El fin de semana Puno tuvo que lamentar otro muerto más, esta vez en Ilave. Enardecidos, los aimaras han quemado comisarías, instituciones públicas y edificios privados. Luego de casi 20 días de paralización en Puno, el desabastecimiento y el desgobierno ya se sienten. Las declaraciones de funcionarios, como el gerente de la Caja Arequipa, que pide mano dura, y de la presidenta Boluarte, que negó a los puneños su calidad de peruanos, no hacen más que empeorar la situación. Ayer militares entraron en la región.

Las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte continúan. En el sur y en Puno en especial, las principales vías siguen bloqueadas y los enfrentamientos entre pobladores y las fuerzas del orden se han convertido en pan de todos los días, dejando más muerte y heridos por armas de fuego, sin contar la detención de pobladores con vulneración de sus Derechos Humanos. Todo esto no ha hecho más que enardecer a los manifestantes aimaras, quienes han tomado la justicia en sus manos y han quemado instituciones públicas y privadas en las provincias de Yunguyo e Ilave.

Al verse superados, los policías —luego de disparar contra los manifestantes— han optado por retirarse de las comisarías hacia los cuarteles del Ejército, donde permanecen refugiados. El paro, explican periodistas de la zona que prefieren mantener su nombre en reserva, está provocando además desabastecimiento y clima de anarquismo. Y el último mensaje de Boluarte, asegurando que “Puno no es el Perú”, solo genera más polarización.

 

Policia dispara
Policías desenfundaron sus armas en Ilave y dispararon contra la población. Foto: Redes

 

Continúan excesos de la Policía

El viernes pasado las protestas en Ilave, provincia de Collao, se radicalizaron. Los pobladores intentaron tomar la comisaría de Ilave, pero fueron repelidos por los efectivos policiales. Primero con bombas lacrimógenas y perdigones y luego con disparos directos al cuerpo, como muestran varios vídeos difundidos en las redes sociales por medios locales y pobladores. En uno se puede ver, por ejemplo, cómo un policía, ubicado en una plaza, empieza a disparar su arma directamente contra los manifestantes. Y en otro se ve a un policía posicionarse y hacer disparos varias veces desde una esquina hacia los ciudadanos en protesta.

 

Ciudadanos registraron cuando los efectivos policiales usaron sus pistolas en los espacios públicos.

 

En este enfrentamiento Isidro Arcata Mamani de 62 años recibió un disparo de bala en una de sus piernas. El desangramiento fue rápido y murió camino al hospital. El hombre, contaron sus familiares, había llegado desde la comunidad de Marka Collo para comprar gas. Con este ya son 22 los muertos en Puno, incluido el policía que murió calcinado en Juliaca. En la jornada del viernes también resultó baleado en el abdomen Hernán Lima de 46 años. Este se encuentra en el hospital de Puno, donde será intervenido. Además, como resultado de la represión policial se han contado hasta 10 civiles heridos por perdigones.

 

Isidro Arcata
Isidro Arcata murió luego de recibir una bala en la pierna que lo desangró. No participaba de la protesta. Foto: Redes.

 

También la Policía detuvo a 12 personas, entre ellos un menor de 17 años, quienes fueron llevados hasta el cuartel del Ejército de Ilave. Allí, contaron los abogados de los detenidos, los policías les habrían sembrado supuestas armas artesanales, como avellanas (pirotécnicos) y bombas molotov. Les tomaron fotos y las enviaron como supuesta prueba de que serían terroristas. Luego, cinco de los detenidos fueron llevados hasta Puno, donde finalmente fueron liberados gracias a la intervención de diversos abogados y de la Defensoría del Pueblo. A su salida los detenidos denunciaron abusos. 

De acuerdo con los exámenes médicos practicados por la Clínica Ilave a 10 de los detenidos, estos presentan signos de haber sido golpeados. Por ejemplo, Richard Atensio de 41 años presenta contusión cerebral con fractura de cráneo, heridas cortantes y un hematoma en el ojo. O Antonio Supo, Edison Haurecalla y Fredy Perca, quienes presentan fracturas de costillas, entre otros.

 

Estudios médicos advierten que detenidos presentan heridas graves. Foto: Redes

 

El defensor del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona, explicó a Convoca que tomaron acciones para pedir la liberación de estos ciudadanos, primero del menor y luego del resto de pobladores ilaveños. Todos ya se encuentran con sus familias. Sobre las denuncias de maltratos, Ticona señaló que ya pidieron al Ministerio Público que inicie las investigaciones del caso. Además, que recopile los exámenes médicos practicados a los detenidos para determinar si hubo abuso policial.

“En este documento le pedimos al fiscal que aplique la Convención contra la tortura y otros malos tratos y penas crueles y degradantes, que está vigente en el país desde el 2006”, detalló el defensor.

Clima de anarquía

La madrugada del viernes los policías de Ilave abandonaron la comisaría local y se refugiaron en el cuartel del Ejército. Enterados de esto los pobladores quemaron el recinto policial. Y además otras instituciones, como los locales de empresas financieras como Caja Arequipa, MiBanco, entre otras. También destruyeron con piedras la casa de un suboficial que vive en la localidad.

Lo mismo ocurrió el domingo en Yunguyo, justo en la frontera entre Perú y Bolivia. Allí la población quemó puestos de control de Migraciones, Aduanas y también entidades financieras. Los policías se refugiaron en la comisaría para resguardar su integridad. Al día siguiente, un helicóptero sobrevoló dicha dependencia policial y dejó varias bolsas, que se presume serían provisiones para los efectivos acuartelados.

