El próximo 25 de octubre es el plazo máximo para que el Grupo de Trabajo Sectorial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) presente el informe final que definirá el modelo y los criterios para continuar con el proyecto de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO). Como se sabe, esta infraestructura, que permitiría llevar internet de alta velocidad a casi todas las capitales regionales y provinciales del Perú, fue instalada y operada por la empresa mexicana Azteca desde 2014. Pero debido al poco aprovechamiento que se le estaba dando, el Estado decidió dar por terminado el contrato en julio de 2021.
Hasta diciembre de 2020 solo se utilizaba el 3,2% de su capacidad, a pesar de que durante la vigencia del contrato de Azteca ya se le había pagado con dinero público 290 millones de dólares por concepto de inversión, mantenimiento y operación.
La comisión del MTC no ha adelantado información alguna sobre el contenido de su informe, pero lo cierto es que la Red Dorsal continúa siendo operada por el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) desde el 14 de enero de este año, luego de que la entidad no pudiera contratar un nuevo concesionario.
El contrato público original con Azteca, propiedad del Grupo Salinas, fue resuelto luego de que el MTC decidiera resolver el contrato de concesión por la causal de interés público. Es decir, por el poco aprovechamiento de la infraestructura de la red. A partir de entonces, el Pronatel tuvo seis meses para conseguir un nuevo concesionario, plazo largamente vencido.
El Pronatel realizó una indagación de mercado en noviembre del 2021 y escogió a tres proveedores para la fase final: Cymtel SAC, Ecytel SAC y un consorcio formado por Gilat Network Perú SA, Gilat Home Perú SA y Optical Technologies SAC. Sus ofertas para operar la red fueron de 106, 119 y 139 millones de soles anuales, respectivamente. De acuerdo a un informe de la Contraloría General de la República de este año, Pronatel solicitó una reformulación al consorcio participante, que redujo su oferta a aproximadamente 132 millones de soles. Sin embargo, el proceso de contratación no concluyó debido a la falta de presupuesto.
El economista Carlos Huamán, experto en el mercado de telecomunicaciones, afirma que las ofertas elevadas responden a que las empresas desconocen el estado de la infraestructura de la RDNFO y eso se refleja en la cantidad de consultas que se remitieron al Pronatel por parte de los postores.
“El primer proceso de selección tuvo setecientas consultas. No se había visto algo así antes. En estos procesos suelen haber una cantidad grande de setenta, ochenta. Las preguntas, en síntesis, eran sobre en qué estado está la red o dudas con el anterior contrato de Azteca. El nivel de incertidumbre era tal que los precios ofertados iban a ser altos”, explica.
La segunda indagación de mercado se abrió en marzo de este año fijando como fecha de consultas entre el 21 y 29 del mismo mes. No obstante, se amplió el plazo para absolver dudas cuatro veces más, hasta el 5 de mayo.
El proceso de contratación se canceló finalmente debido a la disposición del Viceministerio de Comunicaciones (parte del MTC) en junio del 2022 para que la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica continúe siendo operada por Pronatel. Esta entidad viene manejando dicha red luego de que suscribierea el "Acta sobre relevo operativo del NOC (Centro de Operación de Redes)" entre el representante del Pronatel y el de Azteca.
Lo cierto es que, de acuerdo a lo establecido por el MTC, el Pronatel puede operar la red directamente o a través de terceros por un periodo no mayor de tres años. ¿Y después? No hay información al respecto. Convoca.pe solicitó insistentemente información a esta entidad pública sobre el futuro de esta infraestructura, pero no hubo una respuesta.
Tarifa poco atractiva
La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) es una estructura de soporte de conectividad que recorre aproximadamente 13 mil 500 km de fibra óptica a nivel nacional y permite la prestación del servicio de internet de alta velocidad. Los expertos la describen como una "vía expresa" de datos.
El especialista en telecomunicaciones, Carlos Sotelo, señala que la creación de esta infraestructura tuvo como objeto desarrollar la conectividad en el país, fomentar la igualdad, pero al ser llevado el proyecto a un concurso público —para el financiamiento del proyecto— se estableció un contrato que se quedó con la condiciones fijas de tarifas desde que se adjudicó. Así, en ese momento se estableció un precio mensual de US$23 por megabit por segundo (Mbps) sin IGV, en cualquier tramo de la red.
De acuerdo con Huamán, esta tarifa fue atractiva cuando el proyecto fue formulado en el 2011. Sin embargo, la cifra permaneció intacta tres años después sin considerar que los precios del mercado de fibra óptica ya habían cambiado.
El economista sostiene que debió consultarse con la entidad encargada de evaluar la fijación tarifaria: Osiptel. De hecho, en un informe sobre el estado de la RDNFO del 2017, la entidad afirma que su opinión no fue muy tomada en cuenta durante este proceso.
Por otro lado, Huamán remarca que las tarifas también van acorde a la densidad demográfica y geografía. “Hay muchas más redes en las ciudades con más población, por lo que tienen menores costos a comparación de donde es más difícil de llegar por la orografía. Pero la tarifa de la red dorsal era igual en todo el ámbito geográfico, por lo que no era muy atractiva”, comenta.
“La red dorsal va a provincias, donde existen redes de transporte [privadas] de otros operadores, pero también va a otras donde no hay. En los sitios donde existen otros operadores [empresas con sus propias redes], cualquier operador pequeño los contrata porque son más económicos”, afirma Sotelo. La tarifa es la principal responsable de que solo se utilice poco más del 3% de la capacidad de la costosa red nacional.
Despliegue
En junio del 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y Azteca suscribieron el contrato de concesión para construir, operar y mantener la red dorsal por veinte años. Dos años después, cuando la fase de despliegue culminó, empezó el servicio portador por el que Azteca proporciona el transporte de telecomunicaciones.
El Estado invirtió un total de US$290 millones por inversión, mantenimiento y operación. La red tenía un modelo de cofinanciamiento, en el que el Estado terminó pagando US$ 192 millones más que Azteca.
“El cofinanciamiento implica que el estado es quien aporta el dinero necesario para que el precio sea viable para el concesionario. Este vende según el modelo financiero del proyecto. En este caso, era un fideicomiso con Pronatel. Por ejemplo, si es que el cofinanciamiento, para ser viable, era de cien y Azteca vendía diez, el Estado ponía el complemento para que llegue a esa cifra, y así con los demás”, explica Huamán.
En 2012, con la Ley de Promoción de la Banda Anacha (Ley 29904), se declaró de necesidad pública la creación de la Red Nacional del Estado Peruano (Rednace) con la finalidad de garantizar la conexión a colegios, hospitales, comisarías, etc.. En suma, a instituciones con fines no comerciales. La norma establece que un porcentaje de la capacidad de la RDNFO será utilizada para ello y que le corresponde al Estado determinar los términos y condiciones.
La RDNFO abarca 180 capitales de provincia de las 195 que hay en el Perú. De acuerdo con un artículo publicado por el economista Humberto Campodónico en el portal Otramirada, la Red Dorsal puede proveer internet a más de mil quinientos distritos, 82% del total en el país, sobre todo rural. Sin embargo, la Rednace no ha aprovechado esta oportunidad debido a la falta de reglamentación de la ley.
Carlos Sotelo sostiene que los posteriores funcionarios no reglamentaron claramente el uso de la reserva de capacidad de la Red Dorsal, por lo que la Rednace se quedó en el aire unos años. Menciona que, con este retraso, las instituciones públicas ya habían contratado proveedores privados, por lo que Rednace ya no fue una opción.