Congresistas de diferentes bancadas solicitaron la inmediata presencia en el Parlamento de la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva Luperdi, así como una investigación en torno a la creación del programa “Reactiva Perú”, luego que Convoca.pe revelara que dos empresas supervisoras investigadas por el caso Lava Jato obtuvieron millonarios préstamos bancarios con el aval del Estado peruano.

Al respecto, la comisión de Economía del Congreso, acordó el 17 de junio citar a la ministra María Antonieta Alva Luperdi, para que explique la razón para incluir a dos empresas investigadas por el caso Lava Jato en el programa "Reactiva Perú".

Los legisladores Carmen Omonte (Alianza Para el Progreso) y Jim Ali Mamani Barriga (Unión Por el Perú), ambos integrantes de la Comisión de Economía del Congreso, pidieron explicaciones al Poder Ejecutivo respecto a cómo CESEL S.A. y HOB Consultores S.A., supervisoras bajo investigación en el Ministerio Público por su vinculación con actos de corrupción de constructoras brasileñas, obtuvieron los préstamos de Reactiva Perú por 10 millones de soles y 3 millones 200 mil soles, respectivamente.

En diálogo con este medio digital, Mamani Barriga dijo que envió un oficio a Anthony Novoa Cruzado, presidente del grupo de trabajo de Economía del Legislativo, para que solicite facultades de comisión investigadora e indagar sobre la creación del programa Reactiva Perú. “Queremos saber cuál fue la determinación de criterios para el otorgamiento de garantías para los beneficiarios de estos créditos a través del sistema financiero al ver a tantas empresas cuestionadas”, refirió.

Consideró que son indicios graves que dos empresas implicadas en el caso Lava Jato hayan recibido los créditos, por ello, y remarcó que se debe investigar cuáles son fueron los filtros para asignar los préstamos del programa de rescate financiero del gobierno de Martín Vizcarra, a través de la comisión con facultades para solicitar levantamiento de secretos bancarios. “No se si es incapacidad o un error del gobierno, esperamos que logremos las facultades”, enfatizó Mamani.

Oficio enviado por el congresista Jim Mamani Barriga

A su turno, Carmen Omonte manifestó que desde la comisión parlamentaria se debe pedir explicaciones a la ministra María Antonieta Alva Luperdi, en relación a cuáles fueron los filtros que se aplicaron antes de otorgar los créditos garantizados con fondos del Estado por 30 mil millones de soles. “De esto debió estar al tanto el Ministerio Público, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Contraloría, sobre todo si una de estas empresas debe pagar una reparación civil”, apuntó.

“Creemos que debió incluirse requisitos más rígidos y más mecanismos para que no existan empresas relacionadas a Lava Jato u otros casos, que obtengan estos préstamos, pues en realidad el objetivo del programa de rescate financiero es no afectar la cadena de pago y beneficiar a los trabajadores. ¿Cómo sabemos que será así?”, expresó la legisladora Omonte.

Como se recuerda, uno de los requisitos para recibir los préstamos según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es que las empresas no estén dentro del alcance de la Ley 30737, que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos.

CESEL S.A. y HOB Consultores S.A. fueron supervisoras de empresas incluidas en alcances de la ley 30737

Pero, en el caso de CESEL S.A. —según reveló Convoca.pe—, esta compañía se encuentra incluida como tercero civil responsable en el caso de irregularidades y corrupción relacionadas al Hospital Antonio Lorena, de Cusco, y la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Anticorrupción confirmó que esta deberá pagar 214 millones 840 mil soles por reparación civil. 

Desde 2003, esta empresa supervisó las obras Odebrecht, Camargo Correa, Queiroz Galvao, Andrade Gutiérrez y Aterpa M. Martins, constructoras brasileñas que están incluidas dentro de la Ley 30737. Sobre HOB Consultores S.A., esta se adjudicó contratos para supervisar al menos cuatro obras de constructoras brasileñas, entre 2007 y 2015: de Odebrecht, OAS, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa y Queiroz Galvao, las cuales están investigadas por corrupción.

En tanto, para el congresista de Unión por el Perú, Javier Mendoza, tras comprobarse que CESEL S.A. y HOB Consultores S.A. accedieron préstamos con el programa del gobierno, se demostraría que se entregó "un premio a la corrupción, que le ha hecho daño al país". 

"Debe corregirse la norma porque no puede ser que sectores involucrados con la corrupción reciban estos préstamos. En la próxima sesión de la Comisión de Presupuesto, por supuesto que le preguntaremos a la ministra Alva sobre este tema", aseveró. 

Actualizado 17 de junio 2020