Dos años han pasado desde el tóxico derrame de petróleo en las costas de Lima y Callao, ocurrido el 15 de enero del 2022 luego de una descarga fallida de hidrocarburos en el terminal marítimo La Pampilla, operado por la multinacional Repsol. Desde entonces, la compañía ha emprendido una fuerte campaña comunicacional para minimizar los graves impactos del desastre, ha apelado multas que se le impusieron por 66 millones de soles y ha mantenido en reserva la situación legal que atraviesan sus funcionarios.

Convoca.pe accedió a documentos de la Fiscalía Ambiental de Lima Noroeste y confirmó que ocho ejecutivos de Repsol figuran como imputados en la formalización de la investigación preparatoria, presentada en 2023, por la presunta comisión del delito de contaminación del ambiente. Estos son el español Jaime Fernández Luca de Tena, representante legal del Grupo Repsol y gerente de La Pampilla, y los empleados locales José Gregorio Reyes Ruíz, Carlos Alberto Paiva Venero, Sebastian Guzmán Brioso, José Martín Goméz, Roberto Wong Lay, Cecilia Posada Jhong y Renzo Tejada Mackenzie.

Al momento del derrame, el español Jaime Fernández Cuesta era el máximo directivo de Repsol en el Perú. Foto: Internet.

La fiscalía detecta que tuvieron una "clara intención de minimizar la catástrofe", además de "incumplir las exigencias de notificación, las alertas a las autoridades y población" y "la activación del nivel correcto de emergencia" según el plan de contingencia de la empresa. 

Según la tesis fiscal, Fernández Luca de Tena no cumplió adecuadamente sus responsabilidades de gerente general y líder de las empresas a su cargo y, por el contrario, se dispuso a “desinformar”, como quedó en evidencia en el Reporte Preliminar de Emergencias Ambientales que estaba “intencionadamente falseado en 7 galones de petróleo crudo”. La autoridad señala que esta actitud permitió que el “vertimiento contaminante” cause daño y perjuicio por una cantidad mayor a 11 mil barriles de petróleo en el mar. Y que la compañía, incluso después de saber las causas del derrame, siguió en una “línea de minimización y desinformación”. 

Más de 11 mil barriles fueron vertidos en las costas limeñas, según la Fiscalía Ambiental la empresa buscó desde un principio minimizar el derrame y seguir una línea de desinformación. Foto/Andina:Andrés Valle

Asimismo la presunta responsabilidad penal también alcanza al ciudadano italiano Giacomo Pisani, capitán del buque Mare Doricum, por ‘no asumir eficazmente su responsabilidad de capitán (...) frente al desplazamiento y desequilibrio del buque", lo que posteriormente causaría la rotura del PLEM (infraestructura donde se conectan las mangueras del buque con los ductos de la refinería). Uno de los argumentos preponderantes de la Fiscalía, de acuerdo a las conclusiones de la Pericia Naval de Maniobras, es que no se encuentran evidencias de que Pisani ni su segundo al mando ordenaron la paralización de la descarga luego de la emergencia. 

Otros factores que salen a la luz en estos documentos es que los prácticos marítimos Washington Reynaga (no contaba con licencia vigente) y Anselmo Tovar, ambos de la empresa Representaciones Navieras y Aduaneras Renadsa SAC, debieron estar en el buque, pero no fue así. Tampoco se contó con la ayuda de los remolcadores de la empresa Petrolera Transoceanica SA, coordinados por Abraham Rojas Retiz de la empresa Transtotal Agencia Marítima, lo que habría evitado el desplazamiento del buque. 

La investigación de la Fiscalía Ambiental también se refiere a la rotura del PLEM. Según la tesis del Ministerio Público, Marcelo Bustamante Pinillos, representante de Cosmos Agencia Marítima SAC, avaló información inexacta en un documento titulado "Informe Técnico", del 2 de noviembre del 2017, que firmó. El informe de Bustamante aseguraba a las autoridades competentes las supuestas condiciones óptimas del PLEM, que, como ya se sabe, había sido mal instalado. Por estas acciones, es investigado por la presunta comisión del delito ambiental, en la forma específica del "delito de responsabilidad falsa contenida en informes".

La entidad también añade responsabilidad a la empresa Applus Norcontrol Perú SAC, que inspeccionó la misma infraestructura en el 2019.

