El caso de megacorrupción de las constructoras brasileñas en República Dominicana ha implicado a siete personas hasta el momento, acusados que se encuentran bajo libertad condicional. Ellos son Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista García, el senador Tommy Galán, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez y Jesús Vásquez Martínez.

El Ministerio Público asegura haberlos vinculado al proceso tras un acuerdo con Odebrecht, que le permitió a la empresa brasileña seguir operando en el país. A cambio, las autoridades dominicanas accedieron a documentos de la compañía fundada en Salvador de Bahía, Brasil, hace 74 años. 

Los fiscales dominicanos también se han valido de confesiones (delaciones premiadas) de ejecutivos de la constructora ante la justicia brasileña.

“Faltó haber obtenido información de otras fuentes, como la fiscalía de Brasil, Panamá, Perú, y entrevistas e interrogatorios que permitieran corroborar información de las delaciones premiadas”, sostuvo Carlos Pimentel de Participación Ciudadana, organización que representa el capítulo local de Transparencia Internacional. 

El expediente no cuenta con información alguna de bancos extranjeros, como Andorra o Panamá.
Para Pimentel, “era necesario que Odebretch entregara otras informaciones establecidas en el acuerdo, firmado por la Procuraduría y la empresa, relacionadas con la ruta del dinero y los medios de pago”.

Jean Alain Rodríguez Sánchez, titular de la Procuraduría General. Foto: Difusión

Según las trayectorias profesionales de los fiscales que llevan el caso, 12 de 16 de ellos cuentan con experiencia en casos de corrupción, lavado de activos o fraude bancario. Dos fueron nombrados recientemente como titulares de las fiscalías más importantes del país, el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.  

“El problema se origina en quien dirige la investigación y quien tiene la responsabilidad en la Procuraduría”, apuntó el director ejecutivo de Participación Ciudadana.

Añadió que “por sus vínculos políticos partidarios, constituyen un obstáculo y obstruyen cualquier tipo de investigación que se pueda conducir al interior del Comité Político del PLD (Partido de la Liberación Dominicana), el partido de gobierno”. 

El 66% de los 92 millones de dólares pagados en sobornos se pagó después de agosto de 2012, durante el primer período presidencial del presidente Danilo Medina. 

La audiencia preliminar en la Suprema Corte se inició el 6 de julio pasado, tras ocho meses de indagaciones que culminaron con la acusación formal.  Sin embargo, dicho proceso ha sido interrumpido con numerosos incidentes, incluyendo cuatro recusaciones al juez y aún el Ministerio Público no ha presentado las pruebas depositadas junto a la acusación, para determinar quienes irían a un juicio de fondo. 

La continuación de la audiencia preliminar está pautada para el 29 de noviembre próximo.