Con servicios básicos colapsados, obras inconclusas desde hace años y un abandono estatal sostenido, la provincia de Purús (Ucayali), de población mayoritariamente indígena, atraviesa una de las crisis más graves de las últimas décadas. La emergencia ha reactivado el conflicto en torno al Parque Nacional Alto Purús (PNAP), al que sectores de la población y autoridades locales señalan como responsable del aislamiento de la provincia. Aunque José Jerí llegó hasta la zona en enero para hacer promesas, líderes indígenas advierten que, de persistir la desatención estatal, evaluarán solicitar asistencia humanitaria al Estado brasileño.

Ubicada en uno de los extremos más inaccesibles de la Amazonía peruana, Purús enfrenta a inicios de 2026 una crisis humanitaria agudizada por el desborde de ríos, especialmente el Curanja. Se han  inundado cultivos de yuca y plátano en al menos quince comunidades indígenas y dejado a más de dos mil personas en situación de extrema vulnerabilidad.

Para los pueblos Huni Kuin, Madija y Sharanahua, la inundación no es solo una tragedia climática desatendida por el Estado. Es el síntoma visible de un problema estructural: un aislamiento que se arrastra por décadas, que ha costado vidas y que ha convertido a la provincia en un campo de disputa entre dos visiones opuestas de desarrollo y conservación. Para autoridades locales y parte de la población, la principal causa de este aislamiento es la existencia del Parque Nacional Alto Purús.

La frustración es evidente. El presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Purús (FECONAPU), Roy Jijida, denunció que el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) no había realizado el registro oficial de la inundación de enero de 2026, incluso dos semanas después de ocurrido el desastre, retrasando la llegada de ayuda humanitaria para comunidades que han perdido sus medios de subsistencia. Para Sergio Salomón, comunero Huni Kuin y miembro del consejo directivo de ORAU, “ninguna autoridad se preocupa por Purús, ni el alcalde, ni nadie. Solo buscan su propio provecho y aprovechan la desesperación de la gente; luego todo sigue igual”.

Conectividad fallida

La crisis ha vuelto a colocar en el centro del debate la conectividad de Purús. Para un sector de la población y de las autoridades locales, la existencia del Parque Nacional Alto Purús y de las Reservas Indígenas asociadas constituye el principal obstáculo para la construcción de una carretera hacia la ciudad de Atalaya. Sostienen que, aunque estas áreas fueron creadas para proteger a pueblos indígenas en aislamiento, en la práctica han profundizado el aislamiento de toda la provincia. En este contexto, el transporte aéreo, planteado como alternativa, no es considerado una solución viable debido a las constantes fallas del servicio que el Estado se comprometió a garantizar.

Sin embargo, documentos oficiales y especialistas consultados coinciden en que el verdadero cuello de botella no es el área natural protegida, sino la desidia de las autoridades del sector Transportes y Comunicaciones, así como la lentitud e ineficiencia del Gobierno Regional de Ucayali.

Purús cuenta con una pista de aterrizaje diseñada para aviones de gran tamaño. La pista de Puerto Esperanza, capital de la provincia, es responsabilidad de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Actualmente, la pista se encuentra inoperativa e impide el ingreso regular de aeronaves de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), como los aviones Hércules de 14 toneladas, fundamentales para el traslado de ayuda humanitaria.

A esta limitación técnica se suma una parálisis financiera. Según fuentes reservadas, CORPAC mantiene una deuda millonaria con la FAP, lo que restringe severamente sus operaciones. Mientras tanto, el Congreso discute transferencias de hasta 23 millones de soles para cubrir horas de vuelo en una provincia donde el pasaje aéreo comercial puede costar entre 1,200 y 2,000 soles.

Para Paola Naccarato, especialista de WCS y exdirectora de Asuntos Ambientales del MTC, la alternativa más viable y segura es el fortalecimiento del transporte aéreo subsidiado, descartando las propuestas de conexión terrestre por los “riesgos socioambientales críticos e irreversibles” que implican. Advierte que una carretera funcionaría como una puerta de entrada al narcotráfico, la tala y la minería ilegal, convirtiéndose en un factor determinante de deforestación. “Es como abrir una herida en un organismo sano”, señala, inclinando la balanza hacia la mejora de la infraestructura aeroportuaria como la opción con mejor balance costo-beneficio.

