desembocan hacia el río del mismo nombre de este poblado, y solo metros más abajo empiezan a mancharse con las cloacas que discurren desde ambas fronteras. A pesar de esto, la actividad comercial no se detiene. Cargamentos de gas, cereales y ropa van en lanchas (botes pequeños) de un lado a otro. La gente convive con las aguas residuales y Edgar Chura, dirigente de la zona, es testigo de esto. “La pestilencia no deja trabajar. Por las tardes hasta se pega en el cuerpo. La planta de tratamiento que construyeron las autoridades no funciona, no hay equipos y seguimos así, hay momentos en que la contaminación es peor”, explica.

Desaguadero, ubicada en la parte de desembocadura del Titicaca, retrata una parte de lo que ocurre con el resto de ciudades ubicadas al interior y que descargan sus desechos domésticos hacia la gran masa de agua dulce. Y a esto hay que añadirle la contaminación que producen las operaciones mineras, legales e ilegales, y de pequeña y gran minería, que vierten sus relaves y otros desechos a las cuencas que finalmente desembocan hasta el Titicaca.

Ambos gobiernos, Perú y Bolivia, reconocen el problema y han detectado más de 900 fuentes contaminantes del lago Titicaca que amenazan la salud de al menos 2 millones de personas asentadas en la cuenca del Titicaca, como también la biodiversidad que habita en ella; peces, plantas, aves y otros animales, de los que ya se ha reportado su desaparición. Por ese motivo, en la última década ambos países destinaron más de 350 millones de dólares —269 millones en Perú y US $ 77 millones por Bolivia—, y para sanearlo, construyendo principalmente Plantas de Tratamiento de Aguas Res​​iduales. Pero el ambicioso plan no dio frutos, propiciando la continua degradación del lago navegable más alto del mundo.

Para este reportaje se detectó que en Bolivia al menos dos proyectos están señalados de adjudicaciones a cambio de “coimas”, gastos por más de 10 millones de dólares que no pudieron justificarse; contrataciones a empresas sin la suficiente experiencia en el rubro y retrasos en la construcción. Mientras que en Perú, contrataron a compañías con antecedentes de construir plantas de tratamiento defectuosas y con incumplimiento de contratos. Una decena de proyectos están paralizados con menos del 34% de avance físico y otro directamente abandonado, además hay pagos por obras que nunca se realizaron.

Bolivia: Retrasos, “coimas” y gastos injustificados

A la orilla del lago, por el lado boliviano, un olor putrefacto es el común denominador en el pueblo de Chojasivi, punto de desembocadura el río Katari que pinta el Titicaca con un color oscuro. Es la acumulación de los desagües de poblaciones urbanas y rurales asentadas en esa cuenca. De acuerdo con la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca (ALT), anualmente vierten 40,2 hectómetros cúbicos de aguas residuales. Lo suficiente para llenar cuatro veces la presa Milluni, que brinda agua potable a la ciudad de El Alto.

La ALT identificó en el país altiplánico más de 109 fuentes contaminantes, entre aguas residuales, botaderos de residuos sólidos, pasivos y operaciones mineras. Lo que también contribuye al deterioro de la calidad del agua del lago, pues de acuerdo con un estudio de la ALT sobre la dinámica de metales pesados en el Titicaca, se encontró elevados niveles de Ph (que aporta acidez a las aguas), arsénico, boro, hierro y manganeso. Además de déficit de oxígeno disuelto, que permite la supervivencia de especies acuáticas en el lago.

Toda esta contaminación advertida desde el siglo pasado, le sirvió a Bolivia para que en octubre de 2016 acceda a un crédito de 77,3 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 8,4 millones de dólares donados por la Unión Europea para el programa de Saneamiento del Lago Titicaca. La ejecución fue a manos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. El primer desembolso llegó al siguiente año.

