Actualización: 9 de febrero de 2022

La Corte de Casación de Italia resolvió hoy condenar a cadena perpetua al exdictador peruano Francisco Morales Bermúdez Cerruti (1975-1980) por la muerte de dos ciudadanos argentinos en el contexto del "Plan Cóndor". También fue condenado a la misma pena el ex jefe de la Policía de Investigaciones del Perú, Martín Felipe Martínez Garay.

A ambos se les ha encontrado culpables de haber colaborado en 1980 en el asesinato de Lorenzo Viñas Gigli, militante de la guerrilla de Montoneros, y de Horacio Campiglia, dirigente de dicho grupo.

Publicación original: 27 de octubre de 2021

El nombre de un longevo dictador peruano sonó fuerte durante esta semana: Francisco Morales Bermúdez. Y no por un hecho resaltante sobre su labor durante la segunda etapa del denominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, entre 1975 y 1980, sino por una próxima sentencia definitiva que deberá emitir el Tribunal Supremo de Italia. En ese país, ya dos instancias judiciales lo han encontrado culpable del secuestro de una ítalo-argentina y de dos ciudadanos argentinos.

Los hechos sucedieron en el contexto del Plan Cóndor, una estrategia geopolítica asumida por gobiernos de Latinoamérica, que persiguió a militantes de izquierda en el marco de la Guerra Fría.

Si bien no se sabía que el Perú hubiese sido parte inicial de este plan impulsado por los regímenes militares anticomunistas de la región, luego se conoció por documentos clasificados del gobierno de Estados Unidos que Perú y Ecuador se incorporaron al Plan Cóndor en 1978. Precisamente, durante el gobierno del dictador Francisco Morales Bermúdez.

Esta estrategia contra partidarios de la izquierda y defensores de derechos humanos supuso los intercambios de información entre los gobiernos militares de al menos siete regímenes de facto. Los servicios de inteligencia estatales actuaron para perpetrar ejecuciones extrajudiciales, secuestros, torturas, desapariciones forzadas y los denominados "vuelos de la muerte", en los que se lanzaban desde aviones a opositores políticos a los ríos o al mar.

Francisco Morales Bermúdez, dictador peruano, y Rafael Videla, dictador argentino. Según documentos desclasificados de Estados Unidos, el Perú se sumó al Plan Cóndor en 1978, durante el gobierno de Morales Bermúdez. Foto: El Comercio.

Esta semana, el Tribunal Supremo de Italia, máxima instancia judicial de ese país europeo, comunicó que en enero de 2022 realizarán la audiencia donde emitirán la sentencia definitiva contra el exdictador peruano. Puntualmente, a Morales Bermúdez se le acusa de haber sido parte del operativo coordinado entre efectivos del Ejército peruano y argentino para el secuestro, tortura y expulsión de tres argentinos en 1980. 

Los tres secuestrados en Lima son la ítalo-argentina Noemí Esther Gianotti de Molfino y los argentinos María Inés Reverta y Julio César Ramírez, quienes fueron secuestrados en junio de 1980. Esto sucedió en las últimas semanas del gobierno de Morales Bermúdez y en la vísperas de la transferencia de la presidencia de la República al civil Fernando Belaunde Terry.

El proceso judicial en Italia tiene dos antecedentes. La primera resolución fue dictada en 2017 por la Corte Penal III de Roma, que dictó cadena perpetua contra Morales Bermúdez. El caso fue visto dos años después por el Tribunal de Apelación de Roma, que en julio de 2019 confirmó la condena a cadena perpetua contra el exmilitar peruano y otros 23 militares latinoamericanos involucrados en otros casos de tortura a ciudadanos que también contaban con la nacionalidad italiana.

Esther Gianotti, María Raverta y Julio César Ramírez, tres argentinos que estaban refugiados en Perú fueron secuestrados por militares argentinos en Lima, durante la dictadura de Morales Bermudez. Foto: Parque de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires

En el libro 'Muerte en el Pentagonito', del periodista Ricardo Uceda, se incluye el testimonio del exagente de inteligencia peruano Arnaldo Alvarado, alias "El Negro", quien afirmó que el secuestro de los tres argentinos fue un operativo conjunto entre el régimen del dictador Videla y militares peruanos durante el gobierno de Morales Bermúdez.

El exagente detalló que la primera secuestrada fue María Inés Reverta, que fue detenida el 12 de junio de 1980 frente a la Iglesia Matriz de Miraflores. Alvarado además dijo que los militares argentinos torturaron en Lima a Reverta para que revelara la ubicación de Ramírez y Gianotti de Molfino, quienes fueron secuestrados también en Miraflores poco después.