Esta posición es compartida por Arsenio Calle, jefe del Parque Nacional Alto Purús, quien sostiene que la solución pasa por una conectividad multimodal y no por el asfalto. Calle advierte que una carretera sobre territorios ancestrales “sería una violación a principios internacionales de derechos humanos” y que el contacto forzado con pueblos indígenas en aislamiento, como los Mashco Piro, representaría una sentencia de muerte debido a su fragilidad inmunológica. “Proteger el parque es proteger sus vidas”, subraya.

En la misma línea, Hauke Hoops, de la Sociedad Zoológica de Frankfurt (FZS), afirma que “la población no va a tener futuro sin una naturaleza intacta. Se conserva la naturaleza en favor de la población. Somos parte de ella; sin naturaleza no hay desarrollo”.

Un hospital que nunca llega

El abandono estatal también se refleja en la gestión de la inversión pública. Actualmente, más de 64 millones de soles permanecen paralizados en solo dos proyectos: la ampliación del Centro de Salud de Purús (CUI 2094506), con un presupuesto de S/ 45.7 millones y ocho años de retraso, y el proyecto de recuperación de ecosistemas degradados (CUI 2342592), con más de S/ 18 millones comprometidos.

El caso del centro de salud es especialmente crítico. El proyecto se inició en 2017 con un plazo de ejecución de dos años, durante la gestión del Gobierno Regional de Ucayali. A finales de 2025, la infraestructura física presentaba un avance superior al 90 %, pero el equipamiento médico y el mobiliario registraban 0 % de ejecución. Hoy, el edificio permanece vacío y deteriorándose.

Martín Villafuerte Miranda, subgerente de obras del GOREU, confirmó que, al 15 de enero del 2026, el Centro de Salud de Purús tiene un avance del 81.20% y se encuentra paralizado por una doble problemática: el aislamiento geográfico, exacerbado por las lluvias y una huelga indefinida de comunidades nativas que exigen soluciones estructurales.

El funcionario reconoció que informes de Contraloría alertaron sobre responsabilidades de funcionarios por la falta de supervisión entre 2019 y 2024 y la aprobación de adelantos irregulares. No obstante, defendió la gestión actual, señalando que los sobrecostos se deben a factores externos como la COVID-19 y las dificultades de traslado. La recepción de la obra se proyecta para abril o mayo de 2026, pero este cronograma depende de que se levante la huelga. 

Mientras los recursos públicos se diluyen en la inacción, niños como Yaiza T. padecen desnutrición severa y parasitosis, y otros menores han fallecido esperando una atención médica que la infraestructura inconclusa no puede brindar. Ante esta situación, FECONAPU, con apoyo de organizaciones aliadas como la ONG DAS y la Defensoría del Pueblo, sostiene la atención de emergencias y evacuaciones médicas que el Estado no logra cubrir.

El Parque Nacional en disputa

Para Hauke Hoops, la creación del Parque Nacional Alto Purús tuvo como objetivo central la conservación de la biodiversidad amazónica, pero reconoce que en sus más de 20 años de existencia la población local no ha visto materializados los beneficios que deberían acompañar una política de conservación: servicios básicos, oportunidades de desarrollo y mejora en la calidad de vida. Esta ausencia, señala, ha alimentado la frustración y la percepción de aislamiento.

Aunque la conectividad de Purús está reconocida como necesidad pública en la Ley N.° 30574 y contemplada en el Plan Maestro del PNAP, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) no asume compromisos directos para resolverla. Sus acciones se limitan a medidas de monitoreo ambiental, sin abordar el principal problema estructural de la provincia.

La situación ha llegado a un punto de quiebre. FECONAPU ha reiterado que, de continuar la indiferencia estatal frente al derecho a la salud y a la vida, solicitará formalmente asistencia humanitaria al estado brasileño de Acre.

En ese contexto, José Jerí visitó Purús el 18 de enero de 2026 y anunció una serie de compromisos, entre ellos la mejora del aeropuerto y la construcción de un Tambo en una comunidad de la cuenca. Ofrecimientos similares habían sido realizados meses antes al Bloque Putumayo, en Loreto, y a la Organización Regional AIDESEP Ucayali. Hasta la fecha, ninguno de estos compromisos registra avances.

Mientras tanto, Purús sigue bajo el agua y al margen de las decisiones del Estado. La crisis vuelve a plantear una pregunta de fondo: ¿cómo se ejerce la soberanía en un territorio donde no se garantiza ni la salud ni la conectividad básica?