Este ambicioso plan, diseñado principalmente para mitigar el daño al denominado lago menor, tiene cuatro componentes. El primero es el de mayor inversión 73%, por la construcción de 16 proyectos; plantas de tratamiento de aguas residuales y alcantarillados en municipios de Puerto Pérez, Achacachi, Batallas, Calamarca, Desaguadero, El Alto, Laja, Comanche, Pucarani, Copacabana, Tiahuanaco, Tiquina y Yupanqui.

Las adjudicaciones se dieron de manera paulatina, entre 2018 y 2023, bajo licitación pública, pero hay procesos con inconsistencias.

Uno de los tres contratos más jugosos del programa, el 2021 recayó en manos de Sur Energy Srl y Construcciones y Servicios Hollweg Limitada, quienes se asociaron para construir la planta de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado —capacidad para población superior a 5 mil habitantes— en el municipio de Achacachi. El monto de la concesión fue de 3.9 millones de dólares. Pero querían más.

Al siguiente año ambas compañías bajo otro nombre de Asociación Accidental Acacia, buscaron adjudicarse dos proyectos más pequeños con capacidad para atender a 2 mil habitantes, en los municipios de Laja y Comanche. Pero durante el proceso de calificación de propuestas, se reveló que ninguna de las dos tenía la experiencia requerida para construirlas. Uno de los requisitos clave para recibir contratos del plan de saneamiento del Titicaca, era que el oferente haya ejecutado obras de similar naturaleza y magnitud.

¿Cómo se adjudicaron la obra de Achacachi cuando no tenían experiencia ni para plantas de tratamiento de menor envergadura? Para esta investigación, se llamó y envió mensaje de texto a los números de teléfonos de referencia dejados por estas empresas en el contrato y en el registro de comercio, pero no respondieron.

 

Algo similar pasó en otro proyecto. La empresa Alvarado Burgos Srl, de construir presas de aguas, rellenos sanitarios y proveer enlosetados para calles, pasó al programa de Saneamiento del Lago Titicaca para construir la planta de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado de Desaguadero (Bolivia), adjudicado el 2021 por un monto de 2.9 millones de dólares.

Luego, esta constructora junto a otra compañía, bajo el nombre de Asociación Accidental Nazareno, buscaron adjudicarse una obra más pequeña en Calamarca. Pero la Comisión de Calificación también expuso que ambas no tenían respaldos sobre su experiencia específica en plantas de tratamiento y alcantarillado.

Así, se quedaron solo en Desaguadero. Aquí, el Gobierno boliviano les amplió el plazo de construcción de obra de 450 a 908 días calendario. Parte del justificativo de la prórroga es una compensación por días de lluvia, pero figuran fechas en que no hubo precipitaciones pluviales, según cruce de datos con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Por día de retraso en la entrega de proyecto, la compañía debe pagar una multa económica al Estado, de acuerdo al contrato.

Desde la empresa respondieron que que su experiencia se demuestra en el sistema de alcantarillado de Marquiviri (Achocalla) y también mencionaron una planta de tratamiento en el mismo lugar. Sin embargo, en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) solo figura el primer proyecto, y para el programa nacional de saneamiento requerían experiencia en ambos tipos de construcciones en los últimos diez años previos a la adjudicación.

Respecto a la prórroga, indicaron que rediseñaron el proyecto y ,sobre la compensación de plazo por lluvias, puntualizan que en Desaguadero no existe Senamhi, por lo cual, esta observación carece de sentido. Pero en el Contrato Modificatorio 4 nombran a esa institución como documento de respaldo, además la estación de monitoreo está a menos de 800 metros de la obra.

Los proyectos de Achacachi y Desaguadero, se suman a lista de siete obras señaladas en el caso “Coimas” que investiga la Fiscalía desde el 2023 y derivó en el encarcelamiento preventivo de Juan Santos, ex ministro de Medio Ambiente y Carmelo Valda, ex viceministro de Saneamiento Básico y Agua Potable, junto a otros procesados. De acuerdo a la denuncia pública de una ex funcionaria - quien asegura haber recaudado estos sobornos -, el Ministerio del área habría cobrado 2.7 millones de dólares para adjudicar obras a determinadas compañías en diferentes partes del país.

Sobre estos señalamientos, la empresa Alvarado Burgos calificó como difamaciones. Explicaron que esta compañía se adjudicó el proyecto Desaguadero mucho antes de la denuncia que pesa en su contra, advirtiendo también que como periodistas tengan cuidado con el tratamiento de esta información.

El Gobierno tampoco transparentó - en el Sistema de Contrataciones Estatales - toda la documentación de los proyectos ejecutados por el programa de Saneamiento del Lago Titicaca. Y, en respuesta a la solicitud de información para este reportaje, el Ministerio de Medio Ambiente indicó que el contenido de los contratos con las empresas, para su divulgación, debe contar con autorización previa.

Sin embargo, el manejo del programa revela otro capítulo a través de un informe de estados financieros exclusivo para el BID y el Ministerio de Medio Ambiente. El documento revela que el Gobierno no pudo justificar, hasta el momento de la evaluación, el gasto de más de diez millones de dólares efectuados entre 2021 y 2022. Según el informe evacuado en abril del 2023, y ahora analizado para esta investigación, el 96% corresponden a pagos de planillas por infraestructuras, lo demás se reparte entre honorarios, compra de materiales, consultorías, viáticos, entre otros. (Descargar detalle)

En el documento elaborado por auditores independientes, también identifica demora en el avance del programa por parte del Ministerio de Medio Ambiente. En cinco años debía concluir la ejecución, pero ya hubo una primera ampliación de 24 meses.

Hasta el 31 de diciembre del 2023 sólo se habían concluido cuatro de los 16 proyectos del componente I del programa, según una respuesta parcial que dio el Ministerio de Medio Ambiente para esta investigación, donde solo detalla avances de obras y el monto financiero. Además, no concedió una entrevista requerida en la misma solicitud de información para este reportaje.

Entre tanto, pobladores asentados en la cuenca del lago Titicaca como Oscar Limachi, sufren los efectos de la contaminación. Este hombre aymara delgado y de tez morena, vive en Quehuaya.“En los últimos años el río Katari está llegando muy contaminado. Esas son las aguas servidas de la ciudad de El Alto. Chojasivi es el final del río Katari, ahí llega la contaminación y se derrama por toda la pampa, y nos afecta a todas las orillas que vivimos en la Bahía Cohana”, lamenta.

Proyectos de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en Perú y Bolivia

En Perú, el gobierno invirtió S/ 841 millones (270 millones de dólares) para la construcción, operación y mantenimiento de 10 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Hoy todas paralizadas. Mientras que en Bolivia, el Gobierno destinó 85 millones de dólares para sanear el lago, el 73% exclusivo para 16 proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales y alcantarillados. Solo 4 fueron concluidas hasta diciembre del 2023.

Perú: Obras “fantasmas” y abandonadas

En Perú también se siente el efecto. Los desagües de más de 130 mil personas de la turística ciudad de Puno llegan hacia dos pozas ubicadas a metros de la vía Bicentenario, en la orilla de bahía interior del Titicaca. Basta caminar cinco minutos para sentir el olor de los desechos humanos. Más al fondo está la tubería por donde desfogan las aguas servidas sin ningún tipo de tratamiento, forman un pantano de totoras que, visto desde el cielo, el lago es color amarillo verduzco.

Puno es uno de los lugares que debía beneficiarse con el proyecto del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca del Lago Titicaca, junto a Azángaro, Ayaviri, Lampa, Huancané, Juliaca, Moho, Yunguyo, Ilave y Juli, que actualmente vierten sus residuos al lago. Pero el plan, iniciado en 2017 por el Gobierno peruano, resultó un fracaso.

