En una reunión en Palacio de Gobierno del pasado 5 de diciembre, la Comisión Presidencial de Integridad entregó al presidente Pedro Pablo Kuczynski un informe que reunía cien propuestas para enfrentar a la corrupción. La primera de esta serie de medidas trae nuevamente al debate una iniciativa que ingresó al Congreso en junio de 2012, pero que el pleno no votó para su aprobación: se trata del proyecto de ley que regulaba la Declaración Jurada de Intereses de personas al servicio del Estado.  

Esta medida incluída en el informe de la Comisión – presidida por el exdefensor del Pueblo Eduardo Vega- recuerda la iniciativa parlamentaria N° 1268, presentada en junio de 2012 por el congresista Luis Iberico, exjefe de Imagen Institucional de la Universidad César Vallejo. En septiembre de 2015 el propio Eduardo Vega solicitó al Parlamento que se priorice el debate de esta iniciativa legislativa para su aprobación en el pleno del Congreso, instancia a la que el proyecto ya había llegado a mediados de 2014 pero que no pudo ser votado. 

Reunión entre Comisión Presidencial de Integridad y el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Foto: Andina. 

Este proyecto señalaba la obligación de empleados públicos y otros que están al servicio del Estado, de presentar una Declaración Jurada de Intereses, con el fin de prevenir y contribuir a la detección de posibles conflictos de intereses en el desempeño de sus funciones.

La propuesta también incluía artículos para sancionar el incumpliento: si no se presentaba la declaración, la sanción representaría el 40% de la remuneración total o ingreso mensual del funcionario, si se entregaba información falsa la sanción sería del 45% de la remuneración total o ingreso mensual y si estaba incompleta, la sanción sería de 10% de la remuneración total o ingreso mensual. 

En la sesión del 4 de junio de 2014, el entonces presidente de la Comisión de Fiscalización, Vicente Zeballos (antes en Solidaridad Nacional y hoy parlamentario por Peruanos por el Kambio), sustentó la propuesta en el pleno y pidió su votación, pero recibió las críticas de su compañero de bancada Martín Belaunde Moreyra quien la calificó de “inconstitucional” y “absurda” y exigió que debía ser revisada e incluso ser devuelta a la  Comisión de  Fiscalización. La propuesta recibió comentarios de otros parlamentarios y Zeballos, quien al ser presidente de la Comisión podía agregar modificaciones a la iniciativa, aceptó las recomendaciones y se comprometió a añadirlas para su posterior debate. Sin embargo, el pleno no la volvió a debatir. 

Vicente Zeballos, ex presidente de la Comisión de Fiscalización. Foto: Congreso.
 

En este ir y venir de decisiones y retrasos parlamentarios, la iniciativa también recogió en agosto de 2015 los pedidos del entonces Contralor General de la República Fuad Khoury y representantes de la sociedad civil para priorizar el debate del proyecto, pero lo último que registró su expediente fueron modificaciones que recogió en mayo de 2016 la Comisión de Fiscalización, ya no presidida por Vicente Zeballos sino por Gustavo Rondón, que no pudo debatir ni aprobar en la legislatura que terminó a fines de mayo de 2016. En ese contexto, y ya con el inicio del gobierno de Kuczynski, la propuesta aguarda una nueva oportunidad para su aprobación y posterior entrada en vigencia. 

Por su parte, la Comisión Presidencial de Integridad – creada por un Decreto Supremo de octubre último- plantea que antes del 31 de enero de 2017, altos funcionarios, asesores directos y quienes ocupen cargos de confianza presenten una Declaración Jurada de Intereses con información sobre sus vínculos "societarios, comerciales, gremiales, empresariales, profesionales y laborales"  anteriores a su cargo público. 

Convoca conversó con parlamentarios que integraron la Comisión de Fiscalización y coincidieron en que esta propuesta no volvió al pleno del Congreso porque la legislatura estaba a punto de terminar. El exparlamentario nacionalista Santiago Gastañadui comentó que la propuesta no se archivó para que se pudiera aprobar en este nuevo Congreso. 

Para Javier Casas, abogado y presidente de Suma Ciudadana, esta medida es positiva pero deberá tener seguimiento y vigilancia para cumplir con los objetivos planteados.   

Como parte de su serie investigativa #PatrimonioSA, Convoca reveló en una primera entrega los conflictos de intereses de un grupo de congresistas vinculados a universidades privadas que tuvieron contratos millonarios con el Estado. En la lista se encontraba el principal financista de Keiko Fujimori e investigado por lavado de activos Joaquín Ramírez, quien tenía negocios con su tío Fidel Ramírez, rector de la Universidad Alas Peruanas, Richard Acuña que era socio de la Universidad César Vallejo y José Luna quien era fundador de la Universidad Telesup (ver más ‘Los millones que pagó el Estado en universidades vinculadas a candidatos y congresistas’).

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Otro caso detectado fue el del parlamentario fujimorista José Luis Elías quien presentó un proyecto de ley para ampliar el régimen extraordinario de formalización de tierras en áreas afectadas por el sismo de 2007 en Ica. Se trata de facultades especiales otorgadas al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) para proveer títulos gratuitamente y sin mucho trámite para predios urbanos. Esto hubiera pasado desapercibido sino fuera porque el legislador era un terrateniente en expansión en San Juan Bautista en Ica (ver más 'El legislador fujimorista que era un terrateniente'). Hoy, José Luis Elías ya no es parlamentario pero su hermano Miguel Ángel Elías ha tomado la posta y ocupa – también con el fujimorismo-   un escaño en el Congreso. 

Con esta propuesta de la Comisión Presidencial,  así como con el resto de medidas incluidas en el informe, se espera promover la integridad y el respeto a los principios éticos en la función pública para el fomento de la transparencia y prevenir y sancionar la corrupción. 

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