Aunque su elección fue cuestionada por especialistas, los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC) permanecerán en este cargo por largo rato y sin que nadie lo pueda impedir. Ni siquiera lo harán las denuncias que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asegura haber recibido por la falta de transparencia durante el desarrollo de este proceso de selección llevado en el seno del Parlamento peruano.
Y esto es así debido a que desde que se reciben este tipo de recursos hasta que son evaluados y eventualmente trasladados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para su resolución, pasarán muchos meses, periodo en el que los flamantes magistrados seguirán revisando y decidiendo sobre los casos judiciales más importantes del país.
“Conforme a los estándares interamericanos, todo proceso de elección de integrantes de Altas Cortes debe basarse en los méritos, capacidad e integridad de sus aspirantes, para no poner en riesgo su independencia”, advirtió la CIDH cuando hizo pública la recepción de las denuncias.
No es una denuncia formal
Pese a que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que "recibió denuncias", la señalada reclamación no es una denuncia como se entiende normalmente, en el sentido de que no es un pedido formal para que una jurisdicción inicie un procedimiento, explicó a Convoca.pe la abogada constitucionalista Úrsula Indacochea, directora de programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés).
“Lo que ha existido es que varias organizaciones (no ciudadanos) han alcanzado a la CIDH información sobre irregularidades en la fase final de la elección ante el Congreso, que la CIDH ha recibido en el marco de su mandato de monitoreo de la situación de los derechos humanos, y se ha pronunciado públicamente en redes sociales expresando su preocupación por este tema”, aclaró a este portal.
El anuncio del organismo internacional de derechos humanos generó expectativa en una parte de la ciudadanía peruana, que ve en la elección de los nuevos tribunos un acto irregular que debe revertirse de inmediato. Sin embargo, el proceso para lograr este objetivo es más complejo de lo que parece.
“Eso no quiere decir que no pueda plantearse una petición —así se llama— sobre este tema ante la CIDH, pero para hacerlo primero debe plantearse a nivel interno y agotarse las vías procesales peruanas para poder acceder al sistema interamericano de protección de derechos humanos”, agregó Indacochea.
En la información alcanzada a la CIDH se reclama "la falta de transparencia, debate y escrutinio público" durante el proceso de elección de los seis nuevos tribunos del TC, realizada en el pleno del Congreso de la República, el último 10 de mayo.
En su momento, la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, y el presidente de la Comisión Especial encargada de la selección, José Balcázar, argumentaron que la decisión de llevar el proceso de este modo se tomó de Junta de Portavoces. No obstante, algunos parlamentarios, como Kelly Portalatino, Flor Pablo y Susel Paredes –quien incluso interpuso un recurso de reconsideración para evitar la elección de tres magistrados– reclamaron debido a que la discusión para aborar o no los perfiles de los candidatos finales no fue debatida en el único lugar donde debía debatirse: el Pleno del Congreso.
Posibilidades
Aunque el caso anunciado por la CIDH no corresponde a una petición formal, según lo explicado por la especialista de la Fundación para el Debido Proceso, la puerta no está cerrada para recurrir a esta vía jurisdiccional. Y, de hecho, es posible estimar cuáles serían sus efectos si llega a ser considerada y analizada como tal en la Corte IDH.
“Podría decirse que si el nombramiento fue nulo, el término de la gestión de los que están antes permanece hasta que haya un nuevo concurso. O podría decir la Corte que si bien el nombramiento de estos magistrados fue nulo, mientras se hace el procedimiento de elección para sus sucesores, ellos podrían quedarse en el cargo. Esta situación es completamente novedosa, sin antecedentes”, explicó a Convoca.pe el exmagistrado Eloy Saldaña Espinosa.
El también exvicepresidente del TC explicó que si finalmente la Corte decide declarar nula la elección de los nuevos tribunos, acarrearía la nulidad de todo lo que ellos hayan resuelto. En este supuesto –explicó– lo que hayan decidido en estos meses quedaría congelado o camino a declararse nulo.
No obstante, el especialista puntualizó que si bien a la CIDH y la Corte CIDH se preocupan por el tema de la transparencia de nombramientos de altos funcionarios, no se puede hablar de una fecha exacta sobre la admisión y resolución de una posible denuncia.
“Eso es muy relativo, porque la Corte impone sus propias prioridades, y la Comisión también. Si hay un caso que se me presenta como violación constante [de derechos humanos], la Corte lo va aponer delante de otros. (…). A la Corte le preocupa el tema de la transparencia de nombramientos de altos funcionarios, es un tema que podría ser presentado, pero en ese caso se hace más lento el proceso porque no es un tema de los más urgentes”, explicó a este portal.
Pese a que los procesos seguidos en la CIDH y Corte IDH son públicos, hasta el momento se desconoce la identidad de las partes que entregaron la información, señalada como denuncia por la primera de estas organizaciones.
“Salvo situaciones reservadas, el proceso se sigue públicamente. Y aquí no hay un elemento que perjudique la dignidad de una persona, entonces debería ser pública en la misma página de la Comisión, pero de eso hasta ahora, nada”, explicó el exmagistrado.
Actores
Luego conocerse el caso de la supuesta denuncia, se generaron ciertas confusiones en la ciudadanía sobre los roles de la CIDH y la Corte IDH. Aunque en primer término se le otorguen cualidades similares, cada cual tiene su rol de acción, explicó a Convoca.pe el abogado constitucionalista Omar Cairo.
“La Comisión (CIDH) es el órgano que denuncia a los Estados que están adscritos a la Corte. Los denuncia por violaciones a los derechos reconocidos en el Pacto de San José. La Corte es la que realiza el proceso y eventualmente absuelve o condena al Estado. [La Comisión] es una especie de Fiscalía”, explicó el abogado.
Sin embargo, antes de llegar a estas instancias, es necesario agotar la vía judicial del país de origen, salvo que los demandantes puedan acreditar que este camino no es idóneo y va en perjuicio de su caso, ratificó Eloy Espinoza Saldaña. “La regla tiene una excepción, y eso depende mucho de qué argumente la denuncia, cuando se reconoce [que] si seguimos el procedimiento interno, el daño a los derechos implicados va a ser irreversible”, señaló.
De llegar a la Corte IDH, como ocurrió en los casos de La Cantuta y Barrios Altos o la evaluación al indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori, será la Procuraduría Supranacional la encargada de ver el caso, explicó el exmagistrado. En este punto, el agente peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el procurador supranacional Carlos Reaño Balarezo, explicó a Convoca.pe que un posible proceso tardaría mucho tiempo en ser concretado.
“Si han presentado un escrito –dependiendo del procedimiento– [este] suele demorar días, meses, años, en ser notificado por la CIDH al Estado. Primero deben hacer el filtro (según el procedimiento) y la CIDH evalúa si cumple los requisitos”, explicó el producrador. No obstante, Reaño Balarezo recalcó que solo los casos contenciosos pasan de la CIDH a la Corte IDH. La primera ve medidas cautelares; la segunda, medidas provisionales, que pueden convertirse en provisionales, “pero un número muy reducido”.
A pesar de los cuestionamientos, los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional Francisco Morales Saravia, Luis Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro, Luz Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo Valdez y César Augusto Ochoa Cardich, fueron presentados oficialmente al país el último miércoles. Los mismos fueron juramentados en el cargo en una ceremonia realizada de manera sorpresiva el viernes 13 de mayo.
“Todo ha sido cortado. Ya no podemos firmar, no podemos asumir nada, ningún recurso de la institución, ni siquiera el celular anda, porque eso ya dejó de ser. Hemos dejado de ser magistrados, lamentablemente, en esta forma tan subrepticia”, había lamentado en un medio local la exmagistrada Marianella Ledesma, mostrando su indignación por cómo se manejó el tema.
De momento, según Espinosa Saldaña, lo más apropiado es dejar que los nuevos tribunos realicen su labor para que demuestren así sus capacidades, independencia y honestidad al momento de impartir justicia en la corte más importante del país.
Sin embargo, bien hubiera hecho el Pleno de Congreso en confirmar en la misma sesión del 10 de mayo la existencia de estas cualidades antes de aprobar los nombramientos, para los cuales no se permitió una discusión previa y se votaron al margen de la opinión pública.