Convoca realizó una serie pedidos de información pública a todas las entidades involucradas en el tema, y accedió a documentos oficiales que revelan que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue el autor de la “Ley que promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social” o “Ley Pulpín”, y que su tránsito desde su cuna en las oficinas del MEF hasta su aprobación por el Consejo de Ministros y posterior entrega al Congreso de la República tomó apenas dos días. Una interesada rapidez que, como más adelante mostramos, oculta información pública y no ha tomado en cuenta la opinión del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, rector en materia laboral.

La insólita celeridad del Ejecutivo comenzó el 4 de noviembre de 2014 cuando el economista José La Rosa Basurco, alto funcionario del MEF, envió al Viceministro de Economía, Giancarlo Gasha Tamashiro, el proyecto de ley y sus fundamentos elaborados por la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad (DGAEICP). La Rosa Basurco, director encargado de esta dependencia, acababa de llegar de una reunión mundial sobre temas tributarios en Alemania pero se dio tiempo de revisar lo que su equipo había hecho y de enviar el documento al viceministro. Consultado por Convoca, La Rosa prefirió no comentar sobre el asunto pero dijo que todo estaba en su propuesta: ahí él adjudica la autoría del proyecto de ley a su área sin mencionar si recibió aportes de alguna entidad pública o privada.

El viceministro Gasha tardó poco en reenviar el proyecto de ley a la Oficina General de Asesoría Jurídica del MEF, cuyos abogados le echaron mano al instante dándole el visto bueno el mismo 4 de noviembre: no hallaron problemas legales ni constitucionales. A las 9 de la mañana del 5 de noviembre, el proyecto, aún tibio, ya reposaba en la larga mesa del Consejo de Ministros esperando ser debatido. Es aquí cuando el Ejecutivo nos oculta un capítulo de la historia.

Algunos medios conjeturan, pero no se sabe oficialmente qué pasó en ese Consejo de Ministros del 5 de noviembre: ni lo que dijeron ni cómo votaron los asistentes. La Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial se negó a entregarnos la transcripción del Consejo alegando que formaba parte de un “proceso deliberativo previo a la formulación de un proyecto normativo cuya deliberación final aún no concluye (…)”, ello pese a que la ley fue aprobada por el parlamento hace más de un mes y hasta publicada en el diario El Peruano el 16 de diciembre de 2014. Sólo se sabe que la reunión duró hasta las 2:30 pm, y que el proyecto de ley fue aprobado y dejado esa misma noche en mesa de partes del Congreso de la República, a las 8:15 pm. Lo que pasó en el parlamento es historia conocida.

Al revisar los fundamentos del proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Congreso, Convoca halló una puerta de entrada a los intereses de las grandes empresas. El detalle está aquí: en los fundamentos del proyecto de ley que originalmente el funcionario José La Rosa envió al viceministro de Economía sólo se mencionan a las microempresas y pequeñas empresas, pero no se refieren a las medianas ni a las grandes aunque tampoco las excluyen. La cosa cambia en los fundamentos del proyecto de ley que es enviado por el Consejo de Ministros al Congreso. En el documento se dice explícitamente: “el régimen especial está dirigido a todas las empresas, sin importar su tamaño, el sector al que pertenece o la actividad económica que desarrolla”. ¿Quién propuso esto? ¿Fue durante el Consejo de Ministros?

Días antes de renunciar a la bancada nacionalista, el parlamentario Sergio Tejada afirmó a Convoca que “en el camino (de la ley) se recortó una serie de derechos laborales (…), se cambia la agenda y ahí sí se beneficia los intereses de los grupos empresariales innecesariamente. Se cambia la mirada haciendo creer que el problema son los altos costos laborales”; luego responsabilizó de todo al MEF.

El círculo se sigue cerrando cuando el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo nos respondió un pedido de información a través de su Dirección General de Trabajo, asegurando no contar en sus archivos con ningún documento referido a la ley y que ninguna instancia del Poder Ejecutivo ni Legislativo le había solicitado informe u opinión.

Por los hechos hubo un poderoso interés para mantener al margen al Ministerio de Trabajo. La prontitud para aprobar la “Ley Pulpín” contrasta con la situación de la Ley General de Trabajo que espera en el olvido desde el 2002, doce años. El anteproyecto tiene el 85% de su contenido consensuado entre empresarios, trabajadores y Estado, según el ministro Freddy Otárola que piensa que debe retomarse el debate de la norma porque hay legislación dispersa. La “Ley Pulpín” ha extendido ese laberinto.

En las últimas semanas se vinculó al ministro de Producción, Piero Ghezzi, con el diseño de la norma. La Oficina de Prensa del Ministerio dijo a Convoca que no sabía nada del tema.

La noche del 25 de enero, el ministro Ghezzi defendió la ley en un programa periodístico. Se le notó enredado en sus ideas y reconoció que “hubo deficiencias en la difusión de los beneficios de la ley; faltó más tiempo para socializar sus alcances”. ¿Dijo tiempo? Pero si el MEF y el Consejo de Ministros estaban sospechosamente apurados y resolvieron el asunto en dos días. Una vez en el parlamento, los congresistas aprobaron la ley en primera votación el 4 de diciembre y, en segunda votación, el 11 de diciembre de 2014, el último día de la legislatura del año. ¿Por qué la urgencia?

Mucho antes de que comience esta historia, el 15 de octubre último, un grupo de investigadores, economistas y funcionarios del propio Ministerio de Trabajo denunciaron en un comunicado que los gremios empresariales como la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Industrias querían reducir los beneficios laborales de la Ley del Fomento del Empleo, régimen general para el sector privado. La denuncia parece hoy un presagio y la “Ley Pulpín”, un globo de ensayo.

Actualización (04:30 pm del 26/01/2014):

El Pleno del Congreso, luego de un debate de casi seis horas, derogó la ley laboral juvenil con 91 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones.

A favor y en contra, así votaron en las dos sesiones del Pleno del Congreso para aprobar la ley laboral juvenil: