La excandidata presidencial Keiko Fujimori saldrá en libertad esta noche tras una semana de reclusión en la Prefectura de Lima. El Poder Judicial declaró nula la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, que había dispuesto su detención preliminar durante diez días, y dispuso la inmediata liberación de la máxima dirigente de Fuerza Popular.

A la lideresa fujimorista se le investiga como presunta cabecilla de una organización criminal, establecida dentro del partido político que preside, y que se habría dedicado al lavado de activos provenientes de aportes de campaña de la constructora brasileña Odebrecht por más de 1 millón de dólares. 

Defensa legal y la mayoría de los detenidos que apelaron el arresto preliminar. Foto: Poder Judicial

También saldrán en libertad los detenidos Adriana Tarazona —extesorera del Fuerza Popular—, el exministro fujimorista Augusto Bedoya Camere, Marizol Valle Chong —esposa del parlamentario Rolando Reátegui—, Erick Matto Monge —reclutador de falsos aportantes— y la defensa del ex secretario general Jaime Yoshiyama, hasta hoy en el extranjero. Ellos habían presentado recurso de apelación, igual que Keiko Fujimori.

Otras 14 personas incluidas en la medida de arresto preliminar también serán excarceladas. Aunque no apelaron la decisión de Concepción, la nulidad de esta les favorece.

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La audiencia empezó a las 10 de la mañana. Una hora antes, Fujimori había sido trasladada desde la Prefectura hasta las instalaciones de la Sala Penal Nacional, en la avenida Tacna, a bordo de una camioneta blanca de lunas oscuras. Igual que los demás investigados, ingresó a la audiencia con un chaleco antibalas con el rótulo de “detenida”. 

Sala judicial presidida por César Sahuanay. Foto: Poder Judicial

El encargado de defender el pedido de prisión preliminar fue el fiscal superior Rafael Vela Barba, coordinador de las fiscalías de lavado de activos, quien explicó que el “hilo de la madeja” de este caso es una anotación incautada a Marcelo Odebrecht. “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”, había escrito el empresario brasileño en su teléfono móvil referencia a las elecciones peruanas de 2011. 

Tanto Odebrecht como Jorge Barata, ex máximo representante de la constructora en el Perú, ya han confirmado el aporte directo de la compañía a la campaña de Fuerza Popular de ese año, que sería de 1 millón de dólares. Según la fiscalía, este monto se habría blanqueado a través de rifas, cócteles, transferencias desde el extranjero y aportes fraccionados y falsos. 

Fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez defendieron sin éxito el pedido de detención preliminar. Foto: Poder Judicial

A comienzos de este año, Jorge Barata, declaró para el Ministerio Público que la compañía concretó el apoyo económico en dos entregas de 500 mil dólares. La primera habría ocurrido en el segundo semestre de 2010, período en el que se han registrado dos llamadas entre teléfonos usados por Barata y Jorge Yoshilyama. En ese lapso también se celebraron una rifa y dos cócteles por más de 2,1 millones de soles. 

Keiko Fujimori, que se mostró sonriente en algunos pasajes de la diligencia, señaló que Barata no había hecho ninguna afirmación sobre haber entregado o haber recibido un pedido de aporte de ella. “Es más, declaró que era una persona fría y distante”, apuntó.

La defensa de la lideresa fujimorista se basó en que no existía un peligro de fuga. Afirmaron que su trabajo como presidente de Fuerza Popular era conocido y que el juez Concepción Carhuancho no habría podido analizar la solicitud fiscal para resolver la prisión preliminar de 20 personas en el mismo día en que fue recibida. 

“Yo jamás me voy a fugar del país. No me he ido del Perú en el año 2000 (...), jamás he obstruido a la justicia”, señaló Keiko Fujimori en alusión a la resolución de Richard Concepción. Como se recuerda, este magistrado consideró que no tenía arraigo laboral y que sus conexiones familiares y amicales en Estados Unidos y Japón ponían en riesgo su retorno al país. 

En la audiencia estuvieron presentes el esposo y familiares de la excandidata presidencial. Foto: Agencia Andina

Vela respondió a los argumentos de la defensa de los investigados. “Los abogados no nos hablan ni una sílaba de las personas que han declarado ante el Ministerio Público que no aportaron [los montos que Fuerza Popular informó a la ONPE], aportantes falsos o que han dado información distinta. No nos han hablado del pitufeo o del uso del mecanismo offshore”, criticó. 

Por otro lado, la hija de Alberto Fujimori calificó de “emboscada” su detención, ejecutada el último 10 de octubre en la misma sede del Ministerio Público cuando se acercaba a declarar ante el fiscal José Domingo Pérez. 

“No es una casualidad, son decisiones fríamente calculadas para hacernos daño y sobretodo a nuestras familias, pero puedo rescatar algo positivo: se está iniciando un camino de unidad en mi familia y de fortalecimiento en mi partido”, señaló Fujimori, quien figura en la última encuesta de Ipsos -publicada el lunes- como la política peruana con la mayor desaprobación (81%). 

“Amenazan con denunciarme por prevaricato. Aquí estamos para responderles a esas prácticas antiguas, propias de los noventa, no propias de la vida democrática”, exclamó Vela en un momento de tensión.

La Segunda Sala de Apelaciones presidida por el magistrado César Sahuanay -también integrada por Jessica León e Iván Quispe- decidió de manera unánime declarar la nulidad de la resolución de Concepción Carhuancho. En otro caso anterior, no obstante, Sahuanay y Concepción habían coincidido.

Como se recuerda, en el proceso seguido a Ollanta Humala y Nadine Heredia, esta sala judicial confirmó la prisión preventiva que Concepción había determinado contra la ex pareja presidencial, en primera instancia. Si bien el Tribunal Constitucional cuestionó el uso excesivo de esta medida privativa y la revocó luego de nueve meses de reclusión, pronto recibió las críticas de este juzgado de apelaciones.

La decisión tomada hoy por Sahuanay, León y Quispe ha dado argumento a la defensa de los fujimoristas para plantear una próxima recusación contra Concepción Carhuancho, el mismo que antes también ordenó la detención del expresidente Alejandro Toledo. Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, anunció que con este recurso buscarán un cambio de juez.