La consultora minera y ex Directora General de Minería, Marita Chappuis, sostuvo en su columna del viernes 29 de mayo en el diario El Comercio, que Convoca publicó “comentarios” sobre el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Tía María “de poca rigurosidad técnica”.

Sobre estos calificativos, tengo una respuesta basada en hechos porque en eso consiste mi trabajo periodístico: mostrar hechos de interés público luego de verificarlos. No me ocupo de adjetivar lo que hacen otros sin fundamento.

Empecemos por lo que Chappuis califica como “comentarios”.  El reportaje “La bomba que hizo explotar Tía María”, publicado el 22 de mayo en Convoca y en el diario La República, es una investigación que revela las ausencias y debilidades del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero de Southern que hasta el momento no han podido ser aclarados por el Ministerio de Energía y Minas. El informe periodístico se basa en documentos, en el análisis de expertos y entrevistas con las personas que tuvieron participación protagónica en los hechos.

Esto fue posible luego de acceder a los 35 tomos del proceso de aprobación del estudio ambiental y analizar los puntos principales de los documentos con la ayuda de ingenieros ambientales, no de minas como Marita Chappuis. Nuestro equipo revisó el expediente completo que está archivado en las oficinas de este ministerio que la consultora minera conoce muy bien por dentro, no solo porque trabajó para esta institución durante 14 años (como ella señala en su curriculum vitae), sino porque ha visitado la Dirección General de Minería, que antes estuvo a su cargo, por lo menos cuatro veces en 2014 por “gestión administrativa” como aparece registrado en este ministerio.

Los hallazgos de Convoca fueron confrontados con el ingeniero de Geoservice, César Rodríguez, quien dirigió la elaboración del estudio para Southern y tuvo la oportunidad de dar sus descargos a lo largo de más de dos horas de entrevista. Por supuesto, Chappuis no lo  menciona en su artículo porque prefiere hablar de “comentarios” antes que de hechos. 

Sin tomar en cuenta esta información, la consultora actúa como un sastre que corta de aquí y de allá, ajusta los argumentos a su medida, los saca fuera de contexto, y zas, los publica. “La ‘alarma’ de Convoca”, asegura Chappuis, se centra en “el peligro que la empresa puede usar el agua del río Tambo, porque su planta desalinizadora puede ser insuficiente”. Escrito así, resulta una manipulación. El reportaje dio cuenta de un hecho sólido que advirtieron los ingenieros ambientales consultados por nuestro equipo y que el gobierno ni la empresa han podido aclarar: Southern no incluyó en el EIA el Estudio de Factibilidad de la planta a pesar que este documento debió ser revisado por los evaluadores del Minem para asegurar que la planta realmente tiene la capacidad de procesar el agua de mar que requiere la producción del mineral sin que luego capte agua del río Tambo, del que depende la población.

Comprobar un diseño adecuado de la planta es crucial. Ante el rechazo de la población del primer EIA que proponía usar agua del río Tambo, Southern propuso construir esta planta desalinizadora para captar agua del mar. Pero si ésta, no tiene un sustento técnico que acompañe al EIA, ¿cómo puede ser posible que los evaluadores no lo hayan exigido antes de aprobar el estudio ambiental?

Chappuis tampoco menciona otro hecho que en otros tiempos hubiera sido de su interés. La Dirección de Asuntos Ambientales Mineros del Minem recomendó, en octubre de 2011, evaluar el inicio de “un procedimiento sancionador” contra Geoservice, la misma empresa que elaboró el EIA de Tía María, porque “habría faltado a la verdad” en otro EIA que hizo para los depósitos de relaves de la mina Cobriza de Doe Run. Esta minera fue cuestionada reiteradas veces por Chappuis. ¿Por qué esta vez prefirió obviar este punto del informe deConvoca?

La consultora minera prefirió resaltar que nuestro equipo no se pronunció sobre “el monitoreo de los sedimentos del litoral del río Tambo, que han registrado valores altos de arsénico, plomo y mercurio” y que pueden ser, aunque “no se ha estudiado”, desliza, del “uso intensivo de peligrosos pesticidas que dejan residuos tóxicos”. ¿Que usan los agricultores del valle de Tambo, señora Chappuis? Esta información no fue advertida ni siquiera por el experto que elaboró el EIA de Tía María durante la entrevista con Convoca, pero la consultora que habla de “rigurosidad” técnica, al parecer sabe más que los autores del propio estudio.

