Después de tres semanas de haberse difundido el documento judicial del acuerdo de colaboración eficaz de la constructora brasileña Odebrecht suscrito con el Ministerio Público y la procuraduría del caso Lava Jato, se ha originado un enfrentamiento legal entre los procuradores Amado Enco y Jorge Ramírez por los términos de este convenio firmado en febrero pasado.

La tarde del martes último, el procurador anticorrupción Amado Enco presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Jorge Ramírez, procurador ad hoc para el caso Lava Jato, por los presuntos delitos de negociación incompatible y omisión de actos funcionales al supuestamente haber favorecido a Odebrecht en el referido acuerdo de beneficios y colaboración eficaz, 

En el pedido de Enco, al que Convoca.pe tuvo acceso, se afirma que Ramírez fue “más allá de sus atribuciones, otorgándoles beneficios excesivos a los colaboradores eficaces y generando obligaciones económicas al Estado en el extremo de reparación civil” y al omitir sus funciones como procurador público.

La denuncia surge a raíz del establecimiento del cronograma de 15 años para el pago de los 610 millones de soles que el acuerdo de colaboración eficaz establece como monto de reparación civil por parte de la empresa brasileña y la venta de la concesión de la hidroeléctrica Chaglla, ubicada en la región Huánuco.

El procurador Amado Enco sostiene que a la venta de este proyecto se debió aplicar la ley N°30737 que establece el Fideicomiso de Retención y Reparación (FIIR), con el cual ingresaron al erario público por motivo de “retención” 319 millones de dólares (1 mil 52 millones de soles). Este monto, de acuerdo con el documento, se repartió de la siguiente manera: 434 millones soles por deudas tributarias a la SUNAT, 12.5 millones de soles por concepto de reparación civil pendiente de la sentencia de colaboración eficaz en el caso “Carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis”, y 80 millones de soles por concepto del pago de la primera cuota de los 610 millones de soles de la reparación civil fijada en el acuerdo de colaboración eficaz. Al final, quedó un saldo retenido por la venta de Chaglla de 525.5 millones de soles.

Pedido de investigación preliminar formulada por el procurador anticorrupción Amado Enco.

Según el procurador Enco, en lugar de la aplicación de la Ley N° 30737, la cual establece el pago inmediato de la reparación civil, se creó con la firma del acuerdo de colaboración un nuevo fideicomiso “consensuado”, que en vez de tomar los 605 millones de soles restantes (incluidos los 80 millones de soles que se pagó en la primera cuota de la reparación civil de Odebrecht), se optó por acordar el pago de la reparación en 15 cuotas, que terminaría de abonarse el año 2034, es decir en 15 años.

Otro fragmento de la denuncia contra el procurador ad hoc Jorge Ramírez.

Asimismo, el documento presentado ante la Fiscalía de la Nación contempla observaciones al acuerdo de colaboración eficaz suscrito con Odebrecht. Esto, porque según la acusación de Amado Enco, con la inaplicación de la Ley 30737 se excluye a los brasileños Jorge Henrique Simoes Barata, Ricardo Boleira Sieiro Guimaráes, Tenato Ribeiro Bortoletti y Antonio Carlos Nostre Junior del pago de reparación civil dejando como única obligada a hacer los abonos a la compañía Odebrecht, la cual se encuentra en una “situación de insolvencia, con un saldo negativo en su patrimonio de 869 millones 815 mil dólares y con deudas vencidas por 1 millón 272 mil dólares". 

Para Enco esta situación constituye un “acto absolutamente lesivo, pues si la empresa Odebrecht se ve en la imposibilidad de cumplir con el pago de la reparación civil, el Estado no podrá imputar el pago de la misma a los colaboradores eficaces personas naturales".

Al respecto, se mencionan otras tres observaciones: la primera es que las cuatro personas (ex ejecutivos de Odebrecht en Perú) que intervinieron en el acuerdo “quedaron liberadas de su obligación solidaria del pago de la reparación civil"; la segunda, que a partir de la siguiente cuota anual “se amortizará la deuda en montos mínimos de 22 millones de soles hasta la onceava cuota, dejando para el final del plazo las cuatro cuotas anuales de montos más elevados (80 y 75 millones de soles)"; y por último que los 524 millones de soles del FIRR “correspondientes a la retención por la venta de Chaglla será devuelto a Odebrecht por disposición del procurador ad hoc [Jorge Ramírez], aún cuando legalmente este dinero debió destinarse de manera exclusiva para cubrir el pago de la reparación civil y la deuda tributaria".

Parte del documento presentado por el procurador Enco al Ministerio Público.

Por su parte, la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato respondió con un comunicado. Se alega que la denuncia formulada por el procurador Amado Enco es “un acto más de obstaculización respecto al acuerdo de colaboración eficaz, convenio que ha sido aprobado mediante una sentencia del Poder Judicial" y que, asimismo, esta se sumaba a “otras tres presentadas con anterioridad en contra del procurador Ramírez, las cuales persiguen la misma finalidad".

Postura de especialistas

El exfiscal Avelino Guillén señaló que un punto a tomar en cuenta es que las nuevas informaciones sobre montos y nombres clave ('codinomes'), que se conocen desde los interrogatorios a exdirectivos de Odebrecht, se obtuvieron en el marco de lo estipulado en el acuerdo de colaboración con la empresa brasileña.

Asimismo, ante la duda existente sobre si el acuerdo de colaboración corre peligro a raíz de la denuncia contra el procurador Jorge Ramírez, Guillén manifestó que, si bien “el acuerdo de colaboración eficaz [con Odebrecht] continúa vigente, es una sorpresa desagradable esta denuncia penal”, porque “indudablemente va afectar de manera muy importante la labor que desarrollan los fiscales”, pues “si bien, ellos no son denunciados, en todo el texto de la denuncia son mencionados, son comprendidos, y de alguna forma el cuestionamiento no es solamente contra los fiscales del Equipo Especial, sino contra la propia jueza porque ella ha homologado el acuerdo de colaboración eficaz y el cuestionamiento es también en su contra".

Por último, en declaraciones a la prensa, el exfiscal consideró que la denuncia de Amado Enco va a "favorecer los intereses de quienes desde un inicio se han opuesto al acuerdo de colaboración eficaz con un solo objetivo: buscar impunidad".

De otro lado, para el exprocurador y abogado penalista César Azabache "las reglas citadas por [Amado] Enco no aplican" ya que "la negociación incompatible corresponde a casos de contratos públicos, no a la persecución o exoneración de delitos”. En tal sentido, respecto a la omisión de funciones, Azabache anotó desde su cuenta de Twitter que solo "se sanciona [este delito] cuando una orden superior o un mandato legal claro son incumplidos", no siendo este, por consiguiente, el caso del procurador ad hoc Jorge Ramírez.

Accede a la denuncia de la Procuraduría Anticorrupción aquí:

Lee la respuesta de la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato.