El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), herramienta informática del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la que todas las entidades del Estado deben registrar el uso de los recursos públicos, ha sido utilizado por algunos funcionarios de municipalidades y gobiernos regionales sin supervisión, según la Contraloría General de la República.

Convoca.pe revisó las auditorías realizadas por la Contraloría e indagó sobre la información contable de los municipios y halló que autoridades ediles otorgaron facultades a algunos funcionarios públicos, como el acceso al Modulo Administrador de Usuarios, disponible en la página web del SIAF.

Los funcionarios tenían la libertad de crear usuarios sin identificación, como el denominado usuario “Black”, que fue creado para robar recursos públicos y, luego, eliminado. Además, los titulares y suplentes de las cuentas bancarias de las comunas compartían su clave con otros empleados públicos, lo cual está prohibido. 

El SIAF es de uso obligatorio para todas las entidades y organismos del Sector Público, a nivel Nacional, Regional y Local. 

La Contraloría detectó deficiencias en el control interno y falta de supervisión en algunas municipalidades y gobiernos regionales. Además, encontró responsabilidad de algunos funcionarios públicos y servidores, al no haber dado de baja usuarios de personas que ya no laboraban en las municipalidades, los cuales fueron utilizados para actos de corrupción. También atribuye responsabilidad a los empleados a cargo del manejo de las cuentas bancarias, que son designados por los alcaldes.

Las auditorías revelaron que los usuarios fueron creados para acceder al SIAF, con la intención de defraudar al Estado. Muchos de los "pagos fantasmas" se hicieron en horario de madrugada y, en cuestión de minutos, recorrieron todas las fases de pagos: compromiso, devengado y girado que, en un proceso regular de transferencia bancaria, demandan  varios días de verificación a cargo del área de administración y contable de cada municipalidad.

La gerente regional de Control de Lima Metropolitana y del Callao de la Contraloría, Nelly Flores, señaló que el manejo indebido del sistema informático del SIAF recae sobre los responsables de las cuentas bancarias designados en el área de tesorería y administración de los municipios.

"Se ha evidenciado que hay una confianza o, de repente, una desidia de los funcionarios, al prestar su código, apoyarse en algunos empleados, para que puedan realizar las operaciones y así trasladan la información a otras personas, cuando está prohibido, pero parece ser una práctica que se realiza comúnmente", explicó la representante del organismo de control.

Para el registro de las operaciones en el SIAF, los funcionarios públicos a cargo del manejo de las cuentas bancarias de cada unidad ejecutora o municipalidad tienen su código de usuario y clave, que son personales, únicos e intransferibles.

"Es competencia de la unidad ejecutora y de la municipalidad la implementación de las medidas de control y seguridad interna, en el marco de las reglas de descentralización operativa regulada por la ley", respondió a Convoca.pe el Ministerio de Economía y Finanzas.

Según el Ministerio de Economía, realizan mejoras en el sistema del SIAF-SP, a través de mecanismos para fortalecer la seguridad en las operaciones, como la autenticación del DNI electrónico o clave SIAF-SP y claves dinámicas, dispuestas en la Resolución Directoral N° 011 2021 EF/52.03, publicada el 19 de junio de 2021.

Según el MEF, siempre se realizan mejoras en el SIAF-SP a través de mecanismos para fortalecer la seguridad en la pagaduría. 

Casos más impactantes

Los informes de la Contraloría evidenciaron que el mayor robo con el mal uso del SIAF se registró en la Municipalidad Provincial de Padre Abad, en la región Ucayali, donde se detectó un perjuicio económico de 10 millones 275 mil 825.82 soles, por pagos a terceros que no tenían contrato con el Estado. El robo sistemático se produjo durante una semana (Del 8 al 14 de julio de 2020).

De los S/ 33 348 520 del presupuesto asignado en 2020 a la Municipalidad de Padre Abad, en Ucayali, para la ejecución de proyectos y la reactivación económica, S/ 10 millones fueron sustraídos con la modalidad de "pagos fantasmas", según la auditoría realizada por el organismo de control.