Según explicaron periodistas ubicados en la zona sur de Puno, que prefieren mantener sus nombres en reserva por el temor que se vive en la zona, los efectivos han abandonado casi todas sus comisarías. Aparte de Ilave, el domingo los puestos de Zepita, Desaguadero y Juli amanecieron cerrados y luego fueron incendiados por los pobladores. Señalaron que se está generando un clima de desgobierno y anarquía. “¿A quién se acude si hay una violación o un robo?”, cuestionaron.

 

Caja Arequipa
Entidades financieras fueron incendiadas en Ilave y Yunguyo. Aquí el local de Caja Arequipa. Foto: Redes

 

Mi banco
Los pobladores enfurecieron más con la muerte de Isidro Arcata y empezaron a quemar todo a su paso. Foto: Redes

 

Y es que además de la falta de autoridades del orden, en toda la zona sur ya se siente el desabastecimiento de productos de primera necesidad. Los precios de verduras, carne o pollo se han elevado porque son escasos. Además, nuestras fuentes advirtieron de desabastecimiento de gas, pues el pase a Bolivia, de donde proviene este recurso en la zona sur de Puno, está bloqueado. “El bloqueo es las 24 horas del día. Hay varias organizaciones de comunidades campesinas que se han organizado y se turnan para mantener las vías bloqueadas. Tampoco los dirigentes y presidentes o tenientes gobernadores quieren hacerse cargo. Dicen que son 'autoconvocatorias', pero están bien organizados”, explicó otra fuente.

La mañana de este martes un contingente del Ejército partió desde Puno hacia Desaguadero, pero encontraron las vías bloqueadas. Fueron pasando con dificultad. Al cierre de este informe estaban por llegar a Ilave. Por la tarde un contingente de soldados llegó desde Locumba hacia la ciudad de Puno, liberando algunas vías.

Al respecto, el representante local de la Defensoría del Pueblo, Jacinto Ticona, dijo a Convoca.pe que ya pidieron a la X Región Policial que implemente acciones para garantizar el orden público en la zona sur de la región altiplánica. Sin embargo, dijo que no debería ser de golpe, sino paulatina. “La población sigue enojada con los efectivos policiales. Tendrán que remover y renovar a los policías de esas comisarías. También tienen que ver dónde van a funcionar o si van a reconstruir esos locales. Pero también tienen que conversar con la población, porque puede haber tensión. Cualquier decisión debe ser de manera gradual y razonable. No es tan sencillo”, añadió.

 

Ejército
Miembros del Ejército, provenientes de Locumba arribaron a Puno la tarde de ayer. Foto: Redes

 

Este medio intentó comunicarse con representantes del Ministerio del Interior y de la Policía pero no hubo una respuesta. Roberto More, de la oficina de Imagen Institucional del Ministerio del Interior, señaló ante las preguntas sobre la integridad de los policías y la recuperación del orden en esta zona de Puno, que, “ninguna estrategia de acción puede ser revelada públicamente, menos a un medio de comunicación. La Policía sí está actuando de acuerdo a sus protocolos”. Y pidió que nos comuniquemos con el general PNP Carlos Alberto Malaver, de la oficina de Inteligencia de la Policía. Pero este tampoco quiso dar ninguna información.

Caja Arequipa: Si tiene que usarse las armas, lo lamento

Sobre el daño a la infraestructura de diversas entidades privadas, en su mayoría del sector financiero en el sur de Puno, el gerente de la Caja Arequipa José Málaga brindó una entrevista a un medio nacional el lunes, en la que hizo un llamado a las fuerzas del orden para que, en caso extremo, repriman y usen armas de fuego contra quienes él llamó “horda de delincuentes”.

 

José Malaga
El gerente de la Caja Arequipa calificó a los manifestantes que produjeron destrozos como "horda de delincuentes". Foto: Caja Arequipa

 

El funcionario detalló primero el daño que habían sufrido. En el caso de la Caja Arequipa se trata de dos agencias ubicadas en Yunguyo e Ilave que fueron incendiadas, tanto la infraestructura como el equipamiento. Málaga calculó el monto de los daños en medio millón de soles. Además, dijo que se estaban perdiendo colocaciones (créditos) por más de 900 mil soles en esas zonas, y que el impacto económico será más notorio por la falta de impulso a las pequeñas empresas. Anunció además que cerraron 25 agencias en toda la región altiplánica para resguardar la seguridad de sus trabajadores y clientes. 

Luego de eso, recalcó que el daño a la infraestructura podía solucionarse, porque se activaban los seguros. Pero a la vez hizo un comentario que ponderaba el uso de la fuerza por encima del derecho a la vida. “No justificamos los actos violentos bajo ningún escenario de los dos lados. Pero en este momento las personas que queremos paz, estamos afectados por un grupo violentista minoritario que quiere generar caos y desestabilización. Ante esa situación no queda otra opción que el estado funcione con sus garantías constitucionales. Los únicos autorizados a reprimir y a utilizar armas de fuego para controlar esto son justamente el Ejército, la Policía y las Fuerzas Armadas. Si tiene que llegarse a ese extremo, lamentamos la situación extrema, pero no podemos seguir viviendo en esta situación de anarquía e inestabilidad que afecta a millones de peruanos”, finalizó.