Otra acción inmediata no ejecutada fue la intervención —por falta de equipos— de los dos buzos de la mencionada Cosmos Agencia Marítima, quienes debían verificar el lugar y la causa del derrame. Aunque este paso era indispensable en los planes de contingencia aprobados por Osinergmin y Dicapi, no se ejecutó sino 9 horas después del suceso inicial. 

La Fiscalía agrega que el Estado debe exigir a Repsol por el daño causado una exhaustiva rehabilitación ambiental que “involucre los alcances del daño moral y el daño ambiental”. Además, reconoce que la afectación no solo ha sido al ecosistema sino a los “servicios ambientales” que este brinda, lo que tardará varias generaciones hasta restablecerse. 

Por su parte, el abogado Julio Guzman, procurador público del Ministerio del Ambiente, dice a Convoca.pe que el Ministerio Público ya realizó un peritaje económico.

El ciudadano italiano Giacomo Pisani, capitán del buquetanque Mare Doricum, según la Fiscalía Ambiental no asumió efizcamente su responsabilidad de capitán. Foto: Minam.

“Es un caso sólido y que además, dentro de la investigación, recoge evidencia y suficiente material probatorio para demostrarle a un juez que la empresa es responsable de los daños económicos causados en nuestros recursos naturales marítimos”, sostiene Guzmán. Añade que la justicia tendrá todos los elementos para ordenar una reparación civil significativa. 

Al consultar a la empresa sobre su posición ante las imputaciones de la Fiscalía, solo comunicó que “es totalmente respetuosa del marco jurídico peruano”. 

Dos años de lentos avances y nulos resultados
 
Los avances para exigir resarcimientos ambientales y sociales han sido mínimos. Incluso la rehabilitación de las áreas afectadas por parte de la empresa aún no se lleva a cabo y los planes para dicha acción se encuentran esperando la aprobación del Ministerio de Energía y Minas. En respuesta a este medio, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) aseveró que ninguna zona afectada ha sido rehabilitada. 

La empresa presentó un total de 18 planes de rehabilitación al Ministerio de Energía y Minas. 

“Ninguno de estos planes han sido en su totalidad aprobados y, en consecuencia, tampoco son implementados. Nueve de ellos se encuentran en evaluación de requisitos de admisibilidad, dos han sido admitidos y siete fueron calificados como ‘no presentados’ porque no cumplían con los requisitos de admisibilidad”, advierte la abogada Lissette Vásquez Noblecilla, titular de la adjuntía de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo. 

“Necesitamos que esta rehabilitación sea efectiva. Y además es necesario que Oefa continúe con sus labores de evaluación y supervisión”, añade la adjunta.

Por el lado de sanidad pública, los monitoreos de salud mental y física tampoco se han realizado hasta ahora, a pesar de las exigencias de los gremios de pescadores quienes mediante un memorial enviado el 5 de septiembre de 2023 a Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, solicitaron expresamente que el Ministerio de Salud active protocolos para la evaluación de los afectados.

La respuesta por parte del Ministerio de Salud llegó el 22 de septiembre de 2023 y versó sobre el estado de los informes de Digesa en sus monitoreos a las playas afectadas, pero no se tocó ninguno de los temas exigidos por los pescadores. Para el abogado Mario Carranza, encargado de la defensa de las asociaciones pesqueras, sus patrocinados tienen la sensación de que el “Ministerio de Salud da la espalda a la salud”. Tampoco se han tomado en cuenta las reiteradas recomendaciones de la Defensoría del Pueblo para activar un monitoreo de salud mental a la población perjudicada.

Respuesta del Ministerio de Salud a la solicitud de los pescadores sobre los examenes a la salud de la población afectada, en el documento solo se lee acerca del estado de las playas. 

En cuanto a las negociaciones para las compensaciones económicas que Repsol debía pagar a los afectados por el derrame de petróleo, la congresista Ruth Luque y la defensa de los perjudicados coinciden en que estas han sido controladas preponderantemente por la compañía transnacional, de manera vertical y en medio de un halo de secretismo. 

“La presencia del Estado en las negociaciones ha sido nula”, lamenta Mario Carranza, abogado de varios gremios de pescadores artesanales.

Este último punto ha generado una escalada de protestas por parte de los afectados quienes denuncian que la empresa no ha pagado el monto total de las compensaciones correspondientes al año 2023. Estas manifestaciones alcanzaron su pico máximo entre octubre y noviembre del año pasado, cuando los manifestantes bloquearon la carretera central y fueron reprimidos por la Policía Nacional del Perú, que dejó como saldo diversos heridos. 

