No hay un solo detenido por uno de los casos más emblemáticos de violación a los derechos humanos en el Perú: la tortura, la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de 53 personas cometidas en el cuartel militar Los Cabitos, en la sierra peruana de Ayacucho, durante 1983.

“No tengo ni un lugar a dónde llevar si quiera una flor, una tumba donde rezar. Yo no estoy satisfecha con la sentencia, quiero justicia”, nos dice Juana Carrión Juales mientras enjuga sus lágrimas al recordar a sus hermanos Ricardo y Teófilo, quienes forman parte de una larga lista de jóvenes que desaparecieron tras ser detenidos en 'batidas' por el Ejército. “Se los llevaron al cuartel Los Cabitos. Ahí los habrán torturado. Un testigo dijo que mi hermano tenía el brazo y la pierna torcidos. El testigo me contó que le decían: si no hablas vas a quedar así. Yo quiero justicia”, nos refiere doña Juana.

Los hermanos de Juana Carrión desaparecieron hace 34 años en el cuartel militar en Ayacucho. Foto: Karla Velezmoro - Convoca 

Para Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos y abogada de los familiares de las 53 víctimas, se trata de una sentencia histórica que establece lo que las madres, esposas y hermanas de los desparecidos denunciaron por más de tres décadas. “Durante muchos años señalaron que lo de Los Cabitos era mentira, tildaban de locas a las madres, de subversivas que calumniaban al Ejército. Pero ahora la sentencia deja establecida que era una forma combatir la subversión. Si el expresidente Fernando Belaunde estuviera vivo, hubiera sido juzgado por esto”, manifestó la representante legal.

La Sala Penal Nacional ordenó la detención de los únicos dos condenados por este crimen, quienes no asistieron a la lectura de sentencia. Se trata de Humberto Bari Orbegozo Talavera (75 años de edad), ex jefe del cuartel Los Cabitos, sentenciado a 30 años de prisión; y Pedro Paz Avendaño (79 años de edad), ex mando de Inteligencia en el destacamento de la llamada 'Casa Rosada' de Ayacucho, exoficial que recibió una pena de 23 años de cárcel.

Las torturas ocurridas en el cuartel Los Cabitos quedaron consignadas a lo largo del proceso judicial con declaraciones que advierten el trato cruel que recibieron las víctimas. "El soldado Basilio Cisneros sostuvo que él escuchaba los gritos de los torturados, y de las mujeres cuando las estaban violando. Si él lo oyó, por supuesto que el comandante también. El último día que le tocó a Orbegozo Talavera hacer su alegato final, afirmó que era cierto lo que ese soldado había dicho, pero adujo que esas torturas las hacían los policías de investigaciones en la zona, que se le había dado detenidos para que los interrogaran. 'Y a mí que me importaba lo que hicieran', expresó el militar. No puede decir, entonces, que desconocía lo que ocurría”, indicó Gloria Cano.

Cuartel Los Cabitos, ubicada en Huamanga, capital ayacuchana. Foto: La República

Como se recuerda el exsoldado Cisneros dijo ante la Sala: "Vi que traían en helicóptero a veces 5, 10 o 15 personas. Había mujeres y varones, quienes permanecían detenidos y con vendas en los ojos, en un cuarto. Uno por uno eran sacados y llevados para ser interrogados y maltratados verbal y físicamente. No podíamos acercarnos, los amarraban con soga las manos y pies, los metían a la piscina y los revolcaban una y otra vez hasta dejarlos ahogados".

Hay hechos que la sentencia ha dejado como "probados". Uno de estos es la existencia de un horno crematorio en el cuartel militar. “Eran en realidad cuatro según la inspección que se hizo y eran para borrar cualquier evidencia”, precisó la abogada Cano.

El tribunal, presidido por Ricardo Brousset, se reservó la sentencia de los militares Carlos Millones Destefano (86 años de edad) y Carlos Briceño Zevallos (90 años de edad) por afecciones de salud mental y dispuso efectuarles una evaluación médico legal cada nueves meses. “No han recibido condena porque padecen Alzheimer. Yo no estoy de acuerdo”, comentó Juana Carrión, quien lamenta la tardía acción de la justicia.

Parte de lo hallado en las fosas comunes cercanas a Los Cabitos. Foto: AP 

Se reservó también el juzgamiento para Arturo Moreno Alcántara, por encontrarse prófugo en Chile, hasta que sea ubicado y puesto a disposición de la justicia peruana. 

En este caso, además hubo absoluciones: la del coronel EP (r) Roberto Saldaña Vásquez, ex jefe del Estado Mayor Administrativo del cuartel, por insuficiencia de pruebas en su contra.

De otro lado, la sentencia no considera la desaparición de ocho personas, por lo que la defensa legal de los deudos solicitará que la Corte Suprema revise el caso.

El general EP (r) Clemente Noel, quien dirigió la lucha contrasubversiva en esa época, murió durante este largo proceso judicial, que se realizó durante 12 años. No rindió cuentas a la justicia. “Hay casos en la Fiscalía de Ayacucho por desaparición forzada que también ocurrieron en el cuartel Los Cabitos, en 1984, y no hay denuncia. El Ministerio Público parece esperar que los testigos sigan muriendo. Ya hemos presentado quejas para que se aceleren las investigaciones, pero no hemos tenido éxito”, aseveró la abogada de los familiares de las víctimas.

La lectura del fallo del Colegiado "B" de la Sala Penal Nacional duró más de siete horas. Foto: Poder Judicial. 

Asimismo, la resolución judicial fijó una reparación civil de S/.250 mil, S/.200 mil y S/. 150 mil que deberán ser abonados de manera solidaria por los condenados en favor de los herederos legales y familiares, además del Estado. Pero para los deudos, que hoy pasan los 60 años de edad, la justicia es el único resarcimiento. “Seguiremos luchando hasta el final. Antes teníamos miedo a los militares, ahora ya no”,  aseguró Juana Carrión.

Hay casos en lo que la frase “la justicia tarda pero llega” no se aplica, pues la justicia que no es oportuna simplemente no es justicia.