"A mi hermano le dispararon a matar", dice Juan Flores Valverde. Tiene el recuerdo traumático de haber visto a su hermano menor Rosalino, de 22 años, recibir 36 impactos de perdigón por la espalda. Los proyectiles le perforaron órganos vitales como el pulmón y el riñón, así como los intestinos. Ambos hermanos habían asistido a apoyar a las personas que se manifestaban en las calles de Cusco el último 11 de enero. Ese día la represión policial dejó 17 heridos por perdigones, uno por por un proyectil sin identificar y un fallecido por bala en el tórax.

Para entonces ya se contaban además 40 personas fallecidas en enfrentamientos con las fuerzas del orden a nivel nacional. De hecho, Rosalino también protestaba contra el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado. "Uno no puede quedarse callado ante estos hechos", dice su hermano Juan. Ha venido a Lima por primera vez para cuidar a su hermano, que ahora está internado en el Hospital Arzobispo Loayza. 

A la izquierda los impactos que recibió Rosalino. A la derecha, el joven es trasladado a Lima, el día 22 de enero. 

"Hace dos días ya le quitaron la respiración artificial. Es una buena noticia", indica Juan. Pese a ello, su hermano aún recibe alimentación parenteral –a través de una sonda conectada en una vena que lleva los nutrientes directamente a la sangre–, pues su intestino delgado quedó perforado por un perdigón. En el Hospital Lorena de Cusco lograron extraerle solo nueve de los 36 proyectiles alojados en su cuerpo. La próxima semana ingresará de nuevo a una sala de operaciones, esta vez en el Loayza, donde los médicos intentarán retirarle el resto. 

Durante estos 67 días de gobierno de la presidenta Dina Boluarte, las protestas que exigen su salida no han cesado. La violencia y represión de las fuerzas del orden ha continuado escalando a tal punto de cobrar la vida de 48 civiles en enfrentamientos y dejar heridos a más de 1.200 peruanos. Según la información de atenciones del Ministerio de Salud a la que accedió Convoca.pe, de estos últimos, solo en enero, al menos 114 recibieron disparos de armas de fuego (de carga única –pistolas, rifles– y carga múltiple –escopetas de perdigones–). Entre ellos hay tres menores de edad de 11, 14 y 17 años.

Rosalino Flores se encuentra detrás de un árbol en la calle 28 de Julio en Wanchaq, Cusco. Un policía se acerca y Rosalino corre. Sin embargo, le disparan a quemarropa a menos de tres metros de distancia por la espalda. "No tenía piedra ni palos", dice su hermano. A esa distancia estos disparos pueden ser letales. Video: Juan Flores.

Al 31 de enero continuaban hospitalizadas 116 personas en los centros de salud del Minsa por distintas lesiones. Hasta el momento siete civiles se encuentran en estado muy crítico. Uno de ellos es Jhon Lapa Laime, herido en las protestas del 28 de enero en Lima, donde hubo 20 heridos por arma de fuego y un fallecido.

"Mi primo es el que salió en los videos de Canal N, donde se ve que le impacta algo en la cabeza. Nosotros desconocíamos que estaba en las protestas", señala Rodi Laime, familiar de la víctima.

Han pasado dos semanas desde que el país entero vio caer el cuerpo de Jhon frente a una cámara de televisión. Otro video registrado por un manifestante grabó que, en el instante previo al colapso de Lapa, algo se disparó desde una zona donde se encontraba un grupo de policías. Las imágenes muestran que el herido en ese momento se encontraba en actitud pacífica junto a un grupo de manifestantes antes de derrumbarse.

No obstante el tiempo transcurrido, aún no se conoce qué objeto le cayó en la cabeza esa noche. Su primo afirma que los médicos del Hospital Loayza, donde se encuentra internado, le han negado el acceso al historial clínico a su propia familia.  Y eso a pesar de que la Ley General de Salud indica que el paciente y un tercero debidamente autorizado (familiar directo) tienen derecho a que se les entregue, a su solicitud, copia de su historia clínica e informe médico.

La defensa pública del Ministerio de Justicia asesora legalmente a la familia para que puedan recibir la información de su pariente. "Ya hemos enviado un oficio al director del Hospital para que nos digan que le pasó. Ni el médico cirujano que lo operó nos ha querido decir que objeto le impactó en la cabeza", declara Rocío Lapa, su hermana.

Jhon Lapa Laime con sus hermanas y primo. Foto: Rodi Laime.

