En su tercer mensaje a la Nación por 28 de julio, el presidente Martín Vizcarra hizo un importante anuncio sobre las acciones que tomará el Gobierno para la reactivación económica del país ante la crisis incrementada por la pandemia. Se trata de las obras de la Línea 3 y la Línea 4 del Metro de Lima, que se ejecutarán a través del modelo de contrato llamado de Gobierno a Gobierno, la misma que la actual gestión gubernamental usó para los Juegos Panamericanos Lima 2019 y que se emplea para la Reconstrucción del Norte.
Según el mandatario, la construcción de los tramos pendientes del Metro de Lima, que unirá las zonas del norte y sur de Lima, así como el este de la capital peruana con el Callao, tendrá una inversión superior a los 30 mil millones de soles, unos 10 mil millones de dólares.
Como se recuerda, la adjudicación y construcción de la Línea 1 del Metro de Lima, contrato que fue otorgado a un consorcio conformado por la empresa brasileña Odebrecht y la peruana Graña y Montero, estuvo inmersa en el escándalo del caso Lava Jato al haberse detectado el pago de millonarios sobornos a funcionarios del segundo gobierno de Alan García, a cambio de ser favorecidos.
En su momento, Convoca.pe investigó cómo se aprobaron las normas especiales que permitieron incrementar el costo de los dos tramos de la Línea 1 del Metro de Lima en más de 400 millones de dólares. Además, como parte de la investigación 'División de Sobornos', este medio de comunicación reveló pagos ocultos de 500 mil dólares de Odebrecht, que aparecen relacionadas a esa obra, en los registros de la División de Operaciones Estructuradas de la empresa brasileña.
El 15 de junio pasado, en Palacio de Gobierno, Vizcarra firmó el acuerdo de Estado a Estado con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, mediante el cual compañías de estos países europeos deberán finalizar las obras de la Reconstrucción del Norte, zona del país que fue afectada en 2017 por el Fenómeno del Niño Costero. Posteriormente a la ceremonia, la directora de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, Amalia Moreno, sostuvo que con esta modalidad se pueden reducir las posibilidades de corrupción o irregularidades.
Esta afirmación también fue ratificada por la embajadora del Reino Unido en Perú, Kate Harrisson, quien precisó que las leyes en su país son muy estrictas sobre casos de corrupción y los sobornos, y que consideran que "no es realmente posible" que esas empresas designadas por las autoridades británicas cometan actos indebidos. Pero, ¿de qué se trata este esquema de contratos de Gobierno a Gobierno? ¿es realmente posible que esta modalidad de contratación pública pueda evitar la corrupción?
Convoca.pe conversó el abogado Juan Carlos Medina Flores, experto contratación pública que trabajó en el equipo de asesoría jurídica de los Juegos Panamericanos 2019. El especialista señaló que la figura de Gobierno a Gobierno (G2G) busca que el Perú pueda aplicar buenas prácticas internacionales en la ejecución del proyecto.
Indicó que a veces esa modalidad puede confundirse con un "acuerdo de entendimiento" o un "convenio", pero que eso no es preciso, pues se trata de una esquema contractual en la que el Estado peruano va a desembolsar fondos públicos para pagarle a otro Estado, que realizará determinadas prestaciones. Además, este tipo de contrato G2G no se realiza en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.
Medina explicó que hay diferentes formas de contratación de Gobierno a Gobieno, ya que puede incluir la adquisición de bienes, como en el caso del satélite comprado al Francia en 2014; o contratos de prestaciones de gestión como en los casos de los Juegos Panamericanos 2019 con el gobierno británico; o el caso de la construcción del Hospital Lorena del Cusco con el gobierno galo. "No es necesariamente que el otro Estado vaya a ejecutar obras", anotó.
Refirió que en las experiencias de los Juegos Panamericanos 2019, el contrato de Estado a Estado permitió que el gobierno de Reino Unido acompañe al gobierno peruano en la ejecución del proyecto, y lo comparó con "un profesor que está al lado, diciéndole al Perú cómo se debe ejecutar el proyecto". No obstante, añadió que la norma de la Ley de Contrataciones del Estado determina que el contrato debe incluir un Plan de Transferencia de Conocimientos relacionados con el objeto del acuerdo, ya que lo más lógico es que los técnicos del Perú adquieran esos conocimientos para no volver a acudir a pedir el apoyo a otro Estado ante un reto similar.
El experto apuntó que para ese evento deportivo el gobierno británico, además de brindar acompañamiento técnico, fue el "agente de procura" de los procesos de selección para los contratos de las obras, es decir que Reino Unido a través de sus consultores se encargaron el diseño de la estrategia de contratación de las constructoras que ejecutaron las obras, mecanismo que no se rige por la Ley de Contrataciones del Estado.
No obstante, Medina precisó que de darse el contrato de Estado a Estado para la construcción de las líneas 3 y 4 del Metro de Lima, bajo una modalidad que incluya la ejecución de las obras, la Ley de Contrataciones del Estado —modificada en septiembre de 2018— permite al otro Estado a ejecutar las construcciones a través de sus propios organismos o empresas públicas, pero también a través de compañías privadas nacionales o extranjeras. "Por ejemplo, si gana el gobierno francés este puede contratar a una empresa inglesa o española para realizar las obras", aseveró.
