La defensa legal del prófugo empresario Gonzalo Monteverde, sindicado de haber constituido empresas como Construmac S.A.C. para recibir dinero de Odebrecht y pagar sobornos en Perú, ha emprendido acciones legales contra el Equipo Especial Lava Jato. 

El último 31 de enero, a pedido de los abogados José Luis Francia y Luis Pacheco Mandujano, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos decidió abrir una investigación preliminar contra la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos y los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez por los delitos de organización criminal, encubrimiento y prevaricato.

Según el documento fiscal, al que accedió Convoca.pe, el Equipo Especial Lava Jato habría otorgado "impunidad o inmunidad procesal" a Odebrecht en los casos de delito por fraude tributario, beneficiando así a exfuncionarios de la constructora investigados en el "caso Gonzalo Monteverde", el "caso Humala", el "caso Keiko Fujimori" y el "caso Club de la Construcción”. 

Como prueba, los abogados del fugitivo empresario se remiten a una  resolución firmada por Zoraida Ávalos el 19 de junio de 2019, en la que decide ampliar las competencias del Equipo Especial y así puedan investigar los casos por delitos tributarios vinculados a Odebrecht. 

A partir de este hecho, el “caso Gonzalo Monteverde” fue derivado al Cuarto Despacho del Equipo Especial a cargo del fiscal Hamilton Montoro, quien rechazó los múltiples pedidos de la compañía brasileña para archivar el caso. 

Ante la negativa del fiscal Hamilton de archivar el caso, el fiscal Rafael Vela lo remueve del cargo y lo reemplaza con la fiscal Diana Canchuaman, quien termina finalmente archivando el caso Gonzalo Monteverde, según se lee en la denuncia. 

Por un lado, la defensa de Monteverde acusa al Equipo Especial Lava Jato de archivar los casos por fraude tributarios vinculados a Odebrecht; sin embargo, por otro lado, reclama que la Fiscalía haya reabierto la investigación contra su patrocinado pese a que el caso fue archivado definitivamente. 

Prófugo Gonzalo Monteverde, acusado de ser el operador de coimas de Odebrecht en Perú

Es importante resaltar que días antes de la fuga de Monteverde, Eduardo Da Rocha Soarez, encargado de la oficina de sobornos de Odebrecht, señaló que las compañías del empresario peruano sirvieron para trasladar dinero ilícito a otros países y para que la firma brasileña pudiera disponer de efectivo y pagar coimas a funcionarios peruanos a cambio de la adjudicación de obras públicas. Entre ellas, millonarios pagos ilícitos vinculados a la construcción de la carretera Interoceánica y el Gasoducto Sur durante el gobierno de Alan García y Ollanta Humala respectivamente.

Abogado de Monteverde: "La denuncia no es para favorecer a mi cliente"

En diálogo con Convoca.pe, el abogado de Gonzalo Monteverde, José Luis Francia, rechazó que la denuncia interpuesta contra el fiscal Rafael Vela sea parte de una estrategia para debilitar la hipótesis fiscal en la investigación contra su cliente. 

"Estos fiscales (Rafael Vela y José Domingo Pérez) no son los únicos. Hay más de 1,000 fiscales a nivel nacional. Cualquiera puede reemplazarlos. Esto (la denuncia) en nada beneficia a mi patrocinado", indicó Francia. 

En esa línea, el abogado cuestionó que la Sunat no pueda cobrar la deuda tributaria a los exfuncionarios de Odebrecht pero sí a Gonzalo Monteverde. 

“Nosotros estamos discutiendo que esto es ilegal y que en algún momento se va a archivar (el caso Monteverde), con ella o sin ella (la fiscal Diana Canchuaman), el Poder Judicial lo va a archivar”, defiende el abogado. 

Francia sostiene que el caso de su patrocinado “ es el único en todo el Perú que se ha abierto sin existir un informe de delito tributario”.  

“Pero eso no quita - añade- que la Sunat tenga el legítimo derecho de cobrar lo que efectivamente deben tanto a Monteverde como a Odebrecht”. 

Los argumentos de la denuncia

De acuerdo con los hechos denunciados, a partir de la resolución emitida por la exfiscal Zoraida Ávalos, el fiscal José Domingo Pérez suscribió el acuerdo de colaboración eficaz y  un acuerdo de cooperación judicial internacional para no investigar ni cobrar reparación civil a los exfuncionarios y funcionarios de Odebrecht en los casos donde no hayan admitido responsabilidad. 

"Utilizando la más alta jerarquía funcional del Ministerio Público (Fiscalía de la Nación), se suscribió una resolución para trasladar la competencia del conocimiento de delitos tributarios al "Equipo Especial Lava Jato" y, en ese escenario, archivar los casos de delitos tributarios”, indica la denuncia. 

No obstante, según la resolución firmada por la exfiscal, la decisión de ampliar las competencias del Equipo Especial sobre delitos tributarios relacionados a Odebrecht buscaba la "unidad de investigación fiscal, mejorar la estrategia fiscal y evitar la duplicidad de investigaciones". 

La investigación preliminar también alcanza a los procuradores ad-hoc del caso Lava Jato Silvana Carrión y Jorge Ramírez, quienes son denunciados por haber participado en reuniones con empresarios vinculados a Odebrecht y haber suscrito acuerdos para evitar el cobro de reparación civil en favor del Estado.

En ese sentido, la Fiscalía ha decidido abrir una investigación preliminar de 90 días contra el fiscal Rafael Vela y los procuradores Silvana Carrión y Jorge Ramírez. 

También se dispuso que los fiscales Hamilton Montoro y Rafael Vela y los procuradores ad-hoc del caso Lava Jato deberán declarar ante la Fiscalía entre el 13 y 20 de febrero de 2025