En las 383 acciones de fiscalización a Odebrecht y a otras empresas brasileñas en el país, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) detectó gastos y operaciones sin sustento por parte de estas constructoras investigadas por corrupción, informó hoy Víctor Shiguiyama Kobashigawa, titular de la entidad pública, durante su presentación en la comisión del Congreso que investiga el caso Lava Jato en el Perú.

Al ser consultado si en estos hallazgos podrían encontrarse parte de los sobornos pagados por la firma Odebrecht, el superintendente anotó que no era labor de la Sunat indicar para qué se usaron esos egresos, pero que igual “deben ser investigados”. 

Víctor Shiguiyama afirmó también que hasta la fecha la Sunat ha aplicado ocho medidas cautelares a compañías del grupo Odebrecht por unos 435 millones de soles, en total. De esta suma, 119 millones de soles se embargaron en bienes, 38 millones de soles en efectivo y los otros 278 millones de soles están en proceso de ejecución. Precisó que en el caso de otras constructoras brasileñas se han efectuaron medidas similares, pero por un monto de 32 millones de soles.

Además, indicó que en otras acciones el órgano de control tributario ha realizado 383 fiscalizaciones por pago de impuesto a la renta e Impuesto General a las Ventas (IGV) a empresas del caso Lava Jato. Del total de inspecciones, Odebrecht representa el 27.9% de casos; Camargo Correa el 9.6%; Andrade Gutiérrez, el 9.3%; en tanto que OAS el 5.7%; Queiroz Galvao, el 5.4%; y las compañías que participaron en consorcio, el 42%. 

Levantarán secreto tributario y bancario

Sobre publicaciones periodísticas en las que se daba cuenta de la venta de activos de la constructora Odebrecht, el jefe de la Sunat señaló que en los últimos meses habían detectado “algunas operaciones”, pero que era necesario el levantamiento del secreto tributario para conocer más al respecto.

En la misma sesión de la comisión investigadora, participó la superintendenta adjunta operativa de la Sunat, Claudia Suárez, quien destacó las medidas adoptadas por la entidad recaudadora frente a investigaciones por casos de corrupción de firmas brasileñas que involucran a empresarios y funcionarios de tres gobiernos peruanos.  

Luego de la exposición y el interrogatorio a los funcionarios públicos, la comisión aprobó solicitar el levantamiento de la reserva tributaria y el secreto bancario de las compañías mencionadas por Shiguiyama. 

La sesión del grupo de trabajo parlamentario terminó con la intervención del abogado Raúl Barrios Concha Fernández sobre los procesos de arbitraje seguidos entre el Estado y las constructoras de Brasil involucradas en Lava Jato.