Comentó que, para esa modalidad, el grupo de países que puede ofrecer la firma del contrato G2G es muy reducido. El especialista indicó que el Perú al hacer las convocatorias precisa que los países que concursen no tengan que elevar la aprobación del contrato a los parlamentos de sus países. Entre esos Estados se encuentran Corea del Sur, Francia, Canadá, Reino Unido, España, Turquía, entre otros.
Contraloría puede intervenir
Al consultarle sobre si esta modalidad de contrato a contrato puede garantizar la reducción o eliminación de irregularidades o corrupción, el abogado Juan Carlos Medina dijo que la corrupción "no pasa por Estados o normas", sino por un tema de personas. Consideró necesario que en la norma se agregue que los Estados postulantes en las convocatorias deben estar en la lista de países con menor índice de corrupción, con el fin de que el Perú tenga más garantía de que no se incurra en actos irregulares.
Sin embargo, Medina precisó que algunos Estados con bajos índices de corrupción que ganen las licitaciones podrían no tener conocimiento sobre las modalidades de ilícitos que cometen personas o empresas corruptas en el Perú. Por este motivo, se podría dejar de establecer los candados o filtros necesarios en los procesos de contratación, justamente porque en sus países no hay tantos casos de corrupción, por lo que es necesario que las instituciones de fiscalización apliquen las medidas necesarias para evitar o detectar irregularidades.
Al respecto, el especialista señaló que la Ley de Contrataciones del Estado, en su última modificación a través del Decreto Legislativo 1444, establece que los contrato de Gobierno a Gobierno pueden incluir cláusulas en las que se indiquen la obligación de remitir la documentación referida a la ejecución del contrato, por parte del otro Estado, a las entidades del Sistema Nacional de Control, es decir a la Contraloría General de la República, órgano que puede realizar acciones para fiscalizar la obra.
Añadió que si bien los contratos de Gobierno a Gobierno no se realizan aplicando la Ley de Contrataciones del Estado, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) sí puede supervisar ese acuerdo. No obstante, anotó que el OSCE tiene poca capacidad de supervisión, razón por la cual es necesario que esa entidad cree unidades que puedan especializarse en los G2G, ante el aumento del uso de este tipo de modalidad contractual.
En respuesta a Convoca.pe, la Contraloría General de la República indicó que los contratos G2G deben tener el acompañamiento mediente el control concurrente pues "se trata de recursos públicos que no pueden dejar de ser supervisados". Además, anunciaron que se tiene previsto el control concurrente al contrato de Estado a Estado firmado con el Reino Unido para la Reconstrucción del Norte.
Sobre el Metro de Lima
Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Línea 3 tendrá una extensión de 45 kilómetros y tendrá 29 estaciones, abarcando los distritos de San Juan de Miraflores, Miraflores, San Isidro, Lince, Jesús María, Cercado de Lima, Rímac, San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos, Comas y Puente Piedra.
En tanto, la Línea 4 del Metro de Lima abarca un total de 31 kilómetros de extensión que cruza los distritos de Ate, La Molina, Surco, San Borja, San Luis, San Isidro, Lince, Magdalena del Mar, Jesús María, San Miguel, y los distritos del primer puerto, Carmen de La Legua y el Cercado del Callao.
Cabe precisar que el tramo de la Línea 4 del Metro de Lima ubicado en el Callao y que está comprendido entre la Estación Gambetta y la Estación Carmen de la Legua, ya es parte de una concesión que fue firmada el 2014 entre el Estado y el consorcio Metro de Lima Línea 2 S.A.C. formado por las empresas españolas Cosapi, Iridium, FCC, Salini Impregilo, Ansaldo STS y Ansaldo Breda, por lo que el resto de las estaciones deberá ser parte del contrato de gobierno a gobierno.
Voz ministerial
Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro, afirmó que la modalidad de Gobierno a Gobierno tiene entre sus beneficios la agilidad y transparencia de la ejecución, el cumplimiento de plazos y la transferencia de conocimientos especializados a favor del Estado Peruano.
“Estamos avanzando con la implementación de mecanismos más ágiles de contratación que nos permitan atender la necesidad de trasladar dignamente a los ciudadanos. Los recursos públicos, que son de todos los peruanos, deben ser invertidos con velocidad, eficiencia y transparencia”, detalló.
Según el ministerio del sector, las líneas 3 y 4 del Metro de Lima y la nueva Carretera Central serán ejecutadas bajo esta modalidad y se tiene previsto elegir a los gobiernos que prestarán la asistencia técnica al Estado Peruano antes de julio 2021.
De otro lado, el ministro Estremadoyro reafirmó que durante el primer semestre del próximo año entrará en operación cinco kilómetros de la Línea 2 del Metro de Lima, cuya finalización se ha retrasado de forma considerable.
Actualizado el 30 de julio de 2020 a las 17:35