A pesar de que Juan José Santiváñez fue este jueves al Congreso a dar su último manotazo de ahogado —encerrarse en una sala con congresistas de diferentes bancadas para luchar por su permanencia en el Ministerio del Interior —, el Pleno lo censuró esta viernes con 78 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones. Esta votación ocurrió horas antes de la marcha en la Plaza San Martín en protesta ante la ola de extorsiones y sicariato en el país.

“El presente acuerdo se comunicará a la señora presidenta de la república”, declaró el presidente del Congreso Eduardo Salhuana, quien condujo la sesión plenaria en la que se debatieron tres de las cuatro mociones de censura presentadas por Susel Paredes (Bloque Democrático),  Diego Bazán (Renovación Popular) y Jaime Quito (Bancada Socialista), luego del asesinato de Paul Flores, cantante de la orquesta Armonía 10.

Ni la oposición de legisladores como Alberto Azurín de Somos Perú quien calificó las mociones de censura contra Santiváñez de “ambición política” pudieron impedir la destitución del ministro. 

Si bien en esta votación no se debatió la censura presentada por Fuerza Popular, los 18 votos del fujimorismo fueron clave para destituir a Santiváñez. 

Para el ex procurador anticorrupción Julio Arbizu, el apoyo del fujimorismo es una estrategia electoralista. “Más del 80% de la ciudadanía rechaza su gestión y es anti estratégico votar contra su moción de censura en un escenario preelectoral”, expresó en Convoca en Vivo. 

Para analistas políticos como Fernando Tuesta y Alberto Adrianzén, la salida de Santiváñez del Ministerio del Interior no significa un quiebre entre el Ejecutivo y el Legislativo. 

Ambos expertos coincidieron en que el Legislativo no tenía otra opción que ponerse del lado de la opinión pública y desvincularse del abogado por su mal prestigio. 

"Esto no implica que vayan a romper relaciones con Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, o Podemos”, asegura a Convoca Alberto Adrianzén. “Faltan leyes relacionadas a las elecciones por cambiar y (la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento) no se puede quebrar en este momento”, aseguró.

Una de estas normas, por ejemplo, es la iniciativa presentada por el Jurado Nacional de Elecciones que propone el recuento de votos para corregir errores en el llenado de las cédulas de votación. Para ello, explicó Adrianzén, las Fuerzas Armadas custodiarían las actas de sufragio por 30 días para que se pueda pedir una revisión de ser necesario. 

“Es legalizar lo que ellos intentaron hacer con Castillo", dijo Adrianzén. Es decir, invalidar los resultados de los comicios del 2021. Y así, poder “dejar bien armado el muñeco electoral del próximo año”, sostuvo el sociólogo. 

En tal sentido, Adrianzén señaló que el Parlamento continuará apoyando a Dina Boluarte pues la presidenta debe convocar las elecciones generales de 2026 en menos de un mes. 

Por su parte, el exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta, advirtió que el Congreso cobraría un precio alto por la caída de Santiváñez, quien representa un “punto fuerte” en la política de coalición entre el Gobierno y el Congreso. 

“Su caída la van a cobrar alto. Vale decir que (el Congreso) podría ponerse de acuerdo para intervenir el Ministerio Público o iniciar el proceso del retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, sostuvo Tuesta. 

La salida de Santiváñez podría debilitar la frágil gestión de Dina Boluarte pues el exministro actuaba como una suerte de vocero del Gobierno en contra de instituciones públicas fundamentales para la democracia como el Ministerio Público y de la misma Fiscal de la Nación, Delia Espinoza. 

Su salida también podría acelerar las múltiples investigaciones fiscales en su contra. Entre ellas, el proceso que se le sigue por el presunto delito de tráfico de influencias. Según la hipótesis fiscal, cuando Santiváñez era abogado litigante habría cobrado 20 mil dólares para influenciar en la decisión del Tribunal Constitucional y del Ministerio de Justicia con el objetivo de beneficiar a sus clientes en procesos penales. 

El Ministerio Público también investiga a Santivañez por presuntamente haber actuado como topo para desactivar la División de Investigación de delitos de alta Complejidad (Diviac), unidad policial que allanó la casa de Dina Boluarte por el caso Rolex.