El mega proyecto de 269 millones de dólares terminó en manos de la empresa Operadora Ecológica del Titicaca SAC, integrada por las compañías Operadora de Ecosistemas SA y Fypasa Construcciones SA. Esta última está acusada en México de construir una planta defectuosa y en Colombia por incumplimiento de contrato.

 

La ejecución de obras estuvo marcada por reiterados retrasos advertidos por la Contraloría General de la República. En marzo del 2022, a semanas de que fenezca el plazo para concluir las obras de Juli, Ayaviri, Moho, Ilave, Juliaca y Puno, estas tenían un avance de entre 14 y 33%. Ese mismo año la empresa se adelantó al Gobierno, paralizó los trabajos y demandó al Estado por incumplimiento de contrato ante el Centro Internacional de Arreglo y Diferencia Relativas de Inversión (CIADI).

Ambos se manifestaron vía comunicados públicos. La empresa argumenta que el diseño original impedía cumplir con las especificaciones de calidad y el proyecto carecía de permisos ambientales. Mientras que el Gobierno comunicó que la compañía no subsanó las observaciones al expediente técnico del componente 2 y registraba más de seis meses de retraso del componente 1, que quedaron inconclusas. El caso sigue en controversia en el CIADI, donde la empresa también enfrenta otros procesos por obras similares en México y Colombia.

Los peruanos habían luchado por más de una década por este proyecto que finalmente quedó paralizado. Pero la gente ya está cansada y comentan que en días calurosos y cuando hay fuertes vientos, el olor de la contaminación llega hasta la plaza de armas de Puno. Y es que son 187 litros por segundo de aguas residuales los que se vierten hacia la bahía interior del lago, según estudios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

 

De este tipo de olores lo sabe bien don Edgar Chura que vive en Desaguadero, donde los desechos humanos se vierten directo al río y al lago. Uno de los desagües más grandes está al lado del puente que une a Bolivia y Perú, el otro está metros más abajo, donde se formó un pantano debido a las aguas residuales y la basura acumulada; el último se ubica en la zona de los lancheros que transportan productos a través del río. La fetidez llega hasta la plaza y las casas ubicadas en los cerros cercanos.

Aquí, también hubo otro proyecto fallido, en 2014 el Municipio de Desaguadero (Perú) destinó 15 millones de dólares para la construcción de una planta de tratamiento y alcantarillado, además de una planta de agua potable. El contrato fue entregado al Consorcio Cumi, integrado por las empresas Coco Ingenieros Consultores y Contratistas Generales SAC, Corporación IDS SA, Joca Ingeniería y Construcciones SA y Sicma SAC, quienes debían entregar la obra terminada en julio del 2017.

La empresa tampoco cumplió los plazos, cobró por obras que nunca hizo y finalmente paralizó la construcción bajo el argumento de falta de pago. El Municipio rescindió contrato en febrero del 2018, y al siguiente año un peritaje reveló que la compañía había recibido el 99.49% del monto del proyecto, pero el avance físico era de solo el 72.83%.

El Consorcio Cumi optó por un arbitraje demandando al Estado peruano y, en julio de 2021, salió la resolución que obliga a esta empresa a pagar por los componentes cobrados y no ejecutados del proyecto. El Gobierno local calcula un saldo de 4 millones de dólares a su favor. Antes, en 2018, el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) sancionó al Consorcio Cumi por todos los incumplimientos, con hasta 12 meses de inhabilitación para licitar con el gobierno peruano.

Hasta abril de 2024, la infraestructura que el Consorcio Cumi construyó, está abandonada en las faldas de un cerro ubicado a unos 3 kilómetros del Lago Titicaca. La maquinaria adquirida está oxidándose y hasta el cerco perimetral está destruido. La poza que almacenaría los desagües de la población también está degradándose; principalmente la geomembrana que cubre el suelo y las paredes, quemándose bajo el sol del altiplano.

