Carta de Laila Gaber

Lee aquí nuestra respuesta:

En su carta enviada el 14 de mayo, la empresaria pesquera Laila Gaber destaca lo siguiente: que no se le “ha dado la más mínima oportunidad” para que pueda dar su punto de vista “de forma previa y en un plazo razonable” y pide que su nombre, el de sus familiares y empresas se “retiren” de la publicación, según refiere, por cuestiones de seguridad personal y porque, además, considera que su caso no es de interés público.

Sobre lo primero, es falso que no se le dio la oportunidad para que pueda dar su versión.Convoca.pe se comunicó la mañana del 6 de mayo con las oficinas de Corporación Alejandría SAC, compañía de Gaber, para solicitar una entrevista con la empresaria por sus vínculos y los de su familia con seis sociedades offshore creadas por Mossack Fonseca. Y además, se le hizo llegar las preguntas sobre esas sociedades por correo electrónico, a través de su abogado Frank Boyle del estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya Abogados. A él se le informó de la urgencia de una respuesta debido a que nos encontrábamos en pleno cierre de edición.

Al abogado también se le explicó que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) liberaría los nombres de las offshore y sus beneficiarios en las próximas horas, tal como había anunciado varios días atrás. A pesar de ello, Boyle dijo que no podía declarar por teléfono sobre el tema y programó una entrevista para el lunes 9 de mayo, fecha en que ICIJ publicó la base de datos y nosotros una plataforma con un interactivo sobre los clientes peruanos de la firma legal panameña, entre las que se incluyó el caso de la empresaria y se dio cuenta de nuestros intentos de obtener su versión. 

La entrevista con Boyle se realizó la tarde del 9 de mayo, poco después de la publicación. El abogado no quiso ser grabado ni que se le tomaran fotos. Tampoco autorizó que se incluyeran sus declaraciones para publicar una actualización en el interactivo. Durante la entrevista, le preguntamos por cada una de las offshore vinculadas a Laila Gaber y su familia, y cuáles fueron los motivos por los que acudieron a Mossack Fonseca. Boyle confirmó que Gaber estaba relacionada con las seis offshore pero argumentó que fueron creadas por motivos de seguridad. No dio mayores detalles. Cinco días después, el 14 de mayo, envió por correo electrónico la carta firmada por Gaber en la que señala que no tuvo la “más mínima oportunidad” de dar su versión y que con ello se violaba “flagrantemente el deber de veracidad”. Sin embargo, los hechos desmienten esta afirmación.

Como segundo punto, Gaber señala en su carta que su nombre y el de su familia deben ser retirados del aplicativo porque no son “ciudadanos de interés público” al no haber sido funcionarios del Estado o tener procesos penales. Los casos que publicamos no solo incluyen a políticos sino, en su mayoría, a empresarios de diversos sectores económicos por ser los clientes más recurrentes del bufete panameño y porque desarrollan actividades que tienen un efecto significativo en la vida de los ciudadanos.

En este caso, Gaber es empresaria de un sector primordial para el país. Perú es la segunda nación pesquera más importante del mundo, después de China. Y los Gaber son dueños de Corporación Alejandría S.A.C. y Pesquera Isis S.A.C. Fueron dueños de la pesquera Alejandría S.A.C. hasta que en mayo de 2010, China Fishery Group la compró a través de su subsidiaria peruana CFG Investment. Sin embargo, mientras estuvo en manos de los Gaber, en las  temporadas de pesca de 2009 se registra que más del 80% de las 170 descargas de anchoveta de las embarcaciones de Alejandría en el puerto Tambo de Mora, en Ica, tuvieron discrepancias que superaron el 10% entre la pesca declarada en los muelles por los patrones de los barcos y la pesada en las balanzas. Más de 4 mil 600 toneladas de anchoveta se esfumaron de las bodegas de los barcos de los Gaber, según la base de datos de las inspecciones de la pesca industrial a la que accedió Milagros Salazar, directora de Convoca.pe. En el registro se identifica incluso discrepancias que superan el 40% de la cantidad de pescado que llegaba al puerto en las embarcaciones de Alejandría S.A.C. 

Los subreportes de la gran industria pesquera fueron puestos al descubierto en una extensa investigación publicada en 2011 y 2012 en IDL-Reporteros (Ver ‘Cómo se esfuman 100 millones de dólares en pescado’ y la metodología en ‘Cómo se hizo el cálculo’). Esto provocó que la exministra del sector Producción, Gladys Triveño, iniciara una reforma en la fiscalización de los muelles para evitar los subreportes y la pesca negra que afecta la población de la anchoveta, el principal recurso pesquero del país.