El juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, rechazó los cinco pedidos de la defensa de la candidata presidencial Keiko Fujimori y de otros implicados que buscaban que la acusación del fiscal José Domingo Pérez retroceda a la etapa de investigación preparatoria y no pase a juicio oral, en el caso de presuntos aportes ilícitos a las campañas de 2011 y 2016 que recibió de parte de financistas en la sombra, como la constructora brasileña Odebrecht.

El 9 de mayo pasado, los abogados de la máxima dirigente de Fuerza Popular y de otros acusados sostuvieron que el fiscal del Equipo Especial Lava Jato había cerrado la investigación de forma intempestiva y que al Ministerio Público le faltaba finalizar actos de investigación pendientes, como los interrogatorios a la excongresista Leyla Chihuán y a Fernando Mendoza (gerente de Automotores Gildemeister), además del descargo de la empresa MVV Bienes Raíces del esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito, y la entrega de copias de la documentación de la investigación a la defensa legal de los investigados.

El fiscal Domingo Pérez pidió 30 años de prisión contra Keiko Fujimori. Foto: Andina.

En su resolución, notificada a las partes el 4 de junio, el juez Zúñiga determinó que no existieron vulneraciones a los derechos de los acusados durante las pesquisas, en relación a los aportes de Odebrecht y otras fuentes de dinero de presunto carácter ilícito. Con la decisión judicial, el proceso debería continuar con el inicio del control de acusación, etapa intermedia en la cual se evaluará la acusación del fiscal Pérez presentada en marzo último, y luego sigue el juicio oral.

Cabe anotar, que también se rechazó las solicitudes planteadas por los acusados Jaime Yoshiyama Tanaka y el partido político Fuerza Popular.

En el caso de Keiko Fujimori, el proceso judicial podría suspenderse si la candidata de Fuerza Popular ganase la segunda vuelta electoral y asumiera la presidencia de la República.

El magistrado señaló que los abogados de los acusados no acreditaron la evidencia concreta de un supuesto interés subalterno o subjetivo detrás de la decisión de la Fiscalía. Ellos habían alegado que existiría un objetivo político, por parte del Equipo Especial Lava Jato, en la decisión de acusar a Keiko Fujimori y personas de su entorno a pocas semanas de las elecciones generales, cuya primera vuelta se realizó el 11 de abril pasado.

Sobre el argumento de la defensa legal respecto a las diligencias no ejecutadas, el juez Víctor Zúñiga anotó en su fallo que el término de la investigación y la consecuente acusación presentada el fiscal José Domingo Pérez, no afecta el derecho a la defensa de los implicados y que este continúa intacto, pues se puede incorporar los mismos medios probatorios durante el proceso judicial.

"Esta incorporación, aunque posterior, no reduce ni elimina las posibilidades reales ni razonables del investigado de probar, defenderse y formular todos los argumentos que considere pertinentes al respecto durante la etapa intermedia", se lee en la resolución del magistrado Zúñiga. 

La resolución finaliza con la afirmación de que el Poder Judicial no observa que la decisión fiscal de concluir la investigación y acusar, reduzca o impida la garantía de los derechos de prueba, defensa, presunción de inocencia y que se garantiza el derecho a la presentación de nuevos elementos probatorios durante el juicio.

El fallo del magistrado puede ser apelado por los procesados.

Fiscal pidió 30 años de prisión para Keiko Fujimori

El pasado 11 de marzo, el fiscal Domingo Pérez presentó acusación contra la lideresa y candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros 40 involucrados, por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos por supuestos aportes ilícitos a las campañas presidenciales que recibió de parte de la constructora brasileña Odebrecht y otros financistas en la sombra.

Tras dos años de investigación preparatoria, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato informó al Poder Judicial que concluyó la investigación preparatoria y solicitó 30 años y 10 meses para siete implicados entre los que están Keiko Fujimori y los integrantes de la cúpula del partido fujimorista, Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, Adriana Tarazona y José Chlimper, quienes habrían participado en la recepción de estos supuestos aportes ilegales.

Según el Ministerio Público, Fujimori Higushi y otros investigados recibieron aportes ilícitos para financiar las campañas presidenciales del fujimorismo de los años 2011, con el partido Fuerza 2011, y de 2016 con el partido Fuerza Popular. Estos montos habrían tenido como fuente a Odebrecht y también el grupo Credicorp por medio de aportes de más de 3 millones de dólares de Dionisio Romero Paoletti, presidente de ese grupo bancario.

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