 

Contaminación perpetua

Entre irregularidades, demoras y proyectos fallidos de los gobiernos, el lago se enfrenta a una contaminación que parece perpetua. Unos metros antes del desemboque del río Katari, una pobladora que alimenta a sus vacas a un costado del afluente, también sabe del problema, pero prefiere no decir nada. Teme, como muchos, que la vinculen y estigmaticen su producción ganadera por la contaminación.

En el Perú no es distinto. Juliaca es una ciudad de más de 350 mil habitantes que contamina con desechos humanos a razón de 322 litros por segundo el río Coata. Son descargas sin tratamiento que luego terminan en el lago. Este afluente igual es afectado por los desechos mineros ubicados en la cabecera de cuenca. En 2023 el Consorcio de Ingenieros Ejecutores Mineros SA (Ciemsa) vertió sus relaves a este afluente, provocando la contaminación de este río y del pueblo de Apatía.

En la desembocadura de este afluente, en el distrito de Coata, Maruja Inquilla acompañó la lucha férrea de la población contra la contaminación minera y de las aguas residuales de Juliaca. Al final, lograron que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento prometiera un proyecto de agua potable, pero mientras tanto les entregan agua para consumo humano mediante camiones cisterna. No pueden usar la subterránea ni la del río porque tienen metales pesados. “Cuando haces arroz o cualquier alimento, sale color amarillo”, lamenta.

En total, son ocho los ríos que desembocan en el Titicaca por el lado peruano y todos están contaminados. No solo por aguas residuales, sino también industriales y mineras. Mientras que en Bolivia se tiene un similar problema a través de las cuencas del Katari, Suches, Huaycho, Desaguadero y Circunlacustre.

 

No es solo la percepción de los pobladores, sino también hay fundamentos científicos. Edmundo Moreno es uno de los biólogos de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) que investigó al respecto en el año 2020. Todos estos parámetros técnicos como oxígeno disuelto y sólidos acumulados, cobre, zinc, cadmio, arsénico y aluminio, están por fuera de los niveles permitidos. La consecuencia, la desaparición de especies acuáticas.

El Instituto del Mar Peruano reveló en 2021 que de 23 especies nativas que se pescaban en el lago Titicaca en 1993, ahora se reporta la caza de ocho. Además, la pesca bajó de 8 mil a 900 toneladas al año. Las mayor reducción son de las especies; carachi, boga, suche y mauri.

No importa de qué lado se hagan los estudios, las conclusiones apuntan a lo mismo. El científico Xavier Lazzaro, luego de cuatro años de trabajo en el Observatorio Permanente de la Lago Titicaca (2019-2023), concluye que hubo un incremento de la eutrofización, que significa el enriquecimiento de nutrientes como nitrógeno y fósforo que ayudan a la floración de microalgas que invaden el ecosistema. “Todavía estamos a tiempo de evitar un desastre”, advierte.

Oscar Limachi, el aymara de la comunidad Quehuaya, no entiende bien los asuntos técnicos, pero recuerda la masiva mortandad de peces y ranas ocurrida en 2015 cuando hubo una floración de algas conocidas como fitoplancton.

Al frente, en la comunidad isla Pariti, se encuentra uno de los últimos hombres de este pueblo, don Leandro Calizaya. Cuenta que, de 40 familias que habitaban este sitio hoy sólo quedaron tres, los demás emigraron por los impactos de la contaminación. Desde ahí se observa que, los lugares que estaban cubiertos de agua, ahora parecen suelos desérticos.

A la contaminación se suma el efecto del cambio climático. El 2023 fue una de las sequías más severas de los últimos 50 años. Ese fenómeno lo vivió Néstor Flores en la isla Cojata, la cual ha dejado de ser una isla porque el nivel del agua disminuyó tanto que se unió con tierra firme. Ahí, ahora junto a su bote sobre el lodo y un charco de agua que quedó del lago, recuerda que el 2023 perdió todos sus cultivos de papa por la falta de lluvias. Su ganado vacuno también sufre, porque cada vez deben adentrarse más hacia el lago, arriesgándose a quedarse atorados en el fango.