La semana que pasó se difundieron audios en los que se escuchaba al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, prometer a un grupo de representantes de gremios de transportistas que se ampliaría por 10 años las autorizaciones de circulación para buses, cústers y combis por las calles de Lima y Callao, lo que implica mantener el estado de caos en el sistema de transporte.

Como se recuerda, el Poder Ejecutivo, en diciembre de 2018, finalmente creó la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), una entidad que tiene por objeto la reforma del transporte público para impulsar un nuevo sistema integrado, con empresas formalizadas y la licitación de las rutas. Pero los intentos por frenar el desarrollo de la movilidad en la capital no se han detenido desde entonces.

De hecho, en los audios se oye a Silva ofrecer a los transportistas la reorganización de la ATU a través de un decreto que ya estaría coordinando con el presidente de la República Pedro Castillo. Además, asegura a los transportistas que ha pedido a la presidenta del Consejo Directivo de la ATU, María Jara, “que dé un paso al costado”, pese a que su mandato aún termina en el 2024.

Ministro de Transportes afirmó que pidió a María Jara "que dé un paso al costado". Foto: Andina

"Nosotros no estamos en contra de la persona ni del cargo, sino que es una petición de la mayoría. Ella misma [María Jara] estuvo en una reunión donde se le dijo: 'señora, dé un paso al costado'. Ya es tiempo de que eso cambie", afirmó Silva en el encuentro con los dirigentes del rubro.

En su mayoría, los gremios que se reunieron con el ministro Silva actualmente operan con el denominado "régimen comisionista-afiliador", que permite a una persona ser el titular de una ruta aún cuando no cuente con unidades de transporte o de solvencia económica para garantizar un servicio formal. Ello hace que este convoque a dueños de buses y combis para brindar el servicio, quienes a su vez alquilarán los vehículos a choferes y cobradores. En este sistema, no hay ningún vínculo formal entre los operadores directos de las unidades, los dueños de vehículos y la empresa de transporte.

A decir de varios especialistas, este régimen genera una competencia descontrolada en la que cada actor busca maximizar sus ganancias. El resultado son las numerosas infracciones de tránsito, el pobre estado de conservación de los vehículos, la saturación de las rutas y el pobre servicio ofrecido a los usuarios.

"Régimen comisionista-afiliador" busca ser ampliado por días años más, en perjuicio de la reforma del transporte. Foto: Andina

Sin embargo, esta no es la primera vez que se pretende retroceder en los esfuerzos por la reforma del transporte en Lima y Callao. En efecto, el partido oficialista Perú Libre tampoco es el único que ha pretendido ampliar por años la situación del caótico sistema de transporte que afecta principalmente a la capital.

Estas propuestas de ampliaciones tienen su antecedente más cercano en iniciativas presentadas por el Congreso anterior, cuando los partidos Fuerza Popular y Acción Popular impulsaron proyectos de ley para extender las autorizaciones en las rutas y detener la reforma.

Estas iniciativas fueron presentadas por los entonces legisladores Marcos Pichilingue (Fuerza Popular) y Luis Carlos Simeón Hurtado (Acción Popular), quienes plantearon ampliar automáticamente las autorizaciones a todas las combis de Lima y Callao por 6 y 10 años, respectivamente.

En agosto de 2020, la bancada de Fuerza Popular presentó un proyecto de ley para ampliar automáticamente las licencias de rutas otorgados a la Municipalidad de Lima y la Municipalidad del Callao.

En el caso de Fuerza Popular, en agosto de 2020, el grupo fujimorista respaldó el proyecto de Ley que propuso ampliar por 6 años las licencias de ruta a combis y cústers de Lima y Callao. Además, propuso que dos representantes del gremio de transportistas integren la mesa directiva de la ATU.

El proyecto fue finalmente retirado por decisión de la misma bancada de Fuerza Popular en octubre de 2020, algo que entonces fue comunicado por el secretario general de esa organización política Luis Galarreta. "Corresponde a la ATU plantear una solución integral", señaló entonces en referencia a la ampliación de la licencia a los transportistas.