John tiene una pequeña hija de tres meses y trabaja llevando mercadería entre Cañete y Lima para abastecer supermercados. "Yo solo quiero que mi hermano despierte", dice Rocío. Según ella, la noche en que su hermano fue abatido en el hospital le dijeron: "Si eres de la protesta, tienes que retirarte". "Por algún motivo no quieren atender manifestantes porque dicen que ellos se lo buscaron", dice.

En esa misma jornada también resultó herido gravemente Rolando Marcas Arango, quien se enuentra con traumatismo encéfalo craneano en el Hospital Almenara. En la capital también se encuentran en estado severo Pedro Cosi Condori y Udoc Dasio Antonio, ambos con fractura de cráneo. En el caso de Udos es por probable impacto de proyectil en la región frontal e intraorbitaria derecha. 

Puno: 64 heridos y ningún policía investigado

En Puno, la región con mayor cantidad de heridos por arma de fuego, se registra 64 civiles. Según la información que tiene el Ministerio de Salud, los lesionados habrían recibido impacto de perdigón en zonas sensibles como la cabeza y el abdomen. Y también en los hombros y en las piernas. Los impactos han ocasionado fracturas y perforado arterias y órganos vitales a los manifestantes.

Un caso severo es el de José Hernani Lima, quien continúa internado en el Hospital Manuel Núñez Butrón, en Puno. Se encuentra gravemente herido por herida de bala a nivel abdominal. Por tal motivo tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Hoy se encuentra recuperándose en el servicio de cirugía.

Carlos Rivera, abogado del IDL y especialista en violaciones de derechos humanos, advierte que a Fiscalía de Juliaca ya está realizando investigaciones por los 17 fallecidos y las 40 personas en enero. Sin embargo, hay un avance bastante lento, añade. "Eso puede terminar perjudicando el esclarecimiento de los hechos y que las personas lesionadas gravemente por arma de fuego desistan de colaborar con la justicia si no son llamados a declarar rapidamente", comenta.

En Ilave, Puno, cámaras registraron a policías disparando sus pistolas en plena protesta.

Para Rivera, las investigaciones en Puno parecen estar "caminando de forma irregular" debido a que no se está determinando responsabilidades de ningún policía, militar u oficial subalterno. Es decir, ninguno de ellos se encuentra en condición de investigado. Además, cuestiona que el caso no haya sido tomado por una Fiscalía de Derechos Humanos, sino que se abrió en una Fiscalía de Crimen Organizado para luego ser derivada a una Penal Corporativa, donde se encuentra ahora.

Por otro lado, en Cusco también se registraroon 19 heridos civiles por proyectil de arma de fuego en enero. Roberto Barrantes, padre de familia de 46 años, recibió un impacto de perdigón en el abdomen durante las protestas en dicho departamento hace exactamente un mes. “Mi papá se salvó por poquito”, menciona Angie Barrantes, hija del herido.

Roberto estuvo en el Hospital Antonio Lorena, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), hasta el 31 de enero porque el impacto le ocasionó una lesión vascular en la arteria ilíaca externa, aunque no perforó ningún órgano vital. La familia Barrantes ha preferido no declarar más sobre los hechos de la protesta debido a que aún se encuentran mentalmente afectados por lo sucedido.  

Una violenta represión policial marcó la jornada del 11 de enero. Hubo 18 heridos por arma de fuego y un manifestante perdió la vida. Foto: Derechos Humanos sin Fronteras Cusco.

En otras regiones como La Libertad hay siete heridos por arma de fuego en los hospitales del Minsa, igual que en Ica. Hasta la fecha, el Ministerio Público ha abierto 17 carpetas fiscales para investigar a los responsables por distintos casos. "Existen investigaciones por los casos de Puno, Ayacucho, Andahuaylas y otras. No necesariamente se ha abierto una carpeta fiscal por cada fallecido o lesionado gravemente por arma de fuego", esclarece Rivera. 

Lo que es evidente es la falta de Fiscalías especializadas en Derechos Humanos que puedan investigar correctamente los hechos. "Las fiscalías comunes no tienen idea de cómo llevar a cabo una investigación sobre crímenes cometidos por organizaciones como la Policía o el Ejército en materia de derechos humanos", explica el especialista del IDL.

Convoca.pe solicitó la versión de un vocero del Ministerio de Justicia para conversar sobre las medidas planteadas a favor de las personas gravemente heridas, pero no recibió una respuesta al cierre de esta edición.

Los familiares de los heridos han tenido que recurrir a distintas formas de recaudación de fondos para solventar los gastos médicos sin la ayuda del Estado. Como se recuerda, la entidad creó una Comisión Multisectorial para brindarles apoyo económico y hacer seguimiento a sus estados de salud, pero a la fecha, según los testimonios contactados, no han tenido comunicación al respecto.