La procuradora adjunta del caso Lava Jato, Silvana Carrión Ordinola, formará parte del equipo que evaluará desde este lunes 14 de octubre la fase 2 del proceso de implementación y aplicación en Costa Rica de la  "Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Carrión viaja hoy sábado 12 al país centroamericano como "experta evaluadora", junto a la fiscal anticorrupción Mónica Silva, quien está a cargo del caso Alto Piura, proyecto bajo sospecha otorgado a la empresa brasileña Camargo Correa, y un analista legal de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM). La comitiva cumplirá con esta labor hasta el viernes 18.

Al igual que Costa Rica, Perú también deberá pasar la misma evaluación de la fase 2 pero a finales de 2020. En esta entrevista, la procuradora Carrión explica cuáles son los retos y beneficios en este camino que nuestro país inició hace 10 años.

¿Qué normas y medidas son urgentes para que el país acceda a la Convención Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de OCDE? 

El Perú entra en este proceso de adhesión, en la Fase 2 a partir del año 2020. Allí la Organización (OCDE) nos evaluará y verá si se han implementado sus recomendaciones, por ejemplo, si a partir de la dación de la ley que regula la responsabilidad administrativa, cuántos casos han sido sancionados o cuántos casos han sido tramitados bajo la regulación de esta ley. Entonces la Organización probablemente pregunte si hay un instrumento jurídico que sanciona y que trata de evitar este tipo de conductas relacionadas con el soborno internacional, entonces cuántos casos se han verificado en el Perú de este tipo de conductas y que han podido ser sancionadas. Es una de las cosas que nos podrían preguntar la Organización. A nivel nacional también tenemos algunos casos en los cuales también hay la necesidad de este tipo de sanción. Y con todas las investigaciones realizadas, y con la experiencia del caso Lava Jato, va a ser importante para el Perú.

Este proceso de evaluación en el que encuentran Costa Rica y Perú ante OCDE, ¿qué tanto va a acercar a los dos países para unir esfuerzos en casos como el de Ecoteva  (Como se recuerda, a través de Milan Ecotech, empresa costarricense, y otras, se triangularon  fondos a la firma Ecoteva para la compra de inmuebles en Lima a nombre de Eva Fernenbug, la suegra del expresidente peruano Alejandro Toledo, hoy recluido en Estados Unidos a la espera de su extradición).

El tema de la OCDE es el desarrollo económico, y una de las cosas que, según esta organización, puede limitar el desarrollo económico de los países es la corrupción. Respecto a un tema procesal penal como el de Ecoteva y la empresa Ecotech (...), en realidad ahí más operan los instrumentos internacionales en materia procesal y penal, no tanto los instrumentos de desarrollo económico. La OCDE promueve recomendaciones y convenciones a fin de evitar este tipo de conductas ilícitas porque la corrupción es un factor que limita, impide o retrasa el desarrollo económico de los países.

Procuradores Jorge Ramirez y Silvana Carrión en el interrogatorio realizado al exdirector de contratos del tramo 2 y 3 de la Interoceánica Sur, Sergio Nogueira Panicali, en febrero pasado. Foto: El Comercio.

¿Cómo llega el Perú a la segunda fase de la evaluación sobre la implementación y aplicación de esta convención de OCDE?

Con la experiencia que nosotros tenemos respecto a las personas jurídicas, empresas que están siendo investigadas también por actos de sobornos, creo que tenemos varios ejemplos con los cuales Perú puede evidenciar frente a la OCDE que sí se viene sancionando este tipo de conductas. Creo que eso es algo positivo con lo cual podemos presentarnos ante esta organización para ser evaluados de manera positiva respecto a todo lo que se ha venido avanzando en la lucha contra la corrupción claramente, pero sobre todo, ya no solamente focalizado hacia las personas naturales, sino también hacia las personas jurídicas que están siendo investigadas también en estos casos. A nivel interno creo que hay un buen avance en ese punto y creo que para el próximo año podemos tener avances positivos para pasar esta evaluación. Pero sin duda la experiencia que Perú va a adquirir en Costa Rica, como parte de la evaluación a ese país, va a ser una experiencia valiosa para poder aplicarla nosotros en nuestro propio país de cara a enfrentar la evaluación que también nos toca en el próximo año en la fase 2. Vamos a tener la experiencia de conocer qué cosa es lo que a la OCDE le interesa evaluar. Vendrán otros dos países a evaluarnos y los tendremos acá para explicarles cómo funciona el sistema de justicia en Perú, con todo su marco legislativo para hacer frente a estos casos de soborno internacional.

Como ha sucedido con la investigación del caso Lava Jato...

Tenemos las investigaciones de Lava Jato, pero también hay otras investigaciones de corrupción fuera del equipo especial que son importantes. Hay experiencia como país enfrentando este tipo de delitos de sobornos y que es importante mostrar y explicarle a la OCDE. Se traduciría en algo muy importante para Perú que seamos evaluados de manera positiva y que tengamos derecho a ser parte de esta Convención porque nuestros sistemas están funcionando de manera óptima de cara a enfrentar este tipo de conductas.
 

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