Más de S/10 millones asignados para la ejecución de obras para pobladores del distrito de  Aguaytía, en Ucayali, fueron robados a través  de "pagos fantasmas", según la Contraloría.  Foto: Difusión

Al alcalde, Daniel Zegarra Macuyama, le correspondía designar a los nuevos titulares y suplentes en el manejo de las cuentas bancarias del municipio y registrar la inactivación de los usuarios que dejaron de trabajar en la comuna, sin embargo no lo hizo, según establece la Resolución Directoral N° 054-2018-EF52.03.

Del 29 de enero al 29 de julio de 2020 Amador Ruiz Portocarrero y Dennis David Advíncula Vela tuvieron activas las claves y códigos (RU) del manejo de cuentas bancarias, a pesar de haber sido cesados de sus cargos, hecho que nadie observó.

La comisión de auditoría evidenció 39 transferencias interbancarias que fueron autorizadas con las claves del gerente de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Padre Abad, Juan Dennis Pinedo Rodríguez, y la subgerente de Tesorería, Juana María Llanto de La Barra.

Extracto de documento de la Contraloría sobre transferencias bancarias irregulares en la Municipalidad de Padre Abad.

Los responsables del manejo de las cuentas bancarias, que se encuentran acreditados ante la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía, generan sus respectivas claves de acceso en las oficinas del Banco de la Nación, con su DNI, por lo que la clave que obtienen para realizar las firmas electrónicas en la fase de giro en el SIAF es personalizada y confidencial.

Personas implicadas en "pagos fantasmas" en la Municipalidad de Padre Abad, según el informe de la Contraloría.

Los funcionarios y servidores  de la Municipalidad de Pedro Abad negaron que hayan tenido participación en el uso indebido de los recursos públicos, sin embargo el informe de la Contraloría precisa que, para acceder al SIAF, es necesario tener las claves de los funcionarios (Dos titulares y dos suplentes), que autoriza la transferencia de recursos a terceros.

“Para que se utilice el SIAF, los funcionarios públicos tienen acceso a un código de usuario y clave de acceso (intransferible) pero, en este patrón, se evidencia la creación de usuarios y contraseñas que no están asociados a ningún funcionario público o que pertenecían a algún ex funcionario que dejó de prestar servicio para el Estado. Utilizando ese usuario y clave se han registrado operaciones en el sistema, como si se tratara de una adquisición regular de un bien”, explicó Nelly Flores, representante de la Contraloría.

Por este hecho, la comisión de auditoría de la Contraloría determinó que recae responsabilidad administrativa y/o penal en siete ex funcionarios y servidores de la Municipalidad de Padre Abad.

Alcalde implicado en “pagos fantasmas”

El alcalde de Padre Abad, Daniel Zegarra, está recluido en la cárcel de Pucallpa, desde el 18 de junio 2021, luego de que le fue revocado el mandato de comparecencia, por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio, en agravio de la Municipalidad de Padre Abad, tras el informe de la Contraloría.

Alcalde Daniel Zegarra y funcionarios del área presupuestaria tenían conocimiento del uso indebido de los recursos públicos, según informe de la Contraloría.

Según el informe de Contraloría, Daniel Zegarra tampoco realizó acciones de prevención para salvaguardar  los recursos públicos, a pesar de que fue advertido por terceros, un día antes del robo millonario a su entidad. Sólo trasladó el CPU de la computadora que tenía el software del SIAF de la oficina de la subgerencia de Presupuesto al despacho de alcaldía. No comunicó a los responsables de custodiar dicho bien..

Además, los fondos públicos de la Municipalidad de Padre Abad estaban bajo la responsabilidad de una persona cuyo grado académico carece de valor legal, según evidencia el informe de la Contraloría. Juana María Llanto de La Barra mintió en su hoja de vida y llegó a ser subgerente de Tesorería y titular de las cuentas bancarias.

Llanto no tiene inscrito ningún grado académico y/o título profesional en el Registro Nacional de Grados y Título de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y la Universidad Privada Los Ángeles no tiene autorización para brindar el servicio educativo.

La contratación de la subgerente de Tesorería y titular de las cuentas bancarias configura una presunta responsabilidad penal del ex alcalde Román Tenazoa Secas y del alcalde provisional Daniel Zegarra, quien la mantuvo en su cargo del 2 de febrero al 27 de julio de 2020, según la Contraloría.