Estos hechos fueron denunciados por parlamentarios electos Antonio Meza Cuadra, Javier Diez Canseco, Valentín Paniagua y Manuel Dammert Ego Aguirre, quienes denunciaron ante la prensa estos hechos. El escándalo generó que, los responsables militares y de inteligencia de la operación de secuestro, trasladaran a los tres argentinos secuestrados hasta la frontera con Bolivia, donde también gobernaba un régimen militar dictatorial.

Conocida la muerte de Esther Gianotti, los diputados peruanos viajaron hasta Suiza para denunciar el crimen ante las Naciones Unidas. Imagen: Documento desclasificado de la inteligencia argentina.

Días después, el 19 de junio de 1980, el cuerpo sin vida de la ítalo-argentina, Esther Gianotti de Molfino, apareció en la habitación 64 del sexto piso del hotel Apart Suites Muralto, en el barrio de Argüelles, en Madrid, España. La autopsia reveló que había sido envenenada.

En los casos de los argentinos María Inés Reverta y Julio César Ramírez, estos continúan en calidad de desaparecidos desde hace más de 40 años.

Blindado en Perú

En Perú, Francisco Morales Bermúdez, quien en octubre cumplió 100 años de edad, encontró blindaje en el sistema judicial, gracias al Tribunal Constitucional, respecto a varios delitos de lesa humanidad por los que fue denunciado. Este procedimiento estaba referido al secuestro y deportación a Argentina de 13 peruanos militantes de partidos de izquierda, en mayo de 1978. 

Pese a que la Corte Suprema de Justicia había ordenado abrir una investigación penal contra el exdictador, el Tribunal Constitucional evitó que fuera investigado por el Ministerio Público.

En setiembre de 2020, los magistrados Augusto Ferrero, Ernesto Blume y José Luis Sardón votaron a favor de declarar fundada una demanda de hábeas corpus a favor de Morales Bermúdez para archivar definitivamente la investigación, mientras otros tres integrantes del tribunal -Eloy Espinosa-Saldaña, Carlos Ramos y Manuel Miranda- votaron porque se declare infundada y continuaran las pesquisas. Había un empate numérico en los votos.

Los magistrados Blume, Sardón y Ferrero decidieron que la justicia peruana no pueda ni investigar, ni juzgar a Morales Bermudez por el secuestro de 13 peruanos que fueron expulsados a Argentina.

Sin embargo, este resultado terminó por favorecer a Morales Bermúdez, pues la presidenta del colegiado, Marianella Ledesma, se inhibió de participar del debate por un supuesto conflicto de interés. Como se recuerda, el padre de la magistrada fue Genaro Ledesma, un conocido líder de izquierda que fue detenido y deportado a Argentina por el gobierno de Morales Bermúdez, donde casi fue asesinado.

El voto dirimente recayó entonces en el vicepresidente del tribunal Augusto Ferrero. Ferrero selló el blindaje judicial al declarar que el delito de lesa humanidad, por el que el exmilitar era investigado, habría prescrito.

Los magistrados Ferrero, Blume y Sardón, en el fallo, aseguraron que el Congreso de la República recién había aprobado la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad en el 2003. Debido a que las leyes penales no son de carácter retroactivo, no se podría aplicar esta condición al caso de Morales Bermúdez.

Fuentes cercanas al Tribunal Constitucional indicaron a Convoca.pe que otro caso vinculado al exdictador está pendiente de resolución y que estaba siendo analizado por el recientemente fallecido magistrado Carlos Ramos. Esta ponencia ahora será trasladada a otro magistrado. De recaer en la presidenta Marianella Ledesma, el destino del proceso podría ser el mismo que el fallo del 2019.

Justicia italiana daría ejemplo al Perú

Para el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera, teniendo en cuenta que dos instancias de la justicia italiana han emitido fallos condenatorios contra Francisco Morales Bermúdez por crímenes de lesa humanidad, lo más probable es que el Tribunal Supremo de Italia confirme la decisión y se incluya al ex dictador peruano en la lista de personas solicitadas para extradición.

Sin embargo, Rivera considera que será "difícil" que el Perú entregue al exmilitar a la justicia italiana, pues no cree que la Corte Suprema de Justicia peruana apruebe una eventual solicitud de extradición. “Creo que en el actual escenario se va terminar de imponer la impunidad”, comentó Rivera.

Respecto al fallo del Tribunal Constitucional que blindó a Morales Bermúdez, el abogado del IDL señaló opinó que los tres magistrados que resolvieron a su favor tuvieron un criterio político que terminó por prevalecer. Además, señaló que el máximo intérprete de la Constitución desconoció la condición de crimen internacional y de lesa humanidad en los graves hechos imputados al exgobernante.