Desde hace más de un año, el Gobierno de México se ha negado a firmar un acuerdo con Brasil para obtener la documentación de los sobornos o coimas pagados a políticos.

La constructora brasileña ha presentado al menos tres propuestas a la Procuraduría General de la República (PGR), en las que se compromete a cooperar para esclarecer los sobornos que pagó en México, además de ofrecer una indemnización por los daños ocasionados en la petrolera estatal Pemex (Petróleos Mexicanos).

Sin embargo, la PGR ha rechazado tanto el acuerdo con Odebrecht como con la Fiscalía de Brasil para obtener la documentación que podría aclarar el involucramiento de políticos y funcionarios mexicanos en la trama de corrupción trasnacional.

La PGR se ha negado a firmar estos acuerdos porque a cambio de la documentación del caso se le exige abstenerse de proceder legalmente contra los ex directivos de Odebrecht que han colaborado con la justicia brasileña.

Es el caso, por ejemplo, de Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México y negociador de los sobornos en Pemex, quien actualmente tiene la condición de colaborador (delator premiado) en Brasil. Pese a haber cometido delito, Weyll no podría ser juzgado en México si la PGR aceptara el acuerdo de inmunidad que piden tanto Odebrecht como la fiscalía brasileña.

Alberto Elías Beltrán, encargado de la Procuradoría General de la República. Foto: Difusión

Por esta situación, la PGR no ha podido tener acceso a los documentos de Brasil ni a los testimonios o confesiones judicializados, por lo que ha realizado una investigación paralela en la que se ha tomado declaración a 12 funcionarios de Pemex y a tres ex directivos de Odebrecht. Sin embargo, la pesquisa no ha avanzado, y hasta la fecha no hay funcionarios bajo procesos penales y menos castigados.

Pese a que ex ejecutivos de la firma brasileña han confesado a autoridades de Estados Unidos y de Brasil que entre 2010 y 2014 pagaron 10.5 millones de dólares en coimas en México, la PGR no ha podido consignar el caso ante un juez para castigar a los responsables.

Los delatores brasileños han señalado a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, como el principal funcionario beneficiado de esta trama de corrupción.

Los pagos a Lozoya —según los delatores— se iniciaron en 2012, cuando se desempeñaba como coordinador de enlace internacional del entonces candidato a la Presidencia de México, Enrique Peña Nieto.

Las investigaciones periodíscticas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) han documentado que los sobornos de Odebrecht en México son mayores a los que confesaron los delatores y superan los 16.5 millones de dólares. Estos pagos ilegales empezaron en 2008 en el estado de Michoacán, luego siguieron en Veracruz, abarcaron el periodo de la campaña presidencial de 2012 y se extendieron hasta 2014.

En el periodo de las coimas (2008-2014), Odebrecht obtuvo en México contratos equivalentes a 4 mil millones de dólares.

La PGR tiene abiertas dos carpetas de investigación del caso: una por los sobornos para obtener contratos en Pemex y otra sobre el presunto financiamiento electoral en la campaña presidencial de 2012.

Los casos de presuntos sobornos en Michoacán y Veracruz, documentados por MCCI, no forman parte de las indagatorias.

Castigo a medias

Tras la revelación de hechos de corrupción en los que incurrió Odebrecht en Pemex, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició investigaciones de los contratos suscritos por la constructora brasileña y como resultado emitió ocho acuerdos de sanción.

En sus pesquisas, la SFP confirmó la información revelada por MCCI, de que en los contratos asignados directamente por Pemex en la refinería de Tula, ubicado en el estado de Hidalgo, habían ocurrido actos de corrupción y que las obras se habían efectuado con sobrecostos o pagos duplicados.

Aunque la PGR no ha consignado el caso ante un juzgado pese a las evidencias de corrupción, la SFP sí ha intervenido y ha emitido cuatro acuerdos de sanción e inhabilitaciones contra la constructora, dos contra directivos y dos más contra ex funcionarios de la petrolera estatal mexicana.

Aparte, la SFP prepara otros tres nuevos procedimientos de sanción, que se espera sean anunciados antes de que el año finalice.

Las multas a Odebrecht suman 668 millones de pesos, que equivalen a unos 33 millones de dólares.
El primer acuerdo de sanción se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 2017, con el cual se inhabilitó para realizar contratos públicos por un plazo de cuatro años a la Constructora Norberto Odebrecht S.A.

El 7 de febrero de 2018, se publicó el segundo acuerdo con una inhabilitación por otros dos años contra la misma constructora. 

Luego, el 12 de abril de 2018, se prohibió a todas las dependencias del Gobierno mexicano a celebrar acuerdos o contratos con Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México, por un plazo de 2 años y 3 meses.

El pasado 16 de abril de 2018 se publicó una nueva resolución para inhabilitar por dos años y seis meses a la filial Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México S.A. de CV.

La empresa brasileña ha impugnado las inhabilitaciones, y el pasado lunes 12 de noviembre un tribunal federal anuló uno de los procedimientos sancionatorios con el argumento de que se violó su derecho de defensa.

El décimo cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa anuló la inhabilitación por cuatro años que se había impuesto a Odebrecht por presuntos daños por 119 millones de pesos en obras contratadas en la refinería de Tula, aunque todavía están en litigio otras tres sanciones.