El procurador anticorrupción Amado Enco evalúa el caso de la compra de siete computadoras presuntamente sobrevaluadas que el Congreso planea realizar por S/ 238,468 en total, proceso de adquisición que se inició el jueves 17 pasado.

En diálogo con Convoca.pe, Enco informó que acaba de solicitar de manera formal al presidente del Legislativo, Luis Galarreta, toda la documentación que sustente la referida compra, cuyo valor referencial se estima que tiene un incremento de 30% respecto de su precio en el mercado.

"Hemos cursado un oficio al Congreso, solicitando información sobre el tema de los equipos de cómputo. Estamos acopiando todo el material necesario para analizarlo", refirió.

Añadió: "Tenemos que evaluar si es que se evidencia un caso irregular en el que pueda tener competencia la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios". 

Procurador Amado Enco. Foto: Gestión

La Procuraduría adoptó una medida similar a la que tomó la Contraloría, dirigida por Nelson Shack, quien el miércoles último anunció la creación de una comisión investigadora del caso, que incluirá otras adquisiciones del Parlamento como 60 televisores y 76 frigobares, cuyo valor total bordea los S/120,000.

Ese día, el contralor Shack manifestó que “la Contraloría hace una investigación sobre la base de los temas técnicos y legales y, de ese modo, podremos identificar si hubo sobrevaloración, si se ha festinado algún procedimiento”. 

A lo anterior se suma otra lista de compras con fondos del Congreso: 92 dispensadores eléctricos para agua fría y caliente (S/49.220), 39 deshumedecedores de ambiente (S/42.861) y 59 trituradores de papel (S/39.825). 

Valor referencial de computadoras se basó en supuestas cotizaciones solicitadas a cuatro empresas.

El equipo de analistas de la Procuraduría Anticorrupción también estudiará intervenir en estos procesos de compra iniciados durante la gestión del fujimorista Galarreta como titular del Parlamento.

El delito más visible, según abogados penalistas consultados por este medio digital, apuntaría a la colusión desleal agravada, en torno a la sobrevaluación de artefactos mencionados, crimen que podría llevar a prisión hasta por 25 años a los funcionarios y personajes que resulten responsables de perjudicar el patrimonio del Estado.