El Congreso de la República vuelve a estar en el centro de los cuestionamientos. El último 13 de abril, la Comisión de Energía y Minas del Parlamento aprobó un proyecto de ley que busca ampliar de 30 a 40 años la vigencia de los contratos de concesión en los pozos de petróleo en el país. Y a pesar de que se promocionó como una medida que traería muchos beneficios, sólo provocará un enorme perjuicio económico y social, explicaron especialistas consultados por Convoca.pe.

El dictamen en mención, el PL 804/2021, busca modificar los artículos 22° y 45° de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Según explicó en la última sesión Carlos Alva Rojas, congresista de Acción Popular, autor de la iniciativa y presidente de la comisión, el objetivo es homologar los plazos de explotación del crudo de petróleo con los de la explotación de gas, que se llevan 10 años de diferencia.

“Esta diferencia crea una superposición de operadores para una misma área de contrato”, argumentó el congresista ante su comisión, el último 13 de abril, para decir lo mismo con palabras algo más complicadas para el público general.

Beneficiados

Alva Rojas explicó además que su dictamen es favorable porque revertirá una situación en la que los operadores dejan de realizar inversiones cuando se acerca la terminación de sus contratos y contribuyen a la declinación de la producción de crudo en el país. Justamente, seis operaciones ubicadas en la costa norte del país –en específico, en Piura–, acabarán sus contratos entre el 2023 y 2028. Culminado este plazo, tendrán que devolver los pozos petroleros al Estado. 

No obstante, el investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y especialista en hidrocarburos, Jorge Manco Zaconetti, explicó a Convoca.pe que este proyecto de ley, que aún debe ser aprobado en el Pleno del Parlamento, tiene aspectos que juegan en contra del país para beneficiar únicamente a las compañías petroleras.

“Aquí estamos hablando del Grupo Graña y Montero [Unna], que tiene el Lote V; estamos hablando del Grupo Vera Gutiérrez [Petromont], que tiene el Lote II y XV, pero sobre todo estamos hablando de las empresas chinas estatales CNPC [China National Petroleum Corporation, Lote X] y Sapet [VII/VI]”, explicó el especialista.

Las petroleras chinas tienen operaciones en el norte del país y podrían quedarse por otros 40 años. Foto: Internet.  

El congresista Carlos Alva Rojas había argumentado ante la comisión que preside que su proyecto es viable porque se necesita “levantar la producción de petróleo en el Perú”. Pero según Manco Zaconetti,

Sin embargo, Manco Zanconetti recordó que en 30 años de concesión, en el Lote X, operado por la china CNPC, sólo se hizo una perforación exploratoria para hallar crudo. En contraste, la trasnacional perforó 1.444 pozos de desarrollo para aprovechar las reservas probadas [yacimientos] que dejó Petroperú en 1996. En resumidas cuentas, fue por lo seguro, no hubo mayor desarrollo en los lotes y no incrementó el potencial petrolero del país.

Fuentes citadas esta semana por La República informaron además que Perúpetro debe impedir la renovación a la empresa china CNPC, debido a que esta incumplió sus contratos de operaciones en los lotes 192 y 8. 

“La Disposición Transitoria [del Proyecto de Ley] es tramposa porque dispone que los contratos próximos a sus vencimiento también pueden acogerse al Artículo 22 de la Ley de Hidrocarburos que homologa los contratos de petróleo y gas. Como la ley no puede ser retroactiva, tiene que ser [firmarse] un nuevo contrato por 40 años”, explicó Manco Zanconetti a este portal.

Sin análisis

Como se sabe, la iniciativa legislativa fue aprobada en la comisión de Energía y Minas el último 13 de abril, solo un día después de que el Gobierno inaugurara la nueva Refinería de Talara. En el evento, además del presidente Pedro Castillo y otras autoridades, participó el congresista Carlos Alva Rojas. Según fuentes consultadas por Convoca.pe, el parlamentario se comprometió a no “paralizar” su proyecto hasta que sea bien estudiado.

“Un día antes de que se dé la agenda de cada comisión, no estaba previsto ser debatido el proyecto. Cuando nos dimos cuenta que se había incluido, (…) pedimos que se haga una mesa técnica para poder trabajar aquellos puntos que no veíamos. No estaban claras las cosas. Pedimos que se debata con los técnicos de todos los sectores”, confirmó a este medio la congresista de Perú Libre, Francis Paredes.

La parlamentaria indicó a este medio que lo más preocupante, a su juicio, es que este proyecto ha mutado. Y es que, según se comentó durante el debate de la comisión de Energía y Minas, este tuvo hasta tres versiones anteriores. En este sentido, Paredes solicitó en una reunión con el gerente general de Petroperú que se programe una mesa técnica para debatir la propuesta con expertos.

“Acabamos de decir que esas mesas técnicas son un saludo a la bandera, mucho tiempo. Es un tema que ya todos debían haber leído el dictamen”, afirmó el propio Alva Rojas minutos antes de que se votara por su proyecto sin mayor discusión.

El congresista Carlos Alva Rojas se mostró complacido al saber que su proyecto irá al pleno sin pasar por la revisión de una mesa técnica. Captura de pantalla.  

Para Jorge Manco esta negativa tiene un trasfondo muy cuestionable. “Eso es lo que querían conseguir en el 2016 con la nueva Ley de Hidrocarburos y se han buscado a un congresista ad hoc, Alva Rojas, que es el presidente de la comisión de Energía. Es más, [el proyecto] no tiene opinión de la comisión de Economía”, argumentó el investigador y experto en temas de hidrocarburos.

Afectaciones

La primera versión del proyecto de ley aprobado el pasado 13 de abril fue presentada a la comisión en noviembre del 2021. El mismo establecía que los operadores que pretendían prorrogar sus operaciones debían ofrecer el 25% de sus operaciones a Petroperú. Sin embargo, el reciente dictamen contiene una disposición complementaria final por la que las compañías solo deben presentar un programa de inversión para la renovación. Con esto, la petrolera nacional queda fuera de carrera.

“Si seguimos así [sin aprobar el proyecto], ¿qué petróleo va a usar la refinería [Talara] que ayer [martes 12 de abril] se inauguró? (…). Vamos a seguir siendo un país importador de petróleo. Casi 200 mil barriles diarios importamos. Propongan leyes que cambien y mejoren esta ley de hidrocarburos”, protestó ante sus colegas el presidente de la comisión de Energía y Minas, minutos antes de que se votara por su proyecto de ley.

No obstante, lo que no dijo Carlos Alva Rojas es que su autógrafa más bien puede afectar de manera grave a la petrolera nacional, a la recién inaugurada refinería de Talara y a los usuarios finales de combustible en el país. Esto debido a que no es lo mismo refinar crudo comprado a costo de producción, a 30 o 40 dólares por barril, que adquirirlo al precio internacional, de 100 o 120 dólares, a la operadoras con contrato vigente, lo que sucede actualmente, explicó Jorge Manco.

“Los lotes están en Talara, a tiro de cañón de la refinería. (…). Tienen petróleo para más de 40 o 50 años para alimentar a la refinería a costo de producción. La conclusión de tener crudo propio (…) es que te puede asegurar al consumidor precios más bajos de los que hay en el mercado. Si Petroperú mantiene el 50% de participación en el mercado, habría una forma de regular los precios de los combustibles. Ahora no, Petroperú debe pagar los precios internacionales, más costos de transportes, etc.”, confirmó el especialista a este portal.

Pueblos indígenas tampoco fueron consultados

Más allá del costo de crudo y del combustible final, el dictamen también puede afectar la paz de los pueblos indígenas debido a que eventualmente también beneficiaría a los lotes petroleros de la selva, donde se registran constantes conflictos y derrames, explicó a Convoca.pe la congresista de Juntos por el Perú, Ruth Luque Ibarra, miembro titular de la comisión de Energía y Minas.

Ampliación de la vigencia de las operaciones petroleras puede afectar a las comunidades indígenas, denuncia congresista. Foto: Oxfam.  

“Trasgrede, para mí de modo directo, los derechos de las poblaciones indígenas, porque se está ampliado de manera arbitraria 10 años más para temas de exploración y tampoco se han recogido opiniones del Ministerio del Ambiente y tampoco de Petroperú. Y bien sabemos que estos proyectos de exploración, especialmente en temas de hidrocarburos, afectan a las poblaciones indígenas”, explicó la parlamentaria a este portal.

La parlamentaria argumentó que sería contraproducente aprobar o insistir con una posible ley que impulse o avale los procesos de exploración, cuando en realidad en muchos lugares del país las poblaciones indígenas campesinas donde se desarrollan estos proyectos exigen una mayor participación ciudadana y consulta previa sobre estas operaciones extractivas.

“La redacción del textos es tan ambigua que no es beneficiosa para el país, habla de manera general. No siento que tenga un beneficio (…). Esto genera una alejamiento del Congreso, ahonda su situación de desprestigio. Con iniciativas de esta naturaleza no contribuimos generar ninguna confianza en la población”, sentenció la congresista Luque.

El proyecto fue finalmente aprobado en la comisión con 8 votos a favor, 5 en contra y una abstención. Los congresistas Carlos Alva Rojas, Diana Gonzales Delgado, José Jeri Oré, Jorge Morante Figari, César Revilla Villanueva, Carlos Zeballos Madariaga, María Zeta Chunga y Jeny López Morales respaldaron la medida, a pesar de que esta no fue analizada a fondo con expertos en una mesa técnica.