En la mesa ‘Conflictos de interés e impacto social de las industrias extractivas’ se discutió sobre el papel que juegan los diferentes gobiernos de América Latina, los niveles de criminalidad, violencia y corrupción en ascenso, y la crisis de salud en las comunidades indígenas como resultado de las actividades extractivas que no son reguladas de manera eficaz.

Participaron de esta mesa Joseph Poliszuk (Venezuela), fundador y co-editor de Armando.Info; Milagros Salazar Herrera (Perú), directora de Convoca.pe y becaria del Pulitzer Center on Crisis Reporting; Mauricio Angelo (Brasil), periodista y fundador de Observatório da Mineração; Carlos Monge, asesor y ex director regional de Natural Resource Governance Institute (NRGI); y la moderación estuvo a cargo de Yvette Sierra, periodista de Mongabay.

Por su parte, Carlos Monge, quien viene investigando en Perú las industrias extractivas desde hace 15 años, sostuvo que “hay un universo de impactos negativos.” Entre las consecuencias directas se encuentra la contaminación del agua y la afectación de fuentes como resultado de proyectos mineros de tajo abierto; tal es el caso de la mina Conga en Cajamarca. Monge también alertó sobre la agravación de los efectos negativos del calentamiento global en la Amazonía como resultado de la minería, y su impacto en la tierra y bosques donde habitan las comunidades indígenas y campesinas. 

Asimismo, el investigador peruano señaló que la afectación a los derechos de las personas, especialmente de los pueblos indígenas, son resultado de la invasión de territorios indígenas, concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas (ANP), y el proceso invasivo de deforestación y pérdida de biodiversidad. Monge aseguró que los pueblos indígenas no solo tienen derecho a ser consultados sino a decidir sobre el desarrollo de sus territorios, según los artículos 6 y 7 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Además, el ex director regional de Natural Resource Governance Institute habló sobre la desindustrialización y la informalización, dos de los impactos sociales indirectos más perjudiciales de las actividades extractivas que son los más difíciles de identificar y rastrear. Monge señaló que cerca del 78% de peruanos trabajan en actividades de supervivencia mientras que las élites económicas y políticas acaparan los empleos con capacidad de generar riqueza y derechos para los trabajadores. 

Milagros Salazar, por su parte, hizo hincapié en los crecientes niveles de corrupción como consecuencia de la actividad minera y petrolera en América Latina. Señaló que existen principalmente dos niveles de corrupción; el primero se da en relación a decisiones específicas sobre los proyectos mineros (la existencia de puertas giratorias en la asignación de concesiones y aprobación de estudios, monitoreos, y reportes de evaluación, etc.). Mientras que el segundo nivel se da en la toma de decisiones políticas que afectan directamente al sector de las industrias extractivas (políticas tributarias, estándares y procedimientos ambientales, regulación de impuestos y sanciones, entre otros). 

“Investigar a las industrias extractivas equivale a investigar al gran poder,” sostuvo Salazar, quien señaló que no siempre existen normas pero sí vacíos legales que permiten que estas actividades se desarrollen sin la regulación correspondiente. Indicó que la corrupción es generalizada y se extiende a otros sectores como el de la pesca, donde aún queda mucho por investigar.

Por último, Mauricio Angelo comentó acerca del impacto de diferentes proyectos mineros en Brasil; entre ellos un reportaje sobre los desechos tóxicos de la mina Pitinga de Minera Taboca, la mayor productora de estaño en Brasil. Tras una búsqueda en Convoca Deep Data, la plataforma de datos de Convoca.pe, encontró que Pitinga de Minera Taboca era subsidiaria de la minera peruana Minsur, perteneciente al grupo empresarial Breca, y que Minsur había cometido 53 infracciones ambientales entre 2012-2019.

El Encuentro Latinoamericano de Periodismo para Investigar la Corrupción desde diversas miradas (ELPIC) tiene el objetivo de poner bajo la lupa de periodistas y diversos profesionales los tentáculos de la corrupción a nivel global. Convoca.pe y Escuela Convoca organizan esta primera edición, en alianza con diferentes organizaciones y periodistas independientes, como la Red Global de Periodismo de Investigación (GIJN), Pulitzer Center, el Consorcio Internacional de periodistas de Investigación(ICIJ), OCCRP y Google News Lab.