Las protestas contra Repsol se agudizaron cuando la empresa, de acuerdo a los pescadores, se negaba a pagar el monto total de las indeminizaciones economicaas correspondientes al año 2023. Foto: Pescadores de Chancay.

El mar sigue contaminado 

Un informe sobre monitoreos a zonas afectadas por el derrame de petróleo —elaborado por el Ministerio de la Producción (Produce)— publicado en noviembre de 2023 indica la alta concentración de Hidrocarburos Totales de Petróleo en el mar y las áreas costeras de Ventanilla, Ancón y Chancay. El documento concluye que no hay condiciones para el desarrollo normal de la pesca artesanal. 

Sobre esto, Repsol respondió a Convoca que el informe del organismo tiene “conclusiones erradas” porque posiblemente ha usado un ECA (Estándar de Calidad Ambiental) equivocado, por lo que han pedido la “corrección y rectificación”. Además, a pesar del informe de Produce que advierte la presencia de elementos contaminantes en la zona, la petrolera de capitales españoles reafirma su posición de que “las condiciones están dadas para la reactivación de la pesca”.

De acuerdo a información brindada por Oefa a este medio, los recientes monitoreos realizados por el organismo en los meses de octubre, noviembre y diciembre a los componentes ambientales (agua, sedimento e hidrobiología), han encontrado presencia de hidrocarburos en los sedimentos frente a la costas del distrito de Ventanilla. Y, de acuerdo a las “evaluaciones ambientales de seguimiento y focales correspondiente al año 2023, se superó el ECA para agua en tres formaciones costeras correspondientes al distrito de Ventanilla:  la playa los Delfines y en el distrito de Ancón: las playas Punta Mulatas y Ancón”.

El organismo añade que los comunicados de Repsol donde se desliza la posibilidad de playas libres de hidrocarburos contienen información falsa. “Es información falsa debido a que el OEFA en sus evaluaciones ambientales del 2023 identificó 32 formaciones costeras con presencia de hidrocarburos”, precisa el organismo fiscalizador en sus respuestas a este medio.
 
Con relación al tema de las playas de uso recreacional, la adjunta de la Defensoría del Pueblo, Lissette Vásquez, indica que no existe un verdadero control en el acceso y cuidado de los ciudadanos para no exponerse a playas afectadas por el derrame de petróleo. 

“La Defensoría del Pueblo ha visitado algunas playas ubicadas en Ancón, Santa Rosa y Callao. Y se ha detectado que a pesar de ser, de acuerdo a la evaluación del Estado, consideradas afectadas, no hay control para que los bañistas accedan. No hay advertencias por parte del municipio indicando los riesgos que puede significar exponerse a playas afectadas por el derrame”, precisa Vásquez. La funcionaria incluso advierte que una bañista luego de ingresar a una de estas playas requirió atención médica. Aunque Repsol, mediante un comunicado de prensa publicado el 15 de enero de 2024, asegura que las playas de Ancón y Santa Rosa "hace meses están listas para la pesca, comercio y otras actividades recreativas".

Comunicado de Repsol publicado el 15 de enero de 2024 donde insiste que las playas afectadas por el derrame  están aptas para diversas actividades y mantiene la versión de haber indemnizado al 98% de la población afectada.

El Estado inmóvil 

La congresista Ruth Luque, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, asegura que el papel del Estado peruano ha sido ineficiente para solucionar los problemas de compensación económica, de rehabilitación ambiental. 

“A dos años tenemos un cúmulo de problemas irresueltos de una especie de peloteo entre la empresa y el Estado. De una empresa que dice haber hecho todo. Ellos dicen haber entregado compensaciones al 98%, pero en realidad se entregó a diez mil trescientas personas, cuando la empresa ha recibido innumerables pedidos y memoriales”, precisa la congresista a Convoca.pe.

Para Luque la empresa ha impuesto sus propios criterios frente a un Estado con incapacidad de respuesta ante desastres naturales de esta magnitud. “El gobierno dice que no tiene facultades para obligar a la empresa. Respecto a la remediación ambiental, es negligente la actitud del Ministerio de Energía y Minas. A los dos años simplemente se demuestra que el estado no tiene herramientas soberanas para garantizar ambientes saludables y defender a las poblaciones afectadas”, declara Luque, quien reitera que en este tiempo nunca hubo liderazgo político para emplazar a una empresa “que hace lo que quiere”.