En la misma región Ucayali, la Contraloría detectó un caso similar en la Municipalidad Distrital de Manantay. Identificó una transferencia de S/ 1 003 635 a las cuentas bancarias de dos empresas y una persona natural que no tienen ningún vínculo con la comuna. Los auditores determinaron que tres exfuncionarios y un servidor tienen presunta responsabilidad.

Los presuntos implicados son Carlos Villacorta, gerente del área de Administración y Finanzas; Elsa Pajares del Águila, tesorera; y Esther Villacorta Isuiza, del área de Tesorería, como autores del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, en agravio del Estado y de la Municipalidad de Manantay.

En Cajamarca, la Contraloría detectó que servidores de la Municipalidad Distrital de Callayuc autorizaron sin justificación la transferencia de recursos a terceros, ocasionando un perjuicio económico por S/ 8 861 067.69 a la comuna. Determinó la presunta responsabilidad administrativa y penal de dos exfuncionarios.

El millonario robo afectó recursos de dos proyectos de mejoramiento y ampliación de carreteras y servicio de agua potable y saneamiento en el Centro Poblado San José de Lirio, distrito de Callayuc-Cajamarca. Foto: Difusión

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque solicitó la detención preliminar del alcalde del distrito de Cayalluc, José Ángel Montenegro Cabrera, y cinco funcionarios por presunto vínculo con una organización que se habría apropiado de S/ 8,861,067.69, entre el 19 y 20 de octubre de 2020, a través del SIAF.

Otra transferencia fantasma se registró en el Gobierno Regional de Tumbes, donde la Contraloría comprobó que funcionarios y servidores de la entidad aprobaron cuatro certificaciones de crédito presupuestario irregulares por S/ 7 531 585.32, a tres empresas que no realizaron prestación alguna a la entidad.

En la Municipalidad Distrital de Inahuaya, la Contraloría detectó certificaciones presupuestarias que permitieron realizar pagos a terceros sin vínculo contractual por S/ 1 146 626.46, determinándose presunta responsabilidad penal y administrativa en cuatro exfuncionarios ediles.

En la Municipalidad Provincial de Ucayali, ubicada en Loreto, se identificó que cinco funcionarios permitieron la creación de un usuario SIAF a un locador de servicios, con el objetivo de que pueda acceder y registrar datos falsos en el sistema y, así, emitir cinco certificaciones presupuestales que fueron pagadas mediante 17 cheques por más de 1,4 millones de soles.

La comuna pagó S/ 1 438 190 a un proveedor sin vínculo laboral con la entidad. Hay 12 personas con presunta responsabilidad administrativa (Cinco funcionarios, seis ex funcionarios y un servidor), nueve de las cuales también tienen presunta responsabilidad penal.

Otros caso similar ocurrió en la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, en Loreto, donde la Contraloría detectó que, en mayo de 2019, se ejecutaron pagos por S/ 736 318.64 a una empresa que no tenía vínculo contractual con la entidad, sin sustento alguno y en base al registro de información sin veracidad en el aplicativo SIAF, lo que originó un perjuicio económico a la entidad por dicho monto.

En Lima y Callao

En la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, en Lima, la Contraloría detectó un perjuicio económico de un millón de soles, debido a una modificación presupuestaria que derivó en el desembolso de recursos a un tercero que no realizó contraprestaciones a dicha entidad. La auditoría determinó presunta responsabilidad administrativa y/o civil y/o penal en cuatro exfuncionarios de la comuna distrital, que tienen presunta responsabilidad .

En la región Callao, la Contraloría evidenció un perjuicio económico de S/ 3 867 559.33 a la Municipalidad Distrital de Ventanilla, debido a desembolsos de fondos públicos que se realizaron sin tener sustento documental y al margen del procedimiento regular, en favor de dos terceros que no efectuaron contraprestación alguna a la entidad.

La Contraloría adelantó que sigue el rastro de operaciones similares que se podrían estar realizando en otras instituciones públicas. Adelantó que, en las próximas semanas, dará a conocer el informe de la auditoría realizada a la Municipalidad de San Borja, en Lima, que involucraría un monto de aproximadamente S/ 5.9 millones, bajo el mismo patrón delictivo que ha venido identificando en la entidades públicas.