La operación masiva en Penha y Alemão, coordinada por el gobernador Cláudio Castro (PL), ya es la más sangrienta en la historia de Río de Janeiro. Pero aún quedan preguntas sin respuesta sobre esta masacre sin precedentes. La Agencia Pública sigue de cerca el caso. A continuación, compartimos unas preguntas y respuestas que le ayudarán a comprender los puntos principales.

1. ¿Cuántas personas murieron?

El martes 28 de octubre, por la tarde, el gobierno anunció 64 fallecidos, entre ellos cuatro policías. Sin embargo, los residentes del complejo Penha, en la Zona Norte, trasladaron decenas de cadáveres a la Praça São Lucas, una de las principales calles de la región.

Con esto, el número total de personas asesinadas desde el martes supera las 100, según confirmó el miércoles 29 de octubre, la Defensoría Pública del Estado.

Se seguirá investigando para determinar la relación entre estas muertes y la operación. Tampoco está claro dónde se encuentran los cuerpos de quienes el gobierno confirmó inicialmente como fallecidos.

2. ¿Cuál es la relación entre las muertes y la investigación policial?

El gobernador Cláudio Castro defendió el operativo de contención. “No vamos a lamentarnos de si nos ayudaron o no. No se puede contar con el apoyo, llevamos a cabo nuestro operativo y fue un éxito”, afirmó Castro.

Sin embargo, los agentes de seguridad habían salido a ejecutar casi un centenar de órdenes de arresto, y el gobierno no aclaró la conexión entre las muertes, los sospechosos y la ejecución de las órdenes.

3. ¿Cuántos resultaron heridos? ¿Y cómo?

Hay informes de residentes que han recibido disparos, incluyendo denuncias de personas que fueron golpeadas por agentes de policía, quienes afirmaron que los agentes los confundieron con criminales, lo cual no justificaría la ejecución.

El gobierno aún no ha aclarado cómo se contabilizarán estas lesiones ni si habrá alguna investigación sobre las circunstancias.

4. ¿Es legal una operación de este tamaño?

La "ADPF das Favelas", como se conoció a la Acción por Incumplimiento del Precepto Fundamental 635, regulaba cómo debían llevarse a cabo los operativos policiales en las favelas de Río de Janeiro. El gobernador de Río la calificó de "maldita".

La ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - Claim of Non-Compliance with a Fundamental Precept) fue votada por el Supremo Tribunal Federal (STF) en abril de este año. A pesar de que residentes y organizaciones solicitaron la prohibición del uso de helicópteros como plataformas de tiro, los magistrados no establecieron dicha norma.

Sin embargo, se determinó que:

*Las escenas del crimen deben ser preservadas por los primeros agentes de policía presentes, sin alteraciones;

*que la policía forense será responsable del examen y la retirada de los cadáveres;

*que toda muerte causada por la acción policial debe ser objeto de una autopsia obligatoria;

*que las operaciones deben ser registradas y los vídeos almacenados;

*que los departamentos de asuntos internos de la Policía Militar y la Policía Civil deben supervisar las investigaciones y finalizarlas en un plazo de 60 días.

Foto de portada: Eusébio Gomes/TV Brasil