Por otro lado, en Acción Popular, el entonces legislador Luis Simeón, quien era presidente de la Comisión de Transportes del Congreso, propuso el 30 de septiembre de 2020, extender el plazo de las autorizaciones por 10 años. Según indicó, la iniciativa buscaba que los operadores del servicio de transporte puedan adecuar "su flota vehicular adoptando las acciones pertinentes de manera paulatina y progresiva" para garantizar un servicio "óptimo, seguro y eficiente".

En septiembre de 2020, Acción Popular propuso ampliar las autorizaciones de circulación por 10 años. En junio de 2021, también buscó ampliar las vigencias por seis años. 

A pesar de que ese proyecto fue rechazado en el Pleno del Congreso, Simeón volvió a intentar una prórroga de seis años a favor de las combis, buses y cústers con otra iniciativa legislativa presentada en junio de 2021, cuyo debate se programó para la denominada 'cuarta legislatura'. Con el tiempo apretado, la propuesta finalmente no fue vista por el Pleno del Congreso.

No obstante, la ampliación de la autorización de las rutas a las mencionadas unidades de transporte fue prorrogada en dos oportunidades por la ATU. La primera vez fue de noviembre de 2020 a abril de 2021. La segunda fue desde mayo hasta octubre de este año. En ambas extensiones, la ATU indicó que solo se ampliarían las autorizaciones de circulación a vehículos que cumplan las condiciones técnicas mínimas, como cilindrada y peso neto, así como que no cuenten con imposición de sanción.

¿Por qué tanto interés político? 

En opinión del gerente general de la Fundación Transitemos, Alfonso Florez, el hecho de que el gobierno, y en anterioridad otros partidos políticos en el Congreso, hayan buscado frenar la reforma del transporte tiene que ver con que decenas de miles de peruanos viven de la informalidad de este sistema, lo cual es una fuente política de votos muy fuerte.

Florez explicó a Convoca.pe que el caos en el transporte público a nivel nacional tuvo su inicio en el gobierno de Alberto Fujimori, quien quebró la Empresa Nacional de Transporte Urbano (Enatru) y permitió que cualquier persona pueda hacer transporte en medio de la crisis económica de inicios de los noventas, modelo que se ha mantenido con los años.

El experto en transporte urbano agregó que el ministro Silva se equivoca en prometer a los transportistas que ampliará sus autorizaciones por 10 años y consideró que el titular del Ministerio de Transportes no entiende que desde la creación de la ATU, en diciembre de 2018, este entidad ha trabajado por consolidar la absorción de las gerencias de Transporte de Lima y Callao, así como las del Metro de Lima y del Metropolitano.

María Jara está en la mira del ministro de Transportes, quien señaló a los transportistas que ya le ha pedido dejar la presidencia de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Foto: Andina

A esto agregó que Silva es "muy poco serio" cuando afirma que va a reestructurar esta autoridad, pues esto significaría un nuevo retroceso para una reforma del transporte que requiere institucionalidad y un plan de largo aliento que trascienda a los gobiernos de turno.

"El ministro cree que como la ATU se creó hace tres años, se puede venir con una varita mágica para solucionar el problema del transporte. Al menos necesitamos 20 años de trabajo sostenido para cambiar el modelo comisionista-afiliador actual hacia un modelo de verdaderas empresas de transporte urbano", sostuvo el gerente de la Fundación Transitemos.

En tanto, la directora del observatorio Lima Cómo Vamos, Mariana Alegre, consideró que las iniciativas previas de algunas bancadas parlamentarias y la actual del gobierno se deben además a un mal cálculo político, pues si estas organizaciones llevaran propuestas para solucionar el problema del transporte tendrían más votos a su favor.

"Hay más votos en los usuarios que en el voto de los transportistas. Hay una gran masa de población por atender solo en Lima y Callao", dijo a Convoca.pe.

Además, Alegre indicó que si el gobierno de Pedro Castillo busca apostar por la gente más necesitada, debe atender con prioridad la reforma del transporte público que es justamente el que utiliza la población más pobre.

La directora de Lima Cómo Vamos advirtió que de concretarse la ampliación por 10 años no será posible hacer transformaciones, ya que los dueños de las rutas se fortalecerán y las presiones serán más fuertes sobre la ATU y los políticos.

La especialista en temas urbanos recordó que actualmente el modelo comisionista-afiliador, que presiona al ministro de Transportes, mueve al día más de medio millón de soles solo por el pago que hacen los choferes por el derecho a utilizar la ruta en la que operan.