Hablemos entonces sobre la rigurosidad de Marita Chappuis. Cuando surgieron los cuestionamientos contra Doe Run por sus reiteradas solicitudes al gobierno peruano para incumplir con sus obligaciones del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en la fundición de La Oroya, yo contacté a Chappuis. Eso fue entre 2007 y 2008. Ella ya no estaba a cargo de la Dirección General de Minería, pero conocía lo controversial de este caso. Y eso hacemos los periodistas: conversamos con los que conocen de cerca los hechos.

Tiempo después, a Chappuis le empezó a incomodar algunos artículos que yo publicaba en IDL-Reporteros. A la vez que me enviaba correos electrónicos cuestionando algunos de mis reportajes, también me enviaba otros mensajes descalificando el trabajo de tal o cual persona, de tal o cual organismo. En ningún caso lograba dar el gran salto que buscamos los periodistas: las pruebas.

Los que participan en el vaivén de correos del Grupo Diálogo Minero, que agrupa a empresas y especialistas de la sociedad civil, deben conocer su facilidad para decir quién sabe o no, quién tiene la razón o no. En suma, su habilidad para desmerecer el trabajo de quienes no piensan como ella. Voy a hacer público un caso por tres razones: porque tiene que ver con Tía María, es un tema que investigué y revela el concepto de “rigurosidad” de Chappuis.

El 30 de marzo de 2011 publiqué en IDL-Reporteros un informe titulado “El silencioso escándalo de la UNOPS, el ministro y Tía María”, que revelaba cómo el Minem canceló el convenio que firmó UNOPS para mejorar la evaluación de los estudios ambientales, después que se conocieran las 138 observaciones que hizo este organismo al primer EIA de Tía María. En ese momento, las graves deficiencias del estudio ambiental que saltaron a la luz, obligaron al Minem a declararlo inadmisible en abril de 2011. En forma simultánea, el ministerio canceló unilateralmente el convenio con UNOPS. Una semana después de publicar el artículo, Chappuis me envió un correo electrónico descalificando el trabajo de UNOPS. Vino mi replica, luego su respuesta. Hasta que la consultora reveló lo siguiente: que ella había sido convocada por este organismo internacional para el trabajo con el Minem pero que se retiró de la “consultoría” con UNOPS por lo siguiente: “vi que era una estafa”. Ni bien leí eso, le solicité conversar para que me explique en qué consistía “la estafa”, pero nunca respondió. 

Como ahora Marita Chappuis prefiere que nuestro debate sea público, es importante que los ciudadanos sepan dónde están sus intereses.

La ingeniera de minas brinda servicios a la consultora Arcadis Perú SAC que tiene como clientes a empresas mineras y constructoras, tal como confirmaron hoy en esta compañía. Chappuis aparece, como parte del equipo de profesionales de la consultora, en laresolución directoral Nº 124-2012-MTC/16, de fecha 8 de mayo de 2012. En este documento se aprueba la inscripción de Arcadis en el registro de “entidades autorizadas para elaborar EIA en el subsector transporte”. Hasta diciembre de 2014, Arcadis también aparecía registrada en el Minem para realizar los mismos servicios para empresas mineras. Según supágina web, entre sus clientes figura la compañía que ahora defiende Chappuis: Southern Perú Cooper Corporation. También aparecen servicios brindados a Volcan, Minsur, Antamina, Milpo, Quellaveco, Angloamerican Perú y Barrick.

La empresa consultora detalla en su website que realizó un estudio de ingeniería para la mina Toquepala de Southern, en Tacna. El trabajo comenzó en marzo de 2012 y asegura que continúa vigente. Para Volcan realizó una “adecuación a límites máximos permisibles y estándares de calidad ambiental”, entre 2012 y 2013, de tres campamentos mineros entre los que destaca Cerro de Pasco, la unidad que concentra el mayor número de infracciones por exceso de límites máximos permisibles en efluentes mineros en todo el país. Volcan es la empresa que más incumple las normas ambientales como demostramos en el reportaje “El Círculo Minero de la Infracción”.

Mientras los proyectos de Arcadis continuaban en marcha, el 26 de diciembre de 2014, Marita Chappuis visitó al entonces director general de Minería, Edgardo Alva Bazán, para una “gestión administrativa”. Esta oficina se encarga principalmente de “promocionar las inversiones en el sector minería”. Nada tiene que ver con asuntos de fiscalización que, en estos tiempos, le debería preocupar a Chappuis.

¿Por qué? La consultora minera, que habla de rigurosidad técnica, también es vocal titular del Tribunal de Apelaciones de Sanciones en temas de energía y minería de Osinergmin, una instancia que da su última palabra para sancionar o no a las mineras por infringir normas en seguridad e higiene. Es decir, aparece en los dos lados del mostrador. Saque usted ahora